IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) ORDENADA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 298/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.
Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, tal como se desprende de la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) pues la denuncia fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, en sesión de veinte de agosto de dos mil quince, que sustentó un criterio que estima contradictorio al del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, el cual fue reiterado por el Pleno Especializado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
TERCERO.-Posturas contendientes. Para establecer la materia de estudio de la contradicción de criterios denunciados, es preciso señalar brevemente los antecedentes que dieron origen a las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados y, enseguida, los argumentos torales en que descansaron sus posturas.
(1) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al emitir el recurso de queja **********, promovido por la parte quejosa, en sesión de veinte de agosto de dos mil quince, aplicó la Ley de Amparo vigente y determinó que el recurso de queja interpuesto resultó infundado, por lo que confirmó el auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo al considerar que no se agotó el principio de definitividad a que remite la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, el quejoso no interpuso el recurso de apelación contra la orden de identificarlo administrativamente dictada en el auto de formal prisión, la cual combatió de forma autónoma.
- Consideraciones fácticas:
El auto recurrido lo constituyó el proveído de treinta de abril de dos mil quince, emitida por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, dentro del juicio de amparo indirecto **********, en la que desechó la demanda de garantías al advertir que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y decretó el desechamiento de plano de la demanda de amparo.(3)
- Argumentos centrales de la resolución:
"SÉPTIMO. Son fundados pero inoperantes los agravios hechos valer.-Ante todo, cabe señalar que el acto reclamado en el juicio de garantías del que derivó el presente recurso, se hizo consistir en la orden de identificación administrativa (ficha signalética) del quejoso, ordenada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado, al dictar el veinticinco de abril de dos mil quince, el auto de formal prisión en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado dentro de la causa penal **********.-...Se estableció en el acuerdo recurrido que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que contempla que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento.-...Se estableció también por el a quo, que como el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales disponía la procedencia del recurso de revocación contra los autos que no fueran apelables, era evidente que si se reclamaba en forma destacada la orden de identificación administrativa, primero debió agotarse ese medio de impugnación antes de acudir al juicio de amparo, ya que dicho acto por sí solo no afectaba la libertad del peticionario de garantías, ya que su objeto era el de aportar al Juez de la causa elementos suficientes para la individualización de la pena...-En contra de lo resuelto sostiene la parte recurrente que, le causa perjuicio el Juez de amparo, al sostener que debió agotar el principio de definitividad, pues argumenta que considera que en la especie, no era procedente agotar los recursos como se sostenía en el acuerdo recurrido, en atención a que el acto reclamado había sido emitido dentro del auto de formal prisión decretado en su contra...-Por tanto, se alega que al ordenarse la toma de la ficha administrativa de identificación dentro del auto de formal prisión, no constituía un acuerdo autónomo, para que se interpusiera el recurso de apelación contra el auto de formal prisión y, de manera autónoma el recurso de revocación en contra de la orden de identificación administrativa, máxime que esta última es una consecuencia de dicho auto de término constitucional.-Es fundado pero inoperante lo aducido, en la medida de las siguientes consideraciones:-En principio, es de precisarse que, de la resolución recurrida, se desprende que el Juez de amparo realizó una incorrecta fijación del acto reclamado, ya que aun cuando en la demanda de amparo se estableció como acto reclamado destacado la orden de identificación administrativa (ficha signalética) ordenada por el Juez... debe precisarse que del contenido de la demanda se desprende, que se mencionó que dicha orden se encontraba contenida en el auto de término constitucional...-Por tanto, es claro que la orden de identificación administrativa supracitada, no se combatió en forma autónoma, como se determinó por el Juez de Distrito, sino como parte integrante del cuerpo de la determinación que contiene el auto de formal prisión decretado al quejoso...-Si la orden de identificación administrativa combatida, se encuentra contenida en el auto de formal prisión..., mismo que se alude en la demanda de amparo, entonces es claro que dicho acto de autoridad se impugnó como derivado de aquél, lo que conlleva a establecer que por ende, al ser el auto de término constitucional apelable, contrario a lo esgrimido en la determinación recurrida, no procedía que previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso hiciera valer el recurso de revocación aludido por el a quo y, a que hace referencia el artículo 361 del precitado ordenamiento legal.-Sin embargo, es inoperante lo alegado, ya que previo de acudir al juicio de amparo, como bien se estableció en el acuerdo recurrido, el inconforme debió agotar el principio de definitividad a que remite la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que contempla que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento...-Efectivamente,... al encontrarse contenida la orden de identificación administrativa (ficha signalética) combatida, en el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso por su probable responsabilidad en el delito de peculado, proceden en su contra el recurso de apelación contemplado en el artículo 367, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales...-El auto de formal prisión y, la orden de identificación administrativa, aun cuando se contienen en un mismo acto de autoridad, son de naturaleza distinta, ya que la identificación administrativa, no está regulada en forma concreta por el artículo 19 constitucional, de modo tal que su constitucionalidad dependa necesariamente del auto preventivo del que dimana, sino que por tratarse de un acto de autoridad que, dicta una medida administrativa, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 de la propia Constitución Federal.-Por tanto, al haberse combatido sólo la orden de identificación administrativa, es claro que el promovente del amparo, debió previamente agotar el principio de definitividad en cuanto a dicho acto de autoridad, es decir, interponer el recurso de apelación correspondiente, pues se reitera esa orden se atacó sólo por vicios propios." [énfasis añadido]
(2) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de la queja penal **********, promovido por la parte quejosa, en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, aplicó la Ley de Amparo vigente, revocó el auto recurrido dictado en el juicio de amparo indirecto **********, al considerar que cuando se reclama como acto la orden de identificación administrativa (ficha signalética), la legislación penal adjetiva no resulta suficiente para determinar que en su contra procede el recurso de apelación, pues no se señala así expresamente, por lo que el quejoso recurrente no tenía la obligación de agotar el recurso de apelación, actualizándose la causal de excepción prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que fue injustificado el desechamiento de la demanda de garantías por el Juez de Distrito.
- Consideraciones fácticas:
El auto recurrido, lo constituyó el proveído de trece de octubre de dos mil catorce, emitido dentro del juicio de amparo indirecto **********, por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en el que se desechó la demanda de amparo por considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la orden de identificación administrativa (ficha signalética), como consecuencia del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso recurrente, es susceptible de ser combatida a través del recurso de apelación a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la técnica del juicio de amparo.
- Argumentos centrales de la resolución:
"... suplidos en su deficiencia, devienen sustancialmente fundados los motivos de disenso, pues el Juez de Distrito no debió desechar la demanda de amparo donde el quejoso-recurrente reclama la orden de identificación administrativa (ficha signalética), dictada dentro de la causa penal ********** del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, que se le instruye como probable responsable del delito de robo calificado; basado el Juez Federal en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, según sostuvo, porque 'es susceptible de ser combatida a través del recurso de apelación que establecen los artículos 318 y 320 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave'.-Los referidos preceptos 318 y 320, a la letra disponen:-'Artículo 318. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los hechos. El tribunal de alzada confirmará, revocará o modificará la resolución apelada.'-'Artículo 320. Tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado o su defensor y sólo para efectos de la reparación del daño el ofendido, la víctima o su legítimo representante, en los términos establecidos por el artículo 20 constitucional.-Son apelables en efecto devolutivo:-I. Las sentencia (sic) que absuelvan al acusado;-II. Los autos en los que se decrete el sobreseimiento, salvo por inacusación o desistimiento de la acción penal o aquellos en que se niegue el sobreseimiento;-III. Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación de autos; los que decreten la separación de autos y los que conceden o nieguen la recusación;-IV. Los autos de formal prisión; los de sujeción o no sujeción a proceso y los de falta de elementos para procesar;-V. Los autos en que se conceda, niegue o revoque la libertad provisional bajo caución y los que resuelvan algún incidente no especificado. Si la inconformidad versa únicamente sobre el monto de la caución en que se concedió la libertad, procede el recurso de revocación;-VI. El auto que niegue la orden de aprehensión o la ratificación de la detención y el que niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo serán apelables por el Ministerio Público;-VII. Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria o a librar el oficio inhibitorio, cuando estime que es competente;-VIII. Los autos que nieguen las medidas precautorias de carácter patrimonial o el arraigo del indiciado; y-IX. Las demás resoluciones que señale la ley.-Son apelables en ambos efectos las sentencias condenatorias y los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos.'-Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, establece:-'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:- ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.-Se exceptúa de lo anterior:-a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;-b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;-c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.-Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;....'-Como puede verse, el anterior apartado que se subrayó de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, prevé los casos de excepción al principio definitividad, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, disponiendo que de estarse en esas circunstancias el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; hipótesis que en forma patente se actualiza en el particular caso, pues por una parte, los preceptos 318 y 320 del Código de Procedimientos Penales para la entidad, no son claros ni precisos, en cuanto a que el recurso de apelación proceda, específicamente, en contra de la orden de identificación administrativa (ficha signalética), por ende, son insuficientes para determinar que ese medio de impugnación proceda, y por otro lado, para arribar a esa conclusión, se tendría que hacer como el Juez de Distrito procedió, es decir, efectuar necesariamente una interpretación adicional y así concluir que la citada orden de identificación sea apelable, según el a quo, integrando aquellos preceptos 318 y 320 con el diverso artículo 171 (sic) del código adjetivo penal, por lo que a su parecer como la ficha signalética constituye una consecuencia directa del auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, entonces al igual que estos es impugnable mediante el recurso de apelación, lo que sin duda, se itera, constituye una interpretación adicional.-...En virtud de lo anteriormente planteado, es inconcuso que el quejoso-recurrente no tenía la obligación de agotar el recurso de apelación, porque su caso se ubica claramente en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, y por tal motivo, tenía la libertad de interponer dicho recurso ordinario de procedencia insegura, por lo que ni optó, o de acceder en forma directa al juicio protector de derechos humanos, vía que intentó, pero que injustificadamente en el acto recurrido se le desechó la demanda por el Juez de Distrito.-No pasa inadvertido que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, se basó para desechar la demanda del quejoso recurrente, en la jurisprudencia 1a./J. 60/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 164, Tomo XXIV, octubre de 2006, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro «digital»: 174058, de rubro: 'ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.',... dicho criterio se considera que no es aplicable al caso concreto, conforme al sexto transitorio del Decreto relativo a la publicación de la nueva Ley de Amparo en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece,... pues su sentido se opone, precisamente, al aquí examinado párrafo último de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia vigente, cuyo caso de excepción al principio de definitividad, o se contemplaba en la Ley de Amparo anterior, conforme a la cual se integró la aludida jurisprudencia."(4)
En atención a lo resuelto en dicho asunto, el aludido tribunal emitió la tesis que indica:
"ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 60/2006). Cuando se reclama la orden de identificación administrativa (ficha signalética), el artículo 320 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz es insuficiente para determinar que en su contra proceda el recurso de apelación, puesto que no lo establece así expresamente y, en todo caso, se tendría que acudir a una interpretación adicional para arribar a esta conclusión; por tanto, se está en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tal motivo, el quejoso puede promover el juicio de amparo sin necesidad de impugnar dicho acto mediante el citado recurso de apelación. Consecuentemente, resulta inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 60/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164 del Tomo XXIV, octubre 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 'ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.', ya que conforme al artículo sexto transitorio del decreto relativo a la publicación de la nueva Ley de Amparo en el Diario Oficial de la Federación del 2 de abril de 2013, se integró conforme a la ley anterior (artículo 73, fracción XIII), que no preveía dicho caso de excepción al principio de definitividad."(5)
CUARTO.-Existencia de la contradicción de criterios. En principio, debe indicarse que para que acontezca la contradicción de criterios, es necesario determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
En otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario examinar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones -aunque legales- distintas, pero no necesariamente contradictorias en términos lógicos.
Dicho de otro modo, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los Tribunales Colegiados de Circuito o los Plenos de Circuito de distinta Especialidad o Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
Lo anterior, de acuerdo el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración P./J.72/2010(6) y la tesis aislada XLVII/2009,(7) de títulos: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."
Expuesto lo anterior, esta Primera Sala estima que existe contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito con lo expuesto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito.
En principio, porque se cumple la exigencia marcada con el número 1, ya que a juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados de distintos Circuitos contendientes, al resolver las cuestiones presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un juicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Tal como se desprende de sus resoluciones, que se detallan en el considerando tercero de la presente resolución.
También se satisface el requisito marcado con el número 2 para estimar actualizada una contradicción de criterios, referente a que exista algún punto de toque que resulte antagónico entre los ejercicios interpretativos respectivos, para ello, es necesario precisar los aspectos centrales de sus resoluciones, del siguiente modo:
(1) Respecto del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, promovido por el pasivo del delito, en que contra el acto reclamado que consistió en la orden de identificación administrativa dictada en un auto de formal prisión el amparista debió interponer previo a la promoción del juicio de amparo el recurso de apelación contra esa determinación, por lo que al no haber agotado el principio de definitividad, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, bajo los siguientes puntos sintetizados:
i. Que la orden de identificación administrativa reclamada fue emitida dentro de un auto de formal prisión citado por el quejoso, por lo cual, el acto reclamado no se combatió en forma autónoma, sino como derivado de la resolución de plazo constitucional, que es apelable.
ii. Adverso a lo indicado por el juzgador de amparo el quejoso no debió agotar el recurso de revocación, sino el de apelación, pues al estar contenido el acto reclamado en el auto de formal prisión que es apelable conforme al artículo 367, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, se debió agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo.
iii. Lo anterior, debido a que el auto de formal prisión se rige por el artículo 19 constitucional, en tanto que la identificación administrativa por el artículo 16 de mismo ordenamiento fundamental, la cual reclamó por vicios propios, por tanto, fue correcto el desechamiento de la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
(2) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja **********, determinó que contra el acto reclamado consistente en la orden de identificación administrativa dictada en un auto de término constitucional, reclamada por vicios propios, no es necesario agotar el recurso de apelación antes de acudir al juicio de amparo, en principio, porque el artículo 320 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz no prevé expresamente que proceda ese recurso contra el acto impugnado, en segundo lugar, porque para interponer el recurso de apelación se tendría que efectuar una interpretación adicional para asimilar que el acto reclamado es impugnable al igual que la resolución del plazo constitucional, por lo que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, para lo cual, ocupó los siguientes razonamientos jurídicos:
• Considera que el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo exceptúa el principio de definitividad cuando el medio de impugnación relativo se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, por lo que en esos casos queda a libertad del quejoso agotar o no dichos recursos antes de acudir al juicio de amparo.
• Así, destaca primeramente que, los artículos 318 y 320 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz no establecen que proceda el recurso de apelación específicamente contra la orden de identificar administrativamente al amparista, por otro lado, indica que debe acudirse necesariamente a una interpretación adicional de esos numerales en relación con el artículo 175 del mismo ordenamiento para considerar que contra dicho acto emitido dentro de un auto de formal prisión es procedente el recurso de apelación.
• De esa manera, se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad señalado anteriormente, de manera que el quejoso tenía la libertad de interponer el recurso de apelación o acudir al juicio de amparo y optó por lo último.
• Finalmente, puntualizó que si bien existe la jurisprudencia 1a./J. 60/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 164, Tomo XXIV, octubre de 2006, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 174058, de rubro: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO."; dicho criterio se considera inaplicable al caso concreto, conforme al sexto transitorio del decreto relativo a la publicación de la nueva Ley de Amparo en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, pues su sentido se opone en el párrafo último de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia vigente, cuyo caso de excepción al principio de definitividad, no se contemplaba en la Ley de Amparo anterior (artículo 73, fracción XIII), conforme a la cual, se integró la aludida jurisprudencia.
De lo anterior, se advierte que los dos órganos de decisión parten del análisis del mismo acto reclamado, pues ambos analizaron la orden de identificación administrativa (ficha signalética) emitida con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27090-6e701506/identificacion-administrativa-ficha-signaletica-ordenada-en-el-auto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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