CERTIFICADO DE DERECHOS EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DEBE EXHIBIRLO EN ORIGINAL SI LO OFRECE PARA DEMOSTRAR SUS EXCEPCIONES, CUANDO ES DEMANDADO COMO ENTE ASEGURADOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.
TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión de siete de marzo de dos mil trece, resolvió el amparo directo **********, en lo que aquí interesa, bajo las siguientes consideraciones:
"II. Estudio del asunto. Una vez delimitado lo anterior, el análisis de los conceptos de violación es el siguiente:
"En primer término será examinada la violación procesal alegada.
"En cuanto al estudio preferente de las violaciones al procedimiento corresponde citar el criterio plasmado en la tesis(2) emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL.’ (se transcribe)
"La parte quejosa refiere que el laudo reclamado viola los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al considerar que fue incorrecta la condena impuesta, en la medida que desechó ilegalmente el medio de perfeccionamiento (cotejo y compulsa) que solicitó, respecto de la copia de la hoja de certificación de derechos exhibida.
"En este sentido, el instituto refiere que el argumento de la responsable en el sentido de que no acreditó su carga procesal, derivó de no darle valor probatorio a la hoja de certificación de derechos emitida por el jefe de la Oficina de Afiliación Vigencia de Derechos de la Subdelegación de Libertad Reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue ofrecida como prueba, ya que fue desechado el medio de perfeccionamiento, de modo que tal documental fue exhibida en copia simple no obstante de que en consideración de la Junta, estaba obligada a presentarla en original, ya que son documentos que obran en su poder.
"La parte quejosa refiere que estas consideraciones son ilegales y carentes de sustento jurídico, toda vez que contrario a lo razonado por la responsable en la audiencia referida, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de órgano asegurador y no de patrón, exhibió copia del certificado de derechos para acreditar el promedio de las aportaciones obrero-patronales. Si bien de conformidad con los artículos 797 y 798 de la Ley Federal del Trabajo, los documentos privados deben ser presentados en original, con excepción de los que formen parte de un libro, expediente o legajo, esa obligación debía entenderse ligada a una relación de trabajo, en cuya virtud el espíritu del legislador fue enlazar dicha norma con los documentos que el patrón se encuentra obligado a conservar y exhibir en el juicio cuando exista controversia respecto de las condiciones o hechos atinentes a la relación laboral, en términos de los preceptos 784 y 805 de la citada legislación.
"Asimismo, el inconforme agrega que en los casos en que el patrón es relevado por el Instituto Mexicano del Seguro Social del cumplimiento de las obligaciones sobre la responsabilidad de riesgos de trabajo, el certificado de derechos que este organismo exhiba queda fuera de una relación de trabajo, dado que los preceptos 287 y 304 de la Ley del Seguro Social, contemplan que el instituto tiene un doble carácter, de ente asegurador y como autoridad fiscal; y, que si de acuerdo con los artículos 17 y 18, inciso i), del abrogado Reglamento de Organización Interna de las Delegaciones Regionales y Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el certificado de derechos que exhiba la sección de ‘afiliación-vigencia de derechos’, donde concentra información para hacer constar los derechos reconocidos de los asegurados, constituye el documento oficial de control utilizado para determinar el número de semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como el voluntario, que hace difícil que los datos registrados sean alterados, entonces, no existía impedimento legal para que lo exhiba en copia y se solicite su cotejo para hacer fe en el juicio, de ahí que concluye la ilegalidad del laudo reclamado dictado por la responsable.
"En apoyo a lo anterior, el instituto quejoso invoca a su favor los argumentos sustentados por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,(3) en la tesis aislada I.13o.T.115 L, que refiere: ‘CERTIFICADO DE DERECHOS. CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ACTÚA CON EL CARÁCTER DE ÓRGANO ASEGURADOR Y LO EXHIBE EN COPIA SIMPLE, PUEDE SOLICITAR SU COTEJO CON EL ORIGINAL PARA QUE HAGA FE EN EL JUICIO.’ (se transcribe)
"Asimismo, invoca a su favor, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito de rubro: ‘PRUEBA DOCUMENTAL. EN COPIA SIMPLE O FOTOSTÁTICA. ES INDEBIDO EL DESECHAMIENTO DE SU COTEJO O COMPULSA SI EL OFERENTE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’
"Los anteriores argumentos son infundados, por las siguientes consideraciones:
"De acuerdo a lo expuesto el problema jurídico a contestar es el siguiente: ¿Procede la solicitud de compulsa y cotejo de la fotocopia del certificado de derechos, que es un documento que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus órganos internos competentes, cuando la pide éste, como ente asegurador demandado, en lugar de patrón?
"En opinión del instituto quejoso, el hecho de que no hubiere figurado como patrón en el juicio de origen, apoya su tesis de que sería inaplicable el deber de aportar los documentos originales que estén a su disposición.
"Sin embargo, lo anterior es incorrecto porque la carga de la prueba en cuanto a exhibir los documentos originales por las partes, no se reduce al supuesto de figurar como patrón, sino está correlacionado con la disponibilidad de la prueba y las condiciones para exhibirla en juicio.
"En esa medida, tampoco se comparte el criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en que apoya su planteamiento el inconforme, porque además, es menester examinar los supuestos en que sería factible el cotejo y compulsa de documentos, sin que pueda asumirse que en cualquier supuesto, proceda el medio de perfeccionamiento mencionado, pues sería incorrecto que disponiendo de la prueba o existiendo elementos que generen esa presunción, el oferente solicite su cotejo y compulsa, de lo que tiene a su disposición, con el respectivo detrimento a la prontitud del proceso y la efectividad de la justicia.
"Así que no se comparte la postura de que tratándose del ente asegurador que exhibe copia de un documento público, como es el certificado de derechos que expiden sus propios órganos internos (generado a partir de la información de su propia base de datos, sobre movimientos afiliatorios y de cotización de los asegurados), sea admisible la diligencia de cotejo y compulsa.
"En ese caso, la regla sería que dispone de la prueba como ente asegurador, cuyas unidades administrativas conforman un todo, resultando excepcional las situaciones en que no estaría en aptitud de aportarla el encargado de la defensa jurídica del instituto adscrito a una delegación estatal del instituto. La excepción ocurre cuando son expedientes o legajos, que obren en diferente lugar, en los que pueda existir dificultad jurídica o material para su aportación por no disponer el oferente de los mismos, o bien, haber limitaciones legales al respecto.
"Lo anterior tiene apoyo en los siguientes aspectos:
"1) La carga de la prueba en juicio laboral y la regla general de que las partes tienen el deber de exhibir los documentos originales.
"2) La finalidad del cotejo y compulsa de documentos, como medio de perfeccionamiento, cuando no se dispone de la prueba.
"3) La naturaleza del certificado de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social y las (sic) presunción de la disponibilidad de la prueba, por el ente asegurador.
"De manera que a partir de estos elementos, podrá explicarse las razones de disenso sobre el comentado problema jurídico.
"En ese orden, conviene puntualizar que el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, enunciando en especial algunos de ellos, entre los que destaca para el presente asunto, en la fracción II, la documental. Asimismo, el artículo 778 refiere que las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos.
"El mencionado medio de prueba se encuentra regulado en los artículos 795 a 812 del ordenamiento citado, incluidos en la sección tercera, del capítulo XII, intitulado ‘De las pruebas’, del título catorce, denominado ‘Derecho procesal del trabajo’. De los cuales interesan los siguientes preceptos, en el texto vigente a la fecha de la actuación procesal en controversia: (se transcriben)
"De los artículos insertos, para efectos del presente estudio, destacan las siguientes disposiciones:
"1. La obligación de cada parte, de exhibir los documentos que ofrezca como prueba para que obren en autos (artículos 801 y 803).
"2. Dicho deber del ofrecimiento de la prueba documental es correlativo a disponer de la misma, es decir, cuando la tengan en su poder o estén en aptitud legal o material de allegarla directamente.
"3. Los documentos que pueden ofrecerse en el juicio laboral pueden ser públicos o privados, o bien, la fotocopia de aquéllos, cuando no se cuenta con los originales.
"4. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, salvo que se ponga en duda su exactitud, supuesto en el que deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido.
"5. En cualquier caso, tratándose de copias simples o fotostáticas, se podrá solicitar la compulsa o cotejo con el original, para tal efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde se encuentre el documento original, sea en poder de la contraparte, un tercero o autoridad.
"6. Dicho medio de perfeccionamiento también opera cuando el original forme parte de un libro, expediente o legajo, en cuyo caso podrá exhibirse copia para que se compulse la parte que se pretenda, indicando el lugar en donde éstos se encuentren.
"7. Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que esté en alguno de los supuestos citados (indisponibilidad de la prueba por el oferente), serán objeto de cotejo o compulsa a solicitud del interesado, por conducto del actuario y los que estén en lugar distinto al de la residencia de la Junta, a solicitud del oferente, se hará mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda.
"Por tanto, la carga de la prueba en el juicio laboral no se limita al hecho de que una de las partes sea el patrón, ya que la Ley Federal del Trabajo, revela que corresponde a la parte que, de acuerdo con las leyes aplicables, tiene en su poder o radio de acción, los medios de convicción. Entre otros supuestos, están los que tienen la obligación de conservar determinados documentos vinculados con las condiciones de la relación laboral, que efectivamente sería el patrón, tratándose de los supuestos contenidos en el artículo 784 de dicha legislación, en que el legislador le asignó un deber especial de probar la antigüedad del empleado, duración de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, entre otros, con el apercibimiento de que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador.
"Sin embargo, esto no quiere decir que sólo el patrón tiene la carga de probar, porque la obligación de aportar probanzas no sólo corresponde a aquél, sino a las restantes partes, cualquier autoridad o persona ajena al juicio laboral que tenga en su poder documentos relacionados con los hechos controvertidos que puedan contribuir a esclarecerlos, según lo dispone el artículo 783 de la ley invocada.
"Al respecto, resulta oportuno citar la tesis aislada 2a. LX/2002, de la Segunda Sala del Alto Tribunal,(4) que dispone: ‘CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SUS CARACTERÍSTICAS.’ (se transcribe)
"En virtud de lo anterior, puede obtenerse la segunda cuestión a estudio, esto es, la finalidad u objeto del cotejo o compulsa de documentos, es que la Junta, por conducto del actuario o mediante diligencia de exhorto, según el lugar donde se encuentre el documento original, confronte o compare la reproducción exhibida en autos (copia simple o fotostática) con el original, del que se anota que proviene, para así perfeccionarla.
"De tal forma que las partes estén en aptitud de perfeccionar la constancia imperfecta exhibida, en la medida que no la tiene en su poder o existe una dificultad relevante para exhibirla, sea porque forme parte de un expediente o legajo ubicado en otro lugar, la tenga un tercero o bien una autoridad, entre otros supuestos. Por lo que es la indisponibilidad de la prueba a cotejar o algún impedimento sustancial para ello, lo que justifica ordenar el cotejo y compulsa.
"En razón de lo anterior, es incorrecta la afirmación de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, esté exento de la carga de la prueba de exhibir los documentos originales que tenga a su disposición, por el simple hecho de que no figure como patrón, sino como ente asegurador demandado en un juicio laboral, pues el débito de probar no es exclusivo de una determinada calidad de las partes, sino que es correlativo a la capacidad o poder de probar y, en todo caso, la legislación obrera contiene algunos supuestos en que dispone determinado trato normativo de probar ciertos supuestos a la parte patronal, por la especial situación en que se ubica de una mayor capacidad para facilitar la prueba de los hechos, como son las hipótesis contenidas en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que retoma lo que en la doctrina se conoce como carga dinámica de la prueba.
"Lo anterior, como lo ha advertido este órgano colegiado al interpretar el referido precepto 784, al resolver el amparo directo 967/2012, en sesión de treinta de agosto de dos mil doce.
"Por el momento, es de concluir que al referido instituto como parte demandada de un juicio laboral, sea en calidad de patrón, o bien, como ente asegurador, también le rigen las disposiciones contenidas en los artículos 783, 797, 801 y 803 de la Ley Federal del Trabajo, como a cualquier parte, respecto de aportar los documentos originales que tenga en su poder o de los que no tenga impedimento jurídico o material que amerite dispensar de su exhibición.
"En cambio, para estar en aptitud de solicitar el cotejo y compulsa de documentos, cualquiera de las partes (incluyendo al instituto demandado como ente asegurador) debe tener presente que puede ser en la medida que impere una situación razonable de indisponibilidad de la prueba, para exhibirla directamente en juicio, sea porque exista una limitación legal de exhibir la que tenga en su poder en tanto que debe conservarla en determinado lugar, como ocurre en la hipótesis de que formen parte de un expediente o legajo, también cuando no lo tenga a su disposición o cuando carece de la facultad de remitirlo, o bien, cuando materialmente no puede exhibir la documental porque lo tenga la contraparte, un tercero o alguna autoridad.
"Sin embargo, sería un contrasentido que si las partes tienen a su disposición la prueba, pretendan exhibir una copia, así como solicitar el cotejo y compulsa de la que está en su poder o cuando existan elementos para considerar razonablemente que está en aptitud de aportarla.
"En este sentido, se comparte la tesis aislada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito,(5) que señala: ‘PRUEBA DOCUMENTAL. LA COMPULSA O COTEJO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PRIVADOS SÓLO PROCEDE CUANDO LOS ORIGINALES FORMEN PARTE DE UN LIBRO, EXPEDIENTE O LEGAJO.’ (se transcribe).
"De ahí el disenso con el criterio del órgano colegiado homólogo, acerca de que baste que el Instituto Mexicano del Seguro Social no figure como parte demandada, sino como ente asegurador, para eximirle de la carga de la prueba que opera respecto de cualquier parte de exhibir los documentos en su poder, pues desatiende que ese débito es correlativo a la premisa de la disponibilidad de la prueba y no del exclusivo rol procesal que tenga el instituto, o de las diferentes calidades bajo las cuales pueda actuar en un juicio laboral, sea como patrón, o bien, como organismo asegurador.
"Ahora bien, la pregunta que sigue es, cuál es la naturaleza del certificado de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre movimientos afiliatorios de los asegurados, y si es una documental que debe exhibir en juicio, sea porque esté en su poder precisamente como ente asegurador o porque hay disposiciones que permiten la presunción de que guarda la disponibilidad de esa probanza.
"Para responder este planteamiento, de inicio es conveniente delimitar que el certificado de derechos trata de un documento público, porque su formulación está encomendada por la ley a funcionarios de la administración pública para dar fe de la situación de aseguramiento que ha prevalecido respecto a los asegurados, por lo que cuando el instituto lo exhibe en juicio no tiene necesidad de legalizarlo ni perfeccionarlo, sino que merece valor probatorio pleno, sin perjuicio de que la contraparte pueda desvirtuar su contenido.
"En cuanto a este tema, son ilustrativas las jurisprudencias 2a./J. 39/2002 y 2a./J. 176/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) que refieren: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’ (se transcribe); ‘CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LOS HECHOS COMPRENDIDOS EN ÉSTE FORMAN PARTE DE LA LITIS Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SE CONTROVIERTE EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, SU VALOR PROBATORIO NO ES ABSOLUTO SINO SUSCEPTIBLE DE DESVIRTUARSE CON OTRA PRUEBA.’ (se transcribe)
"De lo indicado en dichas jurisprudencias existen dos cuestiones de especial interés. La primera, que efectivamente el certificado de derechos es una documental pública, que la pueden emitir órganos internos del Instituto Mexicano del Seguro Social, como es la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como al respectivo delegado, porque a través del mismo certifican la vigencia de derechos de los asegurados.
"Cierto, dicho certificado es el documento oficial de control e información del ente asegurador, utilizado para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad con sus reglas específicas, por lo que la regla, es que está en su poder. La razón fundamental es que el instituto, a través de sus órganos internos, es justamente el que emite esa documental, como expresión de sus atribuciones en materia de seguridad social y la información con la cual se elabora, es la que resguarda dicho organismo en sus bases de datos y avisos de movimientos afiliatorios.
"Esto se corrobora porque en la ejecutoria de la cual deriva la primer jurisprudencia, el Alto Tribunal precisó que los datos contenidos en los certificados de derechos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social consisten, entre otros, en el nombre, número de afiliación, sexo, fecha de nacimiento y estado civil del asegurado; los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador en el régimen obligatorio, su nombre, las fechas de alta y baja; el grupo de cotización y el número de semanas cotizadas con cada uno. Asimismo, que tales datos deben estar ordenados en forma cronológica, asentando el total de las semanas cotizadas y reconocidas hasta un periodo determinado. También constan los datos del registro o continuación del régimen obligatorio en el régimen voluntario, con las fechas de alta y baja en este sistema, y las semanas de cotización dentro de él, así como la fuente de información y su fecha de elaboración.
"Así que esta clase de información puede ser objeto de certificación, en la medida que la tiene en su poder el órgano asegurador, pues de lo contrario no habría margen para afirmar cualquier resultado sobre los datos comentados del certificado de derechos. Así que el Instituto Mexicano del Seguro Social dispone o tiene en su poder ese tipo de certificados, porque son sus órganos internos, los que están facultados para elaborarlos a partir de la información que resguardan.
"En efecto, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 13/2002, la Segunda Sala precisó lo siguiente: ‘... Ahora bien, los certificados de derechos que expide el referido instituto son elaborados por funcionarios autorizados, cuyo nombre y firma constan en los mismos, los cuales son responsables, administrativamente, de la veracidad de los datos ahí contenidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde a la Dirección de Afiliación y Cobranza de dicho instituto la vigilancia, evaluación y emisión de normas relativas a las certificaciones de la vigencia de derechos para el otorgamiento de prestaciones en dinero y en especie, siendo atribución de los delegados en cada circunscripción territorial, llevar a cabo los actos relacionados con tales certificaciones. Los preceptos citados son del tenor siguiente: «Artículo 78. La Dirección de Afiliación y Cobranza tendrá las facultades siguientes: III. Vigilar, evaluar y emitir normas relativas a: ... d) La certificación de la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie.». «Artículo 150. Son atribuciones del delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes: ... XVII. Llevar a cabo los actos relacionados a: ... d) La certificación de la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie.».’
"‘De lo establecido en los artículos transcritos se advierte que dentro de las facultades de la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como del delegado, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra la consistente en certificar la vigencia de derechos de los asegurados, lo cual conduce a concluir que el certificado de derechos es el documento oficial de control e información, utilizado para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad con sus reglas específicas, a efecto de establecer si éste tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga ...’
"Finalmente, también determinó:
"‘... si bien la información que puede contener el referido certificado de derechos, la concentran y manejan los propios funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, éste tiene plena validez frente a terceros y diversas autoridades, ya que la función la realiza en su calidad de autoridad dentro de su esfera jurídico-administrativa, que al tratarse de una institución de protección social y de interés público, debe estimarse que su actuar es de buena fe, por lo que los documentos que certifica gozan de la presunción de legitimidad. En consecuencia, el certificado de derechos elaborado por el instituto mencionado, aportado como prueba por el mismo, en su carácter de demandado en un juicio laboral, tiene plena eficacia probatoria, salvo prueba en contrario, para acreditar los datos que en él se contienen. En efecto, en caso de que los certificados de derechos contengan datos falsos e incorrectos, a juicio de la contraparte del instituto en un juicio laboral, tales como la falta de alguno o algunos patrones o semanas cotizadas, pueden las partes con intereses contrarios al referido instituto objetar tales certificaciones. Por consiguiente, debe concluirse que los certificados de derechos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentados como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tienen plena validez probatoria para acreditar, por sí mismos, los datos que en ellos se contienen, salvo objeción de su contraparte por errores u omisiones en su elaboración, toda vez que las certificaciones aludidas no son simples documentos con datos aislados, sin orden ni método; por el contrario, son documentos formales, avalados con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello, quien es responsable administrativamente de la veracidad de los datos en él contenidos, lo cual hace altamente improbable que se falseen esos datos y, en consecuencia, los certificados aludidos tienen validez plena sin necesidad de que se exhiban los documentos que apoyen los datos a que se refieren tales certificados, toda vez que ello sería contrario al sentido práctico y lógico-jurídico de estas certificaciones, que consiste en evitar la innecesaria exhibición de los originales de los documentos cuyos datos se encuentran contenidos en los mismos ...’
"De lo expuesto se sigue, que el referido certificado de derechos elaborado por los órganos competentes internos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es un documento oficial del cual dispone dicho organismo asegurador para aportarlo como prueba en el juicio laboral en que figure como demandado, ya que la información que puede contener la concentran y manejan los propios funcionarios del instituto, por ende, son documentos formales, avalados con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello, quien es responsable administrativamente de la veracidad de los datos en él contenidos, en la medida que verificó la información que certifica y la cual obra en poder del comentado organismo.
"Consecuentemente, la regla general sería que el referido instituto conserva la disponibilidad de la prueba de referencia, es decir, de aportar directamente al juicio, el certificado de derechos, que tiene como objeto hacer constar verazmente y de buena fe, bajo el principio de presunción de legitimidad de sus actos, cuál es la situación de aseguramiento que guarda la persona respecto de la que se emite, al tenor de la información de la que dispone dicho organismo.
"De ahí que en términos de los artículos 783, 797, 801 y 803 de la Ley Federal del Trabajo, el referido instituto, como parte que tiene a su disposición la referida prueba documental (certificado de derechos) debe aportarla directamente al juicio, no así la simple fotocopia, ya que es un documento que por mandato legal expide ese propio organismo a través de sus funcionarios facultados al efecto, como son la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como del delegado, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso, también las oficinas de vigencia de derechos de las subdelegaciones, subordinadas a las delegaciones del instituto.
"Esto último, según deriva de la jurisprudencia 2a./J. 174/2005, de la Segunda Sala referida,(7) que refiere: ‘SEGURO SOCIAL. LOS TITULARES DE LAS OFICINAS DE VIGENCIA DE DERECHOS ESTÁN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR Y EXPEDIR LAS HOJAS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES.’ (se transcribe)
"Por otra parte, de la jurisprudencia 2a./J. 39/2002, citada en primer término, en materia de certificado de derechos, también hace referencia a que el instituto puede aportar el mencionado documento. Por lo que si bien, ese no fue el problema jurídico directo de la contradicción de tesis relativa, también es verdad que orienta una segunda cuestión de interés.
"Lo anterior, al hacer referencia que el certificado de derechos aun en los casos en que ‘dicho documento sea aportado por el referido instituto en su carácter de demandado en un juicio laboral, es la prueba idónea para acreditar los extremos referidos’, sin que sea necesario que además se exhiban los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, dado que el documento en el que se asientan los datos correspondientes, es precisamente la hoja de certificación de derechos.
"Así que la indicada jurisprudencia tomó en cuenta que el instituto puede aportar dicho certificado de derechos, como prueba idónea para evidenciar la situación de seguridad social que guarda el asegurado, como son los respectivos antecedentes de los movimientos de afiliación y semanas cotizadas.
"Ahora bien, si el indicado Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo al que corresponde expedir dichos certificados de derechos, a través de sus órganos internos competentes por disposición legal y reglamentarias, así como dispone de la prueba idónea para informar sobre los datos de coti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24747-7c0284af/certificado-de-derechos-emitido-por-el-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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