REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2018. ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: ANA MARCELA ZATARAIN BARRETT.
Sumario
La presente contradicción de tesis se constriñe a resolver si a partir de una interpretación del artículo 8o. de la Ley de Amparo, es posible nombrar a un menor un representante especial cuando comparece al juicio de amparo en calidad de tercero interesado y no de quejoso. Esto a partir del cuestionamiento siguiente: ¿Es posible nombrarle un representante especial a un menor en el juicio de amparo en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo cuando éste comparezca en calidad de tercero interesado?
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de agosto de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
Resolución
Mediante la cual se dirimen los autos de la contradicción de tesis 112/2017, cuyo aparente punto de disenso, consiste en establecer si conforme al artículo 8o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar un representante especial en todos los casos cuando sus padres o legítimos representantes tengan intereses opuestos a los suyos sin que ello sea aplicable solamente al caso en que el menor sea quien promueva el juicio de amparo.
I. Antecedentes
1. Los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por dicho tribunal, al resolver el recurso de queja 14/2017 de su índice, que afirman coincide con el que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver los amparos en revisión ********** y **********,(1) contra el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 30/2014.(2) Lo anterior, mediante oficio(3) que se recibió y registró en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de marzo de dos mil diecisiete.
2. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el asunto como contradicción de tesis 112/2017, ordenó su turno al Ministro José Ramón Cossío Díaz disponiendo que la competencia para conocer de la misma correspondía al Pleno de este Alto Tribunal por ser materia común. Por otro lado, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de las ejecutorias que resolvieron, así como la versión electrónica de las mismas, para la debida integración del presente expediente.
3. De igual forma, les indicó que comunicaran si el criterio sustentado en los asuntos respecto de los cuales se denunció la contradicción de tesis, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
II. Competencia
4. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, respecto de un tema que corresponde a la materia común, para cuya resolución se considera necesaria su intervención.(4)
III. Legitimación
5. La presente denuncia de contradicción de tesis fue realizada por parte legitimada para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que emitió, al resolver un recurso de queja, uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
6. El presente asunto cumple con los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis. En principio, es menester destacar que este Tribunal Pleno ha establecido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(5)
7. Del citado criterio, se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
8. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
9. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica, es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. En el caso, existe la contradicción de tesis denunciada pero sólo entre dos de los tribunales contendientes, tal y como enseguida se demostrará:
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
12. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 14/2017.
• En dicho asunto se impugnó la resolución del Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por virtud del cual ordenó emplazar a juicio a ********** por sí y en representación de su menor hija **********.
• El órgano colegiado determinó que resultaba incorrecto emplazar a juicio a la menor ofendida a través de su padre bajo el argumento de que existe un conflicto de intereses entre los padres de la menor, lo que impide que se ejerza dicha representación en juicio. Dado que la menor, tercero interesada en el juicio de garantías, es ofendida en la comisión del delito de tráfico de menores, debe ser llamada a juicio con esa calidad, pero no a través de su padre. En ese sentido, si la madre de la menor tenía el carácter de quejosa en el juicio de amparo y de acusada del delito de mérito por denuncia del propio padre de la menor, no resulta posible conferirle a éste la representación, porque la intervención del padre podría tener diverso propósito a la sola defensa del interés superior del menor.
• En la resolución se afirmó que, por regla general, el juicio de amparo en favor de menores de edad debe promoverse por quien ostente su legítima representación. No obstante, en ciertos casos, las especiales condiciones de vulnerabilidad en que éstos se encuentran justifican que puedan ser representados por otras personas en su nombre, incluyendo el Ministerio Público. Lo anterior, dijo el órgano colegiado, encuentra asidero normativo en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el numeral 12, párrafos, 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en términos de los artículos 83 y 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, supuestos jurídicos que hacen extensiva dicha disposición a ser llamado como tercero interesado.
• De tal suerte, en virtud del principio pro homine, se puede entender con mayor amplitud el parámetro para definir los alcances del artículo 8o. de la Ley de Amparo para concluir que éste también tiene aplicación a la hipótesis en que los infantes sean llamados al juicio de amparo indirecto con el carácter de terceros interesados, a fin de velar que los representantes que les designen tengan ausencia de conflicto de intereses. Por ello, el artículo 8o. no debe ser interpretado de forma literal y restringida.
• En apoyo a su resolución, manifestó compartir la tesis aislada III.1o.P.50 P.,(6) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo criterio se explicará a continuación.
• En virtud de los razonamientos expuestos, el órgano colegiado concluyó que, de la interpretación teleológica del artículo 8o. de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación por parte del órgano jurisdiccional es designar a un representante especial en el juicio de amparo al menor para proteger sus intereses a fin de impedir que sus derechos se vean manipulados por su representante legítimo incluso si el menor interviene en su carácter de tercero interesado.
13. De igual forma, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito mencionado anteriormente, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo que:
• En atención al artículo 6o. de la abrogada Ley de Amparo (vigente en ese asunto), se había configurado una violación a las leyes que regulan el procedimiento del juicio de amparo que afecta a las defensas de la menor.
• En ese sentido, el juicio de amparo había sido promovido por los padres de la menor por propio derecho y en representación de ésta contra actos del agente del Ministerio Público que habían retirado a la menor del hogar familiar y enviada al Instituto Cabañas ante una indagatoria de hechos ilícitos en agravio de la menor presuntamente por parte de sus progenitores. Es decir, ambos padres habían sido acusados del citado delito.
• Por ello, resultaba claro para el órgano colegiado que, al tenor del mencionado artículo 6o. de la Ley de Amparo abrogada, el Juez de Distrito debió nombrarle un representante especial en tanto al existir un delito cometido en agravio de la menor representada, había un conflicto de intereses entre la menor y quienes ejercían sobre ella la patria potestad.
• Por ello, el Juez de Distrito estaba obligado a, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, a nombrarle un representante especial para que fuera éste y no sus padres, quien ratificara la demanda.
14. Por su parte, en el recurso de revisión **********, dicho órgano colegiado sostuvo que:
• Se advirtió la existencia de una violación a las leyes que regulan el procedimiento que afectó a las defensas de la menor. Lo anterior en tanto la promovente del juicio de amparo resultó ser la madre de la menor y la averiguación previa que fue acto reclamado en el juicio se instauró precisamente por la posible comisión de hechos ilícitos en agravio del menor por su progenitora.
• Por ello, resultaba notorio que el interés de la menor podría resultar contrario al de su madre. En dichas condiciones, el Juez de Distrito debió llamarla a juicio como tercero perjudicada y nombrarle un representante especial.(7)
• En este tenor, aun cuando bajo la legislación civil los padres o tutores o quienes ejerzan la patria potestad sean legítimos representantes de los menores de edad, si en el juicio de amparo se pudiera resolver un interés jurídico opuesto al de la menor, es innegable que tales representantes se encuentran impedidos para ejercer esa representación en juicio. Por ende, al estar en presencia de un acto que habrá de ejecutarse en la persona del menor, el Juez de Distrito, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, estaba obligado a llamarla a juicio como tercero perjudicada y nombrarle un representante especial para garantizarle una representación imparcial y, al no hacerlo así, dejó a la menor en Estado de indefensión.
15. De dichos asuntos, derivó la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado de mérito de texto y rubro siguientes:
"MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUCIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías."
16. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 30/2014 sostuvo que:
• Resultaba violatorio del artículo 8o. de la Ley de Amparo el que el Juez de Distrito hubiera nombrado un representante especial a los menores ante el alegato de ambos padres de tener la guardia y custodia de aquéllos.
• A juicio de dicho órgano colegiado, tal determinación pasó por alto que la hipótesis contenida en dicho precepto legal no es de aplicación irrestricta, sino que opera exclusivamente cuando el juicio de garantías es promovido por un menor de edad y no cuando su intervención se dé en calidad de tercero interesado.
• El órgano colegiado sostuvo que la Suprema Corte ha definido que en los asuntos en que se involucren derechos de menores de edad, debe tenerse presente que éstos cuentan con interés jurídico propio para impugnar en amparo las determinaciones que afecten esos derechos de los que son titulares. Al ser esto así, el juzgador se encuentra obligado, en este tipo de casos, a realizar un escrutinio estricto de los conceptos de violación relacionados con los intereses del menor e inclusive a suplir la deficiencia de la queja, así como para verificar si es necesario nombrarle un representante especial de acuerdo al artículo 8o. de la Ley de Amparo, a efecto de impedir que la legitimación procesal del menor sea utilizada por quien pretende ejercer su representación en el juicio de amparo para plantear temas ajenos a su interés superior.(8)
• Él órgano colegiado concluyó que del anterior criterio, se corroboraba que el supuesto previsto en el artículo 8o. de la Ley de Amparo sólo opera cuando los menores constituyen la parte quejosa y bajo el entendido de que la designación del representante especial en este tipo de casos sólo se realizará cuando el juzgador lo estime necesario, a razón del escrutinio minucioso de los conceptos de violación.
• Por ello, el solo conflicto de intereses entre los padres no constituye un motivo suficiente por sí mismo para nombrar al menor un representante especial, en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo, pues ello sólo puede acontecer cuando el menor funja como quejoso y no como tercero interesado en el juicio de derechos fundamentales.
17. En razón de lo anterior, el órgano colegiado emitió la tesis VII.1o.C.8 K (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"MENORES DE EDAD. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO OPERA CUANDO ÉSTOS SEAN LA PARTE QUEJOSA Y BAJO EL ENTENDIDO DE QUE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, DEPENDERÁ DE QUE EL JUZGADOR LO ESTIME NECESARIO EN RAZÓN DEL ESCRUTINIO MINUCIOSO QUE HAGA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De la interpretación teleológica del citado precepto se advierte que la obligación de designar un representante especial en el juicio de amparo, no es de aplicación irrestricta para todos los asuntos en que se hallen involucrados derechos de menores de edad y exista conflicto de intereses entre sus progenitores o representantes legítimos en virtud de la litis planteada; toda vez que la finalidad perseguida con aquel supuesto normativo, estriba en evitar que quienes están facultados para representar al menor, utilicen esa legitimación jurídica para promover el juicio de amparo con la simple intención de introducir cuestiones diversas a su interés superior; lo que al ser así, implica que aquella hipótesis prevista en el invocado numeral sólo opera cuando los menores constituyen la parte quejosa y bajo el entendido de que la designación del representante especial en ese tipo de casos, también dependerá de que el juzgador lo estime necesario en razón del escrutinio minucioso que haga de los conceptos de violación, pues lo que se busca es proteger los intereses del infante en aras de impedir que sus derechos se vean manipulados por el representante legítimo que haya promovido el juicio de amparo en su nombre; máxime que el simple conflicto de intereses que pudiera existir entre sus progenitores o representantes legítimos, no constituye un factor que por sí mismo determine la obligación de nombrarles un representante especial ya que, de cualquier forma, el juzgador, al decidir la litis planteada, debe hacerlo en estricto apego al interés superior de los infantes, adoptando el criterio que más favorezca a su sano desarrollo e, incluso, puede suplir la deficiencia de la queja en su máxima expresión a fin de salvaguardar dicho interés superior, por encima del interés particular de sus representantes legítimos, para así impedir que las pretensiones o conflictos personales de éstos afecten la determinación que se adopte a efecto de que ésta redunde en un verdadero bienestar para los menores."
18. De lo hasta aquí expuesto se advierte con claridad que los Tribunales Colegiados contendientes, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, esencialmente, vinculada con la decisión que debe recaer a la posibilidad de nombrarle al menor un representante especial en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo (y 6o. de la Ley de Amparo Abrogado por lo que respecta al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito) cuando exista un conflicto de interés entre los representantes legales.
19. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, sí existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.
20. En efecto, dichos Tribunales Colegiados contendientes resolvieron casos en los cuales se vieron obligados a determinar si la posibilidad de nombrar a un representante especial para el menor en el juicio de amparo al tenor del artículo 8o. de la ley de la materia, podía aplicarse también al supuesto en los cuales el menor fuera tercero interesado, cuando del expediente, se advirtiera que existían intereses contrarios entre ambos padres y, por tanto, ninguno de ellos podía fungir como su legítimo representante.
21. Así, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito considera que el contenido del artículo 8o. de la Ley de Amparo no puede interpretarse, que sólo es aplicable cuando los menores acudan como promoventes del juicio de amparo, sino que además puede aplicarse también cuando el menor comparezca en calidad de tercero interesado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo que el artículo 8o. de la Ley de Amparo, únicamente, resulta aplicable al caso en que el menor sea quejoso en el juicio de amparo y nunca cuando su intervención se diera en calidad de tercero interesado. Ello conforma un frontal disenso argumentativo.
22. De lo anterior se sigue la existencia de un punto de toque entre los criterios de los órganos colegiados, en tanto que el primero sostuvo que la interpretación del artículo 8o. de la Ley de Amparo permite nombrar a un representante especial para un menor cuando éste comparece en calidad de tercero interesado si hay conflicto de intereses entre sus legítimos representantes, a saber, sus padres; mientras que el segundo afirmó que el artículo 8o. en ningún caso permite nombrar a un representante especial para un menor si éste comparece en calidad de tercero interesado y no como parte quejosa. Se reitera entonces que ambos tribunales interpretaron el contenido y alcance que debe darse al artículo 8o. de la Ley de Amparo.
23. No pasa desapercibido a este Alto Tribunal que el disenso interpretativo, se forma en base a casos con diferencias fácticas. Es decir, en uno de ellos, el amparo provenía de materia penal mientras que, en otro, provenía de materia civil. Sin embargo, esto no interfiere en la existencia de la contradicción en tanto ambos Tribunales Colegiados interpretaron en sentido diametralmente opuesto el mismo artículo de la Ley de Amparo, sin que en su interpretación fueran predominantes o decisivas las diferencias fácticas en los asuntos.
24. Así, es claro que ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a una conclusión diferente por lo que la contradicción de tesis entre estos Tribunales Colegiados se reputa existente.
25. Inexistencia de la Contradicción de tesis respecto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Ahora bien, este Tribunal Pleno estima que, a pesar de haber sido señalado como un criterio contendiente, no existe punto de contradicción respecto a la decisión adoptada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en la tesis aislada III.1o.P.50 P.,(9) derivado del amparo en revisión ********** y el amparo en revisión **********, de su índice.
26. Las razones por las cuales no existe un punto de toque respecto a dicho criterio son fundamentalmente dos, a saber, en primer término, el haber surgido dicha decisión a consecuencia de la interpretación de un artículo distinto de una Ley de Amparo actualmente no vigente y, en segundo término, el hecho de que uno de los dos asuntos que dio origen a la tesis referida tenga diferencias fácticas que trascienden en la formulación del criterio.
27. Así, en primer término, debe señalarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión ********** y **********, de su índice, interpretó la Ley de Amparo ya abrogada. Es decir, que su interpretación giró en torno al artículo 6o. de la Ley de Amparo cuyo texto es distinto al del artículo 8o. de la Ley de Amparo vigente, tal como puede constatarse en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
28. Ahora bien, a pesar de que se reconoce que la figura regulada por el texto es similar, sin embargo, existen diferencias sustanciales, pues el nuevo artículo, estableció, expresamente, condiciones de preferencia en el nombramiento del representante especial como el "conflicto de intereses", hipótesis que, por cierto, discuten abiertamente los Tribunales Colegiados en contención. Es decir, a pesar de ser una figura similar, sus condiciones de regulación variaron por lo que dicha interpretación del artículo 6o. de la abrogada Ley de Amparo no podría entrar en contención con la interpretación del artículo 8o. de la Ley de Amparo vigente que prevé condiciones distintas.
29. Así, las modificaciones legislativas y conceptuales dificultan encontrar un punto de toque frente a los criterios sustentados, dificultad que se acentúa con la razón que se esgrime en el párrafo siguiente.
30. En segundo término, este Tribunal Pleno advierte que la tesis aislada III.1o.P.50 P,(10) derivó de los amparos en revisión ********** y ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. En ese sentido, si bien en el amparo en revisión ********** el Tribunal Colegiado encontró una violación a las defensas del menor, lo cierto es que ello se debió a que no había sido llamado del todo a juicio con el carácter de tercero perjudicado, estableciendo que debía nombrársele un representante especial, a fin de que fuese éste el que interviniera en juicio y lo representase en el juicio de amparo por la posible existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad. Es decir, aun cuando el criterio tangencialmente analiza la posibilidad de nombramiento del representante especial, el eje jurídico focal fue la falta de llamamiento a juicio de amparo de dicho menor con el carácter de tercero perjudicado.
31. Por otro lado, en el amparo en revisión **********, el órgano colegiado discutió la aplicación del artículo 6o. de la Ley de Amparo abrogada, pero en atención a que el menor fungió como quejoso (no como tercero interesado) y no se le nombró un representante especial para ratificar la demanda, sino que se permitió que sus padres la ratificaran a pesar del probable conflicto de intereses. Es decir, en este asunto no se discutió la posibilidad de nombrarle un representante especial al menor cuando comparecía como tercero interesado, sino como quejoso. En ese sentido, este precedente no tiene punto de conexión en tanto discute una hipótesis diversa a la de los Tribunales Colegiados en contención.
32. Por las razones anteriormente señaladas no puede considerarse que el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en la tesis aislada III.1o.P.50 P,(11) derivado del amparo en revisión ********** y el amparo en revisión ********** de su índice, tenga un punto de toque que lleve a un diferendo interpretativo por lo que respecto a las decisiones tomadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Por ello, respecto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito la presente contradicción de tesis se considera inexistente.
33. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Derivado de lo anterior, este Tribunal Pleno observa que los criterios de los tribunales contendientes pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera:
¿Es posible nombrarle un representante especial a un menor en el juicio de amparo en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo cuando éste comparezca en calidad de tercero interesado?
V. Estudio
34. Este Tribunal Pleno considera que la respuesta a la pregunta anterior debe ser afirmativa prevaleciendo el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado. Para una mayor comprensión del asunto se explicará sucesivamente: 1) el marco normativo del interés superior del menor; 2) los pronunciamientos del Pleno de este Alto Tribunal sobre dicho interés superior; 3) los pronunciamientos sostenidos por la Primera y Segunda Sala de la Supr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28814-6ad8047e/representante-especial-del-menor-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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