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Modo: Corpus Pro

DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PARA AUTORIZARLO DEBE VERIFICARSE QUE LA RENUNCIA A LA ACCIÓN JUDICIAL NO VULNERA EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 744/2023. · Registro digital (IUS): 32660
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-23
Promovente: ASEGURADORA Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.277.

AMPARO EN REVISIÓN 744/2023. ASEGURADORA Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. 14 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La mamá de una niña con síndrome de Down (Trisomía 21), promovió un juicio de amparo contra una compañía de seguros, ya que, en un contrato de seguro de gastos médicos, la empresa incluyó un "endoso de exclusiones" en donde precisó se excluía de forma permanente para síndrome de Down, secuelas y complicaciones, y permanente para cardiopatía congénita y sus complicaciones. La representante de la niña consideró que esa exclusión era discriminatoria, y generaría incertidumbre en torno a las cuestiones cuyo reclamo sí sería procedente y las que no.

Un Juez de Distrito concedió el amparo pues consideró que la compañía de seguros era autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, además de que sus actos eran discriminatorios. Por lo que la aseguradora debía eliminar la exclusión aludida e incluir a la niña en la póliza sin condición alguna. Posteriormente, las partes llegaron a un acuerdo para incluir en la póliza la cobertura respecto del síndrome de Down y cardiopatía genética, así como sus secuelas y complicaciones. Asimismo, la aseguradora pagó una cantidad por concepto de indemnización por reparación del daño.

Con motivo de lo anterior, la representante de la niña presentó un escrito en el que manifestó su voluntad de desistirse del juicio de amparo.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de catorce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 744/2023, promovido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y Aseguradora contra la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México en el amparo indirecto 709/2022.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala consiste en analizar el desistimiento del juicio de amparo, en casos donde se involucran derechos de niñas, niños y adolescentes.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes.(1) Persona "A" nació el veinte de enero de dos mil veinte en el Instituto Nacional de Perinatología. Desde su nacimiento, los médicos informaron a sus progenitores Persona "B" y Persona "C", que la niña tenía síndrome de Down (Trisomía 21).

2. Contratación de la póliza de seguro de gastos médicos mayores. De acuerdo con lo señalado en la demanda de amparo, el veintidós de abril de dos mil veinte, la señora Persona "C" contrató con Aseguradora una póliza de gastos médicos mayores individuales a favor de su hija.

3. La aseguradora emitió una póliza en la que incluyó un "endoso de exclusiones" en donde precisó que convenía en excluir de forma "permanente para síndrome de Down, secuelas y complicaciones, y permanente para cardiopatía congénita y sus complicaciones.

4. Inclusión de la niña en la póliza familiar. El dieciséis de junio de dos Persona "C" decidió incluir a su hija en la póliza de seguro familiar, a fin de simplificar los pagos. Ese mismo día, la aseguradora envió la póliza número de póliza que cubriría el periodo comprendido entre el dieciséis de junio de dos mil veintidós al quince de junio de dos mil veintitrés. En dicha póliza también se incluyó el mismo "endoso de exclusiones" ya referido.

5. Posteriormente, los progenitores de la niña acudieron con una experta en genética, quien les informó que el síndrome de Down no es una enfermedad sino una condición.

6. Solicitud de cambio de póliza. Los progenitores de la niña solicitaron de forma verbal a la aseguradora que no se excluyera la discapacidad de la niña de la protección de la póliza porque, además de ser discriminatorio, se generaría incertidumbre en torno a las cuestiones cuyo reclamo sí sería procedente y las que no. Sin embargo, la aseguradora respondió en sentido negativo.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

7. Juicio de amparo. Por lo anterior, el ocho de julio de dos mil veintidós, Persona "C", en representación de su hija, promovió un juicio de amparo indirecto en contra de las siguientes autoridades y actos:

Ver autoridades y actos

8. En sus conceptos de violación la quejosa sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

a) La aseguradora responsable vulneró el derecho de la niña a la salud, a tener un seguro de gastos médicos y a no ser discriminada. Por lo que la cláusula de exclusión de la discapacidad de la niña debe considerarse inaplicable.

b) El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición genética. En ese sentido, al establecer la exclusión de esa condición en la póliza, la aseguradora discriminó a la niña, pese a que la empresa tiene pleno conocimiento sobre la regulación en materia de discapacidad y las obligaciones que de ahí se derivan.

c) Existió un inadecuado asesoramiento que llevó a que se contratara una póliza de seguro que es oscura, ventajosa e inadecuada, pues lo que se excluyó de cobertura fue la propia diversidad funcional de su hija como si ésta se tratara de una enfermedad, lo cual es contrario al principio de inclusión.

d) La aseguradora emitió una póliza que posiblemente en ningún momento podrá ser ejecutable ya que, al excluir de cobertura la condición genética que posee, esto se traduce en una carta abierta para que la aseguradora decida con base en sus propios criterios si rechaza o no un siniestro. Lo que vulnera los derechos de la niña.

e) La CNSF y la CONDUSEF no cumplieron con sus principales obligaciones como entes reguladores, pues entre ellas se encuentra velar por que las personas con discapacidad cuenten con seguros de gastos médicos y de vida que se adecuen a sus necesidades y puedan ser ejecutables. Por lo tanto, no garantizaron una plena inclusión de las personas con discapacidad al no verificar que la aseguradora ofreciera un producto acorde a ello.

f) El artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad(2) es una norma expresa que prohíbe a las compañías aseguradoras cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud. Si bien, las aseguradoras están facultadas para rechazar la contratación de un riesgo, el motivo de ello no puede ser la discapacidad de la persona beneficiaria del seguro.

9. Sentencia de amparo. Conoció de la demanda el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México con el número de expediente 709/2022.(3) El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós dictó sentencia en la que concedió el amparo bajo los siguientes razonamientos:

a) De conformidad con lo dispuesto por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es viable concluir que en México existe una obligación de garantizar el principio de igualdad y no discriminación en relación con las personas con discapacidad.

b) De la lectura de la póliza de seguro es posible observar que existe una notoria discriminación hacia la hija de la quejosa, por razón de su discapacidad, al haberse establecido como condición de exclusión el síndrome de Down y la cardiopatía congénita.

c) No puede soslayarse que las aseguradoras se encuentran en una posición de ventaja frente a las personas aseguradas, en cuanto a la pericia en el manejo de los productos; de ahí que deba garantizarse que exista una relación de igualdad, así como la observancia de los principios que rigen las sanas prácticas en materia de seguros.

d) Por ende, debe concederse la protección constitucional para el efecto de que la aseguradora señalada como responsable realice la supresión de la cláusula o condición que refleja directamente la discriminación hacia la niña y, en su lugar, incluya la denominación del síndrome de Down y de la cardiopatía congénita, a fin de que se responsabilice también de estos segmentos.

e) La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y de Sociedad civil "A", todos de la Ciudad de México, al haberse concedido por los actos atribuidos a la aseguradora.

10. Recursos de revisión. En contra de la sentencia de amparo, Aseguradora, a través de su apoderada, así como la CONDUSEF, a través de su representante legal, interpusieron recursos de revisión. Sus argumentos se resumen a continuación:

Recurso de revisión de Aseguradora

a) La aseguradora afirma que el juzgado de distrito indebidamente declaró infundada la causal de improcedencia consistente en que Aseguradora no le asiste el carácter de autoridad responsable. En virtud de que existe una relación de coordinación con la parte quejosa.

b) El juzgado del conocimiento declaró infundada la causal de improcedencia consistente en el consentimiento del acto reclamado por la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo.

c) De los documentos exhibidos por las partes, no se tiene certeza de la fecha en que la parte quejosa haya recibido el documento que contiene la cláusula considerada como discriminatoria. No obstante, el juzgado perdió de vista que la quejosa conoció el acto reclamado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, fecha de contratación de la póliza.

d) El juzgado omitió pronunciarse sobre la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de la parte quejosa por no actualizarse un agravio personal, directo y actual.

e) Tampoco respetó los principios de congruencia y exhaustividad y analizó incorrectamente el acto reclamado. El a quo confundió la póliza materia de análisis y la quejosa no demostró la oscuridad en el asesoramiento o en la emisión de la póliza.

f) La sentencia recurrida está indebidamente fundada y motivada porque el juzgado del conocimiento no analizó la naturaleza del acto reclamado, lo que condujo a la ilegal consideración de la existencia de discriminación en perjuicio de la parte quejosa.

Recurso de revisión de la CONDUSEF

a) El juzgado del conocimiento omitió analizar la causal de improcedencia hecha valer por la CONDUSEF consistente en la inexistencia de los actos reclamados. Sin embargo, el Juzgado de Distrito los tuvo por "presuntivamente ciertos" y realizó la concesión del amparo extensiva a la CONDUSEF.

b) La sentencia recurrida es contraria a la determinación emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dentro del mismo asunto en la suspensión incidental, donde determinó que la CONDUSEF no es parte en el juicio de amparo. En virtud de que el organismo público no intervino en la emisión de la póliza de seguro materia del juicio.

c) El acto reclamado en la demanda de amparo para la CONDUSEF fue la falta de diligencia en la verificación de que las aseguradoras implementen productos especializados para personas con discapacidad. Pero los efectos de la concesión del amparo se hicieron extensivos para que las autoridades responsables realizaran la supresión de la cláusula del contrato de seguro. Por lo que el juzgado del conocimiento varió la litis.

11. Admisión de los recursos. El diez de febrero de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables y ordenó radicar el expediente con el número de toca 52/2023.

12. Recurso de revisión adhesiva. Posteriormente, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la señora Persona "C", en representación de su hija menor de edad, interpuso recurso de revisión adhesiva.

13. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. El diez de mayo de 2023, Persona "C", en representación de su hija menor de edad, solicitó a este alto tribunal que ejerciera su facultad de atracción para conocer del asunto.

14. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción bajo el número de expediente 294/2023 y, ante la falta de legitimación de la solicitante, la puso a consideración de la Ministra y de los Ministros integrantes de la Sala, a fin de que valoraran la pertinencia de hacer suya dicha solicitud.

15. En sesión privada de catorce de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat decidió hacer suyo el escrito de solicitud de la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión 52/2023, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

16. El veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala admitió a trámite la presente solicitud de ejercicio de la facultad de atracción y ordenó que fuera turnada a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

17. El nueve de agosto de dos mil veintitrés, esta Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del asunto. La Sala consideró que la resolución del caso involucraba, entre otras cuestiones, el pronunciamiento en torno a los deberes de las aseguradoras en la emisión de pólizas de seguros de gastos médicos frente a la obligación de no establecer cláusulas discriminatorias en perjuicio de las personas en situación de discapacidad.(4)

18. Con motivo de la facultad de atracción, la Presidenta de este alto tribunal dictó un acuerdo el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por cual ordenó registrar el asunto como amparo en revisión 744/2023. Finalmente, instruyó turnar el recurso a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y enviar los autos a la Primera Sala para el trámite correspondiente.

19. Acuerdo entre las partes y presentación del desistimiento. El seis de septiembre del presente año, Persona "C" en representación de su hija menor de edad y Aseguradora presentaron un escrito ante este alto tribunal en el cual manifestaron que la compañía aseguradora suprimió el endoso de exclusión respecto de la póliza número de póliza. A su vez, expidió un endoso de inclusión por el cual cubre a Persona "A" respecto del síndrome de Down y cardiopatía genética, así como sus secuelas y complicaciones.

20. También expresaron bajo protesta de decir verdad que ambas partes celebraron un convenio de transacción judicial con el fin de terminar las controversias presentes y futuras. Además, Aseguradora pagó a cada uno de los progenitores de la niña cantidad de dinero 1 por concepto de reparación del daño.

21. Motivos por los cuales ambas partes solicitaron que esta Primera Sala declare sin materia el recurso de revisión al haber cesado los efectos del acto reclamado.

22. Asimismo, Apoderado, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de Aseguradora presentó un escrito el seis de septiembre del dos mil veintitrés ante este alto tribunal, mediante el cual manifestó su voluntad de desistirse del recurso de revisión.

23. Por su parte, el ocho de septiembre del presente año, Persona "C" en representación de su hija Persona "A" presentó un escrito ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual expresaba su voluntad para el desistimiento total de la acción de amparo indirecto. Escrito que también presentó ante el Juzgado de Distrito que conoció del juicio de amparo.

24. Por acuerdo del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Juzgado de Distrito determinó que era improcedente decretar el desistimiento de la demanda porque el caso involucraba derechos de menores de edad, lo que incidiría en el interés superior de la niña Persona "A". La parte relativa del acuerdo del Juez es en los siguientes términos:

En ese orden de ideas, con relación a los juicios en los que se disputen derechos de un menor, resulta improcedente decretar el desistimiento de la acción o, en su caso, el sobreseimiento. Ello, en la medida en que dichas determinaciones derivan de la voluntad, de la negligencia o del descuido de alguna de las partes que materialmente intervienen en el y producen los efectos siguientes: a) Anulan todos los actos procesales verificados en el juicio; b) Las cosas vuelven o se retrotraen hasta antes de la presentación de la demanda; y, c) Impiden que se resuelva la controversia de fondo planteada.

Efectos que, por su importancia debe destacarse, no deben permitirse en los juicios en que se vean involucrados derechos de menores, en tanto que inciden en el interés superior de éstos, pues, el Estado debe proteger de acuerdo con el marco normativo nacional e internacional.

Corolario de lo anterior, dígasele que no ha lugar a acordar su petición, máxime que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerció la facultad de atracción del presente asunto; lo anterior para los efectos legales que haya lugar.

25. Determinación de la Presidencia de la Suprema Corte en relación con el desistimiento. Por acuerdo del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal determinó que era conveniente que un órgano colegiado de este Alto Tribunal se pronunciara sobre los efectos del referido desistimiento y envío los autos a la ponencia de la Ministras Ana Margarita Ríos Farjat.

26. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala dictó el avocamiento del caso y ordenó remitir los autos a la oficina de la Ministra Ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

27. Ratificación del desistimiento. Previo dictamen, por comparecencia de fecha de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Persona "C", en representación de su hija, ratificó su escrito de desistimiento. En la misma fecha Apoderado, apoderado general para pleitos y cobranzas de Aseguradora, también ratificó el escrito de desistimiento mencionado en párrafos anteriores.

III. COMPETENCIA

28. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 85 de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción IX, y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 de este Alto Tribunal, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.

IV. DESISTIMIENTO

29. Esta Primera Sala considera que debe tener por desistida del presente juicio de amparo a Persona "C", en representación de su hija Persona "A", por las consideraciones que se sostienen a continuación. Para tal efecto, la Sala analiza la figura del desistimiento en relación con el interés superior de la infancia.

30. De acuerdo con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. De ahí que la persona pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad.

31. El desistimiento de la acción de amparo y del recurso de revisión consiste en la declaración de voluntad de la persona agraviada de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre y sin necesidad de examinar los conceptos de violación. 32. El desistimiento de la demanda de amparo es una manifestación de voluntad de la parte promovente externada de modo fehaciente, que representa la renuncia o abdicación del derecho a que el órgano de control constitucional despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen del acto reclamado. Lo que puede realizarse en cualquier momento hasta antes de que el fallo dictado en el juicio haya causado ejecutoria. Es decir, es posible aún después de que se pronunció la sentencia en la primera instancia y de que, como en la especie, se interpuso antes de resolverse el recurso de revisión.

33. Si una persona que intentó el juicio de amparo se puede desistir de la acción constitucional, tiene también la facultad para desistirse del recurso de revisión que haya intentado respecto del juicio de garantías. Cuando se desiste solamente del recurso de revisión, debe entonces dejarse firme la sentencia recurrida. Si se desiste simultáneamente de la demanda de amparo, así como del recurso de revisión, debe atenderse al desistimiento de la acción de amparo por ser preferente y decretar el sobreseimiento del juicio.

34. Cuando la quejosa se desista de la demanda de amparo que dio origen a la sentencia impugnada mediante recurso de revisión promovido por un tercero perjudicado, debe tenerse por desistida a la parte quejosa y sobreseer en el juicio de amparo, pues la revisión queda sin materia al desaparecer el motivo que la genera.

35. Ahora bien, en casos como el presente juicio de amparo debe haber una valoración reforzada de los alcances del desistimiento, en virtud de que se encuentra involucrado el interés superior de la infancia.

36. Sobre ese aspecto en el amparo directo en revisión 2737/2018,(5) esta Primera Sala estableció que no puede convalidar de manera genérica y absoluta las consecuencias que genera el desistimiento de la acción, pues subsiste un interés especial, basando en la protección reforzada a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en que la persona juzgadora tome la mejor decisión para proteger los derechos del menor de edad involucrado.

37. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, en atención al principio del interés superior de la infancia, la persona juzgadora debe cumplir con dos funciones normativas medulares: la primera como principio jurídico garantista y la segunda como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores, a fin de que se garanticen y aseguren la máxima protección en los derechos humanos de las niñas y los niños.

38. El principio del interés superior de la infancia es una obligación que debe inmiscuirse en todas las medidas y los asuntos relacionados con la infancia. Por su naturaleza indeterminada, su aplicación no puede ser generalizada para todos los casos, sino que debe ser visualizada conforme al análisis de cada caso concreto.

39. A través de este principio es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación a la necesidad y proporcionalidad de las normas, de manera que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que en todo caso deben armonizarse para servir como herramienta útil para garantizar en todo momento el bienestar integral del menor al que afecten. Pero también es necesario apartarse del estereotipo construido en torno a este principio, en el sentido de que por el solo hecho de que haya niñas, niños y adolescentes involucrados en una controversia jurisdiccional, se pueden soslayar todas las reglas, tanto sustantivas como adjetivas, de una manera dogmática.

40. El interés superior de la infancia, por sí mismo, no implica que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de un ámbito competencial que en todo momento deba ceder a las particularidades que les son propias, sino que para esto es necesario un análisis casuístico, en el cual la persona juzgadora deberá analizar, conforme a cada situación particular y el conflicto de diversos intereses en juego, cuál es la forma en que debe protegerse del mejor modo a la persona menor de edad involucrada.(6)

41. El principio del interés superior de la infancia se encuentra reconocido en el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política del país, así como en el punto 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno.(7)

42. Este principio se erige como una obligación del Estado para asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la niñez, que tomen instituciones públicas o privadas siempre se considere como principio rector el interés superior de la infancia, a fin de que éste garantice y asegure que todas las niñas y niños tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos y fundamentales.

43. Especialmente de aquellos derechos que permiten el óptimo desarrollo del niño y de la niña, esto es, aquéllos que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos estables, la educación y sano esparcimiento, elementos esenciales para el desarrollo integral de la niñez.(8)

44. Así, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas o bien aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los menores, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación a la necesidad y proporcionalidad de la medida. De modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de las niñas y de los niños y la forma en que en todo caso deben armonizarse para servir como herramienta útil a garantizar en todo momento el bienestar integral de la infancia al que afecten.(9)

45. Esta Suprema Corte también ha determinado que el interés superior de la infancia es un concepto triple:

a) Un derecho sustantivo, en tanto implica el derecho de niño o de la niña a que sea una consideración primordial que se evalúa y tenga en cuenta el sopesar de distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un menor o a un grupo de infantes en concreto.

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental, por el cual, en caso de admitir más de una interpretación, se debe elegir la que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del infante.

c) Una norma de procedimiento, lo que conlleva a que en toda decisión o acto la evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales, como la justificación de dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente dicho derecho, y la exposición de bajo qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones.(10)

46. A partir de esas consideraciones, esta Suprema Corte determina que sí es posible decretar el sobreseimiento en casos donde se involucra a niñas, niños y adolescentes, incluso, en casos donde están involucrados derechos de personas con discapacidad, pero debe existir un análisis pormenorizado de los alcances de la renuncia a la acción judicial.

47. En el presente caso, esta Primera Sala advierte que el desistimiento del juicio de amparo no vulnera los derechos de Persona "A".

48. Al momento de presentar la demanda, la pretensión de la parte quejosa era que la empresa aseguradora, como autoridad responsable, incluyera a Persona "A" en la póliza de seguro médico y que no hubiera exclusión alguna respecto del síndrome de Down y cardiopatía genética, así como sus secuelas y complicaciones.

49. De los escritos presentados por las partes y sus anexos, se advierte que Aseguradora ya incluyó en la póliza la cobertura respecto del síndrome de Down y cardiopatía genética, así como sus secuelas y complicaciones a favor de la niña, con lo cual, desapareció el motivo por el cual se promovió el juicio de amparo.

50. En ese sentido, las partes informaron a este alto tribunal que celebraron un convenio con la finalidad de dar por terminada la controversia judicial, ello a través del endoso de inclusión señalado en el párrafo anterior. Además, la aseguradora pagó a los progenitores la cantidad de cantidad de dinero 2 por medio de dos cheques por la cantidad de cantidad de dinero 1, cada uno, por concepto de reparación del daño.

51. Los documentos exhibidos mediante escrito de diez de octubre de dos mil veintitrés merecen valor probatorio pleno, pues si bien se trata de documentos privados, no fueron objetados por las partes.(11) Lo que se robustece con la ratificación del desistimiento por parte de Persona "C".

52. En relación con lo anterior, esta Primera Sala no pasa desapercibido que el acuerdo al que llegaron las partes pudiera considerarse como una especie de cumplimiento de la sentencia de amparo, en los términos fijados por el Juzgado de Distrito. No obstante, esa resolución no se encuentra firme y las partes tienen el derecho de llegar a un acuerdo en cualquier momento del proceso, del cual se desprende con claridad la voluntad de desistirse.

53. Sin dejar de destacar que este tipo de cobertura en los contratos de seguro debería formar parte de las buenas prácticas de las compañías aseguradoras, a fin de evitar mensajes discriminatorios en las cláusulas respectivas y, consecuentemente, que las personas en situación de discapacidad no se vean en la necesidad de tener que promover litigios para impugnar exclusiones injustificadas.

54. Es así, pues los contratos, al ser normas jurídicas aplicables entre particulares, no deben prescindir del mandato plasmado en el artículo 1o. de la Constitución Política del país, en el sentido de que existe la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32660-140bfe89/desistimiento-del-juicio-de-amparo-cuando-se-involucren · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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