DEPÓSITO JUDICIAL DE UN MENOR A FAVOR DE UNO DE SUS PROGENITORES. SU DECRETO OBLIGA AL JUEZ DE INSTANCIA A ESTABLECER EL RÉGIMEN DE VISITAS RESPECTIVO, EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉL.
AMPARO EN REVISIÓN 70/2013. 24 DE MAYO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIA: UNDA FABIOLA GÓMEZ HIGAREDA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios que al respecto se expresan son infundados en parte y sustancialmente fundados en otra, suplidos en la deficiencia de su exposición.
En efecto, para sustentar la postura de este órgano colegiado, se hace menester destacar que el numeral 76 Bis, fracción V, de la ley de la materia, establece: "Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ...V. En favor de los menores de edad o incapaces."
De la sana interpretación del precepto antes transcrito, deriva que en todos los casos en que se encuentren en juego los derechos o intereses de menores de edad, el Juez o tribunal que conozca del juicio de garantías, deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, según sea el caso; sin que ello opere únicamente en los asuntos en que los menores de edad o incapaces tengan el carácter de quejosos, sino que tal medida debe adoptarse en cualquier asunto en el que, aun cuando no intervengan como partes, puedan resultar afectados sus derechos o intereses; al margen de que con motivo de la suplencia, pueda beneficiarse o no a quien aparezca como quejoso en el juicio de garantías.
En ese sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que con el número trescientos once se consulta en la página doscientos sesenta del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año dos mil, que literalmente dice: "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA.-La adición a la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores e incapaces (decreto de 27 de febrero de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo del mismo año), según la exposición de motivos de la iniciativa de reformas, tuvo como finalidad inicial la de tutelar los derechos de familia, pretendiéndose crear una institución cuya instrumentación jurídica adecuada haga posible la satisfacción de derechos mínimos (de los menores e incapaces), necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso. Sin embargo, en la propia iniciativa presentada por el presidente de la República se expresa que la referida adición a la Constitución Federal, tenderá a lograr en favor de los menores e incapaces la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la expresada institución procesal, invistiendo al Poder Judicial de la Federación que conoce del amparo, además de la facultad de corrección del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzcan al esclarecimiento de la verdad’. Tal intención de la iniciativa fue desarrollada ampliamente por el Congreso de la Unión al aprobar el decreto que la reglamentó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 1974, a través del cual se adicionaron los artículos 76, 78, 79, 91 y 161 de la Ley de Amparo; y al aprobar también el decreto de 28 de mayo de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio siguiente, que introdujo nuevas reformas a la Ley de Amparo, en vigor a partir del día 15 de julio de 1976. En efecto, la adición al artículo 76 (cuarto párrafo), dispone que deberá ‘suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos’, y la nueva fracción V del artículo 91 de la Ley de Amparo establece ‘que tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores o incapaces (los tribunales que conozcan del recurso de revisión), examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 76 y en el tercero del artículo 78’. Como se ve, ninguno de esos dos preceptos limita el ejercicio de la suplencia de la queja a los derechos de familia, y sí, por el contrario, la segunda disposición transcrita remite expresamente al artículo 78 párrafo tercero, de la Ley de Amparo (también reformado por el segundo de los decretos que se mencionan), en el que se establece que ‘en los amparos en que se controviertan derechos de menores e incapaces, el tribunal que conozca del juicio podrá aportar de oficio las pruebas que estime pertinentes’; es decir, la suplencia instituida en favor de los menores no solamente fue estructurada por el legislador con ánimo de tutelar los derechos de familia, inherentes al estado de minoridad, sino también para ser aplicada en todos los amparos en los que sean parte los menores de edad, o los incapaces, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen, y se previó también la necesidad de que la autoridad que conozca del juicio recabe oficiosamente pruebas que los beneficien.".-Así también, sustenta el criterio que se sostiene, la tesis de la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página ciento sesenta y uno, Tomo XII, julio de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y epígrafe: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.-Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte."
Atento a lo anterior, devienen de la primera característica, las manifestaciones en las que se aduce que el fallo sujeto a revisión transgrede las garantías individuales previstas en los artículos 4o., 14 y 16 de la Constitución Federal; ello es así, habida cuenta que el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a los derechos subjetivos públicos del gobernado, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso, de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos; de ahí que a través del referido recurso no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó derechos subjetivos públicos al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 14/94, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros, visible en las páginas doce y trece del anexo al Informe de Labores que rindió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al finalizar el año de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
En cambio, este Tribunal Colegiado de Circuito, si bien estima que se debe conceder el amparo solicitado, ello debe ser para los efectos que más adelante se precisarán, y no como equivocadamente lo hace el a quo federal, que manda reponer el procedimiento con la finalidad de que el Juez responsable se dedique a recabar más pruebas que normen su criterio, como son, entre otras: Exámenes psiquiátricos o psicólogos para determinar el estado emocional del menor y de los padres, examen toxicológico para analizar el perfil de consumo de alcohol en el quejoso, así como entrevistas a ambos padres por parte del tribunal, a fin proveer mejor, respecto de la guarda y custodia del pequeño y el derecho de convivencia familiar, pudiendo acudir, de manera sistemática, a los plazos comunes y las reglas de las pruebas previstos en el capítulo ********** del título segundo y en el título ********** de la legislación procesal civil en la entidad. (foja 46 vuelta)
Se sostiene lo anterior, pues si bien no se pierde de vista que se encuentra de por medio el interés superior del menor y que, en términos de la jurisprudencia que más adelante se cita, el juzgador para preservarlo está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas que considere necesarias; sin embargo, en el caso concreto, tal situación se encuentra salvaguardada con los elementos que ya existen en el controvertido natural, por lo que es innecesario allegarse de más probanzas para resolver la reclamación de mérito conforme, se insiste, al referido interés superior.
Ciertamente, a fin de evidenciar lo infructuoso de reponer el procedimiento de origen, con el objeto de recabar pruebas, es suficiente con poner de manifiesto cuáles fueron las razones por las que se solicitó el depósito judicial de mérito, mismas que se desprenden del escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, presentado por **********, ya que ahí se expresa: "...la situación cambió radicalmente, pues por vía telefónica se portaba agresivo con la suscrita, llegando al grado de amenazarme, y en cada ocasión que nos veíamos ejercía agresiones verbales y psicológicas en contra de la suscrita; asimismo, el padre de mi hijo, tiene graves problemas con la bebida, pues en cada ocasión que se llegaba a pasar de copas se pone agresivo al grado de no recordar lo que hizo cuando se encontraba en estado inconveniente.-4. Es necesario resaltarse, que a pesar de que el señor **********, es mayor que yo, casi diez años, el comportamiento del padre de mi hijo no ha sido el maduro y necesario con nuestro descendiente, y como ejemplo tenemos que sólo se limita a depositarme lo que quiere para los alimentos del menor, la comunicación telefónica para saber el estado del infante se ha ido espaciando y en las ocasiones que ha venido a **********, Ver., llega a la casa donde vivimos mi hijo y yo al lado de mi madre y en forma prepotente y con gritos golpeando la puerta de la entrada, exige que se le abra porque quiere ver a mi hijo e, incluso, ha amenazado a toda la familia con que tiene influencias para perjudicarnos con hacienda y que se va llevar al niño, lo cual tenemos el temor fundado de que cumpla sus amenazas, pues desempeña un cargo importante en el Servicio de Administración Tributaria.-5. Por los gritos de (sic) los vecinos se han dado cuenta del problema, incluso, el último de ellos fue apenas este fin de semana en que insultó a mi madre, señora ********** y a mí, retándonos a que le avisaran a la policía pues afirma: ‘...que a él nadie le hace «nada»’, no siendo ocioso describirse que cuando se comporta más agresivo coincide con el hecho de que presenta un comportamiento extraño, como si viniera en estado de ebriedad, teniendo aliento alcohólico, y ésta es la causa por la cual no le he permitido (sic) conviva con nuestro hijo pues, de hacerlo, sería una irresponsabilidad y riesgo para mi menor.-6. Así las cosas, como las amenazas que ha expresado el señor **********, de llevarse a nuestro hijo para que la suscrita no lo vuelva a ver, ya son intolerables pues, incluso, en una de las redes sociales así lo ha externado, y aunado al penoso incidente que hubo este pasado fin de semana, es por lo que tengo el temor fundado, de que se lleve a mi hijo y, por ello, me veo en la necesidad de tramitar el depósito de mi hijo a mi favor y en la casa de mi progenitora, anticipando que el juicio que promoveré dentro del lapso legal en contra del padre de mi hijo, será tanto de alimentos, como la suspensión del derecho de convivencia..." (fojas 3 a 4 del cuadernillo de pruebas)
Así, de la transcripción que antecede, se pone de manifiesto que la razón toral para solicitar la referida medida provisional de depósito de persona, se hace consistir en el temor de que la contraparte cumpla con su amenaza de sustraer definitivamente al menor de edad, ya que éste le manifestó que aun cuando le hablaran a la policía a él nadie la hace nada; en esas condiciones, por lo menos para efectos del depósito en comento, como acto prejudicial, se hace innecesario la realización de exámenes psiquiátricos o psicólogos para determinar el estado emocional del menor y de los padres; toxicológico para analizar el perfil de consumo de alcohol, así como entrevistas a ambos progenitores por parte del órgano jurisdiccional; pues, se insiste, no se trata más que de una medida provisional; además, la causa de pedir de esas diligencias descansa sustancialmente en las amenazas del progenitor, de sustraer a su menor hijo de la convivencia con su contraria, extremo que no se encuentra relacionado con el desahogo de las probanzas solicitadas por el a quo federal.
Empero, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que sí debe concederse el amparo solicitado, para efecto de que subsista el depósito judicial a favor de la progenitora del menor de edad pues, contrario a lo apuntado en el acto reclamado, sí se encuentra acreditada la necesidad de la medida pues, para ello, basta con recordar que una de las razones torales por las que se solicitó aquélla, se hace consistir en la amenaza del ********** perjudicado, de sustraer al menor de mérito, sin que su contraria pudiera hacer nada al respecto y, en ese sentido, se debe tener presente que la progenitora de mérito, por escrito fechado el ocho de diciembre de dos mil once, demandó judicialmente de **********, las prestaciones siguientes: "...1. Que se declare por resolución judicial que la suscrita es la única persona apta para el ejercicio de la guarda, custodia y de la patria potestad sobre mi menor hijo **********.-2. Que se determine por sentencia firme que debido a los problemas de comportamiento y conductas psicológicas que presenta siempre el demandado, cada vez que ejercita su derecho de convivencia con mi hijo **********, los cuales por ser negativos le afectan en su sano y pleno desarrollo, además de que con ellos pone en riesgo su salud física y mental, mientras no lo solucione con tratamiento profesional por expertos en la psique, se le suspende el ejercicio de los derechos descritos en la prestación anterior.-3. Que se defina por determinación jurisdiccional que la medida suspensoria señalada en el párrafo anterior, sólo dejará de surtir sus efectos hasta que el señor **********, después de haber cumplido con las sesiones y tratamiento psicológico y médico necesarios que generen la expedición de un dictamen indubitable emitido por una institución pública competente, en el que se indique que es apto para poder volver a ejercer sus derechos de convivencia y de la patria potestad con mi menor **********.-4. El pago de las costas de este juicio." (foja 33 de autos)
En esas condiciones, con base en el referido interés superior del menor de edad, se debe conceder el amparo solicitado a fin de que el referido depósito subsista, ya que dada la instauración del juicio principal, debe estimarse que existe el peligro latente de que el demandado cumpla con sus amenazas relativas a la sustracción del mismo, pues la práctica judicial ha puesto de manifiesto que el común de las personas al saberse inmiscuidas en un procedimiento jurisdiccional de esta naturaleza, se ve tentada a tomar desquite de su contraria de alguna forma. De ahí que, a fin de evitar que el demandado pudiera cumplir con sus intimidaciones, sobre todo porque refirió tener los medios necesarios para permanecer impune es que, como ya se mencionó, debe concederse el amparo para que subsista el referido depósito, a fin de salvaguardar los derechos del menor.
Por otra parte, este Tribunal Colegiado de Circuito estima necesario que, al margen de la subsistencia de la medida del depósito judicial, también debe concederse el amparo solicitado, con la finalidad de que durante el tiempo en que se encuentre vigente el depósito de mérito, la autoridad responsable establezca un régimen de convivencia entre el menor de edad y su progenitor, atendiendo al interés superior de aquél; ello, desde luego, tomando en cuenta las medidas necesarias, a fin de que el primero no corra riesgo alguno.
En efecto, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, aprobada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, ratificada por México el veintiuno de septiembre del precitado año, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en todas las medidas concernientes a los niños y niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, considerarán primordialmente que se atienda al interés superior del niño, de acuerdo con el artículo 3 de dicha convención.
Asimismo, en su parte conducente el artículo 4o. de la Constitución Federal establece: "Artículo 4o. ...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.-Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios."
Igualmente, la Ley para La Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 24, señala: "Artículo 24. Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés superior del niño."
De tales preceptos se colige que en todas aquellas medidas que tomen, entre otros, los tribunales, relacionados con los niños y niñas, se debe atender primordialmente al interés superior del niño; luego, el derecho de convivencia entre padres e hijos incide de manera directa en los valores esenciales de la familia y en la protección de los intereses de los niños, al ser incuestionable que el contacto entre éstos y sus progenitores constituye un aspecto relevante en la integración del concepto de familia, que en la etapa de la vida que cursan, cimientan de modo trascendental esa concepción fundamental en la sociedad, que la ley protege y tiende a conservar; esa protección jurídica a los intereses de los infantes se erige sobre la base de que son éstos los que tienen derechos determinados y no sólo sus padres para convivir con ellos.
En esa medida, ante la existencia de un depósito judicial de un menor a favor de uno de sus ascendientes, debe ponerse especial atención en la preservación de los derechos de convivencia de los menores con ambos progenitores, porque tales derechos son de una naturaleza superior; pues si bien es verdad que con el referido depósito se pretende salvaguardar la integridad del menor de edad, también lo es que esa situación no se contrapone con establecer un régimen de convivencia durante el lapso que dure dicha medida prejudicial, ya que el juzgador puede hacer uso de cualquier medio legal e, incluso, servirse de las instituciones públicas ya establecidas -como por ejemplo el DIF municipal- a fin de que las visitas se realicen en un ambiente supervisado y seguro, en el que se preserve en todo momento la integridad y salvaguarda del menor de mérito.
Así, atento al interés superior del menor, es evidente que el Juez responsable debe resolver sobre el derecho de convivencia en comento, y fijar un régimen de visitas en su favor, en tanto dure la tramitación del juicio principal ya que, como se ha visto, el derecho del menor en cuestión de convivir con su progenitor es de mayor importancia y es claro que, en el caso, no existe un acuerdo entre las partes, en relación con la convivencia del progenitor con su hijo, por lo que le corresponde al citado juzgador, establecer un régimen de visitas, a fin de preservar la convivencia entre ellos, mientras que se resuelve en definitiva sobre el particular; pudiendo, incluso, autorizar el uso de medidas de apremio, a fin de lograr que su determinación se cumpla al pie de la letra por parte de los progenitores y/o depositarios, sin excusas ni dilaciones. Pues es evidente que el incumplimiento de tales medidas afecta de manera directa, el derecho del niño, de convivir con ambos padres, que es de orden público e interés social.
Lo anterior cobra vital importancia en casos como el presente, a fin de evitar que las desavenencias existentes entre los progenitores lleguen al grado de que aquel que tenga bajo su custodia al infante impida al otro verlo, deteriorando su relación; generando alienación parental y provocando un alejamiento entre el niño y su progenitor, en perjuicio del desarrollo, salud y estabilidad emocional del infante, y de una convivencia futura entre los mismos.
Es de citarse la tesis II.2o.C.487 C, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada con la página mil setecientos sesenta y cinco del Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y VISITA A LOS HIJOS. NO DEBE CONDICIONARSE AL CONSENTIMIENTO DE LOS MENORES.-De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, aprobada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, ratificada por México el veintiuno de septiembre del precitado año, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en todas las medidas concernientes a los niños y niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, considerarán primordialmente que se atienda al interés superior del niño, de acuerdo con el artículo 3 de dicha convención. Consiguientemente, cuando se resuelva decretar un régimen de visitas entre un menor y alguno de sus progenitores no procede condicionarse la convivencia paterno-filial al previo consentimiento de dicho menor, pues dada su incapacidad para decidir lo que más le convenga, no puede quedar a su voluntad la verificación de la convivencia ya resuelta, amén de que lejos de beneficiarle ello le perjudica, puesto que el mencionado infante podría verse influenciado por factores externos a su real manera de pensar y sentir, es decir, se propiciaría que mediante la influencia de alguno de los progenitores se evitara la convivencia determinada, sin que derivase ello de la decisión personal de dicho menor."; igualmente, coincide con las conclusiones a las que aquí se arribaron, la tesis VI.2o.C.498 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil ciento setenta y ocho del Tomo XXIV, julio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONVIVENCIA FAMILIAR DE MENORES. LA DETERMINACIÓN QUE SUSPENDE O NIEGA EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO, POR LA TRASCENDENCIA QUE PUEDE TENER PARA AQUÉLLOS, DEBE PONDERAR TODO EL CAUDAL PROBATORIO EXISTENTE EN EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA DILUCIDAR JUDICIALMENTE SU ADECUADO DESEMPEÑO Y NO EN PARTE DE ÉL.-El derecho de convivencia entre padres e hijos incide de manera directa en los valores esenciales de la familia y en la protección de los intereses de los niños, al ser incuestionable que el contacto entre éstos y sus progenitores constituye un aspecto relevante en la integración del concepto de familia, que en la etapa de la vida que cursan, cimientan de modo trascendental esa concepción fundamental en la sociedad, que la ley protege y tiende a conservar. Esa protección jurídica a los intereses de los infantes se erige sobre la base de que son éstos los que tienen derechos determinados y no sólo sus padres para convivir con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27163-0563936d/deposito-judicial-de-un-menor-a-favor-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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