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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. SU ANÁLISIS EN LOS CASOS DONDE LA QUEJOSA Y RECURRENTE SEA UNA PERSONA MENOR DE EDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 226/2018. · Registro digital (IUS): 28758
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-06-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Pág. 5313.

AMPARO EN REVISIÓN 226/2018. 28 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: JOSUÉ RODOLFO BERISTAIN CRUZ.

III. Estudio

24. Como se estableció, la pregunta a resolver estriba en determinar: ¿Se corroboró un riesgo para la persona menor de edad que justifique su depósito provisional a favor de su abuelo y abuela materna (sic)?

25. Al respecto, el a quo consideró, en esencia, que las personas menores de edad tienen derecho a ser cuidados y educados por su padre y madre, así como a mantener relaciones familiares; no obstante, los órganos jurisdiccionales pueden determinar la separación de éstas cuando se cercioren de la existencia de un riesgo para la persona menor de edad, para lo cual pueden allegarse de todos los medios de prueba que estimen pertinentes, ya sea por la actividad probatoria realizada por las partes o por la que realice de oficio.

26. Por otra parte, el a quo consideró que de los artículos 158 del Código Civil para el Estado,(1) 158, 162 y 163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado(2) se advierte que los(as) abuelos(as) están legitimados para solicitar el depósito provisional de sus nietos(as) y que el órgano jurisdiccional debe decretar procedente éste cuando se corrobore "con base en pruebas objetivas" que la separación del niño o niña de sus progenitores(as) es lo mejor para ellos(as).

27. Bajo ese contexto, el a quo indicó que si bien el Juez responsable consideró que los(as) abuelos(as) maternos(as) (sic) adujeron que la madre padece una enfermedad psicológica, lo cierto es que –a criterio del Juez responsable– no se corroboró que los(as) progenitores(as) (sic) de la niña represente un peligro para el desarrollo íntegro de ésta.

28. Sin embargo, el a quo consideró que en el presente caso "subyace una condición especial" que obligaba al Juez responsable a cerciorarse con "base en pruebas objetivas" si los(as) progenitores(as) de la niña pueden hacerse cargo de ésta sin ponerla en riesgo.

29. En efecto, el a quo consideró que el Juez responsable no advirtió que de los medios de prueba consistentes en "comprobante de seguro popular de folio (**********)", "hoja de urgencias del Instituto Veracruzano de Salud Mental de diez de marzo de dos mil quince", "constancia expedida por (**********), psiquiatra de la Unidad Médica Especializada en Salud Mental de Veracruz de ocho de octubre de dos mil quince", se advierte que la progenitora de la persona menor de edad "posiblemente presenta una condición clínica de carácter psicológico, que podría poner en riesgo el correcto desarrollo de su hija".

30. En consecuencia, el a quo argumentó que el Juez responsable debió descartar "la posible incapacidad psicológica de la madre de la menor para hacerse cargo de ella, debido al diagnóstico clínico-mental que presenta".

31. Por tanto, el a quo consideró que el Juez responsable debió recabar y desahogar los medios de prueba consistentes en el dictamen psicológico de la madre de la niña y estudio socio-económico para conocer las pautas de conductas de ambos(as) progenitores(as), a fin de resolver lo más acorde al interés superior de la niña involucrada.

32. De ahí que el a quo concediera el amparo solicitado, precisamente, para que el Juez responsable realizara tal actividad probatoria y, hecho ello, resolviera el recurso de reclamación con plenitud de jurisdicción.

33. No obstante, este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte lo anterior pues, por una parte, se sustentó criterio en el sentido de que, dada la naturaleza "urgente" del depósito de persona o guarda y custodia provisional, no es factible realizar la actividad probatoria señalada por el a quo. Así se advierte de la siguiente tesis aislada.

"Época: Décima Época

"Registro digital: 2014044

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 31 de marzo de 2017 a las 10:34 horas»

"Materia: civil

"Tesis: VII.2o.C.118 C (10a.)

"Página: 2659

"DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. PARA SU OTORGAMIENTO Y ATENTO A SU NATURALEZA, SU DICTADO NO CONFIGURA UN PROCEDIMIENTO CONTRADICTORIO EN DONDE SE ABRA UNA DILACIÓN PROBATORIA, NI EN EL QUE LAS PARTES DEBATAN SOBRE SUS PRETENSIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establecen que ante la solicitud del depósito o guarda de personas, el Juez de primera instancia o, en su caso, el del lugar donde ocurra la emergencia, deberá trasladarse al lugar de los hechos para cerciorarse de la necesidad de la medida y dictará el depósito o guarda de la persona que necesite ser protegida física o moralmente. Ahora bien, atento a la naturaleza de este tipo de diligencia, esto es, que se trata de un acto prejudicial, su dictado no configura un procedimiento contradictorio en donde se abra una dilación probatoria, ni en el que las partes debatan sobre sus pretensiones para su otorgamiento, porque su concesión está sujeta a la real existencia de un estado de cosas que ponga al individuo en riesgo de sufrir algún perjuicio o daño si no se adopta tal medida; es decir, no depende de una audiencia previa de los interesados, sino que es una responsabilidad estricta y exclusiva del Juez otorgarla con los hechos que le está planteando el solicitante y que con el cercioramiento, advierta la real existencia de un estado de vulneración que ponga al individuo en riesgo de sufrir algún perjuicio o daño si no se adopta tal medida."

34. La imposibilidad de realizar tal actividad probatoria también opera respecto del recurso de reclamación interpuesto con fundamento en el último párrafo del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado(3) en contra de dicha medida provisional, dado que su resolución también es de naturaleza urgente.

35. Al respecto, por analogía, resulta aplicable el siguiente criterio emitido por este Tribunal Colegiado de Circuito:

"Época: Décima Época

"Registro digital: 2001829

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012

"Materia: civil

"Tesis: VII.2o.C.15 C (10a.)

"Página: 2365

"ALIMENTOS PROVISIONALES. DADA LA URGENCIA QUE IMPLICA DEFINIRLOS Y ANTE EL TÉRMINO PERENTORIO QUE FIJA LA LEY SON INADMISIBLES LAS PRUEBAS SUPERVENIENTES OFRECIDAS EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PROMOVIDO CONTRA SU FIJACIÓN Y ASEGURAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).—Acorde con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el juzgador, al acordar la demanda de alimentos y de habérselo solicitado, deberá fijar una pensión alimenticia provisional en favor del acreedor alimentario y decretará su aseguramiento; tal medida tiene una naturaleza cautelar, pues surge de la necesidad y urgencia de garantizar, durante la tramitación del juicio, la subsistencia del demandante, dotándolo de los satisfactores impostergables que, día con día, requiere para cubrir sus necesidades, resultando dicha medida inaplazable, sin que su dictado pueda resultar arbitrario, previendo el legislador local el respeto a la garantía de audiencia del deudor posteriormente a la fijación y aseguramiento de los alimentos provisionales, pues éste tiene derecho a inconformarse a través del recurso de reclamación, en donde podrá alegar lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas que estime conducentes, lo que deberá hacer dentro del mismo término con que cuenta para contestar la demanda. Una vez presentada la reclamación, el juzgador debe dar vista con ella a la parte contraria del reclamante, y dictar su resolución dentro de los tres días siguientes a la interposición de dicho medio de defensa, tomando en cuenta, en su caso, los documentos aportados; lo anterior, pone en evidencia lo sumarísimo de dicho procedimiento que, desde luego, responde y es acorde con la naturaleza de la medida cautelar con la que se relaciona, por lo que no existe posibilidad alguna de ampliar los términos previstos por el legislador para su sustanciación; por tanto, no resulta jurídicamente válido admitir pruebas supervenientes en dicho procedimiento pues, ante el derecho de audiencia e igualdad de las partes y, derivado de ello, la posibilidad de que éstas controviertan dichas pruebas, no se respetarían los términos previstos para su resolución; consecuentemente, ante el término perentorio que fija la ley y dada la urgencia que implica definir los alimentos provisionales, no es permitido, en dicha fase, ofrecer pruebas supervenientes, sin que ello signifique alguna restricción a los derechos de defensa del demandado, pues de surgir con posterioridad a la presentación de la reclamación, elementos que modifiquen las condiciones para el cumplimiento de la medida, tendrá expeditos sus derechos para solicitar su modificación, en términos de la fracción II del artículo 58 del referido código adjetivo."

36. Bajo el contexto anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado en diversos precedentes(4) que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/2010,(5) consideró que el depósito de persona atiende a la necesidad de contar con una medida para otorgar seguridad y protección a quienes pudieran encontrarse en una situación difícil o apremiante, como sucede con las personas menores de edad.

37. En ese sentido, para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente, debe corroborarse que ésta se encuentra en una situación de riesgo, es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho que hace inferir, fundadamente, que es probable la materialización de un daño en la integridad de la persona menor de edad.(6)

38. De otra forma no procede decretar dicha medida, porque debe primarse por mantener la estabilidad en la vida del niño o de la niña. Así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado de Circuito, tal como se advierte del siguiente criterio aislado VII.2o.C.181 C (10a.) (pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación).

"DEPÓSITO PROVISIONAL DE PERSONA MENOR DE EDAD. DEBE OPTARSE POR MANTENER LA ESTABILIDAD EN LA VIDA DE ÉSTA, SALVO RIESGO CORROBORADO.(sic) Para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente, debe corroborarse que ésta se encuentra en riesgo, es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho del que se infiere, fundadamente, la probable materialización de un daño en la integridad de la persona menor de edad. Lo anterior, atiende a que, debido al momento procesal en el que se solicita tal medida provisional existe poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién del/la progenitores/as (sic) puede ejercer de mejor manera la guarda y custodia de la persona menor de edad. Por tanto, ante la alta posibilidad de una decisión errónea al respecto (dados los pocos medios de prueba con los que se cuenta), la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo que se corrobore un riesgo para ésta. Esto es, en los casos de depósito o guarda y custodia provisional de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia es la corroboración de un riesgo para éste/a y no la corroboración de un mejor ejercicio de su guarda y custodia. Al respecto de la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que: el niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo periodo de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado confianza básica y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña."(sic)

Amparo en revisión 298/2018. 28 de febrero de 2019. Mayoría de dos votos. Magistrado Disidente y Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Magistrado encargado del engrose: de mayoría: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Josué Rodolfo Beristain Cruz.

39. En este sentido, en respuesta a la pregunta de mérito este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no se corroboró la existencia de un riesgo que justifique el depósito provisional de la niña con su abuelo y abuela materna (sic).

40. Lo anterior, pues de los medios de prueba no se corrobora que el estado de salud mental de la progenitora ponga en riesgo a la niña.

41. En efecto, es importante tener presente que, de acuerdo con el modelo social y de derechos humanos de discapacidad, las limitantes que pueda tener alguna persona no provocan, per se, una discapacidad, sino que es la interacción con las barreras sociales la que la provoca.

42. Por tanto, aun aceptando que la mamá de la niña presenta algún padecimiento de salud mental, lo cierto es que éste, por sí solo, no le provoca una discapacidad que le impida cumplir con los deberes derivados de la patria potestad de su niña, pues existen tratamientos médicos(7) que, precisamente, tienen como finalidad impedir que las posibles limitantes derivadas de tal padecimiento se conviertan en una discapacidad.

43. Así, en todo caso, correspondía a los(as) abuelos(as) maternos(as) (sic) corroborar que el estado de salud mental de su hija le provoca a ésta una discapacidad que le impide cuidar de su nieta; sin embargo, de los medios de prueba sólo se puede llegar a corroborar el estado de salud mental, pero no la discapacidad.

44. Máxime que respecto del padre de la niña no se corroboró la existencia de alguna circunstancia que ponga en riesgo a ésta, por lo que el progenitor debe ejercer la guarda y custodia derivada de la patria potestad de su niña.

45. Suponer lo contrario significaría establecer una visión estereotipada que preceptúa la falta de "aptitud específica" de los padres para cuidar a los(as) hijos(as) menores de edad, lo cual es inadmisible a la luz del principio de igualdad sustantiva.

46. Al respecto, es aplicable la siguiente tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Décima Época

"Registro digital: 2017060

"Instancia: Primera Sala

"Tipo de Tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 55, Tomo II, junio de 2018, «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de junio de 2018 a las 10:07 horas»

"Materia(s): constitucional y civil

"Tesis: 1a. XLVII/2018 (10a.)

"Página: 964

"GUARDA Y CUSTODIA. LA REGLA GENERAL ES QUE LOS PROGENITORES SON APTOS A MENOS QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PROBABLE Y FUNDADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS INVOLUCRADOS. Cuando se involucra una categoría de las prohibidas en el texto constitucional como es la condición de salud de uno de los progenitores, en relación con la ponderación del interés superior de niños y niñas, las y los juzgadores deben ser especialmente escrupulosos en el análisis de las circunstancias que rodean el asunto, de modo que, con base en pruebas técnicas o científicas, se evidencie que la condición de salud tiene un impacto negativo en el bienestar y desarrollo del menor de edad. La regla general es que los progenitores son aptos para el cuidado de sus hijos e hijas, no obstante los defectos y carencias que acompañan necesariamente la condición humana. Lo contrario, la falta de aptitud, debe demostrarse, pues con ello se afectan los derechos y la esfera jurídica de los niños y niñas involucrados. Ninguna duda cabe que no existe un modelo de padres y madres ideales, acabado y perfecto, una especie de arquetipo ante el cual contrastar la conducta específica de los progenitores, con el fin de determinar si se está o no ante un buen padre y/o madre, y si, con base en esa imagen ejemplar, sean justificables o no ciertas restricciones en las instituciones protectores de la infancia, como lo es la guarda y custodia: no existe un tipo ideal de padres y madres, sino que es preciso sopesar si las conductas desempeñadas por los progenitores –que siempre constituyen un ejemplo, ya sea positivo o negativo y que necesariamente marcan la personalidad de los niños y niñas– son susceptibles de actualizar un riesgo probable y fundado en los niños y niñas. Esta Sala observa que debe existir un grado de probabilidad para determinar que efectivamente ciertas conductas ponen en riesgo a un niño o niña, con la razonable proyección a futuro de que la conducta sea de tal manera perniciosa que afecte sus derechos."

47. En consecuencia, como se dijo, en respuesta a la pregunta planteada, no está justificado el depósito provisional de la persona menor de edad a favor de su abuelo y abuela materna (sic), por lo que la resolución reclamada es conforme con el interés superior de la niña. De ahí que se deba revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

48. Ahora bien, dado que en el presente caso la persona menor de edad es quien promovió el juicio de amparo e interpuso el presente recurso, se estima importante aclarar por qué la determinación indicada no transgrede el principio non reformatio in peius.

49. El citado principio obliga a no agravar la situación jurídica de la parte quejosa cuando sólo ésta recurre la sentencia de amparo. Así, desde una perspectiva formal, se inobserva dicho principio cuando en la resolución al recurso de revisión interpuesto sólo por la parte quejosa se revoca la sentencia recurrida y se niega el amparo que se le había concedido a ésta por algún vicio de forma o procedimiento.

50. Sin embargo, en los casos donde la parte quejosa y recurrente es una persona menor de edad ello no necesariamente es así.

51. En efecto, las personas menores de edad, como sujetos(as) de derechos, están legitimadas para promover el juicio de amparo en contra de los actos que las afecten, tales como las resoluciones en las que se determina el ejercicio de su guarda y custodia y la convivencia con su progenitor(a) no custodio(a).

52. No obstante, los órganos jurisdiccionales deben tener presente que en tales controvertidos existen varios intereses en conflicto, por lo que se debe realizar un escrutinio estricto de los argumentos planteados, a fin de advertir los directamente relacionados con el interés superior de la persona menor de edad y excluir, a su vez, aquellos que, utilizando la legitimación procesal de ésta, en realidad, no sean acordes con su interés superior, sino al interés de las diversas partes del juicio.

53. En ese sentido, si el Tribunal Colegiado de Circuito, al realizar tal escrutinio estricto en el recurso de revisión interpuesto por la persona menor de edad, advierte que el acto reclamado es conforme con el interés superior de ésta, o le resulta más benéfico que el amparo que se le concedió por algún vicio de forma o de procedimiento, debe revocarse la sentencia recurrida y negarse el amparo concedido.

54. Lo anterior no significa agravar la situación de la persona menor de edad porque, en realidad, se está asegurando el mayor beneficio para ésta. De ahí que, en estos casos, no se transgreda el citado principio non reformatio in peius.

55. Así, cuando una persona menor de edad es la parte quejosa y recurrente, la transgresión al citado principio no se puede derivar sólo de aspectos formales como el sentido de las sentencias, sino se debe observar la argumentación expuesta en éstas, para constatar si se agravó o se aseguró una mayor protección al interés superior de la persona menor de edad, lo que puede acontecer aun negando el amparo que previamente se había otorgado.

56. Por ende, si en el caso, al analizar de forma estricta la resolución reclamada, se advierte que ésta es conforme con el interés superior de la niña porque, como se dijo, no se corroboró un riesgo que justificara el separarla de su padre y madre quienes, por regla general, son las personas aptas para ejercer los deberes derivados de la patria potestad, entonces el revocar la sentencia recurrida y negar el amparo concedido para el efecto de realizar la citada actividad probatoria no representa una transgresión al principio non reformatio in peius, porque no se agrava la situación de la niña sino, por el contrario, se garantiza el mayor beneficio para ésta.

IV. Decisión

57. Por todo lo expuesto y al no advertir, prima facie, en términos del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Federal, precepto normativo de la legislación secundaria violatorio de los derechos humanos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional, este Tribunal Colegiado de Circuito considera fundado el presente recurso, por lo que se revoca la sentencia recurrida y se niega el amparo solicitado.

V. Expedición de copias

58. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., segundo párrafo, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.

En consecuencia, se

RESUELVE:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Se niega el amparo solicitado por la persona menor de edad de iniciales ********** en contra de la resolución emitida por el Juez Octavo de Primera Instancia especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, el siete de febrero de dos mil dieciocho, en el expediente **********.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno, con testimonio de la presente resolución envíense los autos correspondientes al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Manuel De Alba De Alba y Ezequiel Neri Osorio, en contra del voto particular del Magistrado Isidro Pedro Alcántara Valdés, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción VI, 7, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La parte conducente de la sentencia relativa a la contradicción de tesis 49/2010 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2390.

La tesis aislada VII.2o.C.181 C (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de mayo de 2019 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 66, Tomo III, mayo de 2019, página 2478.

________________

1. "Artículo 158. Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, podrán acordar los tribunales, a petición de los abuelos, tíos o hermanos mayores, cualquiera providencia que se considere benéfica a los menores.

"El Juez podrá modificar esta decisión atento a lo dispuesto en los artículos 351, 352 y 777 fracción III."

2. "Artículo 158. En los casos previstos por el artículo 156 del Código Civil y en todo aquel en que una persona intente demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmente el depósito o guarda de aquella que necesite ser protegida física o moralmente de acuerdo con la ley."

"Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos.

"Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la ley.

"Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar.

"Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso."

"Artículo 163. En el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar a un cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda. La declaración respectiva se hará de oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los cónyuges, concubinos o parientes interesados y al depositario."

3. "Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos.

"Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la ley.

"Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar.

"Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso."

4. Al respecto, entre otros, véase el amparo en revisión 298/2018 del índice de este tribunal, disponible en: http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx (sic)

5. Consultable en:

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=115297 (sic) (consultado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve)

6. Al respecto, véase el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título y subtítulo: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." Datos de localización: Época: Décima Época. Registro digital: 2005919. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, materia(s): constitucional y civil, tesis: 1a. CVIII/2014 (10a.), página: 538 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas».

7. Al respecto, entre otros trabajos, es consultable el trabajo intitulado: Guía Terapéutica para el Manejo de la Esquizofrenia, consultable en: http://www.apalweb.org/docs/esquizofrenia2.pdf.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28758-e0524900/principio-de-non-reformatio-in-peius-su-analisis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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