SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN DERECHO.
AMPARO EN REVISIÓN 84/2014. 15 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ VEGA LUNA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Estudio de los agravios de la revisión en lo principal. Los argumentos expuestos en el agravio segundo por la tercera interesada, aquí recurrente, suplidos en su deficiencia, como se verá en párrafos posteriores, son fundados y suficientes para modificar la sentencia combatida.
En principio, se estima pertinente precisar que el análisis de la sentencia recurrida se hará conforme a derecho corresponde, porque en la especie coexisten los intereses de dos entes jurídicos (el inculpado y la ofendida del delito); tal y como se establece expresamente en la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, que dice:
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"...
"III. En materia penal:
"a) En favor del inculpado o sentenciado; y
"b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;
..."
De ahí que al concurrir en un asunto de amparo, en cualquiera de sus instancias, como quejoso o tercero interesado, el inculpado y la víctima del delito, es necesario que el juzgador constitucional así lo advierta y efectúe el estudio del caso considerando que existen dos sujetos de derecho que gozan del beneficio de la suplencia de la queja, previa ponderación de derechos subjetivos públicos.
Esta forma de abordar el estudio de los asuntos de naturaleza penal implica que la interpretación armónica, lógica, congruente y funcional, sea entonces, resolver como en derecho corresponde, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia, pues la finalidad primordial de la institución de la suplencia de la queja es atender a la verdad legal y juzgar con pleno conocimiento, la controversia acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, para garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal; de modo tal que cuando se eleve ante la potestad de la Unión algún acto dimanado de un proceso penal, con independencia de quién accione el amparo, sea el inculpado o la víctima, el juzgador resuelva la litis atendiendo a los elementales fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan la libertad y los derechos de las víctimas.
Lo anterior es así, pues sería un contrasentido sostener, por ejemplo, que dependiendo de quién acuda al amparo o al recurso de que se trate (inculpado o la víctima) será al que se le aplique la suplencia de la queja, ya que se correría el riesgo de perjudicar a la contraparte, pese a que es también beneficiaria de ese principio procesal.
Por tanto, lo adecuado y procedente es examinar los actos resolviendo conforme a la verdad jurídica, al margen de si el quejoso o recurrente es el inculpado o la víctima.
Sirve de apoyo a la consideración apuntada, la tesis VII.4o.P.T.8 P (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1950, Libro 4, Tomo II, marzo de 2004, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN EL JUICIO DE AMPARO CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN DERECHO. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en materia penal la suplencia de la queja deficiente procede en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; de ahí que cuando ambos concurran en el juicio con el carácter de quejoso o tercero perjudicado, será necesario que el juzgador así lo advierta y efectúe el estudio del caso considerando que existen dos sujetos de derecho que gozan de ese mismo beneficio, y previa ponderación de sus respectivos derechos subjetivos públicos, resuelva como en derecho corresponda, abandonando las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia, pues la finalidad primordial de la suplencia de la queja es atender a la verdad legal y juzgar, con pleno conocimiento, la controversia acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, para garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal; de modo que cuando se impugne algún acto dimanado de un proceso penal, con independencia de quién accione el amparo, sea el inculpado o la víctima, el juzgador resuelva la litis atendiendo a los elementales fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan la libertad y los derechos de las víctimas, pues sería un contrasentido sostener que la suplencia de la queja sólo se aplique al sujeto que directamente acuda al amparo o al recurso de que se trate, ya que se correría el riesgo de perjudicar a la contraparte, pese a ser también beneficiaria de ese principio procesal. Por tanto, lo procedente es examinar los actos resolviendo conforme a la verdad jurídica, al margen de si el quejoso o recurrente es el reo o la víctima."
Además, sobre lo anterior, se estima que opera la suplencia de la queja deficiente en términos de la fracción II del artículo 79 de la ley de la materia, en razón de que en el presente asunto, se involucran aspectos que pudieran repercutir en el correcto desarrollo de un menor de edad, pues el auto de formal prisión reclamado en el juicio fue por el delito de retención de menores.
Lo anterior, se explica porque debe tenerse en consideración que uno de los principales objetivos de la previsión del precisado delito, es evitar el quebranto del régimen de convivencia establecido como resultado de la separación material de los padres a causa de desacuerdos personales.
Así, la preocupación principal del legislador al crear dicha disposición fue proteger a los hijos menores de edad, pues busca evitar un desarrollo inadecuado de su personalidad, generado por un quebranto unilateral e ilegítimo del régimen de convivencia por parte de uno de los padres. De ahí que el bien jurídico que pretende proteger el delito en cuestión es justamente el interés superior de los menores de edad.
En estas condiciones, se tiene que el principal afectado en la comisión de este delito, por encima de los intereses de los padres, es el interés superior del menor de edad, que en el caso, según las constancias procesales que integran la causa penal correspondiente (foja 70), se advierte que el menor de edad nació el once de noviembre de dos mil nueve, por lo que actualmente cuenta con la edad de cuatro años con seis meses.
Luego, conforme a la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en el análisis de la institución de la suplencia de la queja con base en la legislación nacional e incluso en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, existe obligación por parte de cualquier autoridad de tutelar el interés de los menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio dicha suplencia en toda su amplitud, cuando en cualquier clase de juicio de amparo, y en particular en materia penal, pueda afectarse, directa o indirectamente, la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, máxime cuando se tiene la calidad de víctima por el despliegue de una conducta delictiva, como acontece en la especie.
Sobre este tema, es aplicable la tesis 1a. CXIII/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO EN CUALQUIER CLASE DE JUICIO DE AMPARO, Y PARTICULARMENTE EN MATERIA PENAL, PUEDA AFECTARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SU ESFERA JURÍDICA, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN EL DEBER INELUDIBLE DE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD. De la teleología de las normas que regulan la suplencia de la queja deficiente, así como de los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, conforme a los cuales es menester tutelar el interés de los menores de edad e incapaces aplicando siempre en su beneficio dicha suplencia con el objeto de establecer la verdad y procurar su bienestar, se advierte que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación -dentro de los que se encuentra este Tribunal Constitucional- tienen el deber ineludible de suplir la queja deficiente en toda su amplitud cuando en cualquier clase de juicio de amparo, y en particular en materia penal, pueda afectarse, directa o indirectamente, la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz; máxime si tiene la calidad de víctima por el despliegue de una conducta delictiva."
La tesis 2a. LXXV/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 161, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:
"MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 Bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte."
Y la tesis 1a. CXIV/2008, de la citada Primera Sala, localizable en la página 237, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido:
"MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO INTERPUSO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Independientemente del carácter de los promoventes del juicio de amparo o de quien interponga el recurso de revisión contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito en que se afecta la esfera jurídica de menores de edad o incapaces víctimas de un delito, incluso si el recurrente es el Ministerio Público de la Federación, procede suplir la queja deficiente, ya que tanto la sociedad como el Estado tienen interés en proteger los derechos fundamentales de los menores e incapaces, aun cuando la representación social formule los agravios incorrectamente. Además, no pasa inadvertido que en el recurso de revisión rige el principio de non reformatio in peius, conforme al cual no está permitido agravar la situación de los quejosos cuando únicamente éstos recurren la sentencia de amparo, pues acorde al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la mencionada suplencia también opera a su favor; sin embargo, cuando otra de las partes también interpone el recurso en los términos señalados, no opera dicho principio, sino que deberá atenderse a lo resuelto en el sentido de si en ambos casos o sólo en uno se apreció motivo para llevar a cabo la suplencia de la queja deficiente."
Ahora bien, la tercera interesada aquí recurrente, **********, expone, en el agravio segundo de su escrito de revisión, que el Juez de Distrito concedió el amparo al quejoso **********, bajo el argumento de que su actuación estaba justificada para retener al menor de edad; sin embargo, en su opinión, esta justificación abarcaba únicamente el periodo en que ella estuvo detenida, esto es, del veintitrés al veintiséis de septiembre de dos mil trece, pero al obtener la libertad, ya estaba en posibilidad de ejercer la guarda y custodia de su menor hijo que legalmente le fue autorizada por el Juez civil, por lo que debió reintegrarlo y no negarse a devolverlo; por tanto, considera que la intención del precitado quejoso era retener al menor, ya que para ello promovió la guarda y custodia, pero tal medida fue reservada por el órgano jurisdiccional; todo lo cual, estima que sostener el criterio del juzgador de amparo implicaría que, cuando cualquier autoridad se reserva su decisión de decretar la guarda y custodia de un menor, tácitamente se está concediendo la petición del accionante, lo que sería jurídicamente inadmisible, más tratándose de cuestiones familiares y, de guarda y custodia de menores, donde lo importante no es reservarse la decisión, sino resolver a quién legalmente le corresponde.
Los referidos agravios, como ya se dijo en párrafos precedentes, son fundados y suficientes aunque, no con el alcance que pretende, sino sólo para modificar la sentencia recurrida.
Antes de examinar tales motivos de disentimiento, cabe precisar que el acto que se reclamó en el amparo indirecto consiste en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil trece, emitida dentro de la causa penal **********, por el Juez Quinto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, a través de la cual decretó el auto de formal prisión contra el quejoso **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 241 Código Penal para el Estado de Veracruz, cometido en agravio del menor implicado y denunciado por **********.
También es menester puntualizar que el delito de retención de menores, puede concebirse como una figura calificada de la privación ilegal de la libertad, cuya gravedad es equiparable al de los delitos de privación de la libertad física y secuestro, previstos en los artículos 161 y 163 del Código Penal para el Estado de Veracruz, no porque el menor sea sometido a un estado de tortura, presión psicológica, violencia física o pago por rescate, sino porque es colocado en una situación de dependencia total de otra voluntad, aunque sea de su propio padre o madre, cuando legalmente no tenga la guarda y custodia otorgada por una autoridad jurisdiccional competente.
En efecto, la acción de retención, para la que se requiere que el autor, por un cierto lapso, impida que el padre o la madre del menor que tenga la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia por resolución judicial, ejerza sus facultades, y ello debe llevarse a cabo privando de la libertad a la víctima, impidiendo por cualquier medio que el menor vuelva con la persona a quien de hecho o por derecho tiene la guarda y custodia; en otras palabras, la retención se refiere a actos de los autores en relación con el menor, puesto que ésta debe recaer sobre él, evitando por cualquier medio el contacto con los padres o tutores, quedando el menor bajo el dominio de los autores; así, la circunstancia de que la retención de menores afecte el derecho de familia no permite descartar que el tipo penal no lesione, además, la libertad en el sentido estricto de libertad "ambulatoria", que es protegida por las figuras de privación ilegal de la libertad, esta conducta, una vez que la víctima fue colocada fuera del área de guarda legítima, constituye una valla que le impide al menor retornar a la misma.
En ese contexto, conforme a los artículos 11, fracción III y 20, fracción II, ambos del Código Penal para el Estado de Veracruz, el delito de retención de menores es de carácter permanente, porque su consumación se prolonga en el tiempo, ya que por su naturaleza, la libertad "ambulatoria" es un bien jurídico que jamás queda agotado mientras se mantenga retenido al menor, esto es, no cesa la conducta, porque todos los momentos de su duración pueden imputarse como consumación, permanece no el mero efecto del delito, sino el estado mismo de la consumación, hay continuidad en la conciencia y en la ejecución, así como persistencia del propósito; por ello, resulta evidente que dicho ilícito es de resultado material y permanente, en virtud de que se consuma en el momento en que se retiene ilegalmente al menor y dura todo el tiempo que esa retención se prolongue, es decir, a partir de que se impone a la víctima el impedimento físico de convivir con la persona que legalmente tiene la custodia y hasta que el bien jurídico se le reintegre plenamente.
Sirven de sustento a lo aquí anotado, las tesis 1a. XX/2004 y 1a. XIX/2004, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 307 y 307, Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden, respectivamente, dicen:
"DELITOS PERMANENTES. REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN. De la definición que la doctrina ha dado de los delitos permanentes en el sentido de que son aquellos en los que la consumación tiene una duración en el tiempo y, más precisamente, en los que el agente da existencia a un estado de antijuricidad, el que, por su ulterior conducta, se prolonga en el tiempo, se advierte que hay dos requisitos necesarios para su configuración, a saber: a) la duración en el tiempo de la consumación, y b) la dependencia de esa consumación de la voluntad del autor de la conducta. Es decir, este tipo de delitos se presenta cuando la violación del imperativo de la norma se prolonga sin solución o fórmula autónoma para concluir por sí solo su continuidad durante un determinado lapso, dado que se encuentra a merced de la conducta ininterrumpida del agente, durante el cual, sin llegar a destruirlo, se está lesionando el bien jurídico en ella protegido, restringiéndole su cabal desenvolvimiento en el marco garantizado legalmente, por los efectos de la acción ilícita del activo."
"PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CESA LA CONSUMACIÓN DEL DELITO. El Código Penal Federal es claro al fijar en su artículo 102 las reglas aplicables respecto al momento a partir del cual debe computarse el plazo de la prescripción, en atención a la categoría del delito y al establecer en la fracción IV del citado artículo que en los delitos permanentes tal cómputo iniciará desde la cesación de su consumación. Ahora bien, si se atiende, por un lado, a que conforme a la fracción II del artículo 7o. del ordenamiento legal mencionado, son delitos permanentes o continuos aquellos cuya consumación se prolonga en el tiempo y, por el otro, que por su naturaleza la ‘libertad’ es un bien jurídico que jamás queda agotado, ya que puede resistir la consumación de la conducta típica prolongada en el tiempo, resulta evidente que el delito de privación ilegal de la libertad es de resultado material y permanente en virtud de que se consuma en el momento en que se detiene ilegalmente a la víctima y dura todo el tiempo que esa detención se prolongue, es decir, a partir de que se impone a aquélla el impedimento físico de su libertad de tránsito y hasta que el bien jurídico se le reintegre plenamente (hasta que recupere la posibilidad de libre desplazamiento) y, por ende, éste será el momento a partir del cual resultará procedente iniciar el cómputo del plazo para que opere la prescripción."
Ahora bien, se coincidió con lo establecido por el Juez de Distrito, en su fallo, en torno a que de las constancias que integran la causa penal de donde emana el auto de formal prisión que se reclamó, se advierte lo siguiente:
El Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, previo cercioramiento de la necesidad de la medida (foja 72 del juicio de amparo indirecto), mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil trece, decretó de plano el depósito del menor implicado en favor de **********, cargo que fue aceptado por ella al día siguiente (foja 74), sin que de autos se advierta que esa medida haya quedado sin efectos.
Asimismo, se encuentra acreditado que la denunciante de los hechos **********, fue detenida y privada de su libertad el veintitrés de septiembre de dos mil trece, y puesta a disposición del Juez Tercero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, con motivo de la orden de aprehensión decretada en su contra dentro de la causa penal **********, tal como se aprecia del oficio **********, signado por el primer comandante regional de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, visible a foja ciento cuarenta del expediente de amparo indirecto.
Al vencimiento del término constitucional, la referida **********, obtuvo su libertad el veintiséis de septiembre siguiente, al haberse dictado en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, tal como se demuestra con la boleta de libertad girada por el Juez Tercero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, al encargado del módulo preventivo de las setenta y dos horas, con residencia en aquella ciudad, lugar donde se encontraba detenida (foja 174 del expediente de amparo indirecto).
Igualmente, obra el escrito de veintisiete de septiembre de dos mil trece, signado por **********, a través del cual formuló denuncia por el delito de sustracción de menores, en los términos siguientes:
"... 1. Que estoy casada con el señor **********, de dicha unión procreamos a nuestro menor hijo de nombre ********** tal y como lo acredito con las actas número ********** de fecha 24 de junio del 2006 y el acta **********, de fecha 11 de diciembre del año dos mil nueve, las cuales exhibo.
"2. Que debido a problemas de carácter personal con mi aún marido decidimos vivir separados, por lo que me vi en la necesidad de demandarle una pensión alimenticia, así como la custodia de mi hijo, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia radicándose el expediente número ********** indicándose el juicio civil.
"3. Que con fecha veinticuatro de mayo del presente año, se decretó el depósito del menor antes mencionado en favor de la suscrita, mismo que debería llevarse a cabo en el domicilio ubicado en el boulevard ********** número ********** del fraccionamiento ********** de la ciudad de Alvarado, Veracruz, hecho que acredito con la copia certificada de la diligencia llevada a cabo por el C. Juez Segundo Instancia (sic) ante su secretario con quien actúa y da fe, misma que exhibo en original.
"4. El día lunes 23 de septiembre del presente año, siendo aproximadamente las siete cincuenta de la mañana, me dirigía a dejar a mi hijo a la escuela como de costumbre cuando se me cerró una camioneta con sujetos armados, bajándome de mi vehículo y haciendo acto de presencia mi hoy marido, quien sujetó a mi menor hijo llevándoselo en ese momento, posteriormente fui trasladada por estos sujetos a las instalaciones del AVI por la Cabeza Olmeca y me dijeron que estaba detenida, por una orden de aprehensión por el delito de fraude específico, denuncia que fue hecha por el señor **********, ‘**********’, de mi aún marido; por lo que fui puesta a disposición del C. Juez Tercero de Primera Instancia en esta ciudad y Puerto de Veracruz, en donde obtuve mi libertad al vencimiento del término constitucional por falta de elementos para procesar.
"Posteriormente de lograr mi libertad ya que nunca había cometido delito alguno, me di a la tarea de buscar a mi hijo, enterándome que mi aún marido había solicitado un depósito de menor en favor de su tía, mismo que fue radicado en el Juzgado Octavo bajo el número de expediente **********, mismo que no se pudo llevar a cabo, ya que se le hizo saber al Juez Octavo de Primera Instancia, que ya había un depósito decretado a mi favor en el Juzgado Segundo de Primera Instancia precisamente en el expediente número **********, motivo por el cual vengo ante esta representación social a denunciar a quien o quienes resulten responsables del delito de sustracción de menores ..." (fojas 66 a la 69 del expediente de amparo indirecto).
En ese contexto, se estima que como correctamente lo consideró el Juez de Distrito en la sentencia que aquí se impugna, la denunciante, ahora tercera interesa recurrente, **********, estaba impedida física y materialmente para ejercer la guarda y custodia de su menor hijo, decretada en su favor por el Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en el lapso del veintitrés al veintiséis de septiembre de dos mil trece, en que permaneció privada de su libertad durante el periodo de preinstrucción, derivado del proceso penal ********** del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz.
Ante esa circunstancia, tal como lo sostuvo el a quo, se actualizó una causa que justificó el actuar del quejoso **********, para retener al menor de edad, durante el lapso del veintitrés al veintiséis de septiembre de dos mil trece, dado que la denunciante **********, permaneció privada de su libertad personal, de ahí que estaba impedida física y materialmente para ejercer la guarda y custodia de su menor hijo y, ante la necesidad de salvaguardar un bien jurídico del menor implicado, estuvo expuesto a un peligro grave, actual e inminente y, acorde con el principio de interés superior del menor, el citado quejoso, justificadamente, retuvo al menor de edad.
Sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte lo sostenido por el juzgador federal, a saber: "... En el entendido que a pesar de que, como se estableció en párrafos anteriores, si bien el impedimento de la referida ********** obró del veintitrés al veintiséis de septiembre de dos mil trece, lapso en el que estuvo privada de su libertad, el hecho de que aquél dejara de existir al obtener su libertad, no implicaba la obligación de devolver al menor afectado, ello en razón de que de las copias certificadas del expediente ********** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, se advierte que dicho juzgador, después de realizar la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, con la finalidad de estar en condiciones de determinar la procedencia del depósito, reservó su pronunciamiento y ordenó recabar de oficio las pruebas necesarias a efecto de estar en condiciones de establecerlo (fojas 180 a 205), de lo que se puede colegir que al no existir determinación por parte del referido Juez de Primera Instancia, la petición de depósito del aquí quejoso se encontraba pendiente, lo que justifica la retención del menor ...".
Lo anterior es así, pues perdió de vista que la madre del menor, desde el veintinueve de mayo de dos mil trece, tenía decretado a su favor el depósito del menor implicado, por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, sin que de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto, se advierta que esa medida haya quedado sin efectos.
En ese contexto, si la denunciante ********** recobró su libertad el veintiséis de septiembre de dos mil trece, entonces, el quejoso **********, sí tenía la obligación de devolver al menor afectado, precisamente porque ella es la que legalmente tenía otorgada la guarda y custodia del menor, previa a la privación de su libertad, lo que de ninguna manera implicaba que por ese hecho perdiera su derecho del que ya gozaba por resolución judicial, y si bien es cierto que como lo señaló el a quo, obran copias certificadas del expediente ********** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, también lo es que en ese expediente el juzgador de primer grado se reservó pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia del depósito que solicitó el mencionado quejoso, incluso, aun cuando se le hubiera autorizado tal medida, ello no justificaría retener a la víctima, porque ese depósito sería posterior al autorizado a la denunciante, que fue el veintinueve de mayo de dos mil trece, máxime que no obra prueba alguna que justifique que el precitado depósito se hubiera dejado insubsistente.
Por tanto, como ya se dijo, el Juez de amparo incorrectamente consideró que el quejoso no estaba obligado a devolver al menor afectado, una vez que la madre de la víctima recobró su libertad personal, sobre todo, porque lo que se busca al tipificar como delito la retención de menores es justamente proteger a los menores involucrad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25165-7cfaa298/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-materia-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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