Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR PERSONAS ADULTAS MAYORES. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3165/2024. · Registro digital (IUS): 33557
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo V, Volumen 2, Pág.1102.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3165/2024. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIADO: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y JORGE ISAAC MARTÍNEZ ALCÁNTAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: un hombre adulto mayor y pensionado por invalidez demandó a una aseguradora el cumplimiento de un contrato de seguro institucional que ampara el riesgo de incapacidad total y permanente.

En la sentencia definitiva se absolvió a la aseguradora al considerar que se actualizaba una de las cláusulas de exclusión previstas en la póliza de seguro, consistente en que su cobertura tiene como límite la edad de sesenta y cinco años, mientras que el reclamante tenía sesenta y siete años cumplidos en la fecha en que declaró su estado de invalidez. Por lo tanto, la autoridad judicial concluyó que no existía obligación de la aseguradora de cubrir la suma demandada.

Inconforme, el asegurado promovió un juicio de amparo directo en el que solicitó que le fuera suplida la deficiencia de la queja y cuestionó tanto la constitucionalidad de las cláusulas de exclusión, como su aplicabilidad, debido a que no tenía conocimiento de ellas.

El Tribunal Colegiado consideró que en el caso no era procedente la suplencia de la queja. En ese sentido, negó el amparo al declarar inoperantes los conceptos de violación por considerar que el quejoso no indicó con claridad cuáles eran las cláusulas cuya constitucionalidad impugnaba y porque no combatió todas las consideraciones empleadas por la autoridad responsable.

En contra de esta determinación, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión para impugnar la falta de aplicación de la suplencia de la queja.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3165/2024 interpuesto por Persona “A” en contra de la sentencia de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo 1088/2022.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos de procedencia del recurso, si el Tribunal Colegiado de Circuito observó la doctrina constitucional en relación con la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de las personas adultas mayores.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos:(1) El once de enero de mil novecientos noventa y tres se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para celebrar convenios con Aseguradora 1, Sociedad Anónima (en adelante, “Aseguradora 1”) a fin de establecer nuevas condiciones de aseguramiento de los servidores públicos”,(2) para cubrir los riesgos de fallecimiento e incapacidad total y permanente.

2. En el artículo segundo del mencionado acuerdo se establecieron las bases para la contratación de las nuevas condiciones de aseguramiento en los términos siguientes:

ARTÍCULO SEGUNDO. Las nuevas condiciones de aseguramiento referidas en el artículo anterior, se ajustarán a las bases que a continuación se indica:

I. El objeto de los convenios será cubrir los riesgos de fallecimiento o de incapacidad total y permanente de los servidores públicos que presenten sus servicios en las dependencias del Ejecutivo Federal y en el Departamento del Distrito Federal, incluyendo a los servidores públicos superiores y de mandos medios. En adición a las coberturas mencionadas se mantendrá un seguro colectivo de retiro a favor de los citados servidores.

Quedarán excluidos de la protección referida en este Acuerdo, los servidores públicos que presten sus servicios mediante contrato sujeto a la legislación común o que perciban sus emolumentos por honorarios o haberes.

En los convenios correspondientes se estipulará lo que debe entenderse por incapacidad total y permanente, con sujeción a lo dispuesto por la Ley de la materia.

[...]

II. La protección prevista en el presente Acuerdo, se otorgará a los servidores públicos aludidos, cualquiera que sea su sexo, edad u ocupación y sin necesidad de examen médico, a partir de la fecha de ingreso consignada en el nombramiento respectivo o de aquélla en que sean incluidos en las listas de raya de los servidores públicos temporales, para obra determinada o por tiempo fijo. Los servidores públicos que, a la entrada en vigor del presente Acuerdo, se encuentren en activo, gozarán de la protección mencionada, a partir de la fecha de vigencia de este Acuerdo.

III. La suma asegurada para cada servidor público asegurado, en caso de fallecimiento o de incapacidad total y permanente, será igual a la cantidad equivalente a cuarenta veces el salario mensual que perciba al momento del siniestro.

Para efectos de este Acuerdo y de los convenios que deriven del mismo, el salario será consignado en el tabulador general de las dependencias de la Administración Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal. Tratándose de las entidades paraestatales, el salario será el consignado en el tabulador dictaminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las dependencias, las entidades y el Departamento mencionados, comunicarán por escrito a Aseguradora 1, S.A., los salarios correspondientes.

IV. Aseguradora 1, S.A., pagará la suma asegurada al servidor público asegurado o a sus beneficiarios, según corresponda, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se le acredite la ocurrencia el siniestro, mediante la entrega de los documentos siguientes:

a) Copia certificada del acta de defunción del asegurado o, constancia expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o, en su caso, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del dictamen de incapacidad total y permanente;

b) Comprobante del último pago de salario del servidor público;

c) Solicitud de pago del asegurado, del representante legal o de los beneficiarios, según corresponda; y,

d) Identificación del asegurado y del representante legal o de los beneficiarios, según sea el caso.

V. El pago del importe total de la suma asegurada por cada servidor público asegurado, se hará, a elección del mismo, de acuerdo a lo siguiente:

a) En una sola exhibición, a los beneficiarios designados para el caso del fallecimiento y, tratándose de incapacidad total y permanente, al propio asegurado o a su representante legal, según corresponda;

b) Mediante abono a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro; o,

c) Combinando porcentualmente las dos opciones anteriores.

El pago de la cobertura de vida excluye el de la incapacidad permanente y, el de esta última al primero.

VI. Los servidores públicos que queden protegidos conforme a las nuevas bases de cobertura de fallecimiento o de incapacidad total y permanente previstas en este Acuerdo, que tengan algún otro empleo, cargo o comisión en dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, en el Departamento del Distrito Federal, en el Poder Legislativo, o en el Poder Judicial de la Federación, por los cuales se encuentran incorporados a las mencionadas bases de cobertura, quedarán asegurados por la suma de sus percepciones.

VII. El importe de la prima mensual a pagar por cada servidor púbico asegurado, será la cantidad equivalente al 1.8% (uno punto ocho por ciento) del salario mensual del servidor público, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, o del Departamento del Distrito Federal, según corresponda. [...].

3. En cumplimiento a tal acuerdo, el quince de febrero de mil novecientos noventa y tres, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Aseguradora 1 celebraron un convenio por el que se establecieron nuevas condiciones para el aseguramiento de los trabajadores al servicio de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Tal convenio es identificado como Póliza 1.

4. En dicho convenio se reprodujeron las condiciones de aseguramiento previstas en el Acuerdo de once de enero de mil novecientos noventa y tres y, en relación con la incapacidad total y permanente, se estableció en su cláusula segunda que:

Para los efectos de este convenio, se entenderá por incapacidad total y permanente:

a) La incapacidad que sufra el servidor público asegurado de una manera total y permanente, por accidente o enfermedad a que esté expuesto en el ejercicio con motivo de su trabajo; o,

b) La incapacidad total y permanente que inhabilite al servidor público asegurado para el desarrollo de su trabajo, por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo.

En todo caso, el dictamen de incapacidad total y permanente deberá ser expedido por “El Instituto”.

5. El veintidós de octubre de dos mil uno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adquisición de la totalidad de los títulos representativos del capital social de Aseguradora 1, propiedad del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos.(3)

6. Con motivo de ese proceso de venta, en dos mil dos, la aseguradora 2, Sociedad Anónima (en adelante, “Aseguradora 2”) adquirió a Aseguradora 1. En atención a dicha operación, posteriormente, se emitió:

• La póliza de seguro institucional de vida grupo con beneficio de separación individualizado que emite Aseguradora 2 para proteger a los servidores públicos en activo, así como jubilados y pensionados que satisfagan los requisitos para su incorporación que laboran en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Póliza 2); y,

• El convenio modificatorio de la póliza de seguro de vida o incapacidad total y permanente que celebran el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Aseguradora 2 (Póliza 3), con el objeto de concertar el beneficio adicional de incremento de la suma asegurada estipulada en la Póliza 2.

7. En tales pólizas se contempla la indemnización por incapacidad total y permanente, en los términos siguientes:

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

Para efectos del beneficio adicional de incapacidad total y permanente, se conviene que el mismo operará en caso de que el asegurado sufra la pérdida de la vista, de las dos manos o de los dos pies o de una mano y un pie, o de una mano o un pie conjuntamente con la vista de un ojo.

También se entiende por incapacidad total y permanente, la que inhabilite al asegurado para el desarrollo de su trabajo habitual o de cualquier otro compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social, de una manera total y permanente, por accidente o enfermedad a que esté expuesto en el ejercicio o con motivo de su trabajo o, por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo. En todo caso, el dictamen correspondiente deberá ser emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

[...]

Para los efectos de esta póliza, se entenderá por incapacidad total y permanente:

a) La incapacidad que sufra el asegurado de manera total y permanente, por accidente o enfermedad a que esté expuesto en el ejercicio o con motivo de su trabajo que lo inhabilite para su desempeño; o de cualquier otro compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social.

b) La incapacidad total y permanente, que inhabilite al asegurado para el desarrollo de su trabajo o de cualquier otro compatible con sus conocimientos, aptitudes y posición social, por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo. [...].

8. A su vez, en la foja dos de cada una de las mencionadas pólizas se estableció que:

Para la cobertura de incapacidad total y permanente se cubrirá toda aquella que se derive de un accidente o enfermedad profesional independientemente de la edad del asegurado.

Para la cobertura de incapacidad total y permanente originada por causas ajenas al desempeño del cargo o empleo del servidor público asegurado, se establece la edad de sesenta y cinco años como límite máximo de permanencia en la colectividad protegida por este beneficio; en consecuencia, la persona que se trate, a partir del mismo día en que cumpla sesenta y seis años de edad, quedará sólo protegida por el riesgo de fallecimiento, con igual importe de prima.

9. En las mencionadas pólizas se asentó que fueron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, bajo los registros Número de registro 1 de 24 de abril de 2012 y Número de registro 2 de veintiuno de abril de dos mil quince.

10. Estado de invalidez. El señor Persona “A” ingresó a laborar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el primero de enero de mil novecientos ochenta y seis, como médico cirujano. En ese entendido, fue incorporado a las condiciones de aseguramiento pactadas con la Aseguradora 1, en términos de la Póliza 1 y que posteriormente brindó Aseguradora 2.

11. El veinticinco de junio de dos mil quince, el Comité de Medicina de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aprobó el dictamen de invalidez y el otorgamiento de una pensión definitiva por invalidez por enfermedad o accidente ajeno al trabajo y demás prestaciones, por ser diagnosticado con glaucoma primario con daño moderado severo (enfermedad que daña el nervio óptico).

12. En atención al dictamen aprobado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió el formato RT-09 con número de folio Número de folio, mediante el cual reconoció su estado de invalidez y el ocho de julio de dos mil quince se le notificó formalmente la aprobación de su pensión por invalidez mediante oficio Número de oficio.

13. Solicitud de pago de seguro institucional. El siete de abril de dos mil dieciséis, el señor Persona “A” solicitó a Aseguradora 2 el pago del seguro institucional por incapacidad total y permanente, para lo cual presentó la documentación correspondiente. Luego, en atención a que no recibió respuesta, el veinticuatro de enero de dos mil veinte, solicitó que le fuera expedida la constancia de la negativa a su solicitud, sin que tampoco recibiera respuesta alguna.

14. Juicio oral mercantil (expediente Número de expediente 1). Ante la falta de respuesta a sus solicitudes, el once de febrero dos mil veintiuno, el señor Persona “A” demandó a Aseguradora 2 el cumplimiento del contrato de seguro correspondiente a la póliza institucional Póliza 1 que ampara el riesgo de incapacidad total y permanente de los trabajadores al servicio civil de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y de su programa de actualización y, como consecuencia de ello, el pago de:

• La cantidad correspondiente a cuarenta veces el salario mensual de Una cantidad de dinero, que arroja un total de Una cantidad de dinero; y,

• La cantidad correspondiente a setenta y ocho veces el salario mensual de Una cantidad de dinero, que arroja un total de Una cantidad de dinero.

15. De la demanda correspondió conocer a la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, con residencia en Torreón Coahuila de Zaragoza, quien la admitió a trámite.

16. Sentencia definitiva. El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza de Distrito dictó la sentencia definitiva correspondiente, en la que absolvió a la aseguradora demandada de todas las prestaciones reclamadas al considerar que si bien se acreditó tanto la existencia de los contratos de seguro, como la materialización del riesgo amparado por las Póliza 2 y Póliza 3, que sustituyeron a la Póliza 1, lo cierto era que se actualizaba una exclusión prevista en tales pólizas que permite a la aseguradora omitir su pago. Dicha conclusión se sustentó en los razonamientos siguientes:

• Existencia del contrato de seguro. De los medios de prueba que obran en autos, se obtiene que las Póliza 2 y Póliza 3 son a las que actualmente se encuentra afiliado el actor. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que remitió la Delegación Estatal Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las que consta la “solicitud de consentimiento para ser asegurados y designación de beneficiarios, recursos humanos o equivalente” de siete de noviembre de dos mil diez, a nombre de Persona “A”, relacionada con las mencionadas pólizas. También se toma en cuenta la confesión del accionante en relación con que tiene conocimiento de que le son aplicadas las pólizas de seguro en cuestión.

• Materialización del riesgo amparado. Se cumple con las cláusulas relativas al objeto del contrato de seguro, que incluye el beneficio de indemnización por incapacidad total y permanente, pues el actor demostró que presentó ante la aseguradora los documentos que debía entregar para obtener el pago de la suma asegurada reseñados en el contrato de seguro y su potenciación; en el entendido de que el siniestro que sufrió (invalidez total) sí se encuentra amparado en las pólizas de seguro.

• Incumplimiento de la obligación de pago. No obstante, es improcedente su pago ya que es fundada la excepción planteada por la aseguradora demandada pues, efectivamente, en las Póliza 2 y Póliza 3 se establece en términos similares que, para el caso de la cobertura de incapacidad total y permanente originada por causas ajenas al desempeño del cargo o empleo del servidor público asegurado, se cuenta como límite la edad de sesenta y cinco años y que, a partir de la fecha en la que se cumpla sesenta y seis años, únicamente quedaría cubierto el pago por el riesgo de fallecimiento sin variar la prima.

• Del formato RT-09 de veintisiete de febrero de dos mil quince, expedido a favor del señor Persona “A” por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se le diagnosticó el padecimiento que originó su estado de invalidez por enfermedad o accidente ajeno al trabajo, se obtiene que contaba en esa fecha con sesenta y siete años cumplidos.

• Tal circunstancia se corrobora con la copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral en favor del señor Persona “A”, de la que se advierte que nació el cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y siete. Información que también se corrobora con lo depuesto por el propio actor durante el desahogo de la prueba confesional por posiciones.

• En consecuencia, se actualiza la causa de exclusión establecida en la póliza de seguro institucional de vida expedida al accionante y, como consecuencia, procede absolver a Aseguradora 2 del cumplimiento de las pólizas de seguro Póliza 2 y Póliza 3, así como de las demás prestaciones accesorias reclamadas.

17. Juicio de amparo directo (expediente número 1088/2022). En contra de esa decisión, el señor Persona “A” promovió un juicio de amparo directo, al que se adhirió Aseguradora 2. Del asunto correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. En la demanda de amparo, el quejoso formuló —en lo que interesa— los siguientes conceptos de violación:

• Inconstitucionalidad de las cláusulas de exclusión. Las cláusulas de exclusión del contrato de seguro en las que se establece la edad de sesenta cinco años como causa de terminación de la vigencia de la cobertura por invalidez total y permanente son inconstitucionales porque violentan los derechos de las personas consumidoras y de las personas adultas mayores, así como a la igualdad y no discriminación.

• La limitante de sesenta y cinco años es irracional y desproporcionada pues es un hecho notorio que, es precisamente a esa edad, cuando el ser humano empieza a resentir mayores afectaciones a su salud que derivan en estados invalidantes que les impiden trabajar. En ese sentido, constituye una restricción incompatible con el objetivo de un seguro de jubilación e incapacidad. • Si la finalidad del contratar esa póliza individual fue el que se pagara una indemnización en el supuesto de que por una enfermedad o accidente el quejoso no pudiera trabajar, es evidente que la citada limitante es inconstitucional porque sorprende la buena fe del usuario contratante y el principio de confianza legítima ya que el riesgo de padecer un estado invalidante se incrementa con los años.

• Si la aseguradora aceptó ingresar al quejoso como un usuario de los servicios que brinda, resulta inconstitucional que se limite la vigencia del seguro a sesenta y cinco años, pues con su actuar se genera una discriminación etaria que no es compatible con los derechos a la igualdad y a la salud, así como a la seguridad social.

• Las cláusulas de exclusión discriminan a los usuarios que han llegado a una edad en la que se les reconoce como adultos mayores, ya que buscan dejarlos sin protección cuando se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad.

• Aplicabilidad de las cláusulas de exclusión. Al quejoso no le son aplicables las cláusulas de exclusión porque cuando contrató las pólizas institucionales, tales limitantes no se contemplaban. Tampoco existe constancia de que diera autorización por medio de su firma, a efecto de que se autorizara su aplicación en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.(4)

• La autoridad responsable soslayó que se violentó el deber de informar al quejoso por parte de la compañía aseguradora, ya que no existe prueba que demuestre de manera fehaciente que le fueron entregadas las condiciones generales que rigen el contrato de seguro que ampara la póliza individual y, por ello, las cláusulas de exclusión no pueden aplicar en su perjuicio.

• La aseguradora tampoco demostró que las pólizas institucionales que aportó a juicio eran las mismas que estaban vigentes a la fecha en que el quejoso contrató el seguro, pues incluso la fecha de su registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas fue hasta el veintiuno de abril de dos mil quince, lo cual pone en duda que fueran las originalmente contratadas.

• Finalmente, el quejoso señaló que en el caso aplica la suplencia de la queja, toda vez que es una persona con discapacidad y es la parte débil de la relación contractual, lo que lo pone en un estado de vulnerabilidad y debilidad como consumidor y usuario de los servicios que presta la demandada.

18. Sentencia recurrida. En sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito negó el amparo y declaró sin materia el amparo adhesivo. En relación con el amparo principal declaró inoperantes los conceptos de violación con base en las siguientes consideraciones:

• En relación con la suplencia de la queja, se indicó que no se actualizaba ningún supuesto que permitiera aplicar esa institución en favor del quejoso, pues aun cuando los contratos de seguro institucional deriven de una prestación laboral, lo fundamental es que en el juicio oral mercantil no se reclama al patrón prestación alguna, sino que la materia de estudio se circunscribe a determinar la procedencia o no del cumplimiento del contrato de seguro.

• Inconstitucionalidad de las cláusulas de exclusión. Son inoperantes los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad de las cláusulas de exclusión, porque en su formulación deben cumplirse premisas esenciales mínimas tales como: a) señalar la norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se considere conculcada, b) la invocación de la disposición secundaria reclamada, y c) los conceptos de violación en los cuales se trate de demostrar que la norma impugnada es contraria a la Constitución.

• El quejoso no cumple con el requisito previsto en el inciso b), ya que no señala con precisión cuál es la disposición secundaria reclamada, esto es, no identifica la cláusula del seguro institucional que, en su caso, se contrapondría con las normas constitucionales que señala como vulneradas.

• Entonces, si en la demanda de amparo no se especifica cuál o cuáles cláusulas y de cuál póliza o pólizas son las que resultan inconstitucionales, menos se trascriben, por ese solo hecho se configura la inoperancia de los conceptos de violación sin necesidad de abundar en cuanto al cumplimiento de los requisitos restantes contemplado en los incisos a) y c).

• Aplicabilidad de las cláusulas de exclusión. También son inoperantes los conceptos de violación dirigidos a demostrar que las pólizas institucionales Póliza 2 y Póliza 3 no son aplicables al actor por diversos motivos tales como que: a) no las conocía, b) antes no existía la limitante de edad, c) no se otorgó la autorización cuando existían derechos adquiridos, entre otras.

• Lo anterior es así, porque el quejoso omite controvertir las razones fundamentales con las que la autoridad responsable determinó la aplicabilidad de las mencionadas pólizas y para considerar que el solicitante de amparo tenía conocimiento de ellas.

• Para efectos de establecer la aplicabilidad de las pólizas de seguro, en la sentencia reclamada se tomó en cuenta la solicitud de “consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios, recursos humanos o equivalente” de siete de noviembre de dos mil diez a nombre del quejoso, así como su confesión en relación con que tenía conocimiento de que se encontraba afiliado a las pólizas de seguro ahora cuestionadas; no obstante, el solicitante de amparo no formula argumento alguno con el fin de combatir su valor probatorio.

19. Recurso de revisión. En desacuerdo, el quejoso Persona “A”, por conducto de su autorizado Persona “B”, interpuso un recurso de revisión en el que hizo valer los siguientes agravios:

• Suplencia de la queja. El Tribunal Colegiado de Circuito realizó una interpretación restrictiva del artículo 79 de la Ley de Amparo que atenta contra sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación en su calidad de consumidor y persona adulta mayor con discapacidad, ya que omitió suplir la deficiencia de la queja en beneficio del quejoso y, con motivo de ello, dejó de analizar los planteamientos de fondo que le fueron planteados al considerar que los conceptos de violación eran inoperantes.

• En la sentencia recurrida se pasó por alto que la suplencia de la queja opera en beneficio de los trabajadores en retiro, pues si tal institución es aplicable a los trabajadores en activo, con mayor razón aplica a los pensionados, pues las causas que motivan su aplicación prevalecen con el fin de salvaguardar sus derechos de seguridad social. Lo anterior, con independencia de que el juicio de origen sea de carácter mercantil.

• El Tribunal Colegiado de Circuito debió realizar una interpretación extensiva del artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la deficiencia de la queja y entrar al estudio de fondo de los conceptos de violación, pues el quejoso se encuentra en una situación de vulnerabilidad en atención a su estado de discapacidad y de persona adulta mayor.

• También debió considerarse que el quejoso es la parte débil de la relación contractual en relación con la aseguradora, lo que lo pone en un estado de vulnerabilidad y debilidad como consumidor y usuario de los servicios que presta la demandada.

20. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso y ordenó su registro con el número de expediente 3165/2024. Asimismo, remitió el asunto a la Primera Sala para su radicación y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para su estudio.

21. Avocamiento. Por acuerdo de once de junio dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, artículo 83 y 96, de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se promueve en contra de una sentencia de amparo en materia civil, especialidad de esta Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

23. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo.(5) La sentencia recurrida se notificó por lista al quejoso el lunes primero de abril de dos mil veinticuatro, la cual surtió efectos al día siguiente, es decir, el martes dos de abril, por lo que el plazo para la interposición del recurso transcurrió del miércoles tres de abril de dos mil veinticuatro al martes dieciséis de abril de dos mil veinticuatro.(6)

24. En tales condiciones, si el escrito de revisión se presentó el martes dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, es claro que es oportuno.

III. LEGITIMACIÓN

25. El señor Persona “A” cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, porque en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo tiene el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo del que derivó la sentencia que ahora recurre.

26. A su vez, el escrito de expresión de agravios fue firmado por Persona “B”, autorizado en términos amplios del quejoso, carácter que tiene reconocido por el Tribunal Colegiado de Circuit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33557-1b133362/juicios-de-amparo-promovidos-por-personas-adultas-mayores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.