AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA. CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO EN EXHIBIR CUALQUIER DOCUMENTO O INFORMACIÓN MATERIA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN. CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE UNA RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE TRES MESES. PRUEBA DE INSPECCIÓN OFRECIDA PARA DESVIRTUAR EL CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE AL DESAHOGARLA NO SE EXHIBAN LOS DOCUMENTOS FÍSICOS RELATIVOS, NO ACTUALIZA LA PRESUNCIÓN DE TENER POR CIERTOS LOS HECHOS ADUCIDOS POR LA PERSONA ASEGURADA, ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 828 Y 899-D DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
AMPARO DIRECTO 29/2022. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 15 DE FEBRERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ALMA RUBY VILLARREAL REYES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Una trabajadora reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de la pensión de vejez en términos de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, así como los incrementos respectivos.
Al dar contestación a la demanda, el instituto negó a la actora acción y derecho al afirmar que contaba con muchas menos semanas de cotización, además de un salario con un monto inferior. Con la finalidad de acreditar tales afirmaciones exhibió el certificado de derechos proveniente de su Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), del cual se desprendía que la última fecha en que cotizó la actora fue en mil novecientos noventa y tres.
En audiencia, la accionante objetó el certificado de derechos y ofreció la prueba de inspección ocular respecto de su expediente personal. A pesar de la oposición del IMSS, la prueba fue admitida.
Puesto que en la diligencia respectiva el instituto no exhibió las documentales requeridas, la Junta del conocimiento tuvo por presuntamente ciertos los hechos que trató de probar la parte actora y condenó en el laudo al otorgamiento en su favor de la pensión de vejez reclamada, así como sus incrementos, aguinaldo y ayuda asistencial.
Inconforme, el IMSS promovió demanda de amparo directo.
Derivado de la solicitud del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de atracción, al cumplir con las características de interés y trascendencia para tal efecto.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo 29/2022, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del laudo de veintiséis de agosto de dos mil veinte dictado en el expediente laboral 4427/2019 por la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Juicio laboral. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, Blanca Estela Calderón Álvarez, por conducto de su apoderado especial, presentó demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el instituto o el IMSS), de quien reclamó el otorgamiento y pago de una pensión de vejez, asignaciones familiares y demás prestaciones inherentes, a partir del uno de junio de dos mil dieciocho; así como los incrementos correspondientes, tomando en consideración un total de 2,597 (dos mil quinientas noventa y siete) semanas cotizadas, y un salario promedio en las últimas doscientas cincuenta semanas de $1,025.60 (mil veinticinco pesos 60/100 M.N.), todo lo anterior con base en la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres.
2. En los hechos narró haber laborado desde enero de mil novecientos setenta [como se advertía de su número de seguridad social] y hasta el trece de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente para cuatro personas empleadoras, señalando el nombre y domicilio de cada una de ellas, así como los periodos laborados y los puestos que había tenido, a saber, ayudante general, supervisora de prendas y encargada general; este último adujo haberlo desempeñado aproximadamente por diecinueve años.
3. A su demanda acompañó como pruebas una documental privada consistente en copia de las "Bases para la integración de números de seguridad social", una copia simple de su acta de nacimiento y la presuncional legal y humana.
4. Del asunto correspondió conocer a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, la cual mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, la admitió a trámite y la registró bajo el expediente 4427/2019.
5. Contestación. El Instituto Mexicano del Seguro Social esencialmente negó el derecho de la actora para obtener sus pretensiones; a mayor abundamiento adujo que, conforme a lo establecido en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, la actora se encontraba obligada a exhibir en juicio la resolución de negativa de pensión; también sostuvo que su contraparte únicamente contaba con 490 (cuatrocientas noventa) semanas de cotización reconocidas y un salario promedio en las últimas doscientas cincuenta semanas por un monto de $56.69 (cincuenta y seis pesos 69/100 M.N.).
6. Como pruebas de su parte, exhibió la hoja de certificación de derechos extraída del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (en adelante SINDO) del cual se desprendía que la última fecha en que tuvo registro de cotización a nombre de la actora fue en mil novecientos noventa y tres, con conservación de derechos hasta el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco.
7. Asimismo, estimó que era inverosímil que la actora hubiera laborado cuarenta y nueve años y no exhibiera ningún documento para acreditarlo.
8. Objeción de pruebas. En la audiencia de ley, la parte actora objetó el contenido del certificado de derechos aportado por el instituto y, para demostrar su objeción, ofreció la prueba de inspección ocular con el fin de verificar la información contenida en dicho sistema, y solicitó de manera expresa que se inspeccionaran "Los documentos y/o formatos ‘AFIL 02’ para las altas que presentó la actora ante las patronales que cotizó, los formatos ‘AFIL 04’ para las bajas que presentó la actora ante las patronales en que cotizó, los formatos ‘AFIL 03’ para las modificaciones salariales que presentó el acto (sic) ante las patronales que cotizó y el formato ‘SU 63 constancia de semanas cotizadas’, que ‘se encuentra en el expediente personal de la actora’."
9. El IMSS controvirtió la pertinencia de la prueba de inspección, pues indicó que era el ente asegurador, mas no patrón y que tampoco estaba obligado a conservar documento alguno sobre las altas y bajas de sus asegurados, conforme al artículo 3 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
10. Laudo. En resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte la Junta responsable consideró que la carga de la prueba le correspondía al IMSS, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo.
11. Lo anterior, en aras de garantizar una igualdad real en el proceso mediante la tutela y protección de la parte actora, relevándola de la carga de la prueba; máxime que, conforme a los artículos 240 de la Ley del Seguro Social anterior y 251 de la ley en vigor, así como lo dispuesto por los artículos 4, 6, 7, 13, 14 y 15 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, el demandado era quien poseía los documentos con la información idónea para acreditar el tiempo de cotización, al corresponderle el registro e inscripción de las personas trabajadoras al régimen obligatorio, altas y bajas de éstas, así como el registro de los salarios y sus modificaciones.
12. Atento a ello, la Junta razonó que la inspección ocular a cargo del instituto respecto del expediente personal de la actora, que omitió presentar el demandado, generaba una presunción que no fue desvirtuada con prueba alguna en contrario, considerando que el certificado de derechos exhibido por el instituto carecía de valor probatorio por vicios propios.
13. Al respecto, sostuvo que analizando el referido certificado a verdad sabida y buena fe guardada, con fundamento en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, se desprendía que en él se omitió asentar las semanas cotizadas con cada una de las personas empleadoras en tanto sólo se anotaron los días cotizados, faltando al principio de transparencia; asimismo, asentó que carecía de nombre y firma en el apartado que correspondía al "responsable de la localización", aunado a que la información que contenía era contradictoria y confusa ya que mencionaba que la parte actora cotizó un total de 400 semanas y, posteriormente, establecía la leyenda "ley 1973 semanas reconocidas al" luego señala "ley 1997 semanas cotizadas" y en los apartados correspondientes a semanas reconocidas en la ley 1973 y 1997, no le reconocía semana alguna.
14. También señaló que no pasaba desapercibido que había una hoja denominada cálculo de salario promedio que contenía las operaciones efectuadas para arribar a éste; sin embargo, el documento oficial y válido para establecer el salario promedio era el certificado de derechos, lo que demeritaba su valor probatorio; aunado a que de la hoja indexada se desprendía que la parte actora fue registrada con distintos salarios, mismos que no se desprendían de la hoja de certificación de derechos, por lo cual dicha hoja era contradictoria con el propio certificado exhibido, máxime que ni los artículos 258 C y 258 D de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, ni de lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, inciso d), y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advertía que dicha hoja formara parte del certificado de derechos.
15. Así, con base en la presunción derivada de la prueba de inspección, determinó que toda vez que el instituto no presentó la documentación solicitada sin acreditar una imposibilidad material o jurídica, debían tenerse como presuntivamente ciertos los hechos tratados de probar, es decir, las 2,597 (dos mil quinientas noventa y siete) semanas cotizadas y el salario de $1,025.60 (mil veinticinco pesos 60/100 M.N.) pesos diarios que la parte trabajadora señaló en su demanda; por lo que lo condenó a otorgar a la parte actora la pensión de vejez con base en la cuantía básica del 100 % (cien por ciento), a partir del trece de diciembre del dos mil dieciocho, dada la procedencia de la excepción de prescripción interpuesta por la demandada; también condenó al pago de los incrementos de la pensión, aguinaldo y ayuda asistencial.
16. Amparo directo. Inconforme con dicho laudo, el cinco de octubre de dos mil veinte el IMSS, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo directo en su contra, de la cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el cual mediante proveído de tres de diciembre de la misma anualidad la registró bajo el expediente 752/2020, reconoció el carácter de tercera interesada a Blanca Estela Calderón Álvarez y la admitió a trámite.
17. Los conceptos de violación esgrimidos por el instituto quejoso son esencialmente los siguientes:
• Se viola el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica al admitir la responsable la prueba de inspección ofrecida por la actora en un escrito de objeciones sin haberle dado la oportunidad de pronunciarse sobre ésta, pues al ser un procedimiento especial de seguridad social, se le debió correr traslado con el mismo, acorde a lo dispuesto en el artículo 899-C, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo.
• La Junta soslayó que la inspección ocular debe atender a lo dispuesto en el artículo 899-D de la ley laboral, por tratarse de un procedimiento especial de seguridad social y no debió admitirla como si se tratara de un procedimiento ordinario laboral.
• Conforme al citado artículo, sólo estaba obligado a exhibir los documentos que la ley establece, por lo que al ofrecer como prueba el certificado de derechos a través del SINDO (Sistema Integral de Derechos y Obligaciones), y señalar la imposibilidad física y material de proveer el expediente personal físico de la actora que contuviera las altas, bajas y registro de salarios en el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por ésta, dicho certificado tiene pleno valor probatorio, por las razones siguientes:
• Lo dispuesto en los artículos 784, 804 y 899-D de la Ley Federal del Trabajo, debe verse en conjunto con las disposiciones de carácter obligatorio contenidas en lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5(1) del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y concluir que resulta materialmente imposible exhibir los movimientos afiliatorios de los trabajadores en el local de la Junta de forma impresa, ya que se encuentran contenidos de forma electrónica en el SINDO desde mil novecientos ochenta y dos, ya que el Ejecutivo Federal promulgó un decreto en el que se dispuso que dicha información se almacenaría de esta manera, siendo obsoleto que guarde de manera física la documentación de casi veinte millones de asegurados vigentes, incluyendo los que ya no lo están y los que ya fallecieron, razón por la cual es absurdo, ilógico y humanamente imposible que todos los movimientos afiliatorios se hagan como si se tratase de nóminas.
• Que atendiendo a la jurisprudencia 2a./J. 19/2013 (10a.), de rubro: "PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA SOBRE LA PANTALLA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (SINDO) DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU VALOR PROBATORIO.", la prueba de inspección practicada sobre la pantalla del sistema integral de derechos y obligaciones del instituto, es facultad de la autoridad jurisdiccional apreciarla en su contexto y darle el valor que le corresponde acorde a su contenido, es decir, con los datos asentados por el fedatario con vista en los medios electrónicos autorizados en torno a la materia para la cual se ofreció y con las reglas de impugnación o, en su caso, concatenarla con otras probanzas, de modo que su alcance probatorio depende del conjunto de pruebas aportadas y permitidas por la ley.
• Es ilegal que la responsable estableciera que la actora no se encontraba obligada a probar las relaciones de trabajo que el instituto negó lisa y llanamente, de los cuales desconoce e ignora su existencia, por el solo hecho de que la inspección fue sobre hechos afirmativos; por tanto, es falso que el certificado de derechos quedó desvirtuado con la inspección ocular y tuviera por cierto los patrones, las semanas y salarios aducidos por la actora respecto de relaciones laborales de terceros ajenos al juicio.
• Que al negar lisa y llanamente la existencia de los supuestos y falsos patrones que la actora adujo en sus hechos, correspondía a ésta acreditarlo, como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 48/2013 (10a.), de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA HABER LABORADO EN UN PERIODO DETERMINADO Y LA PARTE DEMANDADA LO NIEGA LISA Y LLANAMENTE.", máxime que, al no demandarlos, ello no formó parte del juicio, aunado a que no aportó elemento alguno para acreditar las relaciones de trabajo aducidas en la demanda.
• Sostiene que la responsable pasa por alto que la demanda está sustentada en patrones, salarios y semanas falsas, excesivas e inexistentes, lo que resulta en detrimento del patrimonio del instituto.
• Que el instituto, al sólo recibir la información que los patrones y sujetos de aseguramiento reportan, para que ésta sea considerada como falsa se debió desvirtuar con un medio de prueba fehaciente que lo acreditara, por tratarse de información fiscal emitida por una autoridad competente que goza de pleno valor probatorio.
• Que es ilegal la consideración de que la información contenida en la consulta de cuenta individual estaba incompleta dado que, por regla general, la prueba inspección tiene por objeto verificar por conducto de la persona servidora pública facultada para ello aquellos hechos que no requieren de conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales, y de los cuales puede darse fe, tales como la existencia de documentos, cosas o lugares y sus características específicas perceptibles a través de los sentidos, principalmente de la vista, como se desprende de los artículos 827 y 829, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de suerte que dicha probanza no es la idónea para determinar ni las semanas cotizadas ni el salario promedio que la actora refiere en su demanda, puesto que la obtención de dicha información no puede verse reflejada a simple vista por el funcionario que la realizó.
• Que también es ilegal el razonamiento de que la certificación de derechos carece de valor probatorio dado que el número de seguridad social de la actora acreditó una diversa fecha de ingreso al régimen obligatorio del seguro social.
• Que es ilegal que se tuviera por cierto que la actora cotizó desde mil novecientos setenta de manera ininterrumpida en base a la integración del número de seguridad social, ya que el manual denominado "Bases para la Integración de Números de Seguridad Social" ofrecida por aquélla para demostrar cómo se integra el número de afiliación, no es prueba para demostrar que existió una relación obrero patronal ni que estuvo aportando al régimen pensionario contemplado en la Ley del Seguro Social, pues el número de afiliación no genera automáticamente derecho a reconocer de manera ininterrumpida esas semanas de cotización.
• La responsable no se pronunció en cuanto al límite de 10 salarios mínimos, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 8/2016 (10a.), de rubro: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO.", puesto que si bien el citado numeral establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente que rige en el Distrito Federal, ello con excepción de los seguros de invalidez, cesantía, vejez y muerte que tendrán como límite superior el correspondiente a diez veces el salario referido, por lo que el salario para tomar en cuenta es el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, de suerte que al no estimarlo así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de todos los mexicanos que son quienes cubren tales pensiones.
• Por tanto, es ilegal que a la actora se le debiera reconocer un salario tope con base en el artículo 28 de la Ley del Seguro Social de 1997 por ser una trabajadora de transición, lo cual no existe, pues aun cuando las personas trabajadoras hubiesen sido inscritas al régimen obligatorio bajo el régimen de la ley de 1973, y aún continuara cotizando conforme a la ley de 1997, tiene el derecho a adherirse a un régimen o al otro, pero ello no significa que habrá de calcularse la pensión en términos de aquélla y además aplicarle el beneficio del artículo 28 de esa ley.
18. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Seguidos los trámites de ley, en sesión virtual celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el citado Tribunal Colegiado dictó sentencia en la cual resolvió someter a consideración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción para conocer de dicho juicio de amparo y su adhesivo, al afirmar que existían "miles" de casos que se encontraban en la misma situación, reclamándose al IMSS salarios inverosímiles y miles de semanas cotizadas que no se acreditan más que con una presunción derivada de la omisión del instituto de exhibir la totalidad de los documentos materia de la inspección ocular y sin mayor sustento que la narrativa de los hechos; además de que nunca se llama a juicio a los patrones. 19. El asunto fue radicado ante este Alto Tribunal bajo el expediente de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 148/2022 y, en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, esta Segunda Sala determinó por unanimidad de cinco votos ejercer su facultad de atracción.
20. La anterior decisión se sustentó, esencialmente, en que, si bien esta Segunda Sala contaba con criterios respecto de la carga de la prueba del ente asegurador en el pago de las pensiones cuando se cuestionaba la validez del certificado de derechos, lo cierto era que el asunto cuya atracción se puso a consideración de esta Segunda Sala permitiría reflexionar sobre las cargas probatorias que jurisprudencialmente se han impuesto al IMSS para acreditar la procedencia de las pensiones, así como la participación que, en su caso, deba tener la persona empleadora a aportar datos, o la metodología a seguir en el desahogo de la prueba de inspección respecto de documentos en poder del instituto.
21. Asimismo, se sostuvo que entrañaría una oportunidad de precisar la distribución de las cargas probatorias en aquellos casos en que existiera una diferencia entre el salario y las semanas cotizadas narradas en la demanda frente a las alegadas por el citado instituto con base en la hoja de certificación de derechos, así como el valor que se le ha dado jurisprudencialmente.
22. Por otro lado, cabría abordar si el criterio de verosimilitud podría emplearse en caso de que se adviertan excesivas discrepancias en salarios base de cotización o semanas cotizadas, tendiendo a una resolución razonable, ya sea allegándose de más pruebas, de datos estadísticos o, incluso, de la lectura integral del expediente.
23. Trámite ante la Suprema Corte. En acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, el Ministro presidente de este Alto Tribunal radicó la demanda que nos ocupa y la registró con el número de amparo directo 29/2022. Asimismo, turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Segunda Sala, para la elaboración del proyecto correspondiente.
24. En proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós la Ministra presidenta de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
25. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo directo, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción V, 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de que su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haber sido aprobadas por unanimidad de cinco votos.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
27. Resulta innecesario el estudio de la oportunidad y de legitimación de quien interpone el amparo, en virtud de que ello ya fue analizado por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento.
III. FIJACIÓN DE LA LITIS
28. Conforme con lo hasta aquí expuesto, la controversia consiste en determinar si en los procedimientos especiales de seguridad social relativos al otorgamiento y modificación de pensiones por vejez y/o cesantía en edad avanzada la presunción derivada de la prueba de inspección es suficiente para desvirtuar el valor probatorio de la hoja de certificación de derechos contenida en el SINDO y exhibida por el IMSS y, en relación con lo anterior, determinar si los criterios emitidos por esta Segunda Sala respecto de las cargas probatorias impuestas a la parte patronal resultan igualmente aplicables al IMSS cuando actúa como ente asegurador, aunado a dilucidar si el criterio de verosimilitud podría extenderse a excesivas discrepancias en salarios base de cotización o semanas cotizadas, tendiendo a una resolución razonable.
29. Estas consideraciones son obligatorias al haber sido aprobadas por unanimidad de cinco votos.
IV. ESTUDIO DEL AMPARO PRINCIPAL
Consideraciones preliminares
30. En atención al contenido del artículo 189 de la Ley de Amparo,(2) que alude al estudio de los conceptos de violación que impliquen un mayor beneficio a la parte quejosa, en primer término, esta Segunda Sala precisa que procederá al estudio de los motivos de disenso argüidos, bajo la perspectiva del indicado principio y atendiendo a la causa de pedir expresada en la demanda de amparo.
31. En efecto, tratándose del juicio de amparo directo, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio jurídico, pudiéndose omitir el estudio de aquellos que, aun en el caso de resultar fundados, no mejoren lo alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a inconstitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados, conforme a la jurisprudencia P./J. 3/2005, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."
32. En relación con la causa de pedir que debe ser apreciada por los órganos jurisdiccionales al resolver sobre una controversia que se somete a su jurisdicción, esta Segunda Sala ha considerado que al estudiar una demanda de amparo no debe examinarse de manera aislada, sino considerarse en su conjunto; por tanto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo jurídico, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.
33. En relación con el mismo tópico, también ha establecido que los quejosos no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de la Ley de Amparo no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano deba analizarlos.
34. Los indicados criterios son visibles en las jurisprudencias P./J. 3/2005 y 2a./J. 63/98 emitidas por el Pleno y esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."(3) y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR."(4)
35. Por otra parte, resulta relevante mencionar que el juicio laboral de donde emana el presente amparo es uno de naturaleza especial, que versa sobre un conflicto que la ley de la materia denomina como "individuales de seguridad social", previstos en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo,(5) los cuales tienen por objeto reclamar, entre otros, el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social.
36. Como es posible apreciar, en los indicados procedimientos especiales de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social interviene en su carácter de ente asegurador(6) que organiza y administra las prestaciones establecidas en la referida Ley del Seguro Social; motivo por el cual cuando resuelve sobre la procedencia de alguna prestación en dinero o especie solicitada por algún derechohabiente, de no estar de acuerdo con la resolución que emita, los destinatarios de sus decisiones pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales, en la vía referida, para controvertirlas a fin de lograr la revocación o modificación de sus determinaciones.
37. En atención a lo anterior, es claro que al intervenir en su carácter de ente asegurador en los indicados conflictos individuales, el IMSS se somete a la jurisdicción laboral y actúa en igualdad procesal como todo particular que es demandado para resolver si la pretensión que se le atribuye se encuentra justificada o no, razón por la cual se llega a la conclusión de que el carácter con el que interviene justifica la aplicación del principio de mayor beneficio al estudiar sus conceptos de violación, pues para resolver sobre el reclamo realizado en el juicio de amparo es necesario atender al tipo de acción ejercitada en el juicio de origen, así como a la causa de pedir expresada por el quejoso, tal como se mencionó previamente.
38. Finalmente, previo al análisis concreto de los argumentos del quejoso, resulta importante recordar que esta Segunda Sala ya ha establecido que las Juntas pueden dictar el laudo sin sujetarse a las reglas utilizadas por los órganos judiciales, por no ser un tribunal de derecho sino de arbitraje, pero deben fallar con base en la verdad que resulte de las actuaciones del juicio, por lo que están constreñidas a examinar las actuaciones habidas y a hacer constar en autos ese análisis.
39. Además, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31519-8fd59684/amparo-directo-en-materia-laboral-cuando-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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