PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA SOBRE LA PANTALLA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (SINDO) DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU VALOR PROBATORIO. PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA SOBRE MEDIOS ELECTRÓNICOS O DIGITALES EN UN JUICIO LABORAL. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL.
PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA SOBRE LA PANTALLA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (SINDO) DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU VALOR PROBATORIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 453/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 9 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que a continuación se reproduce, con fundamento de esta determinación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Décima Época. Núm. Registro IUS: 2000331. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 [10a.], página 9)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, están facultados para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. Con el propósito de dilucidar si existe en el caso la contradicción de tesis denunciada, se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan las hipótesis específicas de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.
Es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.
Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada, lo anterior de acuerdo a la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", cuyos datos de identificación son los siguientes: Núm. Registro IUS: 164120. Jurisprudencia. Materia común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7.
CUARTO. Para determinar si existe la contradicción de tesis, conviene reseñar los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.
A. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver los amparos directos ********** (expediente auxiliar **********) y ********** (expediente auxiliar **********), resolvió con similares consideraciones, consecuentemente, solamente se hará referencia al señalado en primer término, cuyos antecedentes son los siguientes:
1. Demanda laboral. ********** ocurrió a demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, debiéndose tomar en cuenta para su cálculo la cuantía mensual del salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas al citado instituto y el pago de las mensualidades de la pensión en cesantía en edad avanzada, entre otras prestaciones.
2. Contestación. Emplazado que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social contestó la demanda y opuso excepciones y defensas. Para acreditarlas ofreció la prueba de inspección con vista en la pantalla del sistema denominado "SINDO", que contiene los movimientos afiliatorios, para que el actuario diera fe que el asegurado cotizó ciento treinta y ocho semanas reconocidas al treinta y uno de agosto de dos mil uno, fecha de su última baja.
3. Laudo. La Junta absolvió al demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.
4. Inconforme con el laudo anterior, el actor en el juicio principal promovió juicio de amparo, destacando como concepto de violación que la Junta responsable en forma incorrecta le dio valor probatorio a la prueba de inspección que ofreció el Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que dicha probanza se ofreció y desahogó en forma defectuosa; lo anterior en la medida que el actuario tendría que convertirse en un perito contable y llevar a cabo diversas operaciones aritméticas a fin de obtener el número de semanas de cotización, y que además existe deficiencia en la fuente de información que, en todo caso, debe perfeccionarse la prueba con una pericial en informática.
5. El conocimiento del juicio de amparo correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con el número de amparo directo ********** (expediente auxiliar **********), el cual resolvió negar el amparo bajo las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la ley de la materia. Pues bien, señala, en primer término, el peticionario de amparo, que la Junta responsable violó en su perjuicio el contenido del artículo 82, ya que le dio valor probatorio a la prueba de inspección que ofreció el Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante en la forma defectuosa que se ofreció y desahogó dicha probanza; lo anterior en la medida que el actuario encargado de ello, tendría que convertirse en un perito contable y llevar a cabo diversas operaciones de aritmética a fin de obtener el número de semanas de cotización, lo cual riñe con los principios rectores de la prueba que nos ocupa. Agrega que, al desahogarse dicha probanza con vista al sistema de pantalla denominado SINDO, el actuario manifestó en el acta relativa que el actor cuenta con ciento cuarenta y un (141) semanas de cotización, reconocidas al treinta y uno de agosto de dos mil uno, sin referir de dónde obtuvo esa conclusión, con lo cual se comete una violación de sus derechos, ya que ilegalmente dio fe del número de cotizaciones, como si hubiera tenido a la vista el resultado de las operaciones aritméticas correspondientes. Al respecto, también sostiene que en la diligencia de mérito no se puso a la vista del fedatario el expediente de vigencia de derechos que contiene las altas y bajas patronales, sino el sistema SINDO en mención, que se supone corresponde a los avisos de afiliación y baja del trabajador, y en donde no se establece el número de semanas de cotización en el régimen obligatorio, por lo que, en ese sentido, resulta imposible que dicho funcionario hubiera dado fe de que el actor cuenta con ciento cuarenta y un semanas de cotización, lo cual, en todo caso, se puede apreciar en las liquidaciones de cuotas obrero-patronales que bimestralmente presentan los patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero aun así, el actuario se encontraría impedido para dar fe de ello, al exceder las normas que rigen el desahogo de la prueba de inspección. Finalmente, aduce que la probanza de mérito carece de eficacia, ya que el sistema SINDO consiste en una pantalla electrónica y microfilmaciones que no son susceptibles de apreciarse con la vista en forma natural, sino que es necesario que alguien entrenado accione dicha pantalla a fin de poder leer el contenido de éstas, mismas que no tienen valor probatorio, pues se trata de copias de otros documentos supuestamente originales que presentan los patrones, por lo que existe una deficiencia en la fuente de información, por lo que, en todo caso, debió perfeccionarse con la prueba pericial en informática jurídica. Como apoyo a lo anterior, cita el contenido de la tesis de rubro: ‘PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA ANTE LA PANTALLA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (SINDO). ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA DEMOSTRAR QUE EL TRABAJADOR NO TIENE EL CARÁCTER DE ASEGURADO DE DICHO ORGANISMO, PUES PARA ELLO DEBERÁ COMPLEMENTARSE CON UNA PERICIAL EN INFORMÁTICA JURÍDICA DOCUMENTARIA.’(1). No le asiste razón al inconforme. Los artículos 827, 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo disponen: ‘Artículo 827. La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma.’. ‘Artículo 828. Admitida la prueba de inspección por la Junta, deberá señalar día, hora y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta la apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la controversia se aplicarán los medios de apremio que procedan.’. ‘Artículo 829. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes: I. El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la Junta; II. El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse; III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos.’. De los preceptos reproducidos se advierte la forma en que debe ser ofrecida por las partes la prueba de inspección ocular en el juicio laboral, su admisión por parte de la Junta y la manera en que debe desahogarse. En ese tenor, la prueba de inspección ocular tiene por objeto que el tribunal verifique, por conducto del funcionario facultado para ello, hechos que no requieran de conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales, esto es, la existencia de documentos, cosas o lugares y sus características específicas, perceptibles a través de los sentidos. De allí su utilidad, sobre todo en los casos en que el objeto a inspeccionar no puede ser trasladado ante la presencia del tribunal. En el caso, el instituto demandado ofreció la prueba de inspección ocular en la Oficina de Vigencia de Derechos de la Subdelegación Metropolitana Número 3, a fin de que con vista en el expediente personal de afiliación-vigencia del actor ********** y en dispositivos magnéticos, electrónicos y en fichas de microfilmación, se diera fe, sustancialmente, de que el asegurado cotizó ciento treinta y ocho semanas reconocidas al treinta y uno de agosto de dos mil uno, fecha de su última baja, debiendo comprender su desahogo el periodo del uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, hasta el ocho de febrero de dos mil dos (sic), fecha que refirió como la de presentación de la demanda (foja setenta y cuatro del juicio laboral). La Junta responsable admitió la mencionada probanza y ordenó su desahogo en los términos en que fue ofrecida (foja ochenta). Cabe aclarar que la parte actora también ofreció la prueba de inspección ocular, sin embargo, durante el desahogo de la audiencia trifásica en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, su apoderado jurídico desistió de dicho medio de convicción por así convenir a sus intereses, recayendo el acuerdo correspondiente de la Junta responsable (fojas setenta y ocho y ochenta). Así, mediante diligencia de veintinueve de mayo de dos mil nueve, la fedataria de la adscripción solicitó a la persona con quien entendió la misma, que le pusiera a la vista el expediente personal de afiliación y vigencia del asegurado en forma documental, así como en dispositivos magnéticos y electrónicos, en fichas de microfilmación, haciendo constar que únicamente le fue exhibido el sistema denominado ‘SINDO’, al tenor del acta que a continuación se transcribe: ‘En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las trece horas del día veintinueve de mayo del año 2009, la suscrita actuario adscrita a la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se constituyó en la Subdelegación No. 3 del IMSS, específicamente en el Departamento de Afiliación y Vigencia; a efecto de llevar a cabo la inspección ordenada mediante acuerdo dictado en fecha seis de abril del año 2009 y ofrecido por la parte demandada bajo su apartado No. 4, haciendo constar que por la parte actora y demandada no comparece representación alguna. Encontrándose presente en el interior del local antes mencionado, la C. **********, quién se identifica como jefe de Afiliación, identificándose con credencial expedida por el mismo instituto con número de matrícula **********, a quien le hice saber el motivo de mi visita y después de haberle leído el acuerdo antes mencionado, lo requiero para que me ponga a la vista el expediente personal de afiliación y vigencia del actor con cédula de afiliación ********** contenido en forma documental y en dispositivos magnéticos y electrónicos y fichas de microfilmación, lo anterior a efecto del desahogo de la inspección ordenada. En uso de la palabra de la C. **********, manifiesta lo siguiente: «Que pongo a la vista el sistema denominado SINDO, que contiene los movimientos afiliatorios como altas o reingresos, bajas, modificación de salarios, número de registro patronal, salario base de cotización, y número de seguridad social del actor **********, a efecto de que se desahogue la inspección señalada.». La suscrita actuario hace constar y da fe que teniendo a la vista el sistema denominado SINDO, que contiene los movimientos afiliatorios como altas o reingresos, bajas, modificación de salarios, número de registro patronal, salario base de cotización y número de seguridad social del actor **********, con número de afiliación **********, en lo que respecta al sistema de pantalla denominado SINDO, se desprende la siguiente información:
Ver información 1
"‘En lo referente a que el actor cuenta con sólo 138 semanas cotizadas, me es imposible determinarlo, toda vez que dicha información no se desprende del mencionado sistema de pantalla que tengo a la vista. Comprendiendo la presente inspección del 01 de enero de 1958, hasta el día 08 de febrero del 2002; hago constar que en el sistema exhibido aparecen movimientos afiliatorios a partir de 1982, así también hago constar que no me (sic) puesto a la vista el expediente personal del actor en forma documental. Por lo anterior, se da por terminada la presente diligencia haciendo del conocimiento a la Junta de mi adscripción para que acuerde lo que en derecho corresponda. Se requiere en términos del artículo 829 de la ley laboral, fracción IV, a la persona que me atiende para que firme, haciendo constar que manifiesta que no firma por no considerarlo necesario y firmando al calce la suscrita que actúa y da fe.’. De todo lo anterior se advierte que la actuario no tuvo que convertirse en perito contable, como lo afirma el quejoso, dado que sólo se constriñó a dar fe de las fechas de altas y bajas del asegurado, así como de los números de registro patronales, sin que estableciera o concluyera el número de semanas que tiene cotizadas aquél, mucho menos las ciento cuarenta y un semanas a que alude el peticionario de amparo en su demanda; tan es así, que incluso asentó la imposibilidad que tuvo de dar fe de las semanas cotizadas por el actor, en atención a que esa información no se desprendía del sistema de pantalla que le fue puesto a la vista. Bajo ese contexto, puede válidamente concluirse que, contrario a la opinión del quejoso, la fedataria circunscribió su actuar dentro del marco que rige el desahogo de una prueba de inspección, esto es, limitándose a apreciar un sistema de pantalla a través de sus sentidos, sin mediar de por medio interpretaciones que pudieran llevar a estimar que su desahogo rebasó los límites que impone la propia naturaleza de la prueba. También resulta infundado el argumento del impetrante, relativo a que el desahogo de la inspección ocular se debió perfeccionar con la prueba de informática, ya que, al margen de que para dar fe de los datos que se presentan en una pantalla, sólo es necesario asentar detalladamente todo lo que se observa en ella, sin que se requieran conocimientos especiales en dicha materia, dado que el actuario no tiene que desplegar algún conocimiento técnico en informática para asentar lo que observe en el monitor. De ahí que no se comparta el criterio invocado por el quejoso en su demanda de amparo. Consecuentemente, deberá denunciarse la contradicción de tesis, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida el criterio que deba prevalecer. Por otro lado, es menester señalar que es verdad que en el desahogo de la prueba de inspección no se puso a la vista el expediente personal de la parte actora, sino únicamente el sistema denominado SINDO, el cual sólo arrojó datos afiliatorios a partir de mil novecientos ochenta y dos, tal como lo asentó la fedataria; circunstancia que por sí misma pudiera demeritar el valor demostrativo de dicha prueba, en relación con el número de semanas que tiene cotizadas el asegurado, atento a que no se podría arribar a una certeza plena sobre el total de cotizaciones efectuadas durante toda la historia laboral del asegurado. Lo anterior, si se toma en cuenta que el instituto demandado incumplió la obligación de conservar y exhibir en el juicio toda la documentación inherente a las diversas altas y bajas del trabajador en el régimen obligatorio de seguridad social, de conformidad con el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo; pero sobre todo porque al momento de ofrecer la prueba que nos ocupa, señaló que el periodo de inspección debía comprender a partir del uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, por tratarse de la fecha de ingreso del actor asegurado al régimen obligatorio, hasta el ocho de febrero de dos mil dos (sic), fecha de presentación de la demanda.(2). Sin embargo, a juicio de este órgano de control constitucional, no es dable atender a lo expuesto y otorgar la concesión del amparo solicitada para el efecto de que la Junta responsable tome en cuenta la omisión en que incurrió la institución demandada, misma que, como ya se dijo, a la postre se tradujo en una imposibilidad de conocer la totalidad de los movimientos afiliatorios del actor asegurado, en especial los relativos al periodo comprendido del uno de enero de mil novecientos cincuenta y ocho (fecha de ingreso al régimen obligatorio) a mil novecientos ochenta y dos (año a partir del cual se reportan movimientos en el sistema de pantalla SINDO), y valore la prueba de inspección que nos ocupa según su prudente arbitrio, ya que, aun cuando sobre dicho extremo haya existido controversia, lo cierto es que la autoridad laboral destacó que en el último periodo de cotización reflejado, que comprende del siete de agosto de dos mil al treinta y uno agosto de dos mil uno, se desprendía la presunción de que el actor, al momento de la presentación de la demanda (ocho de febrero de dos mil uno), se encontraba cotizando y, en consecuencia, trabajando, no reuniendo así el requisito contenido en la fracción III del artículo 145 de la Ley Federal del Trabajo. Consideración que se erige como un argumento toral que sustenta por sí misma el sentido del fallo reclamado y que se estima se encuentra acreditado a través de la referida prueba de inspección, al asistirle valor demostrativo por lo que a este aspecto se refiere, por las razones que enseguida se expondrán. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, el derecho al goce de la pensión por cesantía en edad avanzada, comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos previstos en el artículo 145(3) de la citada ley, a saber: a) Que haya un reconocimiento mínimo de quinientas cotizaciones semanales del asegurado; b) Que tenga sesenta años de edad cumplidos; y, c) Que se encuentre privado de un trabajo remunerado. Asimismo, que se solicite el otorgamiento de la pensión y que el asegurado haya sido dado de baja del seguro del régimen obligatorio, requisitos que son necesarios para la procedencia del otorgamiento y pago de la pensión. Ahora, por lo que hace a la carga de la prueba relativa al cumplimiento del requisito consistente en que el asegurado se encuentre privado de un trabajo remunerado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 465/2009, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tercero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, sostuvo que cuando un asegurado demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada, goza a su favor de la presunción de esa condición. Lo anterior, en atención a la finalidad que tiene dicha pensión de proteger a los trabajadores de sesenta a sesenta y cinco años de edad que se encuentren sin empleo y que por sus condiciones, debido al desgaste sufrido, se ven disminuidos en sus expectativas laborales, esto es, para obtener trabajo remunerado, en comparación con los trabajadores jóvenes. Sin embargo, la superioridad señala que tal presunción de que el asegurado se encuentra privado de trabajo remunerado es susceptible de ser desvirtuada, si el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien por disposición legal tiene la obligación de poseer los registros de los trabajadores que se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del seguro social, pone en evidencia que se encuentra inscrito y vigente en éste, y que ello implica, necesariamente, que está vinculado a una relación de trabajo remunerado y que realiza las aportaciones respectivas; tal como puede apreciarse de la siguiente transcripción de la ejecutoria en cita, en la parte que interesa: ‘Ante esta realidad biológica y social, puede concluirse que cuando un trabajador llega a la edad de sesenta años de edad no resulta difícil afirmar que sus expectativas laborales se reducen considerablemente, sino es que incluso desaparecen. Por lo tanto, si un asegurado llega a la edad de sesenta años y demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión de cesantía en edad avanzada, goza a su favor de la presunción de que está privado de trabajo remunerado ante la disminución de su capacidad productiva y que, por ello, se encuentra limitado para conseguir un empleo remunerado, pues debe partirse del supuesto de que si solicita esa pensión, es porque se encuentra privado de trabajo remunerado, atendiendo al principio de buena fe del derecho. No obstante, esa presunción es susceptible de desvirtuarse con prueba en contrario que ofrezca el Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio. ... Entonces, si el Instituto Mexicano del Seguro Social posee los registros de los trabajadores que se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del seguro social, debido a que la ley que lo rige lo obliga a tener esos documentos; entonces, resulta claro que dispone de elementos suficientes para evidenciar que el asegurado se encuentra sujeto a una relación de trabajo, pues si aporta al juicio laboral los datos relativos a la inscripción del trabajador en el régimen obligatorio del seguro social, se entiende necesariamente que éste está sometido a una relación de trabajo. Esto es, la Ley del Seguro Social ordena que todas las personas que se encuentren vinculadas a una relación de trabajo, en términos de los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, sean inscritas al régimen obligatorio, porque sólo así pueden disfrutar de los seguros y prestaciones respectivos, como es el caso de la pensión de cesantía en edad avanzada. Si una persona se encuentra inscrita en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto implica necesariamente que está vinculada a una relación de trabajo remunerado y que realiza las aportaciones respectivas. De esta forma, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene los elementos necesarios para desvirtuar la presunción de que el asegurado se encuentra privado de trabajo remunerado, si pone en evidencia que se encuentra inscrito y vigente en el régimen obligatorio del seguro social.’. La tesis jurisprudencial que s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24355-23be8dd0/prueba-de-inspeccion-practicada-sobre-la-pantalla-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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