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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. POR REGLA GENERAL, NO OPERA RESPECTO DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN, AUN CUANDO A LAS VÍCTIMA U OFENDIDOS DEL DELITO NO SE LES RECONOZCA LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2018. · Registro digital (IUS): 28345
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-02-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 1969.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO, TAISSIA CRUZ PARCERO, LUIS PÉREZ DE LA FUENTE Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. PONENTE: TAISSIA CRUZ PARCERO. SECRETARIO: CÉSAR SALVADOR LUNA ZACARÍAS.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.—Competencia.

Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como de los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis sostenida entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

SEGUNDA.—Legitimación de la parte denunciante.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107 fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y, por ende, tienen legitimación para denunciar las contradicciones de tesis o criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenecen.

TERCERA.—Posturas contendientes.

Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, y, en su caso resolverla, es preciso transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las ejecutorias de mérito que la motivaron.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 311/2017, el uno de marzo de dos mil dieciocho, analizó un asunto con las siguientes características:

La quejosa ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca **********, que confirmó la determinación del Juez Trigésimo Noveno Penal de la Ciudad de México, en la que negó la orden de aprehensión solicitada contra **********, por el delito de fraude procesal.

De la demanda respectiva correspondió conocer a la Jueza Décimo Segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el consecutivo 68/2017; una vez tramitado el juicio, la a quo dictó sentencia en la que resolvió conceder para efectos el amparo solicitado.

Inconforme con esa determinación, ********** interpuso recurso de revisión, del cual conoció el precitado Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual en sesión de uno de marzo del presente año, determinó revocar la sentencia impugnada y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a **********.

Las consideraciones que emitió el Tribunal Colegiado para resolver el recurso de revisión, son las siguientes:

"... se procede a explicar por qué son esencialmente fundados los agravios que se abreviaron con los números 1 a 3.

"De inicio, como lo señala el recurrente en sus motivos de desacuerdo, este tribunal no coincide con el argumento identificado con el inciso a) de la síntesis que se hizo del fallo recurrido, en el que la Juez de Distrito toralmente sostuvo que la Sala responsable al resolver la apelación, tenía que haberle suplido la deficiencia de los agravios al Ministerio Público, ya que éste representa los intereses de la víctima u ofendido en esa fase procesal a la que no tienen legitimación para acudir, en observancia a los derechos de igualdad y de acceso a la justicia.

"No se coincide, puesto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia, ha establecido la diferencia que existe entre el estudio que se hace de los agravios esgrimidos por el Ministerio Público en el recurso de apelación, lo cual opera bajo el principio de estricto derecho; y el análisis que se hace de los conceptos de violación que la víctima u ofendido del delito en su momento puedan realizar –en calidad de quejosos–, cuando acuden al juicio de amparo a combatir precisamente esa resolución del tribunal de alzada en la que el único apelante fue la representación social, en cuyo caso sí es asequible que se haga uso de la figura de la suplencia de la queja a su favor (en los términos en que lo dispone la Ley de Amparo), sin que este último ejercicio implique, a su vez, suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público en la apelación.

"Se explica.

"En principio, debe decirse que el Alto Tribunal ante la realidad que impera en diversas legislaciones procesales pertenecientes al sistema de justicia penal mixto o tradicional (como ocurre con el Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México), en la que no otorgan legitimación a la víctima u ofendido para interponer recurso de apelación en contra de ciertas determinaciones judiciales, como por ejemplo, contra una negativa de orden de aprehensión o comparecencia (en cuyo caso sólo está legitimado el Ministerio Público), ha establecido las bases y plataformas de interpretación, en las que en aras de respetar, proteger y garantizar los derechos constitucionales a la impartición de justicia, reparación del daño, equidad y de recurso efectivo, ha concebido que la víctima u ofendido del delito, tengan la oportunidad y la legitimación de optar por:

"• Interponer el recurso de apelación en contra de la determinación judicial que estime que le lesiona un derecho fundamental; o bien,

"• Promover juicio de amparo –directo o indirecto, dependiendo el caso–, para combatir constitucionalmente la determinación que estime que le vulnera un derecho humano (como puede acaecer con una negativa de orden de aprehensión como la que se combatió en el presente asunto).

"Posibilidades que son explicadas en las siguientes tesis:

"‘RECURSO DE APELACIÓN. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN DEFENSA DE CUALQUIER DERECHO FUNDAMENTAL CONTEMPLADO EN EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO DERECHO HUMANO CONTENIDO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 417 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).’(2) (la transcribió)

"‘VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA INTERPONER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2001).’(3) (la transcribió)

"Conforme a los criterios en cita, ya no resulta absoluto el argumento relativo a que el Ministerio Público en el recurso de apelación (segunda instancia), es quien representa los intereses de la víctima u ofendido, porque tal postura era entendible –y necesaria– cuando ni la norma ni la interpretación jurídica daban la pauta para que esas partes procesales pudieran comparecer y controvertir determinaciones judiciales lesivas de sus derechos.

"Sin embargo; con lo argüido, se deduce que tal panorama ha cambiado en la actualidad, pues por ejemplo, en el controvertido constitucional que nos ocupa, la quejosa ********** –que en la averiguación previa y causa penal tiene la calidad de víctima– en su momento se encontraba en aptitud de: a) interponer recurso de apelación, o bien, b) promover juicio de amparo indirecto, en ambos supuestos en contra de la resolución de trece de octubre de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal **********, en la que el Juez Trigésimo Noveno Penal de la Ciudad de México negó la orden de aprehensión en contra del tercero interesado **********; siendo que en lo que hace a la última hipótesis, hubiese sido susceptible a que operara la suplencia de la deficiencia de la queja en su favor, como lo dispone el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

"Ahora bien, en la especie la resolución indicada en el párrafo que antecede, únicamente fue apelada por el Ministerio Público, y justo contra lo que se resolvió en ese medio de impugnación, es respecto de la cual ********** demandó amparo.

"En este supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha detallado que el recurso de apelación y el juicio de amparo se tratan de dos escenarios distintos, donde el ángulo de estudio tiene diferentes alcances y matices.

"Así es, el recurso de apelación en materia penal tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos respecto de la resolución de primera instancia con el propósito de confirmarla, revocarla o modificarla y que los agravios, tratándose del Ministerio Público, sean estudiados de estricto derecho, sin abarcar más aspectos que los factores de legalidad que esgrima.

"En cambio, el ámbito de análisis del juicio de amparo es más amplio, porque examinará el acto reclamado, las violaciones ocurridas en el mismo y las generadas dentro del procedimiento que le dio origen, siempre que dejen sin defensa al quejoso, esto es, desde un ámbito de legalidad como de regularidad constitucional, para examinar si fueron violentados los derechos fundamentales y los internacionales reconocidos a las víctimas u ofendidos como parte en el proceso penal –cuando personas con tal carácter acuden a esta instancia constitucional–.

"De modo tal que si la víctima u ofendido –en calidad de quejoso– insta juicio de amparo reclamando la determinación dictada por un tribunal de alzada, en la que el único apelante fue el órgano técnico, la suplencia de la deficiencia de la queja operará solamente en el estudio del acto reclamado, o sea, en la dinámica cuando se analizan los argumentos expuestos por la autoridad responsable en la resolución que se le reclama y de ese ejercicio, se detecta que hubo un pronunciamiento u omisión que menoscabó los derechos fundamentales de la víctima u ofendido –cuando éstos acuden como quejosos–, aunque no lo hayan hecho valer en sus conceptos de violación o agravios (como por ejemplo, denotar que la resolución de apelación se encuentra indebidamente fundada y motivada, a pesar que la parte quejosa no haya hecho argumento relacionado al respecto); mas no tiene el alcance de suplir los agravios que el Ministerio Público hizo valer directamente en la apelación, puesto que con ello se iría más allá de la litis que compone al controvertido constitucional y, además, se trastocarían las reglas procesales existentes para el referido medio de impugnación (apelación), en el que como la Suprema Corte lo ha manifestado, permea el principio de estricto derecho en el estudio de los agravios que al respecto haga valer el aludido órgano ministerial.

"En otras palabras, el examen constitucional que se realice en el juicio de amparo, bajo la óptica de la suplencia de la deficiencia de la queja, promovido por la víctima u ofendido del delito, no implica, a su vez, suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público en la apelación.

"Lo anterior, con base en las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2015 (10a.), que aunque si bien es verdad aluden a la disyuntiva en análisis desde el enfoque del juicio de amparo directo, lo cierto es que este Tribunal Colegiado estima que las razones que ahí se exponen, son igual de aplicables en el caso del juicio de amparo indirecto; más cuando se está ante la interpretación de derechos fundamentales, con el fin de protegerlos, garantizarlos y respetarlos.

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA EFECTUADA EN EL AMPARO DIRECTO A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA NORMA ADJETIVA NO LO LEGITIMA PARA IMPUGNAR ESA RESOLUCIÓN, NO IMPLICA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS DEL ÓRGANO ACUSADOR.’ (la transcribió)

"Con lo que se colige que no es dable lo argüido por la Juez de Distrito, tocante a que la autoridad responsable debió haberle suplido la deficiencia de los agravios al Ministerio Público, pues al margen que –como se ha expuesto– que la víctima u ofendido estuvieron en aptitud de atacar vía ordinaria o extraordinaria la resolución que en su momento fue apelada por dicho representante social, con lo cual en ningún momento se les dejó en estado de desigualdad o de indefensión; lo cierto es que la defensa de los derechos de dichas partes procesales (víctima u ofendido), no tiene el alcance de que se supla la deficiencia de los agravios del Ministerio Público en la apelación, aún más cuando conforme a las reglas procesales que ciñen al aludido medio de impugnación, el análisis de sus motivos de inconformidad debe ser atendiendo al principio de estricto derecho ..."

II. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 54/2014, el quince de mayo de dos mil catorce, analizó un asunto con las siguientes características:

La quejosa **********, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la resolución de nueve de diciembre de dos mil trece, dictada en el toca **********, que confirmó la determinación del Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, en la que negó la orden de aprehensión solicitada contra ********** y **********, por el delito de fraude.

De la demanda respectiva correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el consecutivo 2/2014; una vez tramitado el juicio, la a quo dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo.

Inconforme con esa determinación, el apoderado legal de ********** interpuso recurso de revisión, del cual conoció el precitado Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual en sesión de quince de mayo de dos mil catorce, determinó revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.

Las consideraciones que emitió el Tribunal Colegiado para resolver el recurso de revisión, son las siguientes:

"... Resulta esencialmente fundado el primer concepto de violación, el cual al ser suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, resulta suficiente para conceder la protección constitucional a la quejosa.

"Previamente a exponer, los motivos por los cuales se considera así el primer concepto de violación, conviene precisar que de conformidad con los artículos 1o., párrafo primero, y 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen, el primero de ellos, como un derecho fundamental al de la igual y el segundo, como una prerrogativa de la misma naturaleza el de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección de sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre los pasivos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a la reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la perpetración del ilícito, para lograr así la clara y plena reivindicación de dichos derechos en el proceso penal; pues el poder reformador de nuestra Ley Suprema armonizó los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, ya que se advierte que para la libertad del inculpado, la ley exige una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como un derecho fundamental del pasivo o beneficiarios por la conducta antisocial, la indemnización de los perjuicios ocasionados, por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, lo cual se desprende al estar consagrados en el mismo precepto constitucional; de ahí que como se ha establecido, tal reparación tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, si está demostrada la existencia del daño, debe cubrirse su reparación, para lo cual es una condicionante el que se establezca el proceso penal correspondiente; sin embargo, para que éste tenga lugar y la víctima sea reparada en tales derechos, es fundamental que tenga acceso a la justicia como lo establece el artículo 17 de dicho cuerpo normativo, sin tecnicismos que obstaculicen las prerrogativas en comento; por ende, si bien es cierto que el Ministerio Público no combatió ampliamente las consideraciones sustentadas por el Juez de la causa para ordenar que el asunto quedara para los efectos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la autoridad responsable debió suplir la deficiencia de los argumentos del apelante en observancia a los principios de igualdad y acceso a la justicia a la que se ha hecho referencia.

"No se soslaya que el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establece que la segunda instancia únicamente se abrirá a petición de la parte legítima para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante al interponer el recurso o en la vista, pero la autoridad judicial que se ocupe del medio de impugnación podrá suplir la deficiencia de ellos, cuando el recurrente sea el procesado o se advierta que sólo por torpeza el defensor no hizo valer debidamente las violaciones causadas en la resolución recurrida, de lo que se desprende que la suplencia de los agravios es a favor del procesado, sin que se advierta que también sea respecto de los argumentos del Ministerio Público; sin embargo, a juicio de este órgano jurisdiccional tal numeral resulta inaplicable, dada la naturaleza de la resolución emitida por el Juez de la causa.

"Lo anterior, en virtud de que no debe soslayarse que el auto recurrido en apelación lo es la negativa de orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, no es impugnable por parte de la víctima u ofendido, en atención a la etapa procesal en que se pronunció, por lo cual el representante social es el que asume la defensa de los intereses del pasivo del ilícito, estimar lo contrario, implicaría negarle el acceso a la justicia en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, ya que la víctima del ilícito quedaría en estado de indefensión sólo por torpeza o negligencia de quien tiene facultades para recurrir; máxime que el Juez de la causa penal estimó que debe terminarse el juicio ejecutivo mercantil que se está llevando a cabo ante el Juzgado Octavo Civil del Distrito Federal, bajo el número de causa ********** y agotar la instancia a efecto de que las autoridades correspondientes procedan a obligar a los consignados con el convenio pactado y en caso de que sigan incumpliendo con éste e incurran en una infracción de ius puniendi será el momento en que se pueda proceder contra los acusados, lo que traería como consecuencia larga espera en perjuicio de la pronta administración de justicia, consagrada en el artículo constitucional de referencia.

"...

"Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de diciembre de dos mil trece, dictada en el toca **********, emitida por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que confirmó la negativa del libramiento de la orden de aprehensión emitida por el Juez Trigésimo Sexto Penal de dicha entidad federativa, en los autos de la causa penal **********, instruida contra ********** y **********, para quedar en términos de lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no está suficiente fundada y motivada ..."

El anterior criterio dio origen a la tesis I.7o.P.23 P (10a.), con el título, subtítulo y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN. SI SE PROMOVIÓ CONTRA LA NEGATIVA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ATENCIÓN A QUE ÉSTA, POR LA ETAPA PROCESAL EN QUE SE PRONUNCIA, NO PUEDE IMPUGNARSE POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, Y EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIEN ASUME LA DEFENSA DE SUS INTERESES, AQUÉLLA PROCEDE A FAVOR DE ÉSTE, A FIN DE EQUILIBRAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 1o., párrafo primero y 20, apartado B, fracción IV, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan, el primero, el derecho fundamental de igualdad y, el segundo, el de la víctima u ofendido del delito a la reparación del daño, la cual es una pena pública consecuencia de la condena impuesta en el procedimiento penal; de ahí que para que tenga lugar dicha reparación, la condicionante necesaria es el trámite en el proceso penal correspondiente, el cual, para evitar desequilibrio entre las partes, es fundamental que la víctima u ofendido tenga acceso a la justicia como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal, sin tecnicismos que obstaculicen esos derechos; por ello, si el Ministerio Público no combate suficientemente las consideraciones que tuvo el Juez de la causa para negar la orden de captura, el tribunal de alzada, al conocer del recurso de apelación, debe suplir la deficiencia de sus argumentos, en observancia a los derechos de igualdad y de acceso a la justicia. Sin que se soslaye que el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal disponga que la autoridad judicial que se ocupe de dicho recurso podrá suplir las deficiencias de los agravios a favor del procesado, y no se advierta que la suplencia también sea respecto de los argumentos del Ministerio Público; sin embargo, cuando el auto recurrido sea la negativa de la orden de aprehensión, como no es impugnable por la víctima u ofendido del delito, en atención a la etapa procesal en que se pronuncia, por lo cual, el representante social es quien asume la defensa de sus intereses, debe suplirse a éste la deficiencia de sus agravios, a fin de equilibrar el derecho de acceso a la justicia."(4)

CUARTA.—Existencia de contradicción de criterios.

Para decidir si existe o no contradicción de tesis, debe verificarse si los órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones se someten a análisis sostienen criterios contradictorios.

Se entiende por tesis, el criterio que a través de argumentaciones lógico-jurídicas adopta el juzgador para justificar su decisión en una controversia, de manera que la contradicción de criterios se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales adoptan posturas jurídicas discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Desde esta óptica, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas del mismo orden que se extraen de los asuntos, aunque éstos sean diferentes en sus premisas fácticas, lo que es congruente con la finalidad perseguida por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y por los numerales 215 y 216 de la Ley de Amparo al establecer la figura de que se habla.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente a marzo de dos mil diez, página 122, de contenido:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

De este criterio derivan, como condiciones que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis, las siguientes:

1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la cual tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.

2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquiera otra cuestión jurídica en general.

3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Bajo ese marco referencial, el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, en virtud de que los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas, ejercieron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

Ello, porque el tema general del que se ocuparon el Primer y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, fue si al resolver el recurso de apelación contra una negativa de orden de aprehensión, el tribunal de segunda instancia debe suplir o no la deficiencia de los agravios del Ministerio Público, en representación de los intereses de la víctima u ofendido, debido a que la ley procesal respectiva (Código de Procedimientos Penales aplicable para la Ciudad de México) no los legitima para interponer ese medio impugnativo.

El segundo requisito, también se encuentra actualizado, porque en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados referidos, se adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, no obstante el análisis de los mismos elementos.

Esto, en razón de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinó esencialmente que la suplencia de la queja opera en favor de la víctima u ofendido, cuando promueva juicio de amparo indirecto contra la negativa de orden de aprehensión, pero no en los agravios que exponga el Ministerio Público en el recurso de apelación respectivo, a pesar de que conforme a la legislación procesal respectiva, la víctima u ofendido no tenga legitimación para impugnarla.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció que en el recurso de apelación contra una negativa de orden de aprehensión, el juzgador debe estudiar los agravios del Ministerio Público con base en el principio de suplencia de la queja, en atención a que la víctima u ofendido no puede impugnarla y, por tanto, la fiscalía es quien asume la defensa de sus intereses.

Por ende, de lo expuesto, se advierte que se satisfacen las condiciones de existencia de contradicción de tesis fijadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico, lo concerniente a que los tribunales contendientes resolvieran alguna cuestión litigiosa ejerciendo el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método determinado.

Por ello, en el tema mencionado, este Pleno de Circuito debe decidir el que prevalecerá con carácter de jurisprudencia, en términos de los artículos 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo.

QUINTA.—Criterio que como jurisprudencia debe prevalecer.

Se estima que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia en este asunto, para definir el diferendo de los órganos colegiados contendientes, es el que se determina en esta ejecutoria.

A partir de las posturas divergentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, se infiere que el punto a dilucidar se contiene en la siguiente interrogante: ¿al resolver un recurso de apelación contra una negativa de orden de aprehensión, el tribunal de segunda instancia debe o no suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público, en representación de los intereses de la víctima u ofendido, debido a que la ley procesal respectiva (Código de Procedimientos Penales aplicable para la Ciudad de México) no los legitima para interponer ese medio impugnativo?

A fin de responder a esta interrogante, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de J

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28345-18edcc40/suplencia-de-la-queja-deficiente-por-regla-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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