CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE SI LA DENUNCIA SE PRESENTÓ DESPUÉS DE HABERSE EMITIDO LA JURISPRUDENCIA QUE RESUELVE EL PUNTO JURÍDICO A DEBATE. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI UNA DE LAS TESIS CONTENDIENTES SOSTIENE UN PRONUNCIAMIENTO QUE PUEDE GENERAR CONFUSIÓN, PROCEDE ORDENAR SU CANCELACIÓN, A EFECTO DE NO GENERAR UN ESTADO DE INSEGURIDAD JURÍDICA EN EL GOBERNADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2012. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA EN APOYO AL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: JUAN PABLO RIVERA JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que, mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que la formulan los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito a petición del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, cuyo criterio se estima en oposición.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, resolvió el juicio de amparo directo administrativo **********, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, promovido por **********, por conducto de su representante legal **********, en sesión de uno de marzo de dos mil doce.
Los antecedentes en el juicio de origen son:
• Una persona moral demandó la nulidad de diversos créditos fiscales emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Dentro del juicio de nulidad la persona moral desconoció la relación laboral con las personas especificadas en forma anexa a la cédula de liquidación.
• Por lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhibió los certificados de estados de cuenta individuales de los trabajadores correspondientes.
• El actor, en el juicio de nulidad, negó haber enviado la información contenida en los estados de cuenta respectivos.
La Sala responsable, en lo que interesa, resolvió:
• Sobreseer en el juicio de nulidad, por extemporaneidad de la demanda, en relación con los créditos ********** y **********.
• Que el instituto demandado desvirtuó la negativa de la relación laboral por parte del patrón, con la exhibición de la certificación de los estados de cuenta individuales, los que tienen pleno valor probatorio de acuerdo con la jurisprudencia 202/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya ejecutoria transcribió.
• Que resultaba inoperante que el instituto demandado estuviera obligado a exhibir los avisos afiliatorios originales que sustentan la resolución impugnada, pues es innecesario perfeccionar la documental consistente en la certificación de los estados de cuenta, dado que, al existir el respectivo registro con el número que corresponde al patrón, que no fue negado, aquélla hace prueba plena.
• Que, en todo caso, si la información de la certificación de los estados de cuenta individuales resultara incorrecta, correspondía a la parte actora demostrarlo, lo que no ocurrió.
• Por lo cual, declaró la validez de las cédulas de liquidación de los créditos **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.
Inconforme con la determinación anterior, el actor, dentro del juicio de nulidad, interpuso juicio de amparo directo.
El Tribunal Colegiado estimó:
"SÉPTIMO. ... Ahora, se estima fundado el concepto de violación en estudio, en cuanto a que la Sala Fiscal, en violación al precepto 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se pronunció sobre el concepto de impugnación a que alude la quejosa, merced a que de la lectura de la sentencia que se reclama, que previamente se sintetizó, no se aprecia que la Sala emitiera consideración alguna al respecto. En relación con la información de los estados de cuenta individuales, la Sala de origen señaló a la letra: ‘Dando cumplimiento a la carga mencionada, la enjuiciada exhibió copias certificadas de las consultas de cuenta individuales de los trabajadores enlistados en las cédulas de liquidación de cuotas combatidas -fojas 197 a 220 de autos-; documentales a las que esta Sala concede pleno valor probatorio, en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues del análisis minucioso de las mismas se observa que amparan movimientos efectuados con anterioridad al periodo liquidado, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el patrón, registrado con el número **********, mismo que la actora nunca negó fuera el suyo. En ese tenor, y por disposición expresa del citado artículo 5o. reglamentario, tales certificaciones tienen el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente y producen los mismos efectos; de ahí que acreditan los movimientos realizados por la actora y su relación laboral con las personas mencionadas en las cédulas de cuotas combatidas, ya que respecto de éstos fueron exhibidas las correspondientes certificaciones. En este punto, cabe destacar que el hecho de que en las certificaciones de cuentas individuales exhibidas por la autoridad no se aprecia el nombre del patrón **********, ello no invalida el valor probatorio con que cuentan pues, como se adelantó, contienen el número de registro patronal de dicho patrón, mismo que no fue negado por la actora.’ (foja 336 vuelta). Empero, no obstante que la Sala Fiscal en el fallo que se reclama sólo se limitó a analizar la legalidad de la certificación de la consulta de cuenta individual, acorde a lo establecido, medularmente, en la jurisprudencia 202/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin determinar lo acertado o no de lo aducido por la actora, resultaría impráctico conceder el amparo impetrado por ese motivo, si a fin de cuentas lo así argumentado en nada cambiaría el sentido del fallo emitido, al devenir infundado el mismo. Se dice lo que antecede, en virtud de que este órgano colegiado considera que es innecesario que la autoridad demandada, para desvirtuar la relación laboral que negó lisa y llanamente la actora, deba acompañar con la certificación de consulta de cuentas individuales, las constancias relativas a las altas, bajas y modificaciones que hubiera realizado el patrón, es decir, todos aquellos movimientos de afiliación que se registraron en la cédula impugnada, para acreditar dicha relación laboral, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Lo anterior, no porque si de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 202/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que sólo se interpretaron los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y no así el 6 a que alude la quejosa, y que utilizó como fundamento para formular los conceptos de impugnación que dice se omitió su estudio; sin embargo, se considera que la citada determinación da contestación al tema de fondo planteado y que se alega su falta de estudio por parte de la responsable. En efecto, el tema central de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 202/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistió en determinar qué valor debe darse a las certificaciones que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social tanto de los documentos presentados vía formatos impresos como de aquella información recibida vía electrónica, determinando que gozan del valor que la ley les confiere, que consiste en presumirlos ciertos, salvo que el afectado niegue lisa y llanamente la información que se contiene, en términos del artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, caso en el cual la autoridad debe probar los hechos que motivaron los actos, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Por tanto, si en el caso la parte actora negó tener relación laboral con las personas que se asentaron en la cédula de liquidación y la demandada exhibió copia certificada de las consultas de cuenta individual, en las que no se controvirtió que el registro patronal fuera suyo, significa que la autoridad no estaba obligada a acreditar la relación laboral con otras documentales, pues con la certificación de los estados de cuenta individual queda, salvo prueba en contrario -pues la carga de la prueba se revierte-, demostrada la voluntad de la actora de dar de alta a los trabajadores de que se trata, pues es una prueba apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón, por lo tanto, no es necesario exigir para su perfeccionamiento que la demandada acompañe a la citada certificación los avisos afiliatorios, presentados por el patrón. En ese contexto, aun cuando la Sala Fiscal no se pronunciara respecto del argumento de la actora, resulta innecesario que este órgano colegiado conceda el amparo y protección de la Justicia Federal y remita el presente asunto, a fin de que la responsable se dedique a su análisis, habida cuenta que, como se advierte de las razones vertidas en los párrafos anteriores, el examen de éste llevaría a declararlo infundado, sin que por ese aspecto se varíe el sentido de la sentencia que se reclama; lo contrario sólo provocaría el retardo del asunto, en oposición al precepto 17 constitucional, cuestión por la cual se considera que, aun cuando en ese aspecto es fundado el concepto de violación que se examina, el mismo debe declararse inoperante. Se cita en apoyo la jurisprudencia número 108 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, Tomo VI, materia común, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’ (se transcribe). Sin que sea óbice a lo anterior que la quejosa haya citado la tesis I.4o.A.696 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que actualmente constituye la jurisprudencia I.4o.A. J/94, de rubro y texto: ‘SEGURO SOCIAL. CUANDO EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN QUE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE LE ATRIBUYAN DETERMINADOS TRABAJADORES, CUESTIONE AL INSTITUTO MEXICANO RELATIVO EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE ÉSTOS Y, COMO CONSECUENCIA, DESCONOZCA LA RELACIÓN LABORAL, CORRESPONDE A DICHO ORGANISMO PROBAR QUE AQUÉL PRESENTÓ LOS AVISOS RESPECTIVOS, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, LE HUBIERA EXTENDIDO.’ (se transcribe). Al respecto, este órgano colegiado no comparte la anterior jurisprudencia, porque de su contenido se desprende que cuando el actor cuestiona la existencia de los trámites de afiliación y, como consecuencia, desconozca la relación laboral, corresponde a la demandada probar que aquél presentó dichos trámites mediante la exhibición de las constancias que, en su oportunidad, le hubiera extendido; esto en términos de lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; sin embargo, y no obstante que este artículo no fue motivo de interpretación en la citada jurisprudencia 202/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que no resulta aplicable al caso, puesto que en términos de ésta, cuando la parte actora niega la relación laboral con las personas que se plasmaron en las cédulas de liquidación, dicha negativa se desvirtúa con la copia certificada de las consultas de cuentas individuales, sin que sea necesario su perfeccionamiento con algún otro documento, como lo pueden ser los avisos afiliatorios, debido al valor probatorio de que gozan dichas certificaciones, empero, al ser una presunción iuris tantum, corresponde al actor desvirtuar lo asentado en las citadas consultas, esto es, se revierte la carga de la prueba, con lo cual queda a cargo del actor desvirtuar las citadas certificaciones. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, a través del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en términos del Acuerdo General 10/2008, punto quinto, inciso 7), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, denúnciese la contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre la jurisprudencia I.4o.A. J/94 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el criterio sustentado por este órgano colegiado en la presente ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo directo **********, promovido por la parte actora en el juicio de nulidad, en sesión de veintiséis de agosto de dos mil diez.
Los antecedentes del juicio de origen son:
• Una persona moral demandó la nulidad de diversos créditos fiscales emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Dentro del juicio de nulidad la persona moral desconoció la relación laboral con las personas especificadas en forma anexa a la cédula de liquidación.
• Por lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhibió los certificados de estados de cuenta individuales de los trabajadores correspondientes.
• El actor en el juicio de nulidad desconoció los movimientos afiliatorios.
• La Sala responsable determinó que la autoridad demandada acreditó la existencia de la relación laboral con la exhibición de las copias certificadas de las consultas de cuenta individual de los trabajadores que se relacionan con los créditos impugnados, documentos a los que concedió valor probatorio pleno.
• Inconforme con la determinación anterior, la persona moral interpuso juicio de amparo directo.
El Tribunal Colegiado estimó:
"SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado procede al estudio de los argumentos del único concepto de violación propuesto por el representante legal de la empresa quejosa. En éste, aduce que es ilegal que la Sala responsable otorgue valor probatorio pleno a las certificaciones de las consultas a las cuentas individuales que exhibió la autoridad demandada, señalando que con tales documentos no se acredita la existencia de la relación laboral con los trabajadores ahí enlistados, ni acreditan que dicha información haya sido efectivamente presentada por su poderdante, ni es posible atribuirle el contenido de la información contenida en dichas impresiones, pues para ello es necesario evaluar, entre otros, los requisitos que exige el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, como es la fiabilidad del método en que se encuentre o almacene la información que se atribuye al patrón y que ésta sea accesible para su posterior consulta. Añade que las certificaciones de las consultas de las cuentas individuales exhibidas por la autoridad demandada no son aquellas a las que se refiere el artículo 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; por ello es que, manifiesta la quejosa, no constituyen una reproducción de los datos supuestamente presentados ante el instituto demandado; indica que, por esa razón, las cédulas de liquidación carecen de debida motivación y, por consecuencia, también las cédulas por multas, debido a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El argumento recién sintetizado es fundado, de acuerdo con las siguientes consideraciones: La entonces actora, hoy quejosa, al formular su escrito de ampliación de demanda, desconoció la relación laboral con las personas enlistadas en las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales números ********** y **********. Por su parte, al dar contestación al escrito de ampliación a la demanda de nulidad, la autoridad demandada afirmó que los listados de personas los obtuvo de información que la propia empresa actora, en su calidad de patrón, presentó a través de medios magnéticos, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, información que el Instituto Mexicano del Seguro Social conserva en medios magnéticos o de microfilmación. La Sala responsable, al emitir su resolución, consideró que las copias certificadas de las cuentas individuales exhibidas por la autoridad demandada del Instituto Mexicano del Seguro Social, son aptas para acreditar la relación laboral controvertida en las resoluciones impugnadas, en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, esta conclusión no es afortunada, porque el hecho de que determinada información conste en una cuenta individual de un trabajador, no resulta suficiente, por sí sola, para generar la presunción de veracidad, ya que para alcanzar esa certidumbre es preciso que se proporcionen datos necesarios, a fin de justificar la metodología con la cual se conforma la base de datos correspondiente en la que obran dichas cuentas, o bien, que se observe el procedimiento previsto por el artículo 6 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización de la Ley del Seguro Social, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 6. En todos los casos el instituto o las oficinas autorizadas por el mismo, entregarán al patrón o sujeto obligado la constancia correspondiente del trámite realizado, ya sea en forma impresa o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica a que se refiere la ley, en este último caso, dicha constancia tendrá para todos los efectos legales, igual valor probatorio que la impresa. Tratándose de la constancia que se entregue a través de los medios de comunicación electrónica, ésta deberá reunir los requisitos que establezcan los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. El patrón, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la entrega de la mencionada constancia, por el mismo medio en que le fue entregada, confirmará que la información que proporcionó al instituto concuerda con la registrada por éste, o bien, realizará las aclaraciones que procedan. En caso contrario, se tendrá por consentida. De proceder la aclaración, se tendrá por realizado el trámite en la fecha en que fue efectuado originalmente.’. De la transcripción anterior se advierte lo siguiente: a) De los trámites que sean realizados ante el instituto o sus oficinas autorizadas -como en el caso son los movimientos relativos a los avisos de afiliación por medios magnéticos- debe entregarse la constancia correspondiente al patrón o sujeto obligado, en forma impresa o en cualquiera de los medios de comunicación electrónica a que se refiere la ley; b) Las constancias generadas a través de medios de comunicación electrónica deberán reunir los requisitos que establezcan los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; c) Una vez obtenida la referida constancia, en un plazo de tres días hábiles el patrón podrá: i. Confirmar que la información proporcionada al instituto concuerda con la registrada por él; o, ii. Realizar las aclaraciones que procedan. d) En el supuesto de que no realice manifestación al respecto, se tendrá por consentida dicha información; sin embargo, de ser procedente la aclaración, la consecuencia inmediata será tener por realizado el trámite en la fecha en que fue efectuado originalmente. De lo anterior se desprende que, en términos del primer párrafo del numeral transcrito, a todo trámite relacionado con la afiliación de trabajadores que se realice en una cuenta patronal ante las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe corresponder la emisión de una constancia que consigne la información que haya sido objeto de incorporación o cambio. Una vez entregada esa constancia, el patrón contará con un plazo de tres días para confirmar la información o solicitar que se realicen las aclaraciones que estime pertinentes, en la inteligencia de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida en los términos de la constancia. Por consiguiente, para que pueda configurarse la presunción de certeza de la información proporcionada por medios electromagnéticos sobre los movimientos de afiliación de los trabajadores, es preciso que el instituto extienda la referida constancia, pues de no hacerlo, la información que este último manifieste haber recibido y que no haya sido objeto del indicado procedimiento, previsto en el artículo 6 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización de la Ley del Seguro Social, no puede tenerse como eficaz dentro del procedimiento contencioso administrativo en que se impugne la resolución basada en esa información. De acuerdo con lo expuesto, si el titular de la subdelegación 7 ‘Del Valle’ de la Delegación Sur en el Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó que determinados trabajadores fueron afiliados por **********, según se desprende de la información que señala haber recibido por medios magnéticos, es evidente que dichos movimientos debieron generar una constancia y, con ella, debió darse vista a la referida empresa, para que externara si estaba o no conforme con dicha información, y sólo a falta de respuesta podía legalmente considerarse que se consintieron los términos en que se asentó el movimiento en los registros del instituto. En el caso que nos ocupa, la empresa actora cuestionó, en su escrito de ampliación a la demanda de nulidad, la existencia del referido trámite afiliatorio y, como consecuencia inmediata, desconoció la relación laboral correspondiente; por su parte, la autoridad enjuiciada pretendió demostrar la existencia de los movimientos de afiliación que, a su decir, fueron realizados por la hoy quejosa, con las copias certificadas de las cuentas individuales de cada trabajador atribuido a su registro patronal. A juicio de este Tribunal Colegiado, el documento público mencionado no es suficiente para sustentar la legalidad de las resoluciones controvertidas, pues en el escrito de ampliación a la demanda de nulidad, ********** desconoció los movimientos afiliatorios que la enjuiciada, asegura, fueron realizados por ésta; por ende, dicha autoridad tenía la carga procesal de demostrar tal circunstancia a través de las constancias generadas con los trámites referidos, en términos del artículo 6 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización de la Ley del Seguro Social. No pasa inadvertido para este órgano colegiado la jurisprudencia 2a./J. 202/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN.’, que, inclusive, invocó la Sala responsable en la sentencia reclamada, ya que, dada la naturaleza de las resoluciones impugnadas, al tratarse de la determinación de créditos con base en la afirmación de que ********** presentó la información de los avisos de afiliación de los trabajadores enlistados en ellas, entonces, correspondía a la autoridad demandada aportar los medios probatorios con los cuales justificara tal hecho y, por ende, considerar la legalidad de su determinación. De lo expuesto se obtiene que si la Sala del conocimiento limitó los alcances del hecho destacado por la actora -el desconocimiento del trámite afiliatorio y como consecuencia la inexistencia de la relación laboral con los trabajadores que le fueron atribuidos-, omitiendo valorar adecuadamente la prueba documental pública ofrecida por la autoridad demandada para sostener la legalidad de las resoluciones impugnadas y soslayó que la enjuiciante justificó; por ende, la pretensión deducida en los argumentos de anulación que desestimó, tal proceder tornó a la sentencia reclamada conculcatoria de garantías individuales, razón por la cual debe concederse el amparo solicitado. Brinda apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.696 A,(1) sustentada por este tribunal, del siguiente tenor literal: ‘SEGURO SOCIAL. CUANDO EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN QUE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE LE ATRIBUYAN DETERMINADOS TRABAJADORES CUESTIONE AL INSTITUTO MEXICANO RELATIVO EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE ÉSTOS Y, COMO CONSECUENCIA, DESCONOZCA LA RELACIÓN LABORAL, CORRESPONDE A DICHO ORGANISMO PROBAR QUE AQUÉL PRESENTÓ LOS AVISOS RESPECTIVOS, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, LE HUBIERA EXTENDIDO.’ (se transcribe). No obstante la determinación anterior, sólo a mayor abundamiento, este tribunal considera pertinente recordar, en cuanto al alcance y valor probatorio de la información contenida en medios electrónicos -como en el caso lo son los movimientos relativos a los avisos de afiliación-, lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: ‘Artículo 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del méto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23846-0a234b9c/contradiccion-de-tesis-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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