MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES Y DEPOSITARIOS JUDICIALES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLOS, CUANDO SE LES NOMBRÓ UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
AMPARO EN REVISIÓN 412/2013. 7 DE MARZO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTHER ALCALÁ CRUZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Resulta innecesario analizar tanto la sentencia recurrida como los agravios que aducen **********, en representación del menor **********, en razón de que este Tribunal Colegiado considera que debe desecharse el recurso de revisión de que se trata.
En efecto, el menor de referencia, por conducto de su progenitor **********, y de su abuelo paterno **********, quien también funge como depositario del infante en la controversia de origen, interponen el presente recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil trece, por el Juez ********** de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo a la Juez ********** de Distrito en el Estado, ambos con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número **********, promovido por los propios recurrentes; mediante la cual se negó la protección constitucional.
En principio, se acota que los actos reclamados son:
a) La resolución reclamada emitida con fecha quince de marzo de dos mil trece, en el expediente **********, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de **********, Veracruz, promovido por **********, como acto prejudicial, sobre depósito o guarda de persona, respecto de su menor hijo **********, a favor de su abuelo paterno **********, en que se declaró procedente la reclamación interpuesta por la progenitora del citado infante **********, por consiguiente, se determinó dejar sin efectos el depósito decretado mediante diligencia de siete de septiembre de dos mil doce, se levantó dicha medida cautelar, para restituirse las cosas al estado que guardaban con anterioridad, por ello se ordenó requerir personalmente a ********** y al depositario **********, la entrega del menor a favor de su señora madre, lo que debían hacer dentro del término de tres días ya que, de no hacerlo, se usarían en su contra las medidas de apremio establecidas en el numeral 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; b) El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil trece, en que se aclaró el nombre correcto del depositario y se ordenó requerir a los antes nombrados en los términos ordenados en dicha resolución; y, c) El requerimiento que de manera personal se hizo a **********, el ocho de abril siguiente.
Ahora bien, de las constancias del sumario constitucional se advierte:
1. Que mediante acuerdo de fecha quince de abril de dos mil trece, la Juez de Distrito estimó que ********** y **********, padres del menor **********, tenían intereses opuestos que, incluso, podrían oponerse a los intereses y derechos de su descendiente, por lo que con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, consideró procedente nombrarle un representante especial; por consiguiente, requirió a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surtiera efectos la notificación de ese auto, nombrara a un representante especial ajeno a la controversia, para que representara los intereses del menor en el juicio de amparo biinstancial a que se refiere el presente toca. (foja 518 del juicio de garantías)
2. La procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, mediante oficio PDMFI/1154/2003 (sic), de dieciocho de los citados mes y año, dio respuesta a dicho requerimiento, haciendo del conocimiento de la juzgadora federal, que el licenciado **********, abogado de esa procuraduría, fungiría como representante especial del menor **********, dentro del citado juicio de garantías "autorizándolo para que oiga y reciba toda clase de notificaciones, así como para que consulte el expediente, facultándolo desde ahora a formular cualquier clase de alegaciones, así como para que ofrezca pruebas y comparezca a la audiencia constitucional, señalada en el diverso del que deriva el presente." (foja 524 del sumario constitucional)
3. Por acuerdo de veintidós del mes y anualidad mencionados, se tuvo por recibido el referido oficio de la procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, mediante el cual se designaba como representante especial a **********; en consecuencia, se ordenó requerirlo a través de la citada procuraduría, mediante oficio que al efecto se girara, anexando copia del auto de radicación y de la demanda, para que dentro del término de tres días, compareciera ante el Juzgado de Distrito, con documento idóneo que lo identificara, a fin de que manifestara si aceptaba o no el cargo conferido, apercibido que de no cumplir con tal requerimiento se le impondría una multa. (foja 526)
4. Cumplido que fue dicho requerimiento, por acuerdo de veintinueve siguiente, se ordenó agregar a los autos la razón secretarial de cuenta, mediante la cual **********, había aceptado el mencionado cargo, por lo que con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, se le tuvo como representante especial del menor quejoso, para los efectos legales a que hubiere lugar.
Asimismo, conviene mencionar que en contra de los referidos acuerdos de quince, veintidós y veintinueve de abril, relacionados con el nombramiento del licenciado **********, como representante especial del menor **********, no se interpuso recurso de queja, que es el que procedía, conforme al artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues se trata de proveídos dictados durante la tramitación del juicio de garantías, que no admiten expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave podrían causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.
En las relatadas condiciones, si de las constancias que integran los autos del juicio constitucional, se advierte que la juzgadora de amparo designó al licenciado **********, abogado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, para que fungiera como representante especial del menor **********; es inconcuso que ********** no se encuentra legitimado para representar los intereses de dicho infante dentro del citado juicio de garantías, sino que éste debe ser representado por su representante especial, por lo que no se encuentra facultado para interponer el recurso de revisión a que se contrae el presente toca, en representación del menor **********; de ahí que debe desecharse.
Lo mismo acontece con **********, quien sólo funge, en la controversia de origen, como depositario del menor **********, designado en términos del artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles; y aun cuando de las constancias del juicio de origen, se desprende que es pariente en línea directa del citado infante, dentro del segundo grado, al ser su abuelo -paterno-, ello no lo convierte automáticamente en representante del niño, aun cuando lo hubiere tenido bajo su cuidado desde que se decretó el depósito como medida cautelar, al corresponder originariamente la representación a sus progenitores, como lo prevé el artículo 354 del Código Civil de esta entidad federativa, que señala, entre otros aspectos, que los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella, pero como se vio con antelación, ante el conflicto surgido entre éstos, con motivo del levantamiento de ese depósito, el a quo federal, en el juicio de garantías biinstancial, le nombró un representante especial, por lo que es a éste a quien le correspondía defender los intereses del menor de que se trata y no a dicho depositario; por consiguiente, tampoco se encuentra facultado para interponer el recurso de revisión a que se contrae el presente toca, en representación del menor **********, debiendo desecharse.
No obsta al sentido de este fallo, la circunstancia de que con fecha doce de noviembre de dos mil trece, el presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito haya admitido el recurso de revisión de mérito, ya que ese acuerdo sólo corresponde a un examen preliminar del asunto y, por ello, no causa estado, por lo que si con posterioridad se advierte que el recurso interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse.
En congruencia con lo expuesto, sólo serán materia de estudio las argumentaciones hechas valer por ********** y ********** por su propio derecho, ponderando, en su caso, los derechos del menor **********.
SEXTO.-Los agravios esgrimidos por la parte recurrente son infundados aun suplidos en la deficiencia de su exposición, conforme a lo previsto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y aplicable en el caso -por tratarse de un asunto iniciado el once de los citados mes y año-, al encontrarse involucrados los derechos del menor **********. Ello también acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 167 del Tomo XXIII, mayo de 2006, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido:
"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.-La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."
Máxime que el Pleno del Supremo Tribunal del País, ha sustentado el criterio acerca de que, como el depósito o guarda de personas, que como medida provisional prevén los artículos 158 a 168 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tiene como finalidad salvaguardar la integridad física y moral de la persona que esté en el caso de ser protegida de acuerdo con la ley; entonces, la resolución que revoca la guarda y depósito decretados a favor de un menor, también afecta el derecho del menor, de donde deriva el interés jurídico de éste para impugnar, mediante el juicio de amparo, la resolución relativa y los preceptos en los cuales se funda, al ser titular de un derecho que se estima transgredido por la actuación de la autoridad responsable.
Lo que llevado a la revisión de la sentencia que negó la protección constitucional solicitada a nombre del menor de mérito, en contra de la medida que levantó el depósito en cuestión, conlleva estimar que a pesar de que el citado infante no hubiere promovido el citado recurso por conducto del representante especial que tiene designado en el juicio de amparo indirecto, cierto es que dicho niño se encuentra legitimado para interponerlo en contra de esa resolución, en caso de estimarla lesiva de sus derechos, al estar en controversia, precisamente, el derecho derivado de su guarda o depósito, que como acto prejudicial se decretó en el juicio de origen a favor de su progenitor y a cargo de su abuelo paterno.
Es aplicable, la tesis aislada P. LIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 77 del Tomo XI, abril de 2000, materias constitucional y civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal:
"MENORES. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR, EN EL JUICIO DE AMPARO, LA REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ SU DEPÓSITO O GUARDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-El depósito o guarda de personas que, como medida provisional, prevén los artículos 158 a 168 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tiene como finalidad salvaguardar la integridad física y moral de la persona que esté en el caso de ser protegida de acuerdo con la ley. En estas condiciones, la resolución que revoca la guarda y depósito decretada a favor de un menor, no sólo afecta el derecho que se constituyó en favor del padre designado como depositario, sino también del menor, de donde deriva el interés jurídico de éste para impugnar, mediante el juicio de amparo, la resolución relativa y los preceptos en los cuales se funda, al ser titular de un derecho que se estima transgredido por la actuación de la autoridad responsable. Esto es, el menor tiene el derecho legítimamente tutelado de ser protegido mediante la determinación de su guarda o depósito y al afectarse dicho derecho con la resolución que revoca la citada medida, tiene interés jurídico para reclamarla si la estima lesiva de sus garantías, ello con independencia de que en el caso concreto se presenten o no las circunstancias de hecho previstas en la ley para la procedencia de la medida, pues esto es una cuestión que atañe al fondo del juicio de amparo y no a su procedencia."
Precisado lo anterior, en principio, se analiza el argumento de los inconformes acerca de que el juzgador federal, conculca sus derechos fundamentales y sus garantías.
Sobre el particular, es de precisarse que los Jueces de Distrito, tratándose de juicios de amparo, actúan como órganos de control constitucional con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales y las garantías previstas para su protección, contra las transgresiones en que pudieran incurrir las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, por lo que, en todo caso, lo que ellos podrían infringir serían las disposiciones de la Ley de Amparo, mas no de la Constitución Federal y, si en la especie, los recurrentes señalan que el a quo viola sus derechos humanos y garantías o mecanismos diseñados por el ordenamiento jurídico para protegerlos, tal argumento resulta inoperante.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 5 del Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."
Se acota que en el primer agravio, los inconformes impugnan los acuerdos de veintidós y veintinueve de abril, y veinticuatro de mayo, todos de dos mil trece.
Al respecto, se precisa que mediante proveído de fecha quince de abril de dos mil trece, la Juez de Distrito estimó que los padres del menor **********, tenían intereses opuestos, que incluso podrían oponerse a los intereses y derechos de su descendiente, por lo que con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, consideró procedente nombrarle un representante especial, por consiguiente, requirió a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surtiera efectos la notificación de ese auto, nombrara a un representante especial ajeno a la controversia, para que representara los intereses del menor en el juicio de amparo biinstancial a que se refiere el presente toca. (foja 518 del juicio de garantías)
En respuesta a dicho requerimiento, la procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, mediante oficio PDMFI/1154/2003 (sic), de dieciocho de los citados mes y año, hizo del conocimiento de la juzgadora federal, que el licenciado ***********, abogado de esa procuraduría, fungiría como representante especial del menor **********, dentro del citado juicio de garantías "autorizándolo para que oiga y reciba toda clase de notificaciones, así como para que consulte el expediente, facultándolo desde ahora a formular cualquier clase de alegaciones, así como para que ofrezca pruebas y comparezca a la audiencia constitucional, señalada en el diverso del que deriva el presente". (foja 524 del sumario constitucional)
Por acuerdo de veintidós del mes y anualidad mencionados, se tuvo por recibido el referido oficio de la procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, mediante el cual se designaba como representante especial a **********, en consecuencia, se ordenó requerirlo a través de la citada procuraduría, mediante oficio que al efecto se girara, anexando copia del auto de radicación y de la demanda, para que dentro del término de tres días, compareciera ante el Juzgado de Distrito, con documento idóneo que lo identificara, a fin de que manifestara si aceptaba o no el cargo conferido, apercibido que de no cumplir con tal requerimiento se le impondría una multa. (foja 526)
Cumplido que fue dicho requerimiento, por acuerdo de veintinueve siguiente, se ordenó agregar a los autos la razón secretarial de cuenta, mediante la cual **********, había aceptado el mencionado cargo, por lo que con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, se le tuvo como representante especial del menor quejoso, para los efectos legales a que hubiere lugar.
De lo que se advierte, que los mencionados acuerdos de veintidós y veintinueve de abril, relacionados con el nombramiento del licenciado **********, como representante especial del menor **********, se trata de proveídos dictados durante la tramitación del juicio de garantías, que no admiten expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave podrían causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; de tal manera que los motivos de disentimiento que se vierten para combatir esas determinaciones, devienen inatendibles, por ser materia del recurso de queja -no de revisión-, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.
Por otra parte, en el diverso auto de veinticuatro de mayo de dos mil trece, entre otros aspectos, se tuvo por recibido el escrito signado por el representante especial, licenciado **********, teniéndose por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. (foja 548 del juicio de amparo)
Contra dicha determinación judicial, los recurrentes manifiestan que el citado representante especial incumplió con su obligación legal, por lo cual se debe dar vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Distrito de origen, porque se concretó a adjuntar a su escrito de alegatos los estudios psicológicos a que se refirió el a quo, sin solicitar que se escuchara al menor por el Juez de amparo, y menos que se realizaran al niño nuevos estudios psicológicos, pero con las formalidades de la prueba pericial, como lo expresó el propio juzgador federal, el que también omitió ordenar que se trajera ante su presencia al niño, para escucharlo, en atención al principio de inmediación, que fortalecería el argumento en pro o en contra de su interés superior.
Resultan inatendibles los planteamientos que anteceden, porque el artículo 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
De modo que si en el procedimiento relativo al acto prejudicial, sobre depósito o guarda de persona respecto del menor **********, a favor de su abuelo paterno **********, se practicó al citado infante el estudio psicológico que ordenó el Juez responsable, y también se le escuchó en la audiencia prevista en el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil doce, respecto de los supuestos actos de violencia o maltrato de que era objeto por parte de su señora madre; es incuestionable que no existía necesidad de que el citado representante especial, licenciado **********, solicitara que se practicaran nuevos estudios psicológicos o que se escuchara al niño por el Juez Federal, al contar el Juez de Distrito con los elementos de prueba necesarios para resolver.
En las referidas condiciones, no se está en los supuestos jurídicos previstos en el segundo y tercer párrafos del citado artículo 75, que contempla la posibilidad de que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas, cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, o de que el órgano jurisdiccional recabe oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.
Adicionan que tampoco se dejó a vista de los inconformes el mencionado escrito de alegatos del representante especial del menor.
El razonamiento que antecede es infundado, porque el artículo 124, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las audiencias serán públicas, que abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda; es decir, de dicho dispositivo legal no se desprende, la obligación de dar vista a las partes con los indicados alegatos.
Sin que inadvierta este Primer Tribunal Colegiado, que en la audiencia constitucional, celebrada a las doce horas con diez minutos del tres de julio de dos mil trece (fojas 567 y 568 del juicio de amparo), entre otras cosas, el secretario del Juzgado de Distrito, dio cuenta con los alegatos vertidos por el representante especial del menor **********, los cuales, por cierto, fueron agregados mediante acuerdo de veinticuatro de mayo del mismo año; por lo que a criterio de este órgano, ningún perjuicio se le causó a los recurrentes.
Precisado lo anterior, es oportuno indicar que los quejosos promovieron el juicio de amparo indirecto en contra de: a) La resolución dictada el quince de marzo de dos mil trece, en el expediente **********, del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia de este Distrito Judicial de **********, Veracruz, promovido por **********, como acto prejudicial, sobre depósito o guarda de persona respecto de su menor hijo **********, a favor de su abuelo paterno **********, en que se declaró procedente la reclamación interpuesta por la progenitora del citado infante **********, por consiguiente, se determinó dejar sin efectos el depósito decretado mediante diligencia de siete de septiembre de dos mil doce, se levantó dicha medida cautelar, para restituirse las cosas al estado que guardaban con anterioridad, por ello, se ordenó requerir personalmente a ********** y al depositario **********, la entrega del menor a favor de su señora madre, lo que debían hacer dentro del término de tres días ya que, de no hacerlo, se usaría en su contra las medidas de apremio establecidas en el numeral 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; b) El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil trece, en que se aclaró el nombre correcto del depositario y se ordenó requerir a los antes nombrados en los términos ordenados en dicha resolución; y, c) El requerimiento que de manera personal se hizo a **********, el ocho de abril siguiente.
La medida solicitada como acto prejudicial, se practicó el siete de septiembre de dos mil doce, en que la entonces Juez del conocimiento decretó el depósito del menor ********** a favor de **********, por observar que es una persona honorable, con educación, de buenas costumbres e idónea para la seguridad y guarda del depositado, al ser el abuelo paterno del niño; y a quien se le hizo saber el cargo de depositario judicial, mismo que aceptó y se comprometió a desempeñar y cumplir con todas las obligaciones inherentes al mismo.
En el inciso a), del segundo agravio, afirman los inconformes, que si bien es verdad que el resolutor de amparo, consideró que el Juez responsable estuvo en lo correcto por no valorar el certificado médico o reporte de evaluación psicológica del niño **********, de fecha diez de septiembre de dos mil doce, expedido por el licenciado en psicología **********, debido a que no fue ofrecido conforme a derecho, debiéndose considerar como una prueba pericial, en la cual se debieron señalar y apuntar de manera precisa los puntos necesarios para desarrollar dicha prueba, no es menos verdad que el mismo hace referencia que se trata de un documento privado al que se le tuvo que haber dado el valor probatorio previsto en los artículos 266 y 327 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que no aconteció.
Resulta inatendible el argumento antes resumido, porque el resolutor federal no emitió pronunciamiento en ese sentido, sino lo que en realidad consideró, en relación con el dictamen del licenciado en psicología **********, en la parte que interesa al presente estudio, fue:
"...para determinar el transtorno (sic) psicológico a que se refiere en ese documento, es necesario que quien lo suscriba tenga conocimientos especiales en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sujeto a su dictamen, lo que constituye una prueba pericial, por lo que su ofrecimiento debe ceñirse a lo señalado en el artículo 238(29) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es, se debe ofrecer expresando los puntos sobre los que versará y las cuestiones que deben resolver los peritos, situación que no aconteció en el caso que se analiza, ya que como lo refiere la propia parte quejosa, ese dictamen se ofreció directamente mediante escrito presentado por el promovente del depósito de persona, por lo que no puede otorgársele el valor probatorio de un dictamen pericial, al no desahogarse con base en las formalidades legales para que surta efectos como prueba legal. Lo que apoyó en la tesis de rubro: ‘PERICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA. EN MATERIA CIVIL.’, y agregó:
‘
"No pasa desapercibido lo manifestado en la demanda de garantías en el sentido de que debe otorgársele valor probatorio en términos de los artículos 266 y 327 del Código de Procedimientos Civiles que regulan el valor probatorio de las documentales privadas; sin embargo, como se señaló, al contener una afirmación que deriva de conocimiento especial en materia de psicología, es menester que esa probanza cumpla con los requisitos legales establecidos para la prueba pericial." (fojas 578 vuelta y 579 frente)
Reproducción que denota, que el Juez constitucional no hizo referencia a que el mencionado dictamen se tratara de un documento privado, al que se le tuvo que haber dado el valor probatorio previsto en los artículos 266 y 327 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; sino que sobre este tópico estimó que dicho dictamen, al contener una afirmación que deriva de conocimiento especial en materia de psicología, era menester que esa probanza cumpliera con los requisitos legales establecidos para la prueba pericial. De ahí, se insiste, lo inatendible del reseñado planteamiento.
En el inciso b), del mismo agravio, aseveran los inconformes, que el Juez Federal dejó de valorar lo declarado por el menor **********, ante los distintos Jueces de instancia que conocieron de la medida cautelar sobre el depósito del niño, en que éste expresó en forma libre y espontánea, ausente de influencias externas, ante autoridad competente y en presencia de su asistente, que lo fue el agente del Ministerio Público adscrito a esos órganos jurisdiccionales, respecto al maltrato físico y psicológico sufridos, cuando que el objeto del acto prejudicial que se promovió, es el de contar con elementos indiciarios para decretar el depósito de personas para salvaguardar la seguridad del infante y, posteriormente, en el juicio correspondiente, acreditar con pruebas contundentes los riesgos a los que está expuesto el menor.
El razonamiento antes sintetizado resulta infundado, porque el Juez de amparo sí atendió y valoró las manifestaciones que el menor **********, vertió ante los Jueces Cuarto y Sexto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que conocieron de la medida cautelar de mérito -una a prevención y otro por excusa de su homóloga-, ya que en el apartado correspondiente, del considerando de estudio, denominado: "3. Valor probatorio de la declaración del menor", en lo conducente indicó:
"A efecto de pronunciarse en relación con el valor probatorio que debe otorgarse a las declaraciones que rinden los menores en los asuntos que los afecten, es menes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27167-7092668a/menores-de-edad-los-progenitores-y-depositarios-judiciales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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