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Modo: Corpus Pro

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2004-PS. · Registro digital (IUS): 19477
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CUARTO EN MATERIA CIV
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 168.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO), PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO), EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter civil.

SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al fallar el amparo directo 116/2004, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. En tales circunstancias, es incuestionable que la menor que promueve el juicio de garantías, no tiene la legitimación de referencia, en razón de que la sentencia reclamada, la cual versó sobre la pérdida de la patria potestad, deriva de un juicio de divorcio necesario en que figuraron como partes únicamente sus progenitores, por tanto, al no intervenir en dicho juicio con el carácter de parte como un sujeto de la relación jurídico procesal, carece de interés para que subsista el acto favorable a la actora o demandado en el juicio respectivo, pues dicho acto afecta únicamente a quienes se disputaron el ejercicio de la patria potestad. En lo conducente, este tribunal federal comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.37 K, visible en la página 677, del Tomo IV, agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto a la letra dicen: ‘IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL DE, CUANDO EL JUICIO DE AMPARO SE PROMUEVE POR EL MENOR DE EDAD, CUYA PATRIA POTESTAD SE DISPUTÓ EN EL JUICIO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por la menor ... de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo ..."

b) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 11423/2001 sostuvo en la parte conducente lo siguiente:

"En la especie, la resolución que constituye la violación procesal alegada fue dictada por la Sala responsable al resolver el recurso de apelación que el actor en el juicio natural, aquí tercero perjudicado ... interpuso contra el proveído del veintiuno de septiembre de dos mil, por el que el Juez de primera instancia admitió a las partes la totalidad de las pruebas que ofertaron. De modo que dicha resolución no resolvió en definitiva el fondo del juicio natural ni le puso fin, ni tampoco trató alguna cuestión relativa a la custodia de menores, sino se centró de (sic) la legalidad de un auto que admitió las pruebas que ofreció la quejosa. Consecuentemente, resulta evidente que al pronunciarse de manera unitaria no se transgredió en perjuicio de la quejosa el artículo 45, fracción I, de la referida ley orgánica, habida cuenta que la Sala responsable no estaba obligada a hacerlo dada la naturaleza de la resolución recurrida. No representa obstáculo para la anterior conclusión, lo que la quejosa aduce en el sentido de que la pérdida de la patria potestad constituye una sanción de excepción, dada su gravedad y por ello todas las resoluciones deben pronunciarse de manera colegiada, al igual que las que se refieran a custodia de menores, toda vez que, por una parte, no se prevé en el transcrito artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que las resoluciones que no tengan el carácter de definitivas sean resueltas de manera colegiada, a menos que versen sobre custodia de menores y, por otra, porque en la resolución reclamada no se analizó la legalidad de una determinación que haya resuelto lo relativo a la custodia o pérdida de la patria potestad de un menor, sino sólo se cuestionó una determinación que admitió pruebas. Por otra parte, resultan inoperantes los argumentos que expone la quejosa contra el fondo de la resolución que constituye la violación procesal reclamada, consistentes en que se apartó del contenido del artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dado que, asegura, ofreció sus pruebas precisando los hechos a demostrar y las razones por las que se estimó que con ellas se demostrarían sus afirmaciones y estimar lo contrario, como así lo hizo la responsable, resulta totalmente ilegal porque evidencia una falta total de estudio de las constancias de autos. Cabe precisar, en principio, que la quejosa no desvirtúa la legalidad de lo considerado por la Sala en el sentido de que al ofrecer sus pruebas sólo precisó el hecho o hechos que pretendía acreditar con ellas y que las relacionó con los hechos de su escrito de contestación de demanda y con sus excepciones y defensas, pero no expresó las razones por las que estimaba que acreditarían sus afirmaciones. La anterior aseveración la corrobora el análisis integral que se hace del escrito ofertorio del dieciséis de agosto de dos mil, que obra a fojas 172 a 175 del primer tomo de los autos del juicio natural, del que se desprende que, efectivamente, al ofrecer la prueba de confesión a cargo del actor, así como diversas documentales públicas y privadas, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, la quejosa se concretó a precisar qué era lo que en su concepto demostraban tales pruebas y a relacionarlas con diversos hechos de su escrito de contestación a la demanda y con sus excepciones y defensas, conforme a la fórmula prevista en el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en vigor hasta antes de su reforma del año de mil novecientos noventa y seis, y no cumplió con la carga procesal prevista en dicho precepto en su texto vigente, de precisar las razones por las que estimaba que demostrarían sus afirmaciones, a efecto de que se analizara lo relativo a la idoneidad de la prueba, y lo que no es dable tener por satisfecha únicamente con el señalamiento de lo que se pretende probar. A pesar de lo anterior debe considerarse que aun ante la deficiencia en el ofrecimiento, la Sala responsable debió considerar legal la admisión de las pruebas de que se trata, dado que en el juicio natural se ventila lo relativo a la pérdida de la patria potestad de dos menores de edad, cuyos efectos no sólo repercuten en las personas que la ejercen, sino que también inciden en los menores sujetos a esa patria potestad y en la familia, y en términos de lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los Jueces de lo Familiar están facultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. No es obstáculo para la anterior aseveración que el párrafo segundo del artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, señale que lo dispuesto en el párrafo primero de dicho precepto, en el sentido de que no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial; no es aplicable a los casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad; habida cuenta que esa limitación sólo comprende a las demandas en casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad, que sí requieren de que se formulen con determinados requisitos legales, pero no a los demás planteamientos de derecho, en los que sí se puede suplir la deficiencia en los planteamientos, conforme a lo dispuesto en el artículo 941 del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, la circunstancia de que haya sido indebida la modificación del auto del veintiuno de septiembre de dos mil, para el efecto de tener por no admitidas las pruebas que ofreció la quejosa en su escrito del dieciséis de agosto del mismo año, resulta insuficiente para conceder a ésta el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que se confirme ese auto y, por ende, se tengan por admitidas las pruebas respectivas, dado que por una parte se trató de diversas probanzas documentales que exhibió el actor con su demanda y la demandada con su escrito de contestación, que debían tenerse como pruebas en la sentencia correspondiente aunque no se ofrecieran como tales, en términos del artículo 296 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como incluso lo señaló la Sala responsable en la resolución que constituye la violación procesal de que se trata y, por otra, si bien también se ofrecieron las pruebas de confesión a cargo del actor y la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, resulta que en la audiencia del diecinueve de octubre del mismo año, antes de que se modificara el auto admisorio de pruebas, se tuvo a la quejosa desistiendo de la prueba de confesión, y la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, son también de aquellas que deben valorarse en la sentencia aunque no se ofrezcan como tales, por lo que no era necesario que existiera un auto en el que se tuvieran por expresamente admitidas. De lo anterior deriva que la violación de que se trata no trascendió al sentido del fallo reclamado, dado que la quejosa desistió de la prueba de confesión que ofertó y las otras son de las que se deben tomar como pruebas aunque no se ofrezcan como tales, por lo que no amerita la concesión del amparo y protección constitucional, para efectos de que la Sala responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y se confirme el auto admisorio de pruebas en el que se tuvieron por desahogadas, dado que según lo antes considerado es un requisito indispensable para la concesión de la protección constitucional por infracción a las normas del procedimiento que la violación incida en el sentido del fallo reclamado, lo que no acontece en la especie ..."

El sentido que rige las anteriores consideraciones fue reiterado por el Tribunal Colegiado al fallar el amparo directo 11443/2001.

c) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión 934/95, en lo que aquí interesa, dijo:

"... el enunciado suplencia de la queja se ha aplicado por el legislador nacional en dos sentidos con diferente extensión. Ahora procederemos a examinar lo referente a dicha suplencia en beneficio de los menores y de los incapaces. Ciertamente, el cual debe de suplir la queja en favor de los menores y de los incapaces, se estableció originalmente como facultad o poder, en el artículo 107, fracción II, de la Constitución General de la República, mediante adición publicada en el ‘Diario Oficial de la Federación’ el veinte de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en vigor treinta días después ... El proceso legislativo de esta reforma y adición, resulta de singular importancia para demostrar el criterio que se sostiene en esta ejecutoria, como veremos a continuación ... Como se advierte de toda esta exposición, tanto el Congreso Constituyente Permanente como la legislatura ordinaria, utilizaron en la reforma en comento un concepto lato de la expresión suplencia de la queja, para incluir en su amplia extensión, no sólo la facultad de invocar argumentos no mencionados por los sujetos tutelados o mejorarles los expuestos, como se vino usando en el juicio de amparo en materia penal, sino también la atribución de recabar pruebas de oficio, como se empleó en el juicio de amparo en materia agraria. Esto explica que, a pesar de haber quitado de la iniciativa la expresión: ‘Se tomarán en cuenta las pruebas que aporte el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial’, se siguiera considerando plausible la idea plasmada en la iniciativa, de facultar a los juzgadores de amparo para recabar los elementos de convicción. En las reformas subsecuentes no ha sido alterada esta situación. Así, la fracción II del artículo 107 constitucional sólo se reformó mediante decreto de siete de abril de mil novecientos ochenta y seis, donde se fijó la obligatoriedad de suplir la queja; se eliminaron de la Carta Magna los supuestos de su procedencia para dejar su regulación a la ley reglamentaria; pero como excepción se quedó allí lo relativo al juicio de amparo en materia agraria. Tocante a los mencionados artículos de la Ley de Amparo, ocurrió lo siguiente ... En cuanto a los principios rectores en materia familiar, y especialmente para protección de los menores y de los incapaces, la tendencia se encamina uniformemente a considerarlo como una rama del derecho social, que por tanto requiere de una normatividad tuitiva, de un procedimiento estructurado de tal modo que permita y obligue a los tribunales a investigar con amplias facultades de dirección del proceso, la verdad objetiva de la controversia o materia del juicio, y que se aparte de los formalismos y tecnicismos tradicionales en los conflictos de derecho privado (que inclusive éstos han cambiado) para que los derechos consignados en la ley no queden burlados en ningún caso. Ejemplo de esto lo tenemos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que se estructuró una vía especial para las contiendas del orden familiar, confiriendo amplísimas atribuciones a los tribunales de primera y segunda instancias para los fines indicados, como se ve en los artículos 940 y siguientes. En el mismo sentido que este órgano jurisdiccional, se ha pronunciado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis visible en la página 97 de los Volúmenes 127-132, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1979, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: ‘MENORES, AMPARO PROMOVIDO POR. SUPLENCIA DE LA QUEJA.’ (se transcribe). Igualmente se ha pronunciado la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en la página 144 de los Volúmenes 169 a 174, correspondientes a los meses de enero a junio de 1983, de la Cuarta Parte de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación; y en la tesis visible en la página 58 de la Segunda Parte del Informe rendido por el presidente del más Alto Tribunal, correspondiente al año 1983, del siguiente tenor: ‘MENORES O INCAPACITADOS, DERECHOS DE. TODA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). ‘MENORES, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS DE AMPARO QUE AFECTE A LOS.’ (se transcribe). No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que las tres tesis transcritas se formularon cuando la Ley de Amparo establecía expresamente la posibilidad de recabar pruebas a favor de menores o incapaces, pero las razones expuestas en ellas rebasan en algunos puntos la mera norma legal. No obsta a lo considerado, el contenido de la tesis de jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 5/89, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, visible en las páginas 39 y 40 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 31, correspondiente al mes de agosto de 1990, del siguiente tenor: ‘PRUEBAS, FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABARLAS DE OFICIO.’ (se transcribe). Se dice que no es obstáculo dicha tesis de jurisprudencia, porque del análisis de su texto, y por el tiempo en que se emitió, se advierte que está sustentada sobre la base de que el recabar pruebas de oficio es una facultad discrecional, que puede o no ser ejercida libremente, pero en la actualidad, es indudable que se trata de una obligación del juzgador, toda vez que en el texto vigente del artículo 78 de la Ley de Amparo, se cambió el vocablo podrá por el de deberá. En la especie, la Juez Federal infringió las disposiciones y principios jurídicos mencionados, pues si bien es cierto que las quejosas no aportaron como prueba alguna documental derivada del juicio de divorcio necesario 197/94, secretaría A, radicado ante el Juez Décimo de lo Familiar de esta ciudad, con excepción de copia certificada de la sentencia, en la que en el tercer resolutivo se declara la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, de conformidad con la cláusula tercera del convenio de dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, aprobándose al efecto dicho convenio, por no tener cláusula contraria a la moral o al derecho, sin dar más elementos sobre su contenido; también es cierto que de conformidad con el precepto citado, dicha a quo federal estaba obligada a recabar de oficio las documentales necesarias para la resolución del juicio de garantías, esto es, aquellas que permitan dilucidar si con motivo de la celebración del convenio, los padres de las menores quejosas, les transmitieron los derechos de propiedad del inmueble embargado, como podían ser, por ejemplo, el convenio de liquidación de la sociedad conyugal, su ratificación, la sentencia definitiva del Juez a quo y, en su caso, la de segunda instancia, así como la constancia sobre ejecutorización del fallo, etcétera, o bien de todo el expediente. En virtud de lo anterior, en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, debe revocarse el fallo recurrido y ordenarse la reposición del procedimiento a efecto de que la Juez Federal recabe de oficio, del Juez Décimo de lo Familiar de esta ciudad, las copias certificadas del juicio de divorcio necesario 197/94, secretaría A, indispensables para determinar si por convenio celebrado en autos se transmitió a las menores quejosas los derechos de propiedad del inmueble embargado a ... en el juicio de origen y, una vez hecho lo anterior, resuelva lo que proceda."

d) El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar el toca de revisión 16/98, sostuvo el criterio que en su parte conducente dice:

"CUARTO. Son parcialmente fundados los agravios anteriores y además este Tribunal Colegiado suple la deficiencia de los mismos, en uso de la facultad conferida por el artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, independientemente de que ... haya intentado el recurso de inconformidad, ‘el recurso de revocación’ y el juicio de amparo, por su propio derecho, como quiera que sea, la resolución original de cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, emitida por la Subdelegación Metropolitana Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla, número 96/002983, fue dictada en favor de dicha quejosa y de los menores de edad ... a quienes se les otorgó pensiones por viudez y orfandad respectivamente, como beneficiarios del desaparecido asegurado ... En consecuencia, cualquiera que sea la resolución que llegue a pronunciarse en definitiva, beneficiar o perjudicar no sólo a ... sino también a ... ambos de apellidos ... quienes actualmente cuentan con quince años tres meses y doce años cuatro meses de edad respectivamente, según se desprende de las copias que obran en autos del expediente de origen a fojas treinta y cuatro y treinta y cinco. Por ello, este Tribunal Colegiado considera que se surte el supuesto previsto por la fracción V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en que las autoridades que conocen del juicio de garantías, deben suplir la deficiencia de los agravios, en favor de los menores de edad. Así las cosas, le asiste la razón a la inconforme, al afirmar que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, porque no se apreció el acto reclamado, tal como aparece probado ante la autoridad responsable, ya que ella jamás promovió un juicio de nulidad, sino que interpuso un recurso de revocación. Ciertamente, como quedó relatado en el considerando tercero de esta ejecutoria y así consta en autos, por escrito presentado el once de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con residencia en esta ciudad de Puebla, ... interpuso con fundamento en el artículo 117 inciso d) del Código Fiscal de la Federación, ‘recurso de revocación’ en contra de la resolución de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, pronunciada por el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla, en el expediente C.C.PUE.559/96; reiterando la omisión en el pago de las pensiones por los bimestres y causas señalados. No obstante, por auto de catorce de febrero de ese año, se tuvo a la promovente impugnando la nulidad de la resolución indicada, se admitió la demanda, se ordenó correr traslado y emplazar a las autoridades demandadas, se concedió a las partes el término legal para formular alegatos y finalmente, el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, se dictó sentencia. Es decir, a pesar del planteamiento que hizo ... respecto de la interposición de un ‘recurso de revocación’, se le dio el trámite respectivo como si se tratara de un juicio de nulidad; y en este error también incurrió el Juez Federal, quien dando por hecho que la quejosa había promovido el juicio de nulidad, estimó que la resolución reclamada se encontraba fundada y motivada, y que también estaba probada la causa de improcedencia y por consecuencia el sobreseimiento decretado por la Sala Regional responsable, esto es, por cuanto que ese tipo de controversias deben ser resueltas por la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva y no a través del juicio de nulidad ante dicha Sala. De lo anterior, es fácil observar que efectivamente la sentencia recurrida infringe el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues sin apreciar el acto reclamado tal como aparece probado ante la autoridad responsable, se negó el amparo solicitado con base en una premisa falsa. Ante tal situación, este Tribunal Colegiado considera que son parcialmente fundados los argumentos de la recurrente, porque independientemente de que no los haya hecho valer en sus conceptos de violación, como quiera que sea y en suplencia de la queja, se advierte que si ... no promovió el juicio de nulidad, sino que expresamente refirió que interponía con fundamento en el artículo 117 inciso d) del Código Fiscal de la Federación, ‘recurso de revocación’, así debió apreciarlo la Sala Regional responsable y resolver lo conducente. En las condiciones anteriores, procede revocar el fallo recurrido y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Regional responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte otra, en la que sobre la base de que ... interpuso con fundamento en el artículo 117 inciso d) del Código Fiscal de la Federación, ‘recurso de revocación’, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda; concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla."

Tal criterio fue reiterado por ese órgano colegiado al resolver los recursos de revisión 828/98, 461/99, 599/99 y los amparos directos 711/99 y 224/96.

e) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al fallar el A.D.C. 618/98, sostuvo el criterio que en su parte conducente dice:

"CUARTO. Son infundados los anteriores conceptos de violación. Carece de consistencia jurídica lo afirmado por la quejosa, relativo a que la autoridad responsable se encontraba constreñida a suplirle la deficiencia de los agravios y a estudiar de oficio el material probatorio que desahogó, por virtud de que la controversia ventilada emerge de un juicio de naturaleza familiar. Esto es así, porque aun cuando la acción de la pérdida de la patria potestad opera dentro de los límites del derecho de familia; sin embargo, no menos cierto lo es que no existe precepto, ni jurisprudencia que así lo determine; circunstancia por la cual, el ad quem obró legalmente al haber abordado la acción planteada en mérito de los agravios que le fueron puestos a su consideración. Es cierto que ante la responsable se invocó el criterio de la voz: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR.’; sin embargo, aquélla no se encontraba constreñida a aplicarla, toda vez que de su contenido se aprecia que se encuentra reservada para la instancia constitucional, no así para la apelación. En efecto, su texto es del tenor siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO FAMILIAR.’ (se transcribe). A ese efecto, cabe agregar que no sólo el anterior criterio establece la suplencia de la queja en tratándose de menores o de incapaces, sino, además, el que a continuación se transcribirá, del cual se advierte que dicha suplencia abarca en cualquier materia, a saber: ‘MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA.’ (se transcribe). Criterio que se encuentra publicado en la página 82, Segunda Sala, del Informe correspondiente al año de 1977. De lo anterior se sigue, que la suplencia de la queja no está instituida en favor de los menores únicamente en aquellos juicios de naturaleza familiar, sino en todos los amparos en los que aquéllos sean parte, independientemente de la naturaleza de los derechos que se cuestionen. Sin embargo, no obstante que en la cuestión debatida subsistente en el presente juicio de garantías sea la pérdida de la patria potestad de un menor de edad en el que materialmente no es parte éste; ello no implica que no opere en su favor la suplencia de los conceptos de violación, pues si dicha acción tiene como supuesto el bienestar psicológico, moral, económico y social, evidente resulta que es de gran importancia y trascendencia para el menor el resultado de la acción planteada; tanto más, cuanto que a la sociedad y a la ley importa que aquél quede protegido de ejemplos, conductas o actos que le puedan perjudicar en su salud física o mental y aun en su desarrollo social. En función de lo anterior y toda vez que el presente juicio emerge, como ya se dijo, de una acción sobre pérdida de la patria potestad en donde las partes contendientes son la madre y el padre del menor; debe concluirse que, en caso de que exista alguna deficiencia en los conceptos de violación, se suplirá su deficiencia."

De la misma manera se pronunció al resolver los amparos directos civiles 892/99, 675/2000, 83/2001, 375/2001, 623/2001, 102/2002, 680/2002 y 721/2002.

f) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar la revisión principal 231/2001, sostuvo el criterio que en su parte conducente dice:

"Ahora bien, en el recurso de revisión que aquí se resuelve, se observa que el recurrente ... se inconforma del sobreseimiento decretado en el juicio constitucional, únicamente por lo que se refiere de los actos que afectan a la menor ... lo que ocasiona que quede intocado el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados por los padres de ésta ... y ... por su propio derecho; máxime que por acuerdo de veinticinco de septiembre del año dos mil uno, la presidencia de este tribunal admitió el recurso interpuesto por ... en su carácter de representante de la menor ... auto que al no haber sido impugnado, queda firme para todos los efectos legales. Establecido todo lo anterior, este órgano colegiado considera que existe una violación a las leyes que regulan el procedimiento del juicio de amparo, que afecta las defensas de la menor ...

"En efecto, los promoventes del juicio constitucional resultan ser los padres de dicha menor, pues así lo manifiestan en su escrito de demanda y así se desprende también de la copia certificada de su acta de nacimiento, que acompañaron a la demanda. Además, se advierte de la propia demanda que los actos reclamados fueron ordenados y ejecutados dentro de una averiguación previa, y si como dicen los quejosos, la menor fue sustraída de la familia y fue enviada al Instituto Cabañas, es de inferirse que la indagatoria se instauró precisamente por la posible comisión de hechos ilícitos en agravio de la menor, por alguno de sus progenitores o por ambos; de manera que a juicio de este tribunal dicha menor de edad no puede ni debe ser representada por sus padres en el juicio de garantías, quienes al parecer ocasionaron que ella se encuentre en la mencionada institución, porque en ese caso su interés es opuesto al de sus progenitores y siendo así el Juez Federal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19477-8ae57f45/menores-de-edad-o-incapaces-procede-la-suplencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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