INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS OFRECIDA POR EL TRABAJADOR EN LA ACCIÓN DE NIVELACIÓN DE SALARIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 510/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 27 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS; VOTARON CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, corresponde a la materia de trabajo, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.
8. Es importante indicar que si bien a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del citado año, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones, entre ellas, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponiéndose que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización; también lo es que en sesión de once de octubre de dos mil once, el Pleno de este Alto Tribunal determinó que la Suprema Corte es competente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos, sustentando al respecto la tesis P. I/2012 (10a.), cuyo rubro, texto y datos de publicación, son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Tesis P. I/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS: 2000331).
9. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Coyuca de Catalán, autoridad responsable en los juicios de amparo directo en los que se emitieron los criterios denunciados como divergentes.
10. TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.
11. I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 446/2012, en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil doce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. ... Así, tenemos que en su cuarto concepto de violación, el quejoso aduce que el laudo reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no fue dictado con base en las constancias existentes en autos, en virtud de que la autoridad responsable fue equívoca al pronunciarse respecto de las prestaciones de nivelación salarial y diferencias salariales que reclamó de la parte demandada. Suplido en su deficiencia, el concepto de violación que antecede es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio laboral de origen, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión de su precepto 2o., se advierte, en lo que aquí interesa, que en su demanda laboral, el actor señaló que el monto del salario relativo a la categoría con que fue contratado era de ********** pesos diarios ($********** M.N.); sin embargo, que la parte demandada únicamente le pagaba un salario quincenal de ********** pesos quincenales ($********** M.N.), cuando lo correcto era que debía pagarle un salario de ********** pesos quincenales ($********** M.N.), por lo tanto, reclamó el pago de las diferencias salariales y la nivelación salarial, como se corrobora con la transcripción: ‘1. Con fecha 19 de mayo del año 2005, nuestro poderdante ingresó a prestar sus servicios para la demandada, con la categoría de auxiliar administrativo realizando las actividades encomendadas por su jefe inmediato, siempre con responsabilidad y esmero. El salario diario que le corresponde a nuestro poderdante a la categoría con la cual fue contratado y que debe servir de base para cuantificar las prestaciones reclamadas es el de $********** (********** M.N.), más lo que corresponda a las prestaciones que forman parte del salario como son: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Durante el tiempo de la relación laboral la demandada le realizó a nuestro poderdante, el pago de un salario quincenal a razón de $********** pesos inferior al que legalmente le corresponde, es decir, omitió pagarle la cantidad de $********** pesos quincenales, que la demandada otorga a otros trabajadores que ostentan la misma categoría y antigüedad que el actor, razón por la cual reclamo la diferencia salarial de $********** quincenales, por todo el tiempo de la relación laboral y en base a ello reclamo la nivelación salarial desde la fecha del despido, que será cuantificada en base al salario diario señalado, considerando todas y cada una de las prestaciones que forman parte del salario.’. Por su parte, al dar contestación a la demanda, la empresa demandada **********, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, controvirtió el monto del salario señalado por el actor y dijo que era de $********** pesos quincenales ($********** M.N.) como el mismo trabajador lo manifestaba en su escrito de demanda, lo que se transcribe a continuación: ‘... Es completamente falso y se niega que al accionante le corresponda el salario que señala, es decir $********** diarios, más lo que corresponda de las prestaciones que señala y menos aún que con dicho salario o cualquier otro se deban cuantificar las prestaciones que reclama, pues las mismas son improcedentes tal y como se hará valer en el capítulo de excepciones y defensas de este escrito. Es cierto que el accionante ha venido devengando a últimas fechas el salario que refiere, es decir, $********** quincenales. Por otra parte, es completamente falso que a la categoría del actor le corresponda el salario diario que menciona como falsamente lo pretende establecer y que de acuerdo a su categoría se le haya tenido que cubrir un salario mayor al que menciona por corresponder a los empleados de esa categoría, ya que tal y como se ha manifestado con antelación el accionante ha venido devengando un salario de $********** quincenales al igual que los demás empleados con la misma categoría, de ahí que sea completamente falso lo que al respecto refiere.’. Ahora bien, en la controversia de origen, el actor ofreció, diversas pruebas, tales como la de inspección, a fin de acreditar entre otras cosas, el salario que dijo percibía realmente y el que debía percibir de acuerdo a la categoría con que fue contratado, lo que resulta necesario transcribir: ‘2. La inspección. Que realice esta autoridad laboral a través del actuario de esta Junta sobre los documentos que debe el patrón y hoy demandada ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en **********, por ser su obligación conservar y exhibir en juicio, de conformidad con el numeral 804 en relación con el 827 de la Ley Federal del Trabajo, basándonos para ello en lo siguiente: Objeto materia de la prueba: probar los hechos de la demanda y prestaciones reclamadas en la misma, sí como los que quedan controvertidos por la demanda (sic). Objetos y documentos que deben ser examinados y a inspeccionar: a) Recibos de pago de aguinaldo. b) Recibo de pago de horas extras. c) Listas de asistencia. d) Comprobantes de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro. e) Comprobantes de aportaciones al Fondo de Vivienda. f) Alta al Instituto Mexicano del Seguro Social. g) Oficios de otorgamiento de vacaciones a la actora. h) El documento que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del demandado. i) Horario en el cual la actora desempeñaría sus labores. j) Oficio de otorgamiento de los días de descanso obligatorio. k) Oficio para el otorgamiento de la media hora diaria para ingerir alimentos. l) El documento que contiene el catálogo de prestaciones laborales. m) El documento que contiene el catálogo de puestos y funciones. n) El documento que contiene el tabulador de sueldos y salarios. o) Recibo de pago de prima dominical. p) Recibos de nóminas y listas de raya de pago de salarios de todos los trabajadores de la demandada. Documentos que deberá requerir con el apercibimiento para la demandada de que se tendrán por ciertos los hechos que mencionó en caso de que no los exhiba, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 784, 804 y 828 de la Ley Federal del Trabajo. Los extremos que se pretenden probar son los siguientes: 1) ... 2) ... 24). Que la demandada realiza el pago a otros trabajadores que ostentan la misma categoría que el actor de $********** pesos quincenales. 25) Que la demandada otorgaba al actor un salario quincenal de $********** pesos, inferior al que otorgaba a otros trabajadores con la misma categoría y antigüedad que el actor. 26) Que la demandada adeuda al actor, una diferencia salarial de $********** pesos quincenales por todo el tiempo de la relación laboral. ...’. La probanza de referencia fue admitida por la responsable el veintitrés de febrero de dos mil once, en los términos siguientes: ‘... Se procede a señalar las diez horas del día diez de marzo del año dos mil once, para que tenga lugar el desahogo de la prueba de inspección, ofrecida por la parte actora, y con cargo a las demandadas **********, por lo que se comisiona a la C. Actuaria de esta H. Junta, para que lleve a cabo la inspección en las instalaciones que ocupa este tribunal laboral, en los mismos términos en que fue ofrecida por la oferente de la prueba, y le requiera a la demandada antes citada la exhibición de las documentales materia de la presente probanza, y dé fe de los extremos que se pretenden probar con dicha inspección, apercibida la demandada para el caso de que no proporcione las documentales requeridas, se le tendrá por presuntivamente ciertos los hechos que se pretende probar con dicha inspección, haciéndose la aclaración que la presente probanza deberá ser desahogada únicamente con los documentos relacionados con el actor del presente juicio, así mismo dicha probanza deberá ser desahogada por el último año de servicios prestados por el actor, debiendo dicha fedataria levantar acta debidamente circunstanciada de dicha diligencia ...’. Ahora bien, del análisis del desahogo de dicha inspección, se advierte que la actuaria adscrita al tribunal obrero responsable, hizo constar, entre otras cosas, que la parte demandada a través de la persona que atendió la diligencia, no le puso a la vista ni exhibió la documentación requerida como fue ordenada en el acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil once, dictado por la autoridad laboral, como se ve en la transcripción de dicha diligencia, la cual se transcribe para un mejor análisis del presente asunto: (transcribe el acta relativa). Ahora bien, en el laudo reclamado, la autoridad responsable consideró, entre otras cosas, que la prueba de inspección sí beneficiaba al oferente, esto es, al actor, como se inserta a continuación: ‘Seguidamente, procedemos al estudio y valoración de las pruebas que se admitieron a la parte actora, resultando que:-En cuanto a la inspección, sí beneficia a la parte actora respecto a las listas de asistencia, recibos de aguinaldo, recibos de nóminas, y listas de raya de pago de salarios; que debió exhibir la demandada, ya que la inspección que le fue admitida y pretendió desahogar la actuaria, con fecha diez de marzo del dos mil once, donde hace constar que se ve imposibilitada para desahogar la prueba, en virtud de que la demandada no le pone ningún documento a la vista; por lo que, consideramos que esta prueba no se desahogó en los términos que fue admitida; ya que al contestar la demanda no se excepcionó en ese sentido, pues no es válida la simple aseveración de la parte (sic) patronal, para tenerle por exonerada de cumplir con la obligación que establece el artículo 804 de la ley en comento, ya que está en posibilidad de aportar otros medios de convicción para justificar esos extremos; ...’. Sin embargo, en el aludido fallo reclamado, la autoridad responsable absolvió a la parte demandada del pago de las prestaciones consistentes en nivelación salarial y pago de diferencias salariales, argumentando que el actor tenía la carga de acreditar la procedencia de tales prestaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, sin que existiera probanza alguna que sirviera de base para realizar una condena al respecto, como se desprende de la siguiente inserción: ‘Se absuelve del pago del b) La nivelación salarial y pago de las diferencias salariales; en virtud de que no existen elementos para su condena, ya que quien ejerce esa acción es al que corresponde acreditar los extremos del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que desempeñaba un trabajo igual a algunos de sus compañeros de labor, en una misma jornada, bajo circunstancias de eficiencia idénticas en calidad y cantidad, así como que percibía un sueldo menor en relación con aquél, a fin de justificar la procedencia de su reclamo; ya que en su escrito de demanda aduce que siempre le pagó $********** quincenales, lo que arroja un salario diario de $**********, lo que en términos del artículo 794 de la ley del trabajo, debe considerarse como una confesión expresa y espontánea, aun cuando no haya sido ofrecida. Lo anterior, conforme a lo dispuesto: Instancia: Cuarta Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 570, publicada en la página 463, Tomo V, trabajo, jurisprudencia SCJN, Materia laboral, Séptima Época, del Apéndice 2000, del tenor literal siguiente: ‘SALARIOS, NIVELACIÓN DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.’. El texto transcrito, también pone de manifiesto que la junta responsable estableció que de conformidad con lo manifestado por el actor en su demanda, el monto del salario que percibía el actor, era de ********** pesos quincenales ($********** M.N.), esto es, ********** pesos diarios ($********** M.N.), y que en términos del artículo 794 de la ley del trabajo, ello debía considerarse como una confesión expresa y espontánea, aun cuando no haya sido ofrecida. Con base en lo hasta aquí expuesto, se demuestra que la autoridad responsable fue errónea al considerar por una parte que la prueba de inspección desahogada en autos beneficiaba al actor porque la parte demandada no exhibió los documentos que le fueron requeridos, y por otra parte, haya establecido que no existían elementos para dictar condena respecto de las prestaciones reclamadas por el trabajador, consistentes en el pago de nivelación salarial y de diferencias salariales. Ello es así, en virtud de que la prueba de inspección desahogada en autos, genera la presunción de ser ciertos los hechos para los cuales se ofreció, entre ellos, que la demandada realizaba el pago de un salario mayor a otros trabajadores que tenían la misma categoría que el actor y que éste recibía un salario menor al que le correspondía. Ahora bien, la junta responsable previo a determinar la condena o absolución de las prestaciones consistentes en la nivelación salarial y pago de diferencias salariales reclamadas por el actor, debió analizar en el laudo reclamado, si la presunción generada con la prueba de inspección de referencia a favor del actor, fue desvirtuada o no por la parte demandada a través de las pruebas que ofreció. Estudio que además debió ser concatenado con relación al monto del salario percibido por el actor, ya que sí existe controversia en ese punto, toda vez que si bien es cierto que en su demanda natural, el aquí quejoso manifestó que recibía un salario de ********** pesos quincenales, no menos cierto es que tal manifestación no constituye una confesión expresa en su contra, toda vez que ese argumento constituye la base de su reclamo de las prestaciones de referencia, pues afirmó que ese no era el salario que debió percibir, sino uno mayor como el que se le pagaba a otros trabajadores que tenían su misma categoría y antigüedad. Además, porque de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, la parte patronal tiene la carga procesal de acreditar el monto y pago de salario, lo que se cita textualmente: (transcribe artículo 784, fracción XII). En tales condiciones, se insiste, es incorrecta la determinación de la junta responsable, consistente en que el monto del salario del actor era de ********** pesos quincenales ($********** M.N.), en virtud de que éste confesó en su demanda natural que ese era el monto que se le pagaba, ya que precisamente uno de los puntos a dilucidar en la controversia laboral, era el salario del trabajador. Por las consideraciones expuestas, la autoridad responsable también es equívoca al cuantificar las prestaciones por las cuales consideró procedente la condena a la parte demandada, realizadas con base en que el salario del actor era de ********** pesos diarios ($********** M.N.), ya que ello no quedó demostrado fehacientemente en autos. Por todo lo anteriormente expuesto, en el caso se debe conceder la protección constitucional al aquí quejoso, para efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente el laudo reclamado. b) Dicte uno nuevo en el que reiterando las consideraciones que no fueron motivo de análisis en el presente juicio de garantías, analice y valore la prueba de inspección ofrecida por el actor, siguiendo los lineamientos expuestos en esta ejecutoria de amparo. c) Con plenitud de jurisdicción analice las prestaciones accesorias reclamadas por el actor y resuelva lo que en derecho corresponda. Dado el sentido de la presente ejecutoria, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos expresados por el quejoso en sus conceptos de violación. Es aplicable en ese sentido, en lo conducente, la jurisprudencia que a continuación se inserta: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (transcribe)."
12. II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el juicio de amparo directo 157/2011, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil once, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"OCTAVO. ... En el octavo concepto de violación, afirma el impetrante del amparo, que el laudo reclamado es contrario a derecho, toda vez que la autoridad instructora indebidamente absuelve del pago de la nivelación salarial; y, por ende, del pago de diferencias salariales, siendo que al no exhibir la demandada los documentos que se le requirieron al desahogarse la prueba de inspección, se le tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos consistentes en que la demandada realiza el pago a otros trabajadores que ostentan la misma categoría (tablajeros) la cantidad de $********** quincenales, que la demandada otorgaba al actor un salario quincenal de $**********, inferior al que otorga a otros trabajadores con la misma categoría que el actor, y que la demandada adeuda al actor una diferencia de $********** quincenales, por todo el tiempo en que duró la relación de trabajo, quebrantándose con ello el principio de trabajo igual, salario igual, que por ello se debió de condenar a la demandada del pago de las diferencias adeudadas. Asimismo agrega el quejoso, que la jurisdicente inobservó que cuando exista controversia sobre el salario, corresponde a la patronal acreditarlo conforme a la categoría desempeñada, por tanto, al afirmar la demandada que el salario que les pagaba era el que les correspondía a la categoría, tocaba a ésta dicha carga procesal. Cita en apoyo de su razonamiento, los criterios intitulados: ‘SALARIO, DIFERENCIAS DE PAGO.’, ‘SALARIO. CUANDO EL TRABAJADOR RECLAMA DIFERENCIAS Y EL PATRÓN AFIRMA QUE SE PAGÓ DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE PUESTOS LABORABLES DE LA EMPRESA, A ÉSTE CORRESPONDE LA CARGA PROBATORIA.’ y ‘SALARIO. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL PATRÓN, Y NO AL DEMANDADO EN GÉNERO, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE. (ARTÍCULO 784 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).’. Es infundado el motivo de inconformidad. En efecto, lo inexacto del argumento de enunciación, estriba en que cuando se reclama la nivelación de salarios y, como consecuencia, la diferencia en el pago de éstos, quien ejerce esa acción es al que corresponde acreditar los extremos del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo , es decir, que desempeñaba un trabajo igual a alguno de sus compañeros de labores, en una misma jornada, bajo circunstancias de eficiencia idénticas en calidad y cantidad, así como que percibía un sueldo menor en relación con aquél, a fin de justificar la procedencia de su reclamo, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 570, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 463, del Apéndice 2000, Tomo V, Trabajo, jurisprudencia SCJN, materia laboral, Séptima Época, registro «IUS»915707, del tenor literal siguiente: ‘SALARIOS, NIVELACIÓN DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.’ (transcribe). Ahora, cabe precisar, que si bien es cierto, por regla general la no exhibición durante el desahogo de la prueba de inspección en el procedimiento laboral, de los documentos que conforme al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene obligación de conservar, produce la presunción de certeza de los hechos a probar por el actor -salvo prueba en contrario- como lo prevé el diverso numeral 805 de la legislación invocada, sin embargo, dicha presunción no opera del mismo modo cuando se trata de acreditar la nivelación salarial, puesto que en estos casos no basta que el trabajador alegue tener un salario inferior al de diversos empleados que realizaban sus mismas actividades y señale de manera genérica que la prueba deberá desahogarse sobre la documentación a que alude el citado normativo 804, para que se tengan por presuntivamente ciertas esas diferencias que alega el accionante, al adolecer del estudio comparativo indispensable para evidenciar esos extremos. En efecto, para que la prueba de inspección ofrecida por el quejoso, pudiese generar presunción en ese sentido, era preciso que la Junta responsable efectuara una relación detallada de todas y cada una de las labores que desempeñaban los asalariados en relación con el resto de sus compañeros, a fin de probar todas las peculiaridades que prevé el referido numeral 86 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que diera fe que se trata de categoría, funciones y actividades semejantes, sin diferencia alguna entre las desarrolladas en uno y otro, es decir, bajo las mismas condiciones de eficiencia y calidad en una jornada igual, con un salario menor al que percibe el diverso trabajador con el que se le comparó, para que sólo así, el tribunal del trabajo pueda llegar a la conclusión de que es procedente la nivelación de salarios solicitada, lo que no aconteció. Lo anterior es así, porque el operario, al ofrecer la prueba de inspección ocular lo hizo sobre los documentos y términos siguientes: ‘1. La Inspección. Que realice esta autoridad laboral a través del actuario de esta Junta sobre los documentos que debe el patrón (sic) y hoy demandada ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en **********, por ser su obligación conservar y exhibir en juicio, de conformidad con el numeral 804 en relación con el 827 de la Ley Federal del Trabajo, basándonos para ello en lo siguiente: Objeto materia de la prueba; probar los hechos de la demanda y prestaciones reclamadas en la misma, así como los que quedan controvertidos por la demandada. Lugar donde debe practicarse la prueba; dado que el demandado tiene la obligación de presentar en juicio los documentos a inspeccionar, solicito respetuosamente a este H. Tribunal, se le requiera para que los exhiba en las oficinas de este órgano laboral en la fecha y hora que se indiquen, con fundamento en lo ordenado por el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo en vigor. Periodo que abarcará: del día 07 de noviembre del año 2006 al 18 de julio del año 2009. Objetos y documentos que deben ser examinados y a inspeccionar. a) Recibos de pago de aguinaldos. b) Recibos de pago de horas extras. c) Listas de asistencia. d) Comprobantes al Sistema de Ahorro para el Retiro. e) Comprobantes de aportaciones al Fondo de Vivienda. f) Alta al Instituto Mexicano del Seguro Social. g) Oficios de otorgamiento de vacaciones a la actora. h) El documento que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del demandado. i) Horario en el cual la actora desempeñaría sus labores. j) Oficio de otorgamiento de los días descanso obligatorio (sic). k) Oficio para el otorgamiento de la media hora diaria para ingerir alimentos. l) El documento que contiene
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24403-09ed510c/inspeccion-de-documentos-ofrecida-por-el-trabajador-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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