SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS EN ÉL CONTENIDOS, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO (PRESUNCIÓN DE CERTEZA DERIVADA DE LA INSPECCIÓN OFRECIDA POR EL ACTOR).
AMPARO DIRECTO 106/2013. 18 DE ABRIL DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: AGUSTÍN DE JESÚS ORTIZ GARZÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. De los antecedentes transcritos, destaca que el ahora quejoso reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social la correcta cuantificación de la pensión de cesantía que le fue otorgada el primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, tomando en cuenta que el promedio salarial era de $**********, y que las semanas de cotización eran 1560; en consecuencia, el pago de diferencias, incrementos en la pensión, así como el pago correcto del aguinaldo, asimismo, la asignación familiar correspondiente a su esposa y la inscripción a la nómina de pensionados.
El demandado, en primer término, opuso la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; por otro lado, afirmó que había pagado al actor su pensión acorde a lo que cotizó ante el instituto y conforme a los artículos 137, 138, 139, 141, 165, 167 y 168 de la Ley del Seguro Social.
En un primer laudo, la Junta declaró procedente la prescripción únicamente por lo que hacía a las pensiones y prestaciones accesorias generadas con anterioridad al 19 de enero de 2008, en virtud de que la demanda laboral había sido presentada el 19 de enero de 2009.
En cuanto al fondo, fijó la carga probatoria en el demandado; de la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía, a la que le otorgó pleno valor probatorio, en atención a que la demandada la hizo suya, así como de la hoja de certificación de derechos del actor desprendió que le fue otorgada pensión de cesantía a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, con base en un salario promedio de $********** (sic), asignándole una pensión de $********** (sic) mensuales y si bien el salario promedio de cotización de $********** (sic) era diferente al que aparecía en la hoja de certificación de derechos de $********** (sic) y que en lugar de "1530 semanas" (sic) que se le tomaron en cuenta, se apreciaba que el actor tenía "1534" (sic), dichas cuestiones eran irrelevantes, toda vez que al considerar uno u otro salario, resultaba que ambos, a la fecha en que le fue otorgada la pensión (1 de abril de 1999), habían perdido su calidad resarcitoria, ya que el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal era de $********** (sic), el cual multiplicado por 30 días arrojaba una pensión de $********** mensuales (sic), que incluía las asignaciones familiares; por tanto, indicó la autoridad, existían diferencias a favor del actor en el pago de su pensión de cesantía; enseguida, procedió a realizar los cálculos que consideró pertinentes hasta llegar a la cantidad por la que condenó.
Inconforme con esa resolución ********** promovió el juicio de amparo directo **********, en el que este tribunal concedió la protección constitucional para efecto de que la Junta repusiera el procedimiento a fin de que admitiera la prueba de inspección 4 ofrecida por el actor y proveyera lo necesario para su desahogo.
En cumplimiento a esa ejecutoria, la autoridad laboral emitió un acuerdo en el que dejó insubsistente el laudo anterior, repuso el procedimiento y admitió la prueba de inspección de que se trata, señalando fecha y hora para su desahogo.
En la diligencia respectiva, el actuario hizo constar que no se le exhibió la documentación requerida; en esa virtud, la Junta hizo efectivo el apercibimiento decretado al instituto demandado y tuvo por ciertos los extremos a probar con dicha inspección.
En el laudo reclamado, la responsable declaró procedente la excepción de prescripción planteada por la parte demandada, únicamente por lo que hacía a las pensiones y prestaciones accesorias generadas con anterioridad al 19 de enero de 2008, en virtud de que la demanda fue presentada el 19 de enero de 2009 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 de la anterior Ley del Seguro Social.
Por otro lado, fijó la carga probatoria en el instituto para demostrar el promedio salarial correspondiente; al analizar el material aportado por las partes, consideró que si bien el actor ofreció la inspección 4 y que se tuvieron al demandado por presuntivamente ciertos los hechos que pretendía demostrar, en virtud de que no se exhibieron los documentos respectivos, dicha presunción quedaba desvirtuada con la hoja de certificación de derechos del actor exhibida en original con firma autógrafa y sello original, la cual únicamente fue objetada en forma general y que, por tanto, tenía valor probatorio pleno; por otro lado, tomó en cuenta que de la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía, a la que también otorgó valor, en atención a que la demandada la hizo suya, se desprendía que se otorgó la pensión de cesantía a partir del 1 de abril de 1999, con base en un salario promedio de $**********, asignándole una pensión de $********** mensuales; de todo ello observó que el salario promedio de cotización de $********** era diferente al que aparecía en la hoja de certificación de derechos de $********** y que en lugar de 1530 semanas que se consideraron para el otorgamiento de su pensión, en la hoja de referencia aparecía que el actor tenía 1534 semanas cotizadas; sin embargo, estimó que dichas cuestiones eran irrelevantes, ya que ambos salarios, el de $********** o el de $**********, a la fecha en que fue otorgada la pensión (1 de abril de 1999), habían perdido su calidad resarcitoria, ya que a esa fecha el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal era de $**********, el cual multiplicado por 30 días arroja una pensión de $********** mensuales, la cual incluía las asignaciones familiares; por tanto, determinó que existían diferencias a favor del actor, por lo que condenó a su pago; para su cuantificación ordenó abrir incidente de liquidación.
El quejoso alega que el laudo reclamado no se apegó a la ejecutoria dictada en el anterior juicio de amparo, lo cual resulta inoperante, porque de acuerdo a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (en la que se apoyó el trámite y resolución del juicio de amparo DT. **********), la presente vía no era la idónea para combatir ese tipo de inconformidades.
Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J. 98/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, Tomo VI, diciembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:
"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja."
En otro orden, en el segundo concepto de violación, el agraviado aduce que fue incorrecto que la Junta haya declarado procedente la excepción de prescripción planteada únicamente por lo que hacía a las pensiones y prestaciones accesorias anteriores al 19 de enero de 2008, porque la demanda laboral se presentó el 19 de enero de 2009, conforme al artículo 279 de la Ley del Seguro Social derogada, ya que afirma que de acuerdo con su precepto 280 (301 de la actual), el derecho al otorgamiento de las pensiones es inextinguible.
Resulta infundado lo anterior.
Contra el reclamo al pago correcto de la pensión de cesantía en edad avanzada que se le otorgó al ahora quejoso, el Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó:
"1) Se encuentra desprovisto de acción y derecho la parte actora para pretender reclamar por la presente vía el pago correcto de la pensión de cesantía en edad avanzada, misma que comenzó a percibir a partir segul ela ctor8(sic) el 1 de abril de 1999 un pago, cumplimiento, correcto y retroactivo de las supuestas diferencias de la pensión de cesantía en edad avanzada, en virtud de que dicho reclamo se encuentra prescrito; y por tal motivo, desde este momento se opone la excepción de prescripción contemplada en los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo y 300 de la Ley del Seguro Social vigente, que establecen que el derecho de los asegurados para reclamar el pago de las prestaciones en dinero, respecto de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, prescriben en un año; en ese orden de ideas, dicho accionante tuvo un año a partir de la fecha en que se dictó la resolución para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, es decir, a partir del 1 de abril del año 1999, de ahí que la parte actora tuvo un año para exigir el supuesto pago correcto de la multireferida pensión; a todas luces se puede apreciar la existencia de un exceso de término, ya que entre la fecha de la resolución de 1 de abril del año 1999, y la fecha en que presentó su demanda el 19/10/2009, existen, entre ambas fechas, aproximadamente 9 años, 7 meses. De lo antes expuesto, solicito a esta H. Junta conceder plena eficacia probatoria a la excepción de prescripción opuesta en términos de los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo y 300 de la nueva Ley del Seguro Social, ya que la parte actora presentó su demanda fuera del término prescriptivo, y por tales circunstancias, no le asiste razón, y menos aún el derecho para que esta H. Junta entre al estudio sobre la procedencia o improcedencia de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Sirviendo de sustento legal los siguientes criterios jurisprudenciales que a la letra dicen: ‘No. Registro: 186,748. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, junio de 2002. Tesis: 2a./J. 48/2002. Página: 156. PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (La transcribió). ‘No. Registro: 195,125. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, noviembre de 1998. Tesis: I.9o.T. J/33. Página: 469. PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ESTAR REFERIDA AL HECHO GENERADOR DE LA ACCIÓN.’ (La transcribió y citó precedentes). Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Trabajo, página 579, tesis 838 y 839, de rubros: ‘PRESCRIPCIÓN. ES INOPERANTE EN RELACIÓN A HECHOS DIVERSOS DE LOS QUE SE INVOCARON EN APOYO A LA ACCIÓN EJERCITADA.’ y ‘PRESCRIPCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA, POR NO DIRIGIRSE A LA ACCIÓN DEDUCIDA.’ (No la transcribió)."
Al respecto, la autoridad del conocimiento resolvió:
"... En primer término se analiza la excepción de prescripción planteada por la parte demandada, la cual resulta procedente únicamente por lo que hace a las pensiones y prestaciones accesorias generadas con anterioridad al 19 de enero de 2008, en virtud de que la demanda fue presentada el 19 de enero de 2009 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 de la anterior Ley del Seguro Social ..."
Lo anterior fue correcto.
El artículo 280 de la anterior Ley del Seguro Social, que coincide con lo dispuesto por el numeral 301 del mismo ordenamiento en vigor, establece que es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar; por tanto, el ejercicio de las acciones derivadas del reconocimiento de un estado de salud o condición determinado para el efecto de obtener el otorgamiento y pago de una pensión a favor del trabajador asegurado, se rige por ese precepto de la Ley del Seguro Social y no por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que cuando en una controversia laboral se ejerciten acciones o derechos relacionados directamente con prestaciones de seguridad social como lo es el otorgamiento y pago de una pensión, y respecto de ellos el Instituto Mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda, oponga la excepción de prescripción, debe aplicarse la mencionada disposición de la Ley del Seguro Social, pues la regulación tanto del derecho que el trabajador asegurado tiene a las prestaciones de seguridad social, como de la extinción de ese derecho en razón del tiempo transcurrido, escapan del ámbito de aplicación de las normas que sobre prescripción se contienen en la Ley Federal del Trabajo.
Hipótesis que no puede actualizarse en la especie, ya que en el juicio natural, la acción intentada fue el pago correcto de la pensión por cesantía en edad avanzada que se le había otorgado al ahora impetrante del amparo, por lo que prescriben únicamente las acciones para demandar el pago de las pensiones vencidas y no reclamadas dentro de un año, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que señala el plazo genérico de prescripción.
En ese orden, fue correcto que la Junta haya decretado procedente la excepción de prescripción opuesta únicamente por lo que hacía a las pensiones y prestaciones accesorias generadas con anterioridad al 19 de enero de 2008, en virtud de que la demanda laboral fue presentada el 19 de enero de 2009.
En otro punto, el inconforme alega que la responsable realizó una errónea valoración de la inspección que ofreció en el apartado 4, de la que se tuvo al Instituto Mexicano del Seguro Social por presuntivamente ciertos los extremos que se pretendieron demostrar, en virtud de no exhibir los documentos respectivos, no obstante que dicha probanza estaba íntimamente ligada a la litis planteada, ya que el demandado contaba con los movimientos afiliatorios del actor con los que hubiera acreditado el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización de $**********, dejándolo en estado de indefensión.
Deviene fundado el argumento reseñado.
Para demostrar que el promedio salarial que le correspondía era de $**********, y que las semanas de cotización eran 1560, que servirían para calcular correctamente la pensión de cesantía que se le otorgó, contra lo expuesto en la hoja de certificación de derechos ofrecida por el instituto demandado, el actor ofreció la prueba de inspección 4 en los siguientes términos:
"4. Inspección o reconocimiento judicial, que solicito que se practique en el Instituto Mexicano del Seguro Social, unidad de medicina familiar No. **********, con domicilio en la Av. **********, Esq. **********, Col. **********, **********, Estado de México, C.P. **********, en el área de filiación-vigencia, por lo que solicito que se comisione al actuario adscrito a esta Junta Especial y se constituya en el domicilio anteriormente detallado y teniendo a la vista los documentos de los movimientos afiliatorios del actor, o sea, el salario promedio de las últimas 250 semanas que cotizó para dicho instituto antes del día 1 de abril de 1999, correspondientes al C. **********, número de filiación **********; y dé fe y haga constar lo siguiente: a) Que el salario promedio diario de las últimas 250 semanas que cotizó el actor para dicho instituto antes del día 1 de abril de 1999, correspondiente al C. **********, con número de filiación **********, y que detallan la cantidad de $**********. b) Que las semanas que cotizó el actor para dicho instituto antes del día 1 de abril de 1999, correspondiente al C. **********, con número de filiación **********, y que detallan 1,560(sic) semanas cotizadas. La presente inspección deberá de abarcar el periodo del 1 de abril de 1994 al 1 de abril de 1999 únicamente, con la cual se acredita el salario promedio diario de las últimas 250 semanas que cotizó el actor ante el instituto demandado antes del día 1 de abril de 1999. La prueba marcada bajo el apartado 4 se ofrece con fundamento en lo establecido por el artículo 827 y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo, solicitando sea admitida por estar ofrecida conforme a derecho y guardar relación con la litis planteada, haciendo valer al efecto la jurisprudencia número 4a./J. 10/91, establecida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual aparece publicada en la página 53 de la Gaceta Número 43, correspondiente al mes de julio de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, la cual lleva por rubro: ‘INSPECCIÓN, PRUEBA DE. PROCEDE SU ADMISIÓN PARA DEMOSTRAR HECHOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO.’."
Por los efectos de la ejecutoria anterior, la Junta admitió la probanza de mérito, fijando fecha y hora para su desahogo; sin embargo, al momento de ello, el actuario encargado de la diligencia asentó que no le fue exhibida la documentación requerida, por lo que la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado y le tuvo al instituto demandado por presuntivamente ciertos los extremos que se pretendieron demostrar con dicha inspección.
En el laudo reclamado, la Junta consideró que si bien el actor ofreció la inspección 4 y que se tuvieron al demandado por presuntivamente ciertos los hechos que pretendía demostrar, en virtud de que no se exhibieron los documentos respectivos, dicha presunción quedaba desvirtuada con la hoja de certificación de derechos del actor exhibida en original con firma autógrafa y sello original, la cual únicamente fue objetada en forma general y que, por tanto, tenía valor probatorio pleno para acreditar el salario promedio y las semanas cotizadas.
La decisión de la autoridad del conocimiento fue desacertada.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 2a./J. 39/2002, que aparece publicada en la página 271, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.-De lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que dentro de las facultades de la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como del delegado, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra la consistente en certificar la vigencia de derechos de los asegurados, por lo que el certificado que al respecto expidan es el documento oficial de control e información, utilizado para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad con sus reglas específicas, a efecto de establecer si éste tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones, tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga acorde con su legislación y reglamentación particular. En congruencia con lo anterior, se concluye que aun en los casos en que el citado documento sea aportado por el indicado instituto en su carácter de demandado, constituye la prueba idónea para acreditar los extremos referidos, sin que sea necesario que se exhiban los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, ya que el documento en el que se asientan los datos correspondientes es precisamente la hoja de certificación de derechos. Además, si para la validez de dicho documento fuera necesario acompañar los citados avisos o el pago señalado, ello implicaría desconocer todo valor a la certificación aludida en los juicios laborales en que el mencionado instituto sea parte, pues entonces no tendría razón de ser su exhibición; lo anterior, aunado a que dada la trascendencia fiscal que pudiera derivarse de tal información, sería difícil que los datos ahí registrados sean alterados, lo que desde luego no impide la posibilidad de que el trabajador pueda desvirtuarlos con prueba en contrario, en caso de estimar que aquéllos son inciertos."
Conforme al criterio reproducido, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social demostrar las semanas reales de cotización del trabajador, así como el salario promedio que sirve de base para la cuantificación de las pensiones que establece la ley de ese organismo, lo que puede acreditar al exhibir el certificado de derechos a que se alude; sin embargo, ese documento admite prueba en contrario para desvirtuar los datos en él contenidos.
La legislación laboral establece que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que se encuentra la inspección.
En ese orden, si en un juicio laboral se demanda la correcta cuantificación de la pensión que se le otorgó, apoyado en que no se tomaron en cuenta el salario promedio ni las semanas de cotización reales que generó, contra las establecidas en la hoja de certificación de derechos expedida por el órgano asegurador y para acreditarlo ofrece la prueba de inspección, cuyo resultado arroja hacerle efectivo el apercibimiento al demandado, teniéndole por presuntivamente ciertos los hechos a demostrar, tal presunción de certeza adquiere el carácter de la prueba en contrario a que se refiere el criterio del Alto Tribunal y, por ende, debe desvirtuar el contenido de aquel documento; consecuentemente, no es dable aceptar que al decidirse la controversia, la autoridad laboral considere que dicha presunción quede desvirtuada con la misma hoja de certificación de derechos que se pretendía desvirtuar, pues de estimarlo así, ello constituiría un contrasentido.
Resumiendo, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 39/2002, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 271, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.", corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social demostrar las semanas reales de cotización del trabajador, así como el salario promedio que sirve de base para la cuantificación de las pensiones que establece la ley de ese organismo, lo que puede acreditar al exhibir el certificado de derechos a que se alude; sin embargo, ese documento admite prueba en contrario para desvirtuar los datos en él contenidos. La legislación laboral establece que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que se encuentra la inspección. En ese orden, si en un juicio laboral se demanda la correcta cuantificación de la pensión que se le otorgó, apoyado en que no se tomaron en cuenta el salario promedio ni las semanas de cotización reales que generó, contra las establecidas en la hoja de certificación de derechos expedida por el órgano asegurador y para acreditarlo ofrece la prueba de inspección, cuyo resultado arroja hacerle efectivo el apercibimiento al demandado, teniéndole por presuntivamente ciertos los hechos a demostrar, tal presunción de certeza adquiere el carácter de la prueba en contrario a que se refiere el criterio aludido y, por ende, es suficiente para desvirtuar el contenido de aquel documento; consecuentemente, no es dable aceptar que al decidirse la controversia, la autoridad laboral considere que dicha presunción quede desvirtuada con el mismo certificado de derechos que se tildó de adulterado, pues de estimarlo así, ello constituiría un contrasentido, ya que lo que se trata de dilucidar es conocer con claridad la realidad de los hechos.
En la especie, como se indicó, la Junta, incorrectamente, consideró que si bien el actor ofreció la inspección 4 y que se tuvieron al demandado por presuntivamente ciertos los hechos que pretendía demostrar, en virtud de que no se exhibieron los documentos respectivos, dicha presunción quedaba desvirtuada con la hoja de certificación de derechos del actor exhibida en original con firma autógrafa y sello original.
Se afirma desacertado lo anterior, puesto que la responsable restringió el derecho del ahora quejoso para demostrar su pretensión en cuanto al salario promedio y las semanas cotizadas que había precisado y en las que basó su reclamo a la cuantificación correcta de su pensión de cesantía; esto es, porque si lo que pretendía el reclamante era demostrar el verdadero salario promedio que cotizó, que resultaba contrario al precisado en la hoja de certificación de derechos extendida por el instituto demandado, no es dable aceptar que la presunción de certeza derivada de la falta de desahogo de la inspección que el quejoso ofreció para aquel efecto (en virtud de que el ahora tercero perjudicado no puso a la vista del fedatario la documentación requerida), quedara desvirtuada con la misma hoja de certificación de derechos que se pretendía desvirtuar, pues de hacerlo constituiría un contrasentido.
Esto es, porque aun cuando corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social demostrar las semanas reales de cotización del trabajador, así como el salario promedio, lo que puede acreditar al exhibir el certificado de derechos de mérito; este documento admite prueba en contrario que pueda desvirtuar los datos en él contenidos, de tal suerte que si en la especie, en acuerdo previo, la Junta declaró hacer efectivo el apercibimiento al demandado y se le tuvieron por presuntivamente ciertos los extremos a acreditar con la inspección ofrecida por el reclamante, no había razón entonces para que, en el laudo reclamado, la responsable haya determinado que tal presunción quedaba desvirtuada con la misma documental cuyo contenido se intentó destruir, pues lo que se buscaba era conocer con claridad la realidad de los hechos en cuanto al salario promedio y las semanas de cotización; máxime que en el laudo se consideró que, en lugar de 1530 semanas que se tomaron en cuenta para el otorgamiento de la pensión del actor, en la hoja de referencia la Junta apreció que el accionante tenía 1534 semanas cotizadas.
En las apuntadas condiciones, ha lugar a conceder el amparo impetrado para los siguientes efectos:
1. La Junta responsable deje insubsistente el laudo del nueve de abril de dos mil doce, en el juicio laboral **********.
2. Determine que, como se hizo efectivo el apercibimiento al demandado, por no exhibir la documentación requerida, y se le tuvieron por ciertos los extremos que pretendió demostrar el actor con la inspección 4 (salario promedio y semanas de cotización), con ello se desvirtuó el contenido de la hoja de certificación de derechos que aportó el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. En consecuencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente sobre la correcta cuantificación de la pensión de cesantía en edad avanzada que se le otorgó al actor y todas las demás prestaciones.
Dados los efectos por los que se concede el amparo impetrado, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación en los que se alega lo incorrecto de la Junta en ordenar abrir incidente de liquidación.
Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 168, de la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal que aparece visible en la página 113 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, parte SCJN, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."
Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 44, 46, 76, 77, 78, 79, 80, 158, 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto de la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su presidente, consistente en el laudo pronunciado el nueve de abril de dos mil doce, en el juicio laboral **
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24504-5456eed0/seguro-social-el-certificado-de-derechos-aportado-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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