ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA ACTOS QUE REGULEN TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMO SUCEDE CON EL ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO A/058/2017.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 447/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: SALVADOR OBREGÓN SANDOVAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre diversos Tribunales Colegiados y un Pleno de Circuito especializado, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.
Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Tesis P. I/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 9, registro digital: 2000331]
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Jueces de Distrito, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Luego, es claro que está legitimada para formular la denuncia que nos ocupa, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los órganos contendientes.
I. Por lo que hace al conflicto competencial **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, resuelto en sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, tenemos como antecedentes, los siguientes:
1. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, **********, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, por los actos consistentes, entre otros, en la promulgación y publicación de los Acuerdos A/074/2015 de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, A/058/2016 de nueve de febrero de dos mil diecisiete y A/061/2017 de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.
2. Mediante proveído de seis de febrero siguiente, la Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, admitió la demanda, la registró con el número **********; y el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho dictó sentencia en la que declaró carecer de competencia por razón de materia, y declinó la competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México.
3. Posteriormente, la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, a quien correspondió conocer del asunto, por proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho, lo registró con el expediente ********** y rechazó la competencia declinada a su favor.
4. En acuerdo de diez de agosto del propio año, la referida Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, insistió en declinar su competencia y ordenó la remisión de la demanda de amparo y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, en turno, para la resolución del conflicto competencial suscitado.
5. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, admitió el conflicto competencial, lo registró con el número **********; y en sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, declaró legalmente competente a la Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, para conocer de la demanda formulada. En esa ejecutoria se sustentó lo siguiente:
"...
"QUINTO.—En el presente caso existe conflicto competencial porque los Jueces de Distrito contendientes se niegan a conocer de la demanda de amparo presentada por **********, en representación de **********, asumiendo posturas diferentes en cuanto a la competencia por razón de materia.
"Lo anterior porque el punto jurídico controvertido versa sobre la competencia, por razón de materia, suscitada entre el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado, residente en Córdoba, Veracruz y la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, residente en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, ya que el primero determinó e insistió, que los actos reclamados se encuentran vinculados con la materia de competencia económica, en esencia, porque regulan el cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad, y el segundo, medularmente, resolvió que los Acuerdos A/074/2015, A/058/2016 y A/061/2017 reclamados no constituyen la decisión recaída a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, además, que las autoridades responsables Comisión Reguladora de Energía y Comisión Federal de Electricidad, no estaban contempladas en el artículo 28 de la Constitución Federal, y además, que dichos acuerdos no inciden de manera directa con el uso, aprovechamiento y explotación de espectro radioeléctrico; las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones; o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
"Además, las consideraciones formuladas por los juzgadores de amparo para rehusar la competencia, es por razón de materia, pues el Juez requirente considera que el asunto se subsume en la materia especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, mientras que la Juez requerida aduce que el asunto se ubica en la competencia administrativa genérica.
"Es aplicable, por su contenido, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y seis, del Tomo XVII, junio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe)
"Precisado lo anterior, debe añadirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la competencia por materia para conocer de un asunto, debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios formulados.
"Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos doce, del Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’ (se transcribe)
"En ese orden, para determinar a qué órgano corresponde el conocimiento del asunto, se tiene presente lo que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:
"(se transcribe)
"De conformidad con el dispositivo legal transcrito, los Jueces de Distrito Especializados en Materia Administrativa conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales, al igual que de las demás disposiciones de observancia general en esa materia.
"También conocerán de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; de juicios contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos, o bien, con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Este ordenamiento es aplicable, debido a que la Juez de Distrito que se rehúsa a aceptar el conocimiento del asunto, aun cuando no tiene especialización en la materia administrativa, tiene competencia mixta de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Ahora bien, los artículos 28 y 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, vigente a partir del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, establecen:
"(se transcriben)
"De los ordenamientos anteriores se desprende que al Estado, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, le corresponde, entre otros objetivos, garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen el propio ordenamiento y las demás leyes aplicables.
"Asimismo, los actos relacionados con esas materias, sólo podrán impugnarse a través del juicio de amparo sustanciado ante Jueces y Tribunales Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
"Por su parte, el Acuerdo General 22/2013, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en lo que interesa dice:
"(se transcribe)
"Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, con la misma competencia que al resto de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, se especificó que estarían especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"Por consiguiente, los asuntos relacionados con las subespecialidades apuntadas (competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones), corresponde a los Jueces especializados.
"Ahora bien, en cuanto a la especialización en ‘competencia económica’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico, al resolver el conflicto competencial **********, cuyo criterio participó en la integración de la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a), estableció en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe)
"De la ejecutoria anterior, participó en la integración de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), «publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 05 de agosto de 2016 a las 10:05 horas y» consultable en la página mil noventa y dos, del Libro 33, Tomo II, agosto de dos mil dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice:
"‘TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.’ (se transcribe)
"En ese contexto, para estar en condiciones de precisar si en el juicio de amparo de donde deriva el presente conflicto corresponde o no a las subespecialidades apuntadas (competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones), es necesario puntualizar lo siguiente:
"a) **********, por conducto de su representante, reclamó de la Comisión Reguladora de Energía, la promulgación y publicación de los Acuerdos Números: ‘... A/074/2015 de 31 de diciembre de 2015, el Acuerdo Número A/058/2016 publicado en el DOF el 09 de febrero de 2017 y el Acuerdo Número A/061/2017 del día 29 de noviembre de 2017 ...’, que eran la base para que Comisión Federal de Electricidad aplicara los nuevos cobros de energía eléctrica.
"Así como las notas aclaratorias del Acuerdo ‘... A/058/2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2017 y del 07 de abril de 2017 ...’.
"b) También reclamó de la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de su primer acto de aplicación, la expedición del recibo de luz, en el cual se cobra el monto de ********** por el periodo facturado del mes de diciembre de 2017 ...’, y en el que refiere se ‘... cobran nuevos cargos, bajo los siguientes conceptos: Suministro, Distribución, Cenace, Generación B, Generación I, Generación P., Capacidad y SCnMEM, los cuales son inconstitucionales, dando motivo al presente amparo ...’
"c) En los hechos que la quejosa narró en la demanda de amparo dicen:
"(se transcribe)
"En ese orden, debe añadirse que la Comisión Reguladora de Energía en el Acuerdo A/074/2015, de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, emitió las tarifas que aplicaría la Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el periodo tarifario inicial, que comprende del primero de enero de dos mil dieciséis y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 41, fracción III, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados, y 140, fracciones I y II, de la Ley de la Industria Eléctrica, entre otros ordenamientos; en el referido acuerdo se precisa que las tarifas debían expedirse bajo los principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y del mercado competitivo, enfocado a proteger los intereses de los usuarios, sin reconocer contraprestaciones y precios que se apartaran de dichos principios. Además, que la determinación y aplicación de las metodologías y tarifas reguladas deberán tener como objetivo en materia de distribución, entre otros: (i) promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, (ii) garantizar la continuidad de los servicios, (iii) evitar la discriminación indebida, (iv) promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las RGD y (v) proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales.
"También en el Acuerdo A/058/2016, y notas aclaratorias publicados, respectivamente, el nueve de febrero, el catorce de marzo y siete de abril, todas de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer actualización de tarifas, y criterios administrativos de interpretación administrativa en relación con las tarifas aprobadas para el servicio público de ‘transmisión’ correspondiente a los años dos mil dieciséis al dos mil dieciocho contenidas en los Acuerdos A/045/2015 y A/075/2015.
"Finalmente, en el Acuerdo A/061/2017, de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Reguladora de Energía determinó las tarifas finales del suministro básico, aplicables durante diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con los artículos 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 139, 140, fracción III y 146 de la Ley de la Industria Eléctrica.
"Los ordenamientos en que se apoya invocados en los acuerdos reclamados, en específico, los diversos 41, fracción III, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, disponen:
"(se transcriben)
"Igualmente, los diversos 12, fracción IV, 138, fracción II, 139, fracciones II y III, de la Ley de la Industria Eléctrica establecen:
"(se transcriben)
"De los preceptos transcritos, se evidencia que a la Comisión Reguladora de Energía, le corresponde fomentar el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y las prestaciones de los servicios.
"También le compete determinar, las metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables a los generadores exentos, y expedir las normas directivas, metodologías, los modelos de contratos y demás disposiciones de carácter administrativo, en materia de generación de energía eléctrica a partir de energías limpias y generación distribuida, atendiendo a la política establecida por la Secretaría de Energía.
"Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica, tiene como finalidad, promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.
"Por lo anterior, se estima que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, pues la quejosa no está reclamando actos por alguno de los órganos autónomos a los que se refiere el artículo 28 de la Constitución Federal, a saber, Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones.
"Igualmente, en los acuerdos reclamados únicamente se expiden tarifas que aplicaría la Comisión Federal de Electricidad por servicio público de distribución de energía eléctrica, se definen, entre otros, el criterio de interpretación administrativa en relación con las tarifas aprobadas para el servicio público de transmisión de dicho fluido eléctrico y se determinan las tarifas finales de suministro básico aplicables durante los periodos que en los propios acuerdos se señalan, que indudablemente forman parte de las atribuciones constitucionales de la Comisión Reguladora de Energía, para distribución, transmisión y suministro básico de energía eléctrica, como un servicio público (no de comercialización) que realiza la Comisión Federal de Electricidad (empresa subsidiaria del Estado), dirigido a usuarios que no tienen la calidad de participantes en el mercado, es decir, aquellos que generen, comercialicen y suministren la energía eléctrica, por medio de un contrato que otorgue permisos o concesiones.
"Aunado a que con los actos reclamados se protegen los intereses de los usuarios respecto de la prestación de los servicios públicos de la empresa subsidiaria del Estado, como es la Comisión Federal de Electricidad, en su calidad de Suministradora de Servicios Básicos.
"Por consiguiente, la controversia debe conocerla un Juez de Distrito en materia administrativa, sin especialización en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, porque no involucra el proceso de competencia y libre concurrencia, ya sea para la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios (artículo 28 de la Constitución Federal).
"Tampoco se trata de una controversia que verse respecto de la rivalidad generada entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios (no hay empresas rivales); y, tampoco concierne al libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad, pues como se precisó únicamente se expiden tarifas que aplicaría la Comisión Federal de Electricidad por el servicio púbico de distribución, transmisión y suministro básico de energía eléctrica.
"Es decir, la materia de los actos reclamados en el juicio de amparo no incide de forma directa e indirecta sobre los temas de competencia económica como lo señala la Juez federal especializada, sino que están relacionados con tarifas finales que aplicaría Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos por la prestación del suministro básico de energía eléctrica durante determinados ciclos tarifarios relacionados con la distribución, transmisión y suministro básico de energía eléctrica, el cual se refleja en el cobro de suministro del servicio de energía eléctrica, el cual considera la quejosa como el primer acto de aplicación de los acuerdos reclamados, que como se precisó, no tiene relación con un tema de competencia económica, sino con determinaciones de carácter administrativo.
"Sumado a lo anterior, debe añadirse que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa no es una empresa concesionaria que preste o comercialice energía eléctrica junto con otros competidores, sino únicamente tiene permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, aunado a que reclama las tarifas que aplicaría la Comisión Federal de Electricidad por servicio público de distribución de energía eléctrica, y definen, entre otros, el criterio de interpretación administrativa en relación con las tarifas aprobadas para el servicio público de transmisión de dicho fluido eléctrico y se determinan las tarifas finales de suministro básico aplicables durante los periodos que en los propios acuerdos se señalan, por lo que debe ser resuelto por un órgano constitucional sin especialización.
"Lo expuesto cobra sustento aún más porque, para que se actualice la competencia de un Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere que el ‘... acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados ...’, lo cual no acontece en la especie.
"Esto porque sólo se actualiza cuando se reclaman actos relacionados con el ejercicio de las actividades por cuestiones intrínsecas que estén relacionados el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para determinar la competencia para conocer del amparo indirecto en favor de los Juzgados de Distrito especializados en esos temas, lo cual en el caso no acontece, porque los acuerdos reclamados evidentemente no se relacionan con la materia especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"No es óbice a lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia:
«publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas»
"‘Décima Época
"‘Registro digital: 2017325
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘Libro 56, Tomo I, julio de 2018,
"‘Materias común, administrativa
"‘Tesis: 2a./J. 68/2018 (10a.)
"‘Página: 425
"‘ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN COMO OBJETIVO CREAR CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LOS PETROLÍFEROS, COMO LO SON LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL.’ (se transcribe)
«publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas»
"‘Décima Época
"‘Registro digital: 2017326
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: Jurisprudencia
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘Libro 56, Tomo I, julio de 2018
"‘Materias común y administrativa
"‘Tesis: 2a./J. 69/2018 (10a.)
"‘Página: 535
"‘ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015.’ (se transcribe)
«publicada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29039-bdc77c91/organos-jurisdiccionales-en-materia-administrativa-especializados-en-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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