REPRESENTANTE ESPECIAL DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA VISTA QUE DEBE DÁRSELE CON LA REVISIÓN INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE ORIGINARIA Y EL REQUERIMIENTO PARA QUE MANIFIESTE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO PRESENTÓ DICHO RECURSO, CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN QUE RECAE EN LOS JUECES DE DISTRITO, CUYA OMISIÓN AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
AMPARO EN REVISIÓN 170/2022. 26 DE ENERO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARIO CÉSAR FLORES MUÑOZ. PONENTE: GUILLERMO ESPARZA ALFARO. SECRETARIO: ALEJANDRO LEMUS PÉREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Reposición del procedimiento. Es innecesario analizar la sentencia recurrida y los agravios hechos valer en su contra, en virtud de que, en la especie, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte la existencia de una violación en el trámite del recurso de revisión, por lo que procede ordenar la reposición del procedimiento.
En acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Jueza Primera de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto **********, se les nombró a los menores de edad quejosos una representante especial del Instituto Federal de Defensoría Pública, al advertirse que en el juicio de amparo existía entre los padres de los infantes, intereses contradictorios.
A su vez, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la citada a quo federal tuvo a la asesora jurídica federal adscrita a la Defensoría Pública Federal **********, como representante especial de los menores de edad impetrantes y, en diverso proveído del veintitrés del mismo mes y año, tuvo a la citada asesora por aceptando y protestando el cargo.
Ahora, contra la sentencia de amparo de once de marzo de dos mil veintidós, **********, como tercero interesado, interpuso recurso de revisión.
Conviene acotar que aun cuando en el juicio de amparo no existe un pronunciamiento expreso de la Jueza de Distrito que determine que **********, tenga la representación originaria de sus menores hijos, la realidad de las cosas es que esa determinación judicial no es necesaria, dado que la representación originaria emana de la Constitución General y de la ley, por el ejercicio de la patria potestad de ambos progenitores.
Así es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 266/2019, a la que más adelante también se hará referencia sostuvo:
"32. Al respecto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que las autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo deberán garantizar: i) la protección y prevalencia del interés superior de la niñez; ii) el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, iii) el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario.
"33. Respecto de la tercera garantía, el artículo 4o., en sus fracciones XXI, XXII y XXIII (esta última en relación con el diverso artículo 106 de la misma legislación), reconoce tres tipos de representación:
"a) Originaria: que queda a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esa ley y demás disposiciones aplicables;
"...
"34. La representación originaria, ejercida por quien detenta la patria potestad, deriva directamente del artículo 4o. constitucional, que establece que las y los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios relacionados con el interés superior de la niñez." (lo resaltado en vía de negritas y subrayado es propio)
La Sala indicada del Alto Tribunal del País estableció que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que las autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo deberán garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre los menores la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario.
Señaló que respecto de esa garantía el artículo 4o., en sus fracciones XXI, XXII y XXIII (esta última en relación con el diverso artículo 106 de la ley en cita), reconoce tres tipos de representación, entre ellas, la originaria, la cual queda a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esa ley y demás disposiciones aplicables.
Y también especificó que la representación originaria, ejercida por quien detenta la patria potestad, deriva directamente del artículo 4o. constitucional, que establece que las y los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios relacionados con el interés superior de la niñez.
Lo que lleva a considerar que por virtud de la representación originaria emanada de la Constitución General y de la ley especial, los medios de defensa que se hagan valer en juicio por los progenitores de los menores, se entiende que se interponen, además, con ese carácter.
En el caso que nos ocupa, si bien el padre del menor no hace alusión expresa a que el recurso de revisión lo hace valer en representación de sus menores hijos; sin embargo, en los agravios expone: "... pero, además, me causa agravio que la a quo conceda el amparo para el efecto de que la autoridad responsable recabe oficiosamente las pruebas necesarias para saber únicamente mi capacidad económica, dejando de lado que en consonancia con lo anterior también debe entonces ordenar que se recaben pruebas de manera oficiosa para saber las necesidades de los acreedores alimentarios, al constituir éstos con aquéllos los puntos litigiosos que resolvió el Juez Primero de Distrito.", lo que denota que al solicitar que se recaben pruebas en relación con sus menores hijos, ciertamente esa manifestación va en pro del posible beneficio de los infantes porque permitirá advertir, con su desahogo, la necesidad en la ministración de los alimentos hacia éstos.
De ahí que deba entenderse, además de lo ya explicado en relación con la representación originaria emanada de la Carta Magna y de la ley especial que, en el caso, el recurso de revisión el padre de los infantes lo interpuso también en ejercicio de su representación originaria al abogar por la obtención de pruebas en relación con los menores.
Establecido lo anterior, se precisa que al proveer respecto del medio de impugnación interpuesto por el progenitor de los menores de edad quejosos, la Jueza Primera de Distrito en el Estado acordó lo siguiente:
"San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.
"Acuerdo vía remota.
"Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
"Escrito de cuenta.
"Téngase por recibido el escrito signado por el tercero interesado **********, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de once de marzo de dos mil veintidós.
"En consecuencia, como lo solicita el promovente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de once de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo en que se actúa.
"Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, túrnense los presentes autos a la actuaria de este juzgado para que proceda a notificar de manera personal a las partes el presente proveído, debiendo correrles traslado con copia del escrito de expresión de agravios respectivo.
"En su oportunidad, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el original del ocurso de expresión de agravios, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa y un cuaderno de constancias al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para los efectos legales procesales.
"Notifíquese; personalmente (con excepción de la parte promovente)."
De lo recién transcrito se advierte que la Jueza Primera de Distrito en el Estado, con el escrito de expresión de agravios formulados por el padre de los menores de edad, quien tiene la representación originaria derivada del ejercicio de la patria potestad, si bien ordenó dar vista a la representante especial de los menores de edad quejosos para que expresara lo que a los derechos de éstos correspondiera, en el caso omitió requerirla para que manifestara las razones por las cuales ella no presentó el recurso de revisión.
Al respecto, de la anterior temática, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 266/2019 consideró lo siguiente:
"67. Ahora bien, tratándose de la interposición de medios de defensa que tengan por objeto la tutela de derechos e intereses de las personas menores de edad, debe privilegiarse la posibilidad de que éstos sean efectivamente garantizados, sin que para ello sea obstáculo la presencia, el consentimiento o la debida diligencia de quien legalmente ostente su representación.
"68. Ello guarda armonía con la doctrina desarrollada por esta Suprema Corte, en cuanto a que forzosamente la actividad jurisdiccional debe dirigirse a vigilar el interés superior de la infancia (en su dimensión de derecho sustantivo), y si bien esto no implica que siempre se deba resolver favorablemente frente a las pretensiones de la niña, niño o adolescente, sí compromete a que la decisión provenga de un análisis más elevado y una motivación reforzada que evidencie que durante el proceso decisorio la autoridad judicial ha actuado como garante último de los derechos de la infancia que estén involucrados.
"69. De este modo, se atiende al carácter vinculante del principio del interés superior de la infancia, en su dimensión de derecho sustantivo, en cuanto a que sea de consideración primordial al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida, a efecto de privilegiar en todo momento la posibilidad de analizar una sentencia donde estén involucrados los derechos de un niño, niña y adolescente, y hacer prevalecer así su mayor protección por parte de un tribunal federal, quien actúa como genuino garante.
"70. Bajo tales consideraciones y conforme a la interpretación alcanzada del artículo 8o. de la Ley de Amparo, cuando en términos de dicho numeral se designa una persona en calidad de representante especial, esta representación es necesariamente en suplencia y, en este caso, de inicio, la persona representante originaria carece de legitimación para realizar actos procesales en representación de la persona menor de edad, entre ellos, interponer el recurso de revisión, pues esa facultad la tiene únicamente quien goza de la representación especial.
"71. No obstante, es importante mencionar que dicha falta de legitimación no debe ser entendida como una regla general, ya que dependerá de cada caso, a partir de un escrutinio estricto que deberá realizar la autoridad jurisdiccional como parte de sus obligaciones reforzadas.
"72. Para ello, la autoridad jurisdiccional debe examinar las circunstancias concretas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la persona menor de edad, cuyos intereses deben prevalecer frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer el principio de interés superior consagrado en el artículo 4o. constitucional.
"73. Por tanto, cuando la persona representante originaria llegase a interponer el recurso de revisión, ante el deber del tribunal de amparo de proteger el interés superior de las personas menores de edad, estará obligado a verificar si los derechos de estas personas están siendo eficazmente representados por el representante especial para efectos del recurso y, en su caso, reexaminar el tema de la representación:
"a) Primero. El tribunal de amparo tendría que verificar si quien tiene la representación especial presentó el recurso de revisión contra la sentencia de amparo. De ser así, no existe necesidad de volver a analizar la representación originaria para reconocerla y tendrá que prevalecer la decisión tomada en el trámite del juicio de amparo sobre la existencia del conflicto de interés que impide a la persona promovente inicial del amparo que ejerza la patria potestad representar al niño, niña o adolescente en el juicio. Lo anterior, porque el recurso está planteado, y evidentemente tendrá que ser resuelto aplicando la suplencia de la queja, en toda su amplitud, en beneficio de la persona menor de edad involucrada.
"En tal caso, se tendría que negar legitimación a la persona representante originaria para interponer el recurso de revisión; ello sin perjuicio de que el recurso pueda ser examinado atendiendo a que se haya interpuesto también por propio derecho.
"b) Segundo. Si quien tiene la representación especial no interpuso recurso de revisión, el tribunal de amparo tendría que darle vista con el recurso presentado por la persona representante originaria en representación de la persona menor de edad y requerirla para que manifieste las razones por las cuales no presentó el recurso de revisión. (énfasis añadido por la vía de subrayado y negritas)
"En vista de lo que manifieste la representación especial, así como de un examen preliminar de la sentencia de amparo y de los agravios del recurso de revisión, el Tribunal Colegiado tendría que determinar si prevalece o no un auténtico conflicto de intereses entre lo que pretende la representación legítima con el recurso de revisión y el interés superior de la persona menor de edad involucrada. A partir de ello, para efecto de dar trámite al recurso interpuesto, deberá determinar si se está en el caso de remover la representación especial, para reconocer nuevamente el ejercicio de la representación originaria. Lo anterior deberá hacerlo privilegiando siempre un examen de la sentencia de amparo, a efecto de proteger en forma reforzada los derechos de las personas menores de edad, de modo que si la pretensión del recurso de revisión no denota claramente que sigue presente un claro conflicto de interés por parte de la representación legítima con los derechos e intereses de aquéllas, sino que se busca que se examine la sentencia de amparo a favor de los intereses de la persona menor, o por lo menos se advierte la necesidad de analizar la sentencia de amparo, según lo que se pretenda con el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado debe remover la representación especial y reconocer de nuevo la legitimación originaria, para favorecer el conocimiento del recurso.
"74. Así, la autoridad de amparo debe sujetarse a los parámetros generales referidos, como la base sobre la cual deberá constatar que el propósito de quienes representen a las personas menores de edad en realidad esté dirigido a proteger el interés superior de la infancia, y no se trate de afirmaciones fingidas que tengan como objetivo real, satisfacer un interés personal, que pueda incluso implicar algún daño para el niño, niña o adolescente, quedando a su cargo hacer prevalecer ante todo su interés superior."
El anterior criterio dio génesis a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 88/2022 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 17, Tomo III, septiembre de 2022, página 2862, de título, subtítulo y texto siguientes:
"REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL JUICIO DE AMPARO Y EN EL RECURSO DE REVISIÓN. POR REGLA GENERAL CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCERLA QUIENES TIENEN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA CUANDO SE HAYA DESIGNADO UNA REPRESENTACIÓN ESPECIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, DERIVADO DE LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERÉS.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas distintas al definir si las partes progenitoras o quienes ejercen la patria potestad (representación originaria) pueden acudir en representación de una persona menor de edad al recurso de revisión, aun cuando en el juicio de amparo indirecto se designó una representación especial para que interviniera en nombre del niño, niña o adolescente por existir un posible conflicto de interés con su representación originaria. Uno de los tribunales sí les reconoció legitimación para interponer el recurso, mientras que el otro consideró que sólo la persona representante especial designada estaba legitimada para tal efecto.
"Criterio jurídico: La representación especial a favor de la niña, el niño o el adolescente prevista en la Ley de Amparo es una representación en suplencia, la cual, en el particular caso de conflicto de interés entre la persona menor de edad y quien ejerce la patria potestad o tutela, tiene el efecto jurídico de sustituir dicha representación originaria únicamente para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, en estos casos, quienes ejercen la patria potestad carecen de legitimación para realizar actos procesales en representación de la persona menor de edad, entre ellos, interponer el recurso de revisión, pues esa facultad la tiene únicamente quien goza de la representación especial. No obstante, dicha falta de legitimación no se trata de una regla irrestricta que no admita excepciones, sino que es exigible que en cada caso, el Juez de amparo examine las circunstancias del ejercicio de la representación bajo un escrutinio estricto, para verificar que con ella no se perjudique el interés superior de las personas menores de edad involucradas. En ese sentido, el tribunal de amparo debe verificar si quien tiene la representación especial presentó el recurso de revisión contra la sentencia de amparo y, de ser así, negará legitimación a la persona representante originaria para interponer el recurso de revisión. En caso contrario, es decir, que el representante especial no haya interpuesto el recurso de revisión, el tribunal de amparo deberá darle vista con el recurso presentado por quien ejerce la patria potestad o tutela. A partir de ello, para efectos de dar trámite al recurso interpuesto, deberá determinar si se está en el caso de remover la representación especial, para reconocer nuevamente el ejercicio de la representación originaria. Lo anterior, sólo cuando la pretensión del recurso de revisión no denote claramente que sigue presente un claro conflicto de interés, sino que se busque que se examine la sentencia de amparo a favor de los intereses de la persona menor de edad.
"Justificación: La representación legal de los niños, niñas y adolescentes, por regla general, recae en las personas que ejercen la patria potestad o una tutela (representación originaria). Sin embargo, puede actualizarse el supuesto de la representación en suplencia, ante la ausencia de la representación originaria o cuando dicha representación no deba ejercerse por situaciones excepcionales. En el caso del juicio de amparo, la Ley de Amparo, en su artículo 8o., establece la representación especial a favor de la niña, niño o adolescente (o persona mayor con discapacidad) cuando la persona representante legítima está ausente, no se sabe quién es, está impedida, o se niega a promover el juicio de amparo en su representación. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 106, dispone que cuando el niño, la niña o el adolescente no tenga quién ejerza su representación originaria, o cuando exista conflicto de interés entre quienes ejercen la patria potestad y las personas menores de edad, o cuando se esté ejerciendo una representación originaria deficiente o dolosa en perjuicio de su interés superior, se actualizará la representación en suplencia. De igual forma establece que en los casos de conflicto de interés o representación deficiente o dolosa se producirá un efecto de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria. En ese sentido, en función de la integralidad y cohesión del sistema jurídico de representación de las personas menores de edad, el artículo 8o. de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el sentido de que la representación especial en el juicio de amparo debe considerarse como una representación en suplencia que se origina cuando la persona menor de edad no cuenta con la representación originaria o cuando ésta no puede admitirse porque se advierta que existe conflicto de interés en perjuicio de la persona menor de edad. Lo anterior, dado que el motivo para nombrar este tipo de representación es precisamente suplir una representación originaria que no se tiene o que está en duda que pueda operar en favor de las personas menores de edad por el conflicto de interés que exista con quienes ejercen la patria potestad."
Como se desprende de lo precedente, si quien tiene la representación especial del menor de edad no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de amparo, el tribunal de amparo no sólo tendría que darle vista con el recurso presentado por la persona representante originaria, en representación de la persona menor de edad, sino también requerirla para que manifestara las razones por las cuales ella optó por no presentar el recurso de revisión principal, ni el adhesivo.
Lo precedente, porque en vista de lo que manifieste la representación especial, así como de un examen preliminar de la sentencia de amparo y de los agravios del recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito tendría que determinar si prevalece o no un auténtico conflicto de intereses entre lo que pretende la representación legítima con el recurso de revisión y el interés superior de la persona menor de edad involucrada y, a partir de ello, para efecto de dar trámite al recurso interpuesto, deberá determinar si se está en el caso de remover o no la representación especial para, en su caso, reconocer nuevamente el ejercicio de la representación originaria.
Lo anterior deberá hacerse privilegiando siempre un examen de la sentencia de amparo, a efecto de proteger en forma reforzada los derechos de las personas menores de edad, de modo que si la pretensión del recurso de revisión no denota claramente que sigue presente un claro conflicto de interés por parte de la representación legítima con los derechos e intereses de aquéllas, sino que se busca que se examine la sentencia de amparo a favor de los intereses de la persona menor de edad, o por lo menos se advierte la necesidad de analizar la sentencia de amparo, según lo que se pretenda con el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito debe remover la representación especial y reconocer de nuevo la legitimación originaria, para favorecer el conocimiento del recurso.
Por lo que, conforme a lo destacado, la autoridad de amparo debe sujetarse a los parámetros generales referidos, como la base sobre la cual deberá constatar que el propósito de quienes representen a las personas menores de edad en realidad esté dirigido a proteger el interés superior de la infancia, y no se trate de afirmaciones fingidas que tengan como objetivo real, satisfacer un interés personal, que pueda, incluso, implicar algún daño para la niña, niño o adolescente, quedando a su cargo hacer prevalecer ante todo su interés superior.
En el contexto establecido, si la Jueza Primera de Distrito en el Estado, con el escrito de agravios expuestos al interponer el recurso de revisión contra la sentencia de amparo, ordenó correr traslado con los agravios respectivos a las partes, pero tratándose de la representante especial de los infantes no la requirió para que manifestara las razones por las cuales ella optó por no interponer el recurso de revisión principal, ni adhesiva, entonces, es palmario que debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, respecto al trámite del recurso de revisión, para el efecto de que la Jueza Federal deje insubsistente el acuerdo de treinta y uno marzo de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otro en el que, conforme a lo explicado, ordene dar vista y corra traslado a la representante especial de los menores de edad con el escrito de agravios destacado, requiriéndola para que exprese los motivos del por qué optó por no interponer el recurso de revisión correspondiente o, en su caso, actúe conforme a derecho y en beneficio de los derechos de los menores de edad; hecho lo cual, actúe en consecuencia conforme a los lineamientos precisados en la ejecutoria de la contradicción de criterios antes reseñada.
Lo anterior tiene justificación, porque el artículo 89 de la Ley de Amparo establece que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presentado, los distribuirá entre las partes, siendo que el recurso de revisión se interpone ante el Juez de Distrito que emite la sentencia de amparo y, por ende, es en éste en quien recae la obligación procesal de correr traslado y dar vista con los agravios al representante especial del menor de edad.
Obligación procesal del Juez de Distrito en el trámite del recurso de revisión, que subyace de la ejecutoria de la contradicción de criterios recién inserta, al señalar que el tribunal de amparo debe dar vista al representante especial con el recurso presentado por la persona representante originaria en representación de la persona menor de edad, y requerirla para que manifieste las razones por las cuales no presentó el recurso de revisión; siendo el tribunal de amparo el Juzgado de Distrito, porque como se especificó, en términos del artículo 89 de la Ley de Amparo, el trámite del recurso de revisión inicia ante el Juez de Distrito, quien tiene la ineludible obligación de correr traslado con el escrito de agravios a las partes del juicio de amparo, porque es la autoridad jurisdiccional encargada de integrar, en principio el recurso de revisión para efectos de remitirlo al Tribunal Colegiado de Circuito para su trámite subsecuente.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO.—Se modifica el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitido por la Jueza Primera de Distrito en el Estado, emitido en el juicio de amparo indirecto **********.
SEGUNDO.—Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado.
Notifíquese.
Así lo resolvió en sesión ordinaria virtual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Presidente Guillermo Esparza Alfaro y Hanz Eduardo López Muñoz, en contra del formulado por el Magistrado Mario César Flores Muñoz; habiendo sido ponente el primero de los nombrados; hecho lo cual, con testimonio de esta ejecutoria, remítanse los autos a su lugar de origen; anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente y, en su oportunidad, archívese este expediente.
En términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 266/2019 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de septiembre de 2022 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 17, Tomo III, septiembre de 2022, página 2820, con número de registro digital: 30891.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 88/2022 (11a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de septiembre de 2022 a las 10:11 horas, con número de registro digital: 2025200.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31596-8b367529/representante-especial-de-las-personas-menores-de-edad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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