ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015.
ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre un Tribunal Colegiado Especializado y un Pleno de Circuito.
Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital 2000331]
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los Magistrados que conforman el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia que nos ocupa, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los órganos contendientes.
I. Por lo que hace al amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, resuelto en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, tenemos como antecedentes, los siguientes:
1. **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo en contra de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, por el acto consistente en la resolución por la que esa comisión expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada con el número RES/998/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil dieciséis.
2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró con el número **********; y, seguidos los trámites legales, el veinte de junio de dos mil dieciséis celebró audiencia constitucional y dictó resolución en la que sobreseyó en el juicio.
3. En contra de esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente lo registró con el número ********** y admitió mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis. En sesión de ocho de septiembre siguiente, dictó resolución en la que se declaró legalmente incompetente por materia para conocer de ese medio de impugnación, por lo que ordenó el envío de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a fin de que, por su conducto, los remita al Tribunal Colegiado en la citada materia y jurisdicción, que por razón de turno corresponda conocer.
4. El expediente en cuestión fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien lo registró con el número **********; y en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis revocó la resolución recurrida y ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. En esa ejecutoria sustentó lo siguiente:
"Naturaleza material de la resolución reclamada.
"20. El dos de diciembre de dos mil doce se firmó por el presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del País, el denominado ‘Pacto por México’.
"21. Dicho pacto contiene estos cinco acuerdos:
"1. Sociedad de derechos y libertades;
"2. Crecimiento económico, empleo y competitividad;
"3. Seguridad y justicia;
"4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y,
"5. Gobernabilidad democrática.
"22. Para el caso de nuestra atención interesa destacar el contenido del acuerdo ‘Crecimiento económico, empleo y competitividad’.
"23. En este acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones.
"24. Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se plantearon, entre otras, esta acción:
"• Creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones.
"25. En ese sentido, se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.
"26. Asimismo, en dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo.
"27. Para lo cual se señaló se impulsaría una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor.
"28. En el propio pacto se estableció un calendario para implementar esas propuestas.
"29. En coherencia con lo anterior, el once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones’, en el cual se señaló lo siguiente.
"‘Artículo único.’ (se transcribe)
"30. Para efecto de comprender la normatividad transcrita, es necesario atender a lo expuesto en la iniciativa del proceso legislativo que dio origen a esas reformas, de lo cual se puede destacar lo siguiente:
"(se transcribe)
"31. Como se ve, en la reforma constitucional referida, se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto a cargo de órganos jurisdiccionales especializados en la materia.
"32. Por ello, en la iniciativa se planteó la necesidad de establecer esos órganos jurisdiccionales especializados para efecto de brindar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades.
"33. Asimismo, se señaló que dicha certeza se garantizará por medio de juzgadores especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
"34. Por tanto, las razones que llevaron al legislador a crear los órganos jurisdiccionales en cuestión fueron en esencia las siguientes:
"a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos.
"b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación.
"c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas.
"d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social.
"e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica.
"f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad.
"35. Posteriormente, siguiendo, también, los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil trece, el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.’, en el cual se estableció lo siguiente:
"‘Artículo único.’ (se transcribe)
"36. De dicha reforma constitucional destaca la adición hecha al artículo 28 de un párrafo octavo, en el cual se estableció lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"37. El proceso legislativo del que derivó ese decreto dio inicio con tres distintas iniciativas.
"38. En la iniciativa presentada por legisladores federales, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, se expuso, entre otras cosas, lo siguiente:
"• Que como parte de las reformas que se ponían a consideración del Congreso de la Unión, estaba el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, ya que no podría entenderse una reforma como a la que se aspiraba y la que la sociedad demandada, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas.
"• Que en razón de lo anterior se proponía reformar el artículo 28 constitucional, con varios objetivos: en primer término, reorganizar la estructura de dicho artículo, a fin de que todas las disposiciones relativas a los monopolios quedaran agrupadas de tal forma que el Texto Constitucional tuviera coherencia normativa.
"• Asimismo, se proponía que dicho artículo se convirtiera en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemplara al Banco de México como regulador de la política monetaria del País, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al Texto Constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del País.
"• En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reiteró que se proponía se incorporara dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara.
"• Se señaló que como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía sería un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que debía regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentaría una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
"• En síntesis, se anotó, la incorporación de esos 3 órganos constitucionales autónomos se sumaba a los ya existentes en el artículo 28 constitucional, por lo que de manera genérica, les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en los que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo, salvo la constitución del Fondo Mexicano del Petróleo, que estaría sujeta a la integración que determinara la ley en la materia.
"39. Como resultado de lo anterior, los legisladores federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, sometieron a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con:
"(se transcribe)
"40. Por lo que respecta al artículo 28 constitucional se propuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"41. Por su parte, en el ‘Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía, y Estudios Legislativos, primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía’, concretamente en el apartado denominado: ‘Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras’, se expuso, entre otras cosas, lo siguiente:
"• Que para el caso de la Comisión Reguladora de Energía la ley debía prever como parte de sus atribuciones, entre otras, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución de ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, la regulación de ventas de primera mano de dichos productos.
"42. Por su parte, en el apartado denominado: ‘Proyecto de decreto y régimen transitorio’, se expuso que se sometía a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente:
"‘Transitorio décimo.’ (se transcribe)
"‘Transitorio décimo segundo.’ (se transcribe)
"43. Luego del proceso legislativo del que se ha dado cuenta, entre otros cambios, se adicionó al artículo 28, el párrafo octavo, en el cual, cabe reiterar, se estableció lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"44. En los artículos transitorios del Decreto en Materia de Energía, se dispuso, entre otras cosas:
"‘Décimo.’ (se transcribe)
"‘Décimo segundo.’ (se transcribe)
"45. Derivado del Decreto en Materia de Energía, el once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Hidrocarburos, misma que en términos de sus transitorios primero y segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
"46. De dicha ley destaca lo dispuesto en su artículo décimo tercero transitorio, que dice:
"‘Décimo tercero.’ (se transcribe)
"47. De igual manera, el once de agosto de dos mil catorce, se publicó en ese mismo medio de difusión la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, misma que en términos de sus transitorios primero y segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco.
"48. De esta ley resalta lo dispuesto en su artículo 42, que dice:
"‘Artículo 42.’ (se transcribe)
"49. Bajo el contexto del marco regulatorio descrito, el quince de febrero dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ‘Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano’, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso.
"50. De dicha resolución destaca lo dispuesto en su considerando séptimo, el cual señala:
"‘SÉPTIMO.’ (se transcribe)
"51. A fin de concluir con la descripción del marco regulatorio, que servirá de sustento a la conclusión de este tribunal, es conveniente mencionar que, en atención al mandato contenido en el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"52. En el punto cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que dichos órganos especializados conocerían de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"53. Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios.
"54. De lo hasta aquí expuesto se obtiene lo siguiente:
"1. Que los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, concretamente en el acuerdo denominado ‘Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad’.
"2. Que conforme a dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Asimismo, en el citado acuerdo se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.
"3. Que de acuerdo a la iniciativa con la que inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, se busca impedir el abuso del sistema de justicia, del que hacían uso los agentes económicos para frenar la regulación que pretendía reducir el poder de dichos agentes en mercados vitales o estratégicos, o detener prácticas anticompetitivas.
"4. Que conforme con dicho iniciativa se previó la creación de tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulaban las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y, b) a fin de evitar criterios contradictorios y permitir que los juzgadores que resolvieran esos conflictos pudieran especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, revestía una alta complejidad.
"5. Que con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica.
"6. Que conforme a la iniciativa presentada por legisladores federales de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (una de las tres con las que dio inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Energía), se propuso que el artículo 28 constitucional se convirtiera en el referente de los órganos reguladores, incorporando en ese precepto, entre otros, a la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, se planteó que, de manera genérica, a dichos órganos les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo.
"7. Que una vez concluido el proceso legislativo relativo a la reforma en Materia de Energía, se estatuyó, a nivel constitucional, que la Comisión Reguladora de Energía se convertiría en un órgano regulador coordinado en materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión. Debiéndose realizar las adecuaciones legales correspondientes a fin de establecer entre sus atribuciones: ‘en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos’.
"8. Que de conformidad con la Ley de Hidrocarburos la Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano, entre otros, de gas natural, a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
"9. Que conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
"10. Que de conformidad con la ‘Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano’, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso, la Comisión Reguladora de Energía, al expedir esa metodología, busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta, entre otros objetivos.
"11. Que de conformidad con el Acuerdo General 22/2013, los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomun
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27921-e9e14b61/organos-jurisdiccionales-en-materia-administrativa-especializados-en-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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