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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS QUE NO SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR DE VULNERABILIDAD, CUANDO LO INTERPONEN CONTRA UNA SENTENCIA EMITIDA EN UN PROCESO PENAL SEGUIDO CONFORME AL SISTEMA TRADICIONAL O MIXTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2017. · Registro digital (IUS): 29501
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN M
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 319.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 8 DE JULIO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.

II. Competencia

6. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la actual Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en virtud de que versa sobre la posible divergencia de criterios en materia penal entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos.(8)

III. Legitimación

7. La denuncia de referencia proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los numerales 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la actual Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

IV. Consideraciones de los órganos jurisdiccionales involucrados

8. Antes de determinar la existencia o inexistencia de algún punto de contacto divergente entre los criterios jurídicos materia de la denuncia que nos ocupa, se hace necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de los órganos jurisdiccionales involucrados resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

A) Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, emitida al resolver el amparo directo **********.

a) Antecedentes:

9. La demanda de amparo la promovió un imputado en contra de la sentencia emitida por una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (sistema procesal tradicional o mixto), por la cual, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la persona moral ofendida (empresa que se constituyó en coadyuvante del citado representante social), revocó la determinación que lo había absuelto, declarándolo penalmente responsable a él y a sus cosentenciados, del delito de robo agravado (ilegal apoderamiento de varios teléfonos celulares), imponiéndole, entre otras penas, seis años y un día de prisión, así como la obligación de reparar el daño.

10. Entre los conceptos de violación esgrimidos, el solicitante de la protección constitucional adujo que la Sala responsable indebidamente suplió los agravios de los apelantes.

11. En sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, al estimar fundado tal motivo de disenso, por unanimidad de votos, el citado órgano de control constitucional concedió para efectos el amparo solicitado (le ordenó al tribunal de apelación dejar insubsistente la sentencia combatida, en su lugar, dictar otra, en la cual analice los agravios de la parte ofendida bajo las reglas del estricto derecho y, en su oportunidad, decida con libertad de jurisdicción lo que corresponda).

b) Consideraciones del citado Tribunal Colegiado de Circuito:

12. De la ejecutoria de mérito se desprenden las siguientes:

"... el quejoso aduce que en el acto reclamado indebidamente se suplió la deficiencia de la queja a favor de la empresa ofendida **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, porque el Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México no lo establece.

"Este argumento es sustancialmente fundado, pues del análisis del contenido de la sentencia reclamada se desprende que la autoridad responsable anunció que el estudio de los agravios expuestos por las partes recurrentes, lo realizaría bajo el principio de estricto derecho para el Ministerio Público, y en suplencia de la deficiencia de la queja para la empresa ofendida, atendiendo al principio pro persona.

"Hecho ello, la responsable analizó la legalidad de la sentencia de primera instancia en la que absolvió al quejoso y a sus cosentenciados de la acusación presentada en su contra, y a la luz de la suplencia de la queja a favor de la ofendida, revocó dicha determinación y resolvió que estaba demostrada la responsabilidad penal de aquéllos en la comisión del delito de robo agravado.

"Lo resuelto por la responsable está indebidamente fundado y motivado, pues la figura de la suplencia de la queja en el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, no opera a favor del ofendido o la víctima, ni siquiera bajo un esquema de interpretación pro persona.

"Para demostrar la eficacia de lo anterior, es pertinente transcribir el contenido de los artículos 414, 415 y 417 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, aplicable al caso concreto, pues a partir de éstos se analizará la manera en la que opera la suplencia de la queja en el recurso de apelación, así como se explicará por qué no es procedente hacerla extensiva a favor de los ofendidos o víctimas del delito.

"...

"Del contenido de los numerales antes transcritos se desprende que el recurso de apelación tiene como finalidad que el tribunal de alzada analice la legalidad de la resolución impugnada, a la luz de los agravios hechos valer por las partes legitimadas (acusado, defensor, Ministerio Público y ofendido). De esto se advierte que el legislador secundario estableció que el análisis de la sentencia impugnada en apelación, en principio, debe realizarse bajo las reglas del estricto derecho, esto es, con base en los agravios que expongan las partes recurrentes.

"Sin embargo, el legislador estableció una única excepción a ese principio de estricto derecho, pues en el segundo de los numerales transcritos se prevé que, en caso de que el apelante sea el procesado o su defensor, entonces, el tribunal de alzada podrá suplir la deficiencia de sus motivos de inconformidad.

"Ahora bien, para centrar el tema jurídico a discusión, es pertinente responder el siguiente cuestionamiento: En aras de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas del delito a la participación en el proceso, restitución y reparación del daño, el conocimiento de la verdad y acceso a la justicia ¿la suplencia de la queja en el recurso de apelación en materia penal puede y debe hacerse extensiva al ofendido o víctima del delito, invocando el principio pro persona?

"La respuesta a esta pregunta es en sentido negativo, puesto que la medida legislativa de establecer que la suplencia de la queja en el recurso de apelación sólo operará a favor del acusado y su defensor, es justificada y racional, por lo que no puede hacerse una interpretación extensiva a favor de las víctimas y ofendidos del delito, ya que ello implicaría vulnerar el equilibrio procesal.

"Para explicar ese posicionamiento, esta sentencia se desarrollará en 3 ejes temáticos, en primer lugar, se analizará la naturaleza de la institución de la suplencia de la queja en materia penal; posteriormente, se hará referencia a la actuación de la víctima u ofendido en el proceso penal y su relación con el Ministerio Público; y, en tercer lugar, se expondrá por qué se considera que los artículos 414, 415 y 417 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México aplicable, no deben interpretarse extensivamente a favor del ofendido, ni aun en términos del principio pro persona.

"1. La suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal.

"La suplencia de la queja es una institución procesal que surgió como una excepción al principio de estricto derecho, la cual se conforma por las atribuciones conferidas al juzgador para subsanar las deficiencias o las omisiones totales o parciales de los agravios, en los casos y respecto de los sujetos que dispone la ley, para que, al dictar la sentencia correspondiente, sea efectivamente resuelta la controversia suscitada, sin necesidad de exigir tecnicismos o formalismos rigurosos a dichos sujetos, que hagan nugatorio el derecho de acceso a la justicia.

"En ese sentido, la suplencia de la queja se erige como una institución procesal que busca equilibrar la actuación de las partes en el proceso, especialmente cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad, históricamente en desventaja.

"En relación con el tema que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 240/2014, se pronunció sobre la aplicabilidad de la suplencia de la queja en el recurso de revisión, interpuesto por la víctima u ofendido del delito cuando ostenta el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo.

"En esta sentencia se consideró que la suplencia de la queja es una especie de ‘nivelación’ previa a resolver la cuestión planteada, mediante la cual el Juez puede realizar los ajustes necesarios, en la medida de las posibilidades del caso, con la finalidad de que las partes en el litigio puedan acceder a éste de una forma más equitativa y, por ende, más justa, en relación con el momento en que acudieron al proceso. Bajo esa línea de pensamiento, el Alto Tribunal consideró que la suplencia de la queja está sujeta a una racionalidad, consistente en la búsqueda de la igualdad procesal.

"En relación con esta última figura, el Alto Tribunal sostuvo que en el proceso penal, la igualdad procesal o ‘igualdad de armas’, supone la existencia de un mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales que permitan equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal; de tal manera que no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la otra, como la que de hecho se presenta entre el acusador y el acusado, a favor del primero y en detrimento del segundo.

"Asimismo, se apuntó que este principio vigila no sólo la posibilidad de contender frente a la otra parte en igualdad de condiciones, sino también por procurar la participación del acusado en el proceso, en condiciones que enmienden el desequilibrio entre los medios de que dispone éste y de los que dispone el Ministerio Público, los cuales son superiores. Además, aquel principio supone que la carga probatoria del acusador es proporcional a sus medios, y que las reglas de ejercicio del principio contradictorio, en virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el proceso penal, tanto optimizando las garantías de defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del acusador.

"En ese sentido, la Primera Sala determinó que la racionalidad de la suplencia de la queja como mecanismo para garantizar el equilibrio procesal, debe ser establecida previamente por el legislador, sin que el juzgador pueda apartarse de ella, a menos que encuentre que la implementación legal es irracional; ya que si el Juez introduce un ejercicio semejante a la suplencia en una situación no determinada por la ley, podría alterar la racionalidad y, por ende, la igualdad procesal, al implantar una ventaja indebida a favor de alguna de las partes.

"En ese contexto, para continuar explicando por qué se considera que el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, es racional –en términos de lo decidido por el Alto Tribunal en esa contradicción de tesis–, al establecer que la suplencia de la queja sólo operará para el procesado y su defensor y, por ende, debe ser acatada en sus términos por el juzgador sin que éste pueda introducir hipótesis no previstas por el legislador; a continuación, se analizará el papel de la víctima u ofendido del delito dentro del proceso penal, así como su relación con las demás partes procesales.

"2. La participación de la víctima u ofendido del delito en el proceso penal.

"Las partes procesales son las personas que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto.

"En materia penal, en términos del contenido de los artículos 20 y 21 de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, las principales partes en el proceso penal son: el Ministerio Público como órgano persecutor; la víctima u ofendido del delito; así como el inculpado y su defensor.

"Los dos primeros persiguen un fin común, pues pretenden que durante el juicio se acredite el delito, así como la plena responsabilidad penal del inculpado en su comisión. Aquí, el Ministerio Público actúa como representante de la sociedad y como órgano interesado en la persecución de los delitos e imposición de las sanciones. La víctima u ofendido, por su parte, busca obtener la reparación integral del daño, el conocimiento de la verdad, así como el acceso a la justicia, entre otros aspectos. Contrario a esto, el inculpado busca desvirtuar la imputación y pruebas que obran en su contra, ofrecidas tanto por el representante social, como por el ofendido o víctima, con la intención de hacer prevalecer el principio de presunción de inocencia que impera en su favor.

"De lo anterior se desprende que en el proceso penal, tanto el Ministerio Público como la víctima u ofendido del delito, conforman un litisconsorcio sucesivo, ya que la situación de ambos es concordante, en virtud de la conexión de los intereses comunes que persiguen, pues los dos buscan obtener una sentencia condenatoria en perjuicio del inculpado, aun cuando aquéllos defiendan derechos e intereses de diversa índole.

"En el otro lado de la relación jurídico procesal, se encuentra el inculpado, quien tiene que litigar en contra del órgano técnico estatal de persecución de los delitos; así como en contra de la víctima u ofendido del delito, quien también tiene la oportunidad de ofrecer pruebas, en compañía de su asesor jurídico, contradecir las de su contrario, formular alegatos e inconformarse con las decisiones del órgano jurisdiccional que estime le deparen perjuicio, no sólo en lo relativo a la reparación del daño, sino, incluso, en los temas atinentes a la declaración de la existencia del delito y la responsabilidad penal, como elementos indispensables para obtener aquélla.

"De lo anterior se desprende que el inculpado actúa en una situación de desventaja frente a las demás partes principales del proceso penal, ya que tiene la carga de litigar en contra de dos sujetos que persiguen intereses en común, y que, incluso, están legitimados para aportar todos los medios de prueba a su alcance y formular las alegaciones correspondientes, con el fin de desvirtuar el principio de presunción de inocencia del que aquél es titular, aunado a que uno de ellos cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para ejercer su actividad persecutora de forma completa.

"Además, si la sentencia de primer grado es favorable al inculpado y, por ende, contraria a los intereses de la representación social y la víctima, ambos están legitimados para acudir al recurso de apelación, con la posibilidad, inclusive, que, de forma conjunta, logren desvirtuar las consideraciones de la resolución que les fue desfavorable.

"Cuestión contraria ocurre cuando en contra del inculpado pesa ya una sentencia de condena, pues éste y su defensor podrán impugnarla, pero sin que exista otra parte procesal que persiga sus mismos intereses; lo que evidencia más que, incluso, en el recurso de apelación, el inculpado es la parte procesal que se encuentra en desventaja.

"Por estas razones se justifica la implementación de la figura de la suplencia de la queja en el recurso de apelación a favor del inculpado, puesto que éste no sólo tiene que litigar en contra de dos partes procesales legitimadas para actuar en el proceso en igualdad de condiciones, sino que, si el recurso de apelación es contra la sentencia de fondo, entonces, en su contra, además, pesa una determinación que declaró su responsabilidad penal en la comisión de un delito. Lo que no ocurre cuando se dicta una sentencia absolutoria, pues para impugnarla se encuentran legitimados tanto el Ministerio Público como la víctima u ofendido del delito, quien, incluso, actúa asistida de un asesor jurídico.

"3. La suplencia de la queja no debe hacerse extensiva a favor de los ofendidos que interpongan el recurso de apelación, ni siquiera con base en el principio pro persona.

"Acorde con lo antes descrito, la suplencia de la queja es una figura de carácter procesal, cuya finalidad inmediata consiste en equilibrar la actuación de las partes en un determinado proceso, por lo que si dentro del proceso penal, la víctima u ofendido del delito persigue el mismo fin que un órgano técnico del Estado, especializado en la persecución de los delitos, conformando un litisconsorcio que persigue como finalidad común que se logre una sentencia condenatoria en contra del inculpado, entonces, éste es quien se encuentra en una desventaja procesal en comparación con aquéllos; por lo que no cumpliría con ningún parámetro racional, el hacer extensiva la suplencia de la queja a favor de la víctima u ofendido que interpone el recurso de apelación, ni siquiera bajo un esquema de interpretación pro persona, aun cuando el ejercicio de los derechos de aquélla esté en el mismo plano de igualdad constitucional que los derechos de defensa del inculpado. Ya que, se reitera, la víctima no es la parte en desventaja en el proceso penal, sino que por el contrario, su presencia en el proceso se ve robustecida con el actuar del Ministerio Público, quien, incluso, puede valerse de los auxiliares que la ley prevé para el apoyo de su actividad investigadora y persecutora, para hacer frente a la exigencia probatoria que se requiere para justificar una sentencia de condena.

"Ahora bien, en términos de lo que ha desarrollado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona es una pauta interpretativa, mediante la cual, el artículo 1o. constitucional obliga a todas las autoridades del Estado a maximizar la vigencia y respeto de los derechos humanos, para lo cual deberán optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio.

"Sin embargo, tal como lo ha establecido la Suprema Corte, este principio no puede considerarse como un axioma con el que puedan ser desplazadas determinadas reglas válidas, sino que, previo a su aplicación, el operador jurídico debe cerciorarse que efectivamente se encuentre ante una disyuntiva de elección de dos enunciados jurídicos que contengan valores constitucionalmente relevantes, para poder elegir el que mejor beneficie a las personas.

"En el caso concreto no se surten los supuestos lógicos necesarios para poder emprender un análisis interpretativo en pro de la víctima, ya que no existe una oposición de valores y/o derechos que la Constitución obliga a respetar a favor de éstas, en contraste con los valores y/o derecho a un debido proceso del que son titulares los inculpados o procesados, en una causa penal.

"Lo anterior, toda vez que los derechos de las víctimas a la participación en el proceso, a la restitución y reparación de sus bienes lesionados por el delito, el conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia, así como el derecho a un recurso judicial efectivo, no se encuentran contrapuestos con los del inculpado inherentes a un debido proceso penal, sino que ambos son de igual valía constitucional, por lo que no se justifica que, en términos del principio pro persona, se deje de observar el diverso axioma que persigue una finalidad constitucionalmente válida, como es el del equilibrio procesal que debe imperar en todo proceso penal.

"Por tanto, el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México no puede interpretarse en el sentido de que la suplencia de la queja opera también a favor de la víctima u ofendido del delito, ya que su texto actual es racionalmente justificado, pues busca proteger el principio de equilibrio procesal que debe imperar en cualquier procedimiento, sin que ello signifique que se desconozcan los derechos de las víctimas u ofendidos a la consecución de sus intereses, ya que en el recurso de apelación, aquéllos siguen estando legitimados para impugnar las decisiones que consideren perjudiciales, con la única salvedad de que el análisis de sus alegaciones deberá hacerse bajo las reglas del estricto derecho y bajo el principio de causa de pedir, lo que también se aprecia racional, ya que junto con el Ministerio Público está en aptitud de demostrar la ilegalidad del fallo impugnado.

"Conviene precisar que la regla antes analizada sólo opera cuando el apelante víctima u ofendido del delito, no se halle en una especial situación de vulnerabilidad, como podrían ser menores, personas con discapacidad, indígenas, u otros."

B) Ejecutoria del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de esa circunscripción, al fallar el amparo directo **********.

a) Antecedentes:

13. La demanda de amparo que dio origen a ese asunto la promovió la parte ofendida en contra de la sentencia emitida por una Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (sistema procesal tradicional o mixto), por la cual, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del imputado, el Ministerio Público y el representante legal de la solicitante de la protección constitucional, revocó la determinación que condenó al justiciable por el delito de lesiones dolosas, ordenándose su absoluta libertad.

14. En sesión de trece de marzo de dos mil catorce, en suplencia de la deficiencia de la queja, el citado órgano de control constitucional consideró ilegal el actuar de la autoridad responsable, porque ante una violación procesal en perjuicio de la parte ofendida (irregular desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por su asesor jurídico) no decretó, de manera oficiosa, la reposición del procedimiento penal.

15. Para ello declaró la inconstitucionalidad del artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para la indicada entidad federativa (precepto legal que prevé la suplencia de la deficiencia de la queja en el recurso ordinario de apelación únicamente en favor del imputado) y concedió para efectos el amparo solicitado, a fin de que el tribunal de apelación dejara insubsistente la sentencia combatida, en su lugar dictara otra en la cual ordenara la reposición del proceso penal para que se proveyera lo conducente sobre los citados medios de convicción y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediese.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito en comento:

16. De la lectura de la ejecutoria respectiva se desprenden las siguientes:

"... es oportuno puntualizar que la historia reciente del procedimiento penal mexicano muestra una constante tendencia a mejorar la posición de la víctima u ofendido del delito y, dentro de ella, a otorgarle una reiterada provisión de mayores y mejores posibilidades de asistencia jurídica y de defensa, que dieron pauta a las diversas reformas del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene, entre otras, la garantía de coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en investigación como en el proceso y a que se le permita intervenir en el juicio.

"Garantía ésta que se equipara a la de una defensa adecuada del inculpado que se entiende no sólo con la persona del defensor, sino también con el desarrollo mismo de su función y a la mayor amplitud de contar con posibilidades de aportación de pruebas en descargo de la acusación que pese en su contra.

"Del espíritu del legislador federal se manifestó partidario, en términos de las prevenciones de los artículos 40, 124 y 133 de la Constitución General de la República, el legislador local, toda vez que en los artículos 9o. y 357, entre otros, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, estableció una gama de disposiciones que garantizan una adecuada intervención del ofendido en el juicio, como enseguida se pasará a demostrar:

"I. El artículo 20, apartado C, de la Constitución General de la República enumera los derechos de la víctima del delito y, al respecto, reza: (lo transcribió)

"II. En correlación con dicho precepto constitucional, el ordinal 9o. del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa dispone: (insertó su contenido)

"III. El artículo 173 de la Ley de Amparo, en su fracción XIX, de manera textual, previene: (reprodujo lo conducente)

"Bajo ese contexto normativo y jurisprudencial, de las constancias remitidas por la responsable para la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por el quejoso, se advierte lo siguiente:

"A) Por escrito de treinta de agosto de dos mil doce, el ofendido **********, por conducto de su asesor jurídico, solicitó al Juez de la causa el desahogo de los siguientes elementos de convicción: (los reseñó)

"B) Petición que el Juez instructor resolvió en acuerdo de doce de septiembre de dos mil doce, que, en lo conducente, dice:

"‘... en relación a lo solicitado dígasele a dicha promovente que no ha lugar a proveer en los términos planteados, en virtud de que ya precluyó el término para el ofrecimiento de pruebas, tanto a la parte que representa como a la ciudadano Agente del Ministerio Público de la adscripción ...’ (foja ciento veinticuatro)

"C) Contra dicho proveído el ofendido promovió, por conducto de su asesor jurídico, recurso de revocación, el que le fue desechado por el Juez instructor mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil doce, al considerarlo frívolo y notoriamente improcedente (foja ciento veintinueve).

"D) En la sentencia definitiva dictada el veintiocho de mayo de dos mil trece, la Sala responsable, como ya se reseñó, expuso, entre otras consideraciones, lo siguiente: (hace alusión al por qué no se acreditó la intervención del justiciable en el delito materia de la acusación).

"Luego, es inconcuso que el desahogo de los medios de convicción que ofertó el asesor jurídico de la parte ofendida en el proceso penal constituían probanzas fundamentales para garantizar su debida intervención en el proceso, sobre todo porque el inculpado negó la comisión delincuencial atribuida, pues es evidente que su desahogo tenía por objeto acreditar la verdad real e histórica de los hechos; y, por tanto, se integra una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo; toda vez que, al negar la admisión de dichas probanzas bajo el argumento de que ya había precluido el término para el ofrecimiento de pruebas, el Juez de la causa soslayó la normativa procedimental y constitucional ya puntualizada, conforme a la cual, la víctima o el ofendido tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

"Bajo ese contexto, es claro que el contenido amplio del numeral 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o. del propio ordenamiento procedimental invocado, debe prevalecer –en beneficio del ofendido o víctima del proceso penal– sobre aquel criterio restrictivo en que el Juez de la causa apoya su determinación, pues de no haber pretendido el legislador estatal garantizar una adecuada intervención del ofendido en el proceso penal –traducida en el ofrecimiento y admisión de pruebas– hasta el fin del proceso, es inconcuso que no habría incluido en la legislación procedimental de la materia una disposición legal en el sentido del ya transcrito artículo 9o.

"Máxime aún que del pliego de conclusiones acusatorias formuladas por el Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado primario se aprecia que acusó finalmente al procesado por el delito de lesiones previsto y sancionado por los artículos 135 y 136, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que contempla una sanción privativa de la libertad que oscila de cuatro meses a seis años y de ciento cincuenta a ciento ochenta días multa.

"De lo que se advierte que, en términos del artículo 190, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el Juez de la causa tenía un margen de hasta un año para dictar sentencia definitiva al procesado, tal y como se lo hizo saber en la audiencia de declaración preparatoria de trece de junio de dos mil doce, visible a foja cuarenta y ocho del expediente penal.

"Razones por las cuales se estima que el Juez natural no debió negar la admisión de los medios de prueba que ofertaba el ofendido por conducto de su autorizado jurídico y, por tal razón, se trata de una determinación que se aparta de los preceptos legales que regulan la admisión y desahogo de las pruebas en el procedimiento penal.

"Lo anteriormente expuesto no implica, desde luego, la concesión indiscriminada de término probatorio al ofendido o víctima del proceso penal, toda vez que el prec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29501-2c8e6660/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-el-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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