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Modo: Corpus Pro

MENOR VÍCTIMA DEL DELITO. ANTE EL CONFLICTO DE INTERESES DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD SOBRE ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE LLAMARLO A JUICIO Y NOMBRARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL, A EFECTO DE NO INCURRIR EN VIOLACIÓN A LAS NORMAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA SENTENCIA QUE DICTE LE BENEFICIE O NO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 166/2018. · Registro digital (IUS): 28315
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-02-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 3032.

AMPARO EN REVISIÓN 166/2018. 31 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. PONENTE: SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. SECRETARIO: RICARDO HUGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Decisión judicial.

I. Reposición del procedimiento.

33. En el presente asunto no se examinarán los agravios expuestos por los recurrentes, ya que se advierte que la Juez de Distrito incurrió en violaciones a las reglas esenciales del juicio constitucional, que es menester subsanar, de conformidad con lo previsto por el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.(22)

34. Del artículo citado, se desprende que si al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional advierte que en el juicio constitucional se violaron las reglas fundamentales que lo norman, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, debe revocar la sentencia definitiva y reponer el procedimiento.

35. Al respecto, debe decirse que las reglas sustanciales que norman el procedimiento en el juicio de amparo son aquellas disposiciones cuyo objeto es establecer las mínimas exigencias que deben ser colmadas para que el juicio constitucional adquiera plena eficacia, es decir, disposiciones fundamentales acordes a fin (sic), por ejemplo, el requerimiento al promovente en los casos en que la demanda de amparo sea irregular, el reconocimiento de la calidad de tercero interesado a quien tenga esa calidad, el emplazamiento a las partes, la solicitud de informes justificados o, como las definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2012: "las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo son aquellas que se disponen en la propia ley, las cuales establecen las mínimas exigencias que deben ser colmadas para que la actuación de la autoridad se atribuya y adquiera plena eficacia".(23)

36. De igual forma, cabe señalar que la trascendencia de las violaciones a las reglas del juicio constitucional que ameritan la reposición del procedimiento, está referida a las consecuencias que las violaciones hayan producido sobre el resultado del fallo, de suerte que de haberse realizado la acción u omitido una determinada acción prevista en la Ley de Amparo, el sentido del fallo sería diverso.

37. Sin que sea obstáculo para arribar a esa determinación, la circunstancia de que quien haya recurrido sea la inconforme **********, porque esa circunstancia no justifica que este cuerpo colegiado, como órgano revisor, soslaye el examen de la legalidad del procedimiento de amparo, al tratarse de menores, pues la suplencia opera, invariablemente, cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión; ello, atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y, en especial, a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad.

II. Omisión de emplazar a la víctima menor de edad (tercero interesado).

Marco normativo y jurisprudencial relativo al concepto del interés superior del menor.

38. En ese sentido, al encontrarse involucrados los derechos del menor, de identidad reservada, de iniciales **********, presunta víctima del hecho delictuoso de retención y sustracción de personas menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho,(24) es menester precisar que, en torno al interés del menor, en febrero de dos mil doce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, que pretende ser una herramienta para los impartidores de justicia, que coadyuve en la garantía del derecho de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, no olvidando que la garantía de aquél abre la vía judicial para la garantía de otros derechos humanos.

39. Dicho protocolo se basa en fuente de derecho interno y externo; respecto al primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o., párrafos primero, segundo y tercero, lo siguiente:

39.1 "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

40. Asimismo, el artículo 4o., párrafos sexto y séptimo establece que:

40.1 "Artículo 4o. ...

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

"...

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios."

41. Con esta reforma al artículo 4o., publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, se incluyó de manera explícita en la Constitución el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, como marco de actuación de los distintos órganos del Estado y niveles de gobierno, estableciendo que debía ser considerado como guía en el impulso de políticas públicas para la infancia.

42. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en los últimos años jurisprudencias y tesis relevantes sobre diversos temas relacionados con la infancia.

43. En torno al concepto de interés superior del menor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), que refiere: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO."(25)

44. Asimismo, en torno a la aplicación a casos concretos del interés del menor, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), sustentada por la indicada Sala, que señala: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS."(26)

45. Así, el interés superior del menor, establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que encomienda a los poderes públicos la protección integral del menor, por lo cual se ha potenciado el protagonismo de la administración pública en este ámbito, en el criterio «1a./J. 31/2014 (10a.)», de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA."(27)

46. Además, dicho principio implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños, para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo.

47. Por otra parte, con el objeto de garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución, el veintinueve de mayo de dos mil se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en ella se dispone que su objetivo es asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad; asimismo, establece también que de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, las normas aplicables a ellos se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de quienes son adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A la publicación de esta ley federal, siguió la de las leyes correspondientes en las entidades federativas.

48. En torno a las fuentes jurídicas de origen internacional, México ha ratificado instrumentos en la materia, además de resultar obligatoria también todas las Observaciones Generales que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha emitido, así como las Opiniones Consultivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado, en relación con los derechos de la infancia y, por supuesto, los casos contenciosos de dicho tribunal internacional, relativos a ésta.

49. De los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento específico más relevante que reconoce un catálogo amplio de derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos, el derecho a no ser discriminado, a la vida, a la identidad, a la nacionalidad, a no ser separado de sus padres, a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, a ser escuchado en todo procedimiento que les afecte, a la libertad de asociación, a la protección de la vida privada, de acceso a la información, al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, a la educación, al esparcimiento y al juego, a ser protegido contra la explotación, entre otros. Asimismo, en la Convención se establecen las obligaciones especiales que los Estados contraen en relación con la infancia.

50. Cobra aplicación el criterio «1a./J. 11/2017 (10a.)», de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente:

50.1 "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados ‘derechos instrumentales’ o ‘procedimentales’, especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este Alto Tribunal."

51. Por otra parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principal instrumento de carácter vinculante de dicho sistema, alude en su artículo 19 a los derechos de la infancia, lo siguiente:

51.1 "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y del Estado."

52. Si bien en este sistema no encontramos un instrumento específico en materia de infancia, como lo tiene el universal, la Corte Interamericana ha interpretado que tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño, forman parte del corpus iuris de protección internacional, invocando ambos como fundamento jurídico en sus sentencias.

53. Otra fuente vinculante del sistema interamericano es la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que directa o indirectamente suponen la vulneración de derechos de la infancia.

54. Además, deben considerarse respecto del sistema interamericano, las opiniones consultivas, entre éstas, la opinión consultiva OC-17/200228 se refiere específicamente a las garantías que tienen las niñas y los niños en los procedimientos judiciales.

55. Como puede observarse, en el derecho internacional de los derechos humanos nos encontramos con un amplio y constante desarrollo de principios y reglas mínimas, que aluden a los derechos de niñas, niños y adolescentes que deben ser tomados en cuenta, respetados y garantizados en cualquier sistema de justicia.

56. Retomando al referido protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece en su capítulo VI, consideraciones en torno a la materia familiar. En relación con la violencia familiar, violencia de género y su afectación en el niño, niña o adolescente, señala, afecta a todos los miembros de una familia, independientemente de la forma en la que se ejerza. Así, los niños, niñas o adolescentes pueden ser víctimas de dicha violencia de maneras distintas. Pudieran ser víctimas de violencia física, sexual o emocional, ejercida directamente sobre su persona o víctimas al desarrollarse inmersos en un contexto de violencia. Son amplios los estudios que indican que el crecimiento de niños, niñas o adolescentes dentro de contextos de violencia familiar, genera una afectación mucho mayor a la atendible de un mero "testigo" de violencia.

57. La violencia en el seno de la familia, como escenario primario del desarrollo psicoemocional, genera un impacto de igual gravedad al sufrido cuando la violencia se ejerce directamente contra la persona.

58. De esta forma, el niño, niña o adolescente es doblemente víctima, siendo afectado, no sólo por la violencia en sí, sino también por la violencia de género. Al igual que en el caso de la violencia familiar, de manera general, la violencia de género no necesita ser ejercida directamente en contra de un infante para afectarle profundamente. Las acciones adultas tienen una influencia primordial en el crecimiento del niño, niña o adolescente. En este sentido, cuando se ejerce violencia de género en el hogar, los hijos sufren afectaciones en sus propias visiones sobre el género, la indefensión aprendida y la normalización de la violencia. Estas afectaciones no sólo perjudican al niño, niña o adolescente en su sano desarrollo, sino que constituyen un elemento central en la perpetuación de la violencia de género como fenómeno social.

Concepto de víctima.

59. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente señaló que la víctima u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, tiene la calidad de tercero perjudicado en el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado por el quejoso es un auto de formal prisión, pues incide indirectamente sobre esa reparación o responsabilidad, no obstante que no exista pronunciamiento alguno en torno a los mismos, pues lo cierto es que se debe tomar en consideración qué puede suceder que con motivo de la sentencia de amparo se emita algún pronunciamiento que deje sin efectos el auto de vinculación a proceso y, por ello, ya no exista la condena sobre ese tópico, lo cual iría en perjuicio de la víctima u ofendido; por tanto, se le debe dar el carácter de perjudicado.

60. En razón de ello, el apartado C del artículo 20 constitucional dispone lo siguiente:

60.1 "Artículo 20

"...

"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

"I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

"II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

"Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

"III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

"V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

"El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los Jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

"VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

"VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño."

61. Como se aprecia del contenido de dicho precepto constitucional, se contienen las garantías mínimas que deben respetarse en un procedimiento penal, a favor de la víctima u ofendido, a fin de que se respete el principio de debido proceso penal, que permita a las partes defender sus derechos; con lo cual, se logró proteger y garantizar de manera puntual ciertos derechos de la víctima u ofendido del delito, elevándolos a rango de derechos humanos, dándole así, la misma categoría e importancia que las que se otorga al inculpado, tal como se advierte de la ejecutoria que dio origen al criterio «1a./J. 170/2005», sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

62. Lo anterior cobra sustento en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 12, fracciones XIV y XV, 17, 60 y 124, fracciones I, II, VII a IX, y XI, cuyo contenido es el siguiente:

62.1 "Artículo 12. Del mismo modo las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

"...

"XIV. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a discutir sobre sus derechos y a estar presente en la misma;

"XV. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución."

"Artículo 17. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, pero si no fuese su deseo apersonarse en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia."

"Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia:

"I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados internacionales;

"II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;

"...

"VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

"VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;

"IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses."

63. Esta ley general obedeció al específico objetivo de proteger los derechos de la víctima u ofendido y, entre ellos, los relacionados con el proceso penal. Los artículos previstos en esa disposición implican el deber de todos los órganos del Estado de reconocer que la víctima u ofendido ha de tener un lugar relevante en la conducción del proceso penal, esto es, tiene la garantía de participar activamente en el proceso penal.

64. Se considera que el reconocimiento de esos derechos obedece a una misma razón, a saber: la de buscar integrar de forma directa la voz de la víctima u ofendida en aquellos procesos en los cuales el Juez debe emitir un juicio acerca de la verdad de una imputación penal. Esto es, el propósito central es involucrar a la víctima u ofendido directamente en el proceso mediante el cual un Juez imparcial debe resolver un conflicto entre dos partes, lugar en donde ya debía estar representada.

65. La necesidad de incluir esos derechos de participación e intervención en el proceso, fue lo que condujo al Constituyente Permanente a considerar que la víctima u ofendido debía ser considerada una parte más en igualdad de circunstancias que el procesado.

66. Por tanto, la víctima u ofendido no pueden considerarse como sujetos excluidos de la relación procesal que se actualiza en cualquier proceso penal. Si los tribunales están obligados a emitir juicios imparciales, es porque existen dos partes, cuyos intereses se encuentran en conflicto. Esto es, también los ofendidos tienen derecho a solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos, sobre todo, el conocimiento del Estado de los procesos judiciales, pero que dicha información no sea meramente formal, sino que le da la garantía de que sea efectivamente escuchado por la autoridad respectiva, antes de que dicha autoridad emita una resolución.

67. Además, los derechos de las víctimas tienen consagración internacional desde hace años, en los distintos instrumentos internacionales, los cuales se encuentran incorporados a nuestro sistema nacional, como son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (precepto 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (numerales 8 y 25) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II),(28) en los cuales se advierte que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta.

68. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las víctimas y familiares tienen los mismos derechos que los procesados, al interpretar el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en los siguientes términos:

68.1 "... 79. Víctimas y familiares.

"Derecho de acceso a la justicia y a una reparación adecuada.

"En cuanto a la participación de las víctimas, se debe garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones. (Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163). Por otra parte, este tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las presuntas víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los responsables de los respectivos hechos. La Corte ha reiterado que toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas, y la sociedad como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad se ha venido desarrollando por el derecho internacional de los derechos humanos; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las presuntas víctimas. Este tribunal también ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. En consecuencia, los familiares de las presuntas víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a estas últimas sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido (Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C. No. 120; Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C. No. 168)."

69. En ese sentido, la Ley General de Víctimas(29) señala que existen tres tipos de víctimas:

69.1 a) Directas: son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

69.2 b) Indirectas: son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

69.3 c) Potenciales: son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

70. Asimismo, la calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos, en los términos establecidos en dicha ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Emplazamiento.

71. El artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente dispone:

71.1 "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán:

"I. En forma personal:

"...

"b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable."

72. Ahora, el artículo 115 de la ley en cita dice:

72.1 "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

"Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días."

73. Del análisis armónico de dichos preceptos legales, se colige que el emplazamiento al tercero interesado debe realizarse personalmente, y se le entregará cop

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28315-6a03023e/menor-victima-del-delito-ante-el-conflicto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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