HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE SU PAGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, NI SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN CONFORME, CUANDO LAS RESPECTIVAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS PROSCRIBAN ESA PRESTACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 324/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 31 DE ENERO DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: DIANA CRISTINA RANGEL LEÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que el asunto es de las materias de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante -Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-, es uno de los órganos que sostuvieron los criterios materia de la contradicción de tesis, a saber, el adoptado en el juicio de amparo directo 4/2017 del índice de dicho tribunal.
TERCERO.-Tema y criterios contendientes. Los Magistrados denunciantes indicaron que el posible punto de contradicción es el siguiente:
"... el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, sustenta que para los sujetos previstos en el artículo 123, apartado B, inciso XIII, constitucional, procede aplicar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por lo que deben pagarse horas extras; mientras que este tribunal sostuvo que no procede ese pago, pues no es aplicable el artículo 123, apartado A, (sic) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esos sujetos se rigen por sus propias leyes y así el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco prohíbe el pago de horas extras. ..."
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 4/2017, dictó el fallo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete que, en lo que interesa, establece:
"Sobre el particular, este órgano colegiado, en sesión de doce de mayo de dos mil dieciséis, resolvió el amparo directo **********, cuya ejecutoria, en lo conducente, dice:
"‘... en la reiteración que hace el quejoso de que la autoridad responsable hace una incorrecta interpretación del artículo 57 de Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ya que el propio reglamento establece que son derechos irrenunciables los beneficios y derechos que se concedan en otras legislaciones como lo son los numerales 33 y 34 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lo anterior es infundado.’
"Ello es así, porque al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el veintidós de abril de dos mil quince, al resolver el amparo directo en revisión **********, en el que expresó, en lo que interesa para la resolución de este asunto, lo siguiente:
"‘QUINTO.-Una vez verificada la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, procede el análisis de los agravios planteados; en el entendido de que el problema que prevalece en esta instancia, consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.’
"A fin de estar en condiciones de resolver la problemática planteada, esta Segunda Sala estima necesario, en primer término, interpretar el contenido normativo del indicado numeral 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por tratarse de una cuestión que atañe al estudio de constitucionalidad planteado. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 55/2014 (10a.) siguiente:
"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESTE RECURSO SE ENCUENTRA LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE LA NORMA GENERAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNA, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD.’ (se transcribe).
"La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de julio de dos mil doce, en vigor a partir del veinte de agosto siguiente, de conformidad con el artículo primero transitorio, en su artículo 57 dispone:
"‘Artículo 57. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán basar su actuación en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la particular del Estado, que les permita realizar, dentro del ámbito de su competencia, acciones encaminadas a combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.
"‘Los servicios que presten los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, estatales o municipales, así como el personal ministerial y peritos se regirán por el horario que para tal efecto haya sido establecido en sus respectivos reglamentos y demás disposiciones aplicables, sin que en ningún caso se deba cubrir contraprestación económica excedente a la remuneración que se perciba por el servicio prestado.
"‘La actuación de los elementos operativos buscará prevenir la comisión de delitos e identificar tendencias que alteren el orden público y la paz social, en los términos de esta ley y las demás disposiciones legales.
"‘Lo anterior a partir del establecimiento de metodologías, procedimientos y sistemas de actuación a través de protocolos y procedimientos de operación homogéneos, con la finalidad de llevar a cabo la recopilación, análisis y explotación de información criminal de manera uniforme para generar inteligencia policial susceptible de ser operada con oportunidad y eficacia en el desarrollo de tareas policiacas específicas, así como para la toma de decisiones.’
"Como se observa, el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, dispone que los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, estatales o municipales, el personal ministerial y los peritos, se regirán por el horario establecido en los respectivos reglamentos y demás disposiciones aplicables; así mismo, señala en ningún caso se cubrirá contraprestación económica excedente a la remuneración que se perciba por el servicio prestado.
"Es decir, en la primera parte la norma indica que los miembros de instituciones policiales prestarán sus servicios en el horario previsto en el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables; y en la segunda parte, prescribe que no se otorgará contraprestación económica que exceda a la remuneración que perciban por sus servicios.
"En tal virtud, si la norma refiere que los miembros de instituciones policiales no recibirán ‘contraprestación económica excedente por los servicios prestados’; entonces, no permite el pago de una remuneración extraordinaria por los servicios prestados. Esto es, prohíbe el pago de ‘tiempo extraordinario’.
"... .
"Así, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: (se transcribe).
"Como se observa, el primer párrafo de la fracción XIII del precepto constitucional citado establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Es decir, resulta claro que el Poder Constituyente excluyó a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales del régimen laboral que se establece en el apartado B del artículo 123 constitucional.
"Sobre la exclusión que el mencionado precepto constitucional hace de los servidores públicos citados, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe)
"‘POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.’ «2a./J. 14/98» (se transcribe)
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe)
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).’ (se transcribe)
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.’ «2a./J. 77/95» (se transcribe).
"‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ «2a./J. 24/95» (se transcribe)
"De las anteriores jurisprudencias deriva que ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, constitucionalmente no pueden considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa.
"De aceptarse otra interpretación, se haría nugatoria la existencia de la fracción XIII de la norma constitucional aludida, pues la inclusión expresa en esa porción normativa de que los cuatro grupos de servidores públicos citados deben regirse por sus propias leyes, se vería nulificada si se considerara que pueden asemejarse a los trabajadores al servicio del Estado.
"Es decir, al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales de las reglas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores, y precisar que deberán regirse por sus propias leyes, la disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas que se establecen para los trabajadores al servicio del Estado, en los términos previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional.
"Ahora bien, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: (se transcriben)
"Las normas constitucionales transcritas, facultan a las Legislaturas de los Estados a expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los Estados y Municipios y sus respectivos trabajadores, siguiendo las bases dispuestas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, las leyes a que se refieren las normas constitucionales referidas, cuya facultad para expedir se confiere a las Legislaturas Estatales, son de trabajo, siguiendo precisamente los principios constitucionales en esa materia.
"Al respecto, esta Segunda Sala estableció como criterio, que esa facultad se relaciona con la expedición de normas de trabajo, de conformidad con la siguiente jurisprudencia.
"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe)
"Por tanto, si los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan la facultad a las Legislaturas Locales de expedir leyes de trabajo, que rija las relaciones laborales en los Municipios y Estados; y el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la propia Constitución Federal, dispone que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes, quienes no tienen una relación de trabajo con el Estado, sino de naturaleza administrativa. Entonces, las leyes que regulen a los miembros de instituciones policiales no tienen por qué seguir los principios contenidos en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justamente porque este tipo de servidores públicos, como se ha visto, están excluidos de la aplicación de los principios constitucionales en materia de trabajo previstos en esta norma de rango superior.
"De manera que si el pago de tiempo extraordinario está previsto como derecho constitucional para los trabajadores al servicio del Estado, en la fracción I, apartado B, del artículo 123, de la Constitución Federal, en tanto dispone que la duración máxima de la jornada de trabajo y que el tiempo que exceda será pagado como tiempo extraordinario; pero esta norma no rige para los servidores públicos que se enuncian en la fracción XIII del apartado B del indicado precepto 123.
"Entonces, resulta que el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en tanto prohíbe el pago de ‘tiempo extraordinario’ para los miembros de instituciones policiales, no contraviene el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; justamente, porque esa ley -del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco-, no se rige por los principios en materia de trabajo burocrático estatal, contenidos en esa norma constitucional.
"Con independencia de que el pago de tiempo extraordinario no representa un derecho constitucional para los miembros de instituciones policiales, debido a que éstos se rigen por sus propias leyes y están excluidos de los derechos previstos para los trabajadores al servicio del Estado en el resto de las fracciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal; no se soslaya que la razón que subyace en el derecho a recibir el pago por tiempo extraordinario, es la prolongación de la jornada por causas extraordinarias, como la urgencia, riesgo y/o peligro en que se encuentren los trabajadores en la fuente de trabajo, y que hacen necesario atender la contingencia.
"Esta circunstancia no puede entenderse igual, en el caso de los miembros de instituciones policiales, porque por las funciones que desempeñan y el cometido constitucional que cumplen, como lo es la seguridad pública del país, en todo momento existe urgencia, riesgo y peligro que atender.
"Por las razones anteriores, igualmente resulta infundado que el precepto impugnado, contraviene el artículo 5o. de la Constitución Federal, así como el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, y el diverso numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En primer lugar, porque el hecho de que prohíba el pago de ‘tiempo extraordinario’, no significa que impida recibir las remuneraciones correspondientes por el servicio prestado; por otra parte, porque se ha concluido que los principios en materia de trabajo burocrático estatal, contenidos en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, no rigen para los miembros de instituciones policiales, motivo por el cual no se genera discriminación alguna, pues ese tipo de servidores públicos no se encuentran en la misma situación jurídica que los trabajadores al servicio del Estado, sino que se rigen por sus propias normas.
"Como se advierte, las instituciones de seguridad pública, en el desarrollo y ejercicio constitucional de la función encomendada de seguridad pública, se regirán por los aludidos principios; es decir, son las instituciones policiales, por conducto y a través de sus miembros, las que deben regir su actuación y función por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
"De lo previamente transcrito destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez verificada la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, al no existir jurisprudencia que resuelva el tema de constitucionalidad aquí debatido, procedió al analisis (sic) de los agravios planteados y consideró lo siguiente:
"Que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, constitucionalmente no pueden considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa. Es decir, la disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas que se establecen para los trabajadores al servicio del Estado, en los términos previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional.
"Que el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en tanto prohíbe el pago de ‘tiempo extraordinario’ para los miembros de instituciones policiales, no contraviene el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; justamente, porque esa ley -del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco-, no se rige por los principios en materia de trabajo burocrático estatal, contenidos en esa norma constitucional.
"Con las anteriores consideraciones, que hace suyas este Tribunal, se da respuesta a lo planteado por el quejoso pues se concluye que el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, prohíbe el pago de tiempo extraordinario, y que los miembros de las instituciones policiales no pueden considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa. De ahí que no le eran aplicables los artículos 33 y 34 de Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que su concepto de violación resulta ineficaz.
"El quejoso alega en su tercer concepto de violación que ‘como las violaciones a los preceptos secundarios antes citados a lo largo de todo este escrito de demanda de Amparo, entrañan la existencia de actos de autoridad, de carácter incluso privativo, con ilegalidades procesales y aun sustantivas, es por ello que se sostiene lo violatorio de esos actos en relación a las garantías de legalidad y audiencia que prevén en favor de esta parte quejosa de conformidad a los artículos 14 y 16 constitucionales’, al carecer de una debida fundamentación y motivación.
"Es infundado porque como ya se vio, el Pleno responsable para confirmar la sentencia impugnada, se apoyó en los artículos 28, 36, 43, 44, 45 y 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, y la tesis «III.2o.A.51 A (10a.)» de rubro: ‘ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO.’, así como en el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que es inexacto que carezca de fundamentación y motivación.
"Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, constitucionalmente no pueden considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa. Es decir, la disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas que se establecen para los trabajadores al servicio del Estado, en los términos previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional.
"Luego, el Máximo Tribunal estableció que con relación al artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en tanto prohíbe el pago de ‘tiempo extraordinario’ para los miembros de instituciones policiales, no contraviene el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, porque esa ley -del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco-, no se rige por los principios en materia de trabajo burocrático estatal, contenidos en esa norma constitucional.
"De igual forma, sustentó el Máximo Tribunal que no se viola el artículo 5o. de la Constitución Federal ni el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, y el diverso numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en primer lugar, porque el hecho de que prohíba el pago de ‘tiempo extraordinario’, no significa que impida recibir las remuneraciones correspondientes por el servicio prestado; por otra parte, porque se ha concluido que los principios en materia de trabajo burocrático estatal, contenidos en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, no rigen para los miembros de instituciones policiales, motivo por el cual no se genera discriminación alguna, pues ese tipo de servidores públicos no se encuentran en la misma situación jurídica que los trabajadores al servicio del Estado, sino que se rigen por sus propias normas.
"Por tanto, los conceptos de violación tendentes a demostrar que el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, no contiene prohibición del pago de horas extraordinarias; que es inconstitucional e inconvencional; que la interpretación de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, sí tiene derecho al pago de horas extras; que las normas sobre horarios no puede estar por encima de la Constitución, son ineficaces, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria citada. ..."(3)
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 11/2001, dictó la ejecutoria de catorce de junio de dos mil uno que, en lo que interesa, establece:
"En cambio, es fundado el concepto de violación relativo a la incorrecta absolución del reclamo de pago de horas extras, en términos de los artículos 12 y 14 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contenido en el inciso E), del capítulo de prestaciones de la demanda laboral.
"Lo anterior es así, porque si bien es cierto que del contenido de la fracción XIII del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, se desprende que los miembros de las corporaciones de policía, se regirán por sus propias leyes y bajo esa premisa, tanto la citada Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, como la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establecen normas que rigen las relaciones laborales de los elementos de cuerpos de seguridad pública y el segundo de los ordenamiento legales en cita, establece en la fracción IV del transcrito artículo 12, una jornada especial que funcionará en el servicio de policía, la cual se ajustará a las necesidades de servicio, sin que se consideren en esos casos horas extraordinarias, es menester interpretar debidamente el espíritu del Texto Constitucional contenido en el precitado artículo 123, apartado B, fracciones I, II, XIII y XIV, en correlación con los artículos 5o. y 115, fracción VIII, de la misma ley fundamental, 1, 3, 8, 9, 15, 18 a 24 y octavo transitorio del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, 58, 59, 68, 98 y 99 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al indicado estatuto jurídico, de cuya exégesis sistemática, se obtiene, que los trabajadores sujetos al precipitado régimen constitucional y legal, aun en el caso de aquellos que poseen el nombramiento de policía, como en la especie ocurre, tienen derecho al pago de tiempo extraordinario, cuando desempeñen una jornada que excede al máximo legal que la distribución del horario en el caso que nos ocupa, se encuentra expresamente establecido en la referida Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios como jornada especial, dadas la necesidades del servicio, razón por la cual, en ese casos, no se considerarán horas extraordinarias, también es verdad que una ley secundaria, no puede estar por encima del precepto constitucional, esto es, que el servicio desempeñado por necesidades del servicio, no puede implicar renuncia de los trabajadores al derecho de percibir sus emolumentos que retribuyan los servicios prestados en exceso a la jornada normal, que, por definición constitucional, deben ser considerados como tiempo extraordinario; y, en ese contexto debe interpretarse correctamente el contenido de los precitados artículos 12, fracción IV y 13 de la mencionada Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, acorde con la jurisprudencia «2a./J. 5/96» sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/94 del tenor literal siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL DEL ESTADO DE MÉXICO.’ (se transcribe)
"En esa tesitura, si el tribunal responsable no lo apreció así y por el contrario estimó, que no obstante la ausencia de controversia, respecto al horario indicado por el actor, como jornada de trabajo, conforme a lo dispuesto al (sic) artículo 12, fracción IV, de la Ley Laboral de los Servicios Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por tratarse de un servicio de policía, la jornada de trabajo desempeñada por éste, se consideraba especial, misma que se ajustaba a las necesidades del servicio, por lo que de conformidad con lo expuesto en el citado precepto legal, en el caso no era de considerar horas extraordinarias, sin que tuviera aplicación supletoria la Ley Federal del Trabajo, en razón de que la ley de la materia contemplaba el caso específico en estudio, por lo que procedía absolver a la entidad pública demandada, con apoyo en la jurisprudencia «II.2o. J/12» y tesis aislada «II.2o.112 L» que invocó, de rubros: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL, ESTATUTO JURÍDICO DE LOS. TIEMPO EXTRAORDINARIO, CASO EN QUE NO SE GENERA.’, ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TIEMPO EXTRAORDINARIO. NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NI LA JURISPRUDENCIA QUE DE ELLA SE DERIVA.’, ‘HORAS EXTRAS, CUANDO NO PROCEDEN LEGALMENTE AUNQUE EL PATRÓN NO CONTROVIERTA EL HORARIO.’, cuyos textos transcribió. Tales consideraciones que apoyaron su determinación de absolver de la reclamación de horas extras, resulta legal, porque contravienen los principios de verdad sabida y buena fe guardada, de apreciación de los hechos en conciencia y de la pruebas (sic) aportadas a juicio, de claridad, precisión y congruencia, que rigen los laudos, contenidos en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, el laudo impugnado, es violatorio en vía de consecuencia, de las garantías de legalidad, de debido proceso y seguridad jurídica contenido en los artículo (sic) 14 y 16 constitucionales.
"Consecuentemente, en reparación de las garantías violadas y atento a los razonamientos precedentemente expuestos, procede otorgar el amparo solicitado para el efecto de que el tribunal responsable, deje insubsistente el laudo impugnado y en otro nuevo que dicte, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, se condene al pago de las reclamaciones de horas extras, y días de descanso semanal, contenidas en los incisos E) y H) del capítulo de prestaciones de la demanda, ..."(4)
Derivado de lo anterior, sostuvo la tesis siguiente:
"JORNADA ESPECIAL DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EXCESO A LA JORNADA NORMAL DEBEN SER CONSIDERADOS COMO TIEMPO EXTRAORDINARIO. SUPREMACÍA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL RESPECTO A LA LEGISLACIÓN LOCAL.-De una correcta exégesis sistemática del artículo 123, apartado B, fracciones I,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27693-06f82045/horas-de-trabajo-extraordinarias-no-procede-su-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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