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Modo: Corpus Pro

CONSULTAS DE CUENTA INDIVIDUAL GENERADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LAS ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ÉSTAS PARA REFERIRSE A CONCEPTOS COTIDIANOS PARA EL PATRÓN, AL NO CAUSARLE CONFUSIÓN RESPECTO DE SU SITUACIÓN JURÍDICA COMO CONTRIBUYENTE, CUMPLEN CON LA CERTEZA JURÍDICA QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 700/2012. · Registro digital (IUS): 24387
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Pág. 1035.

AMPARO DIRECTO 700/2012. 31 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ. SECRETARIO: RAMÓN LOZANO BERNAL.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Por método, los conceptos de violación serán analizados en orden distinto al propuesto, incluso algunos de manera conjunta, debido a su estrecha vinculación, pues así lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo.

En primer término, serán atendidos los conceptos identificados en esta sentencia con los números 3, 4, 5, 6 y 7.

El argumento esencial que esgrime la quejosa en esos motivos de disenso, se relaciona con las razones que expresó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 189/2007-SS, cuya ejecutoria dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, que aparece publicada en la página 242, Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN."

Contrariamente a lo que alega la promovente del amparo, en la determinación del citado Alto Tribunal no se expresaron razones por las que pueda inferirse que éste resolvió que la certificación que expida el Instituto Mexicano del Seguro Social de la información que guarda en sus archivos electrónicos o documentales, sólo puede tener valor probatorio cuando en ella obre el número patronal de identificación electrónica o se trate del acto por el que da fe de que la copia de un documento suscrito autógrafamente o que contiene esa identificación electrónica es igual a su original.

Lo que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que aparece publicada en la página 305 y siguientes del Tomo XXVI, noviembre de 2007, del indicado medio de difusión oficial, fue que un estado de cuenta individual, esto es, un documento que puede elaborar el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la información que consta en otros, entre ellos en los que aparece la firma autógrafa o electrónica que utilizó el patrón en la presentación de inscripciones, avisos o informes, tiene pleno valor probatorio por tres razones fundamentales:

1. Porque esa información la obtiene el instituto de seguridad social de instrumentos que están suscritos por el patrón o que obra en ellos el número patronal de identificación electrónica, que hace las veces de firma autógrafa, y eso implica que su origen es cierto y válido.

2. Porque en los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, se le otorgan facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar certificaciones de los datos que obran en los archivos, y eso no implica que se limite a una potestad de hacer copias certificadas, pues de obligar a esa autoridad a que, para justificar los datos asentados en los estados de cuenta, presente el documento suscrito por el patrón o el que contenga la firma electrónica, a fin de probar el origen de esa información, perdería la razón de ser la potestad que le confiere el autor del reglamento, porque no se entendería darle atribuciones, primero, de guardar la información proporcionada a través de los formatos impresos, en medios electrónicos y, después, certificar esa información así conservada, si se le obliga finalmente a presentar los documentos en los que consta.

3. Porque la veracidad de los datos y de la información asentada en los estados de cuenta, encuentra sustento normativo en los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 46, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que esencialmente tiene el mismo texto que el diverso 234, fracción I, del primer ordenamiento citado, derogado por el artículo segundo transitorio de la primera de las disposiciones citadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cinco, en tanto que estas normas expresamente determinan que los actos de las autoridades administrativas se presumen legales, salvo prueba en contrario, de manera que corresponderá al patrón desvirtuar los datos asentados en los estados de cuenta individuales.

Las tres razones referidas se comienzan a vislumbrar en la ejecutoria mencionada, desde el momento en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza las posturas interpretativas de los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de criterios, pues destacó que en tanto uno de ellos consideró que el estado de cuenta individual que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social es suficiente por sí solo para justificar la relación laboral, por tener pleno valor de convicción, el otro estimó que carece de ese mérito probatorio, por las propias razones que aquí expone la quejosa, en cuanto a que era necesario que se exhibieran los documentos en los que conste la firma autógrafa o el número patronal de identificación electrónica, mediante los cuales el empleador le proporcionó los datos al instituto.

De ahí que en la referida ejecutoria se indicó que la confrontación de criterios radicaba en determinar si la certificación de los estados de cuenta individual, independientemente de haber sido presentados por medios magnéticos o en formato impreso, son aptos para acreditar la relación laboral o, por el contrario, para acreditarla se deben presentar otros elementos de convicción como serían los avisos de afiliación presentados por el patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Posteriormente, la Segunda Sala aclaró que no obstante que conforme a los antecedentes que dieron origen a los criterios opuestos, en uno de los casos sí se ponderó que la información que proporcionó el patrón al instituto fue por medios electrónicos y en el otro no se aclaró si se hizo por este conducto o mediante formatos aprobados con firma autógrafa, ello no impedía determinar la existencia de la oposición interpretativa, en tanto que al respecto señaló:

"En efecto, existe contradicción de tesis, al margen de la aparente disparidad que en el párrafo anterior se advirtió (que en un caso las obligaciones se cumplieron por medios electrónicos y en otro no se sabe si en formato impreso o electrónicamente), pues como se verá a lo largo de los considerandos, no es motivo de diferenciación legal alguna, ya que la autoridad administrativa tiene la facultad de certificar la información que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social, independientemente de si fue presentada a través de medios electrónicos con la clave de acceso con que cuenta el patrón (número patronal de identificación electrónica, equivalente a la firma autógrafa), o si fue presentada a través de medios impresos."

Ahora, al unificar el criterio que debe imperar y que resulta obligatorio tanto para este órgano colegiado como para la autoridad responsable en los términos descritos en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala realizó una interpretación sistemática de los artículos 3, 4 y 5 del reglamento, que la llevó a concluir que un documento presentado por el empleador por medios informáticos, utilizando su número patronal de identificación electrónica, tiene el mismo valor probatorio que el formato autorizado con firma autógrafa.

En esta parte expresó las consideraciones que comienzan con la precisión sobre las formas en que el empleador puede presentar la información al Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuanto a que puede hacerlo a través de los formatos impresos autorizados, en los que plasme su firma autógrafa o por medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza.

Además, hizo referencia a la facultad del instituto de conservar en estos medios electrónicos, la información presentada por los propios formatos impresos, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados; inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento.

Aspecto que es trascendente en el ejercicio de interpretación que realizó el Alto Tribunal, y particularmente en los tópicos que discute la promovente del amparo, en tanto que la anterior precisión guarda relación con el contenido del primer párrafo del artículo 4 del reglamento, en el que se otorga al Instituto Mexicano del Seguro Social la potestad de conservar en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, la información que el patrón le proporciona a través de un documento físico en el que consta su firma, lo que es distinto a que desde un inicio el empleador llevó esa información a través de los citados medios electrónicos y así fue conservada por la autoridad fiscal.

Esto es, ese instituto de seguridad social puede escanear el documento físico para guardar su imagen en un documento electrónico, o, puede vaciar la información en programas de cómputo como "Excel", para después utilizarla en sus cálculos, o puede utilizar cualquier forma de similar naturaleza que le permita conservar toda esa información, sin que obste que también guarde el documento físico; lo trascendente es que el segundo párrafo del artículo 4, expresamente prevé que la facultad para certificar es respecto a la información así conservada; es decir, en relación con la que guardó la autoridad fiscal al vaciarla, fotocopiarla, escanearla o plasmarla del documento físico a los medios magnéticos, ópticos, electrónicos o digitales.

En relación con la ejecutoria que se analiza, la citada Segunda Sala agregó que tanto la información en la que se utilice el número patronal de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, como las certificaciones que de ésta expida el instituto, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente, por lo que tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

Por lo que, indicó, esto significa que la legislación autoriza a la autoridad administrativa, al igual que en el caso de los formatos impresos, a certificar la información relativa al registro de patrones y demás sujetos obligados; a la inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, presentada por medios electrónicos, en la que se hubiera utilizado el número patronal de identificación electrónica que, se insiste, es el sustituto de la firma autógrafa. Lo que, agregó, se corrobora con el contenido del artículo 5 del reglamento.

Por ello, concluyó, las certificaciones expedidas en relación con los documentos presentados vía formatos impresos, como aquellas realizadas de información recibida vía electrónica (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica), tienen el valor probatorio que las leyes otorguen.

Todo lo anterior, fue el marco normativo por el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justificó que cualquier certificación que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social de la información que obtiene de documentos en los que obra la firma autógrafa del patrón, tiene el mismo valor que si esa certificación deriva de los datos consignados en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, en los que se utiliza el número patronal de identificación electrónica, porque legalmente hace las veces de esa firma y, en ese ejercicio, no se aprecia lo que ahora aduce la quejosa, en cuanto a que la certificación sólo tiene eficacia si en ella consta el citado número patronal.

Así, una vez que justificó este punto, la indicada Segunda Sala mencionó que tocaba resolver la siguiente interrogante: "¿qué valor probatorio les asignan las leyes a estas certificaciones?"; las consideraciones que al respecto precisó, que son en las que específicamente resolvió la oposición interpretativa de los Tribunales Colegiados, son del contenido siguiente:

"En efecto, una vez acreditado que el instituto puede expedir certificaciones de la información que conserve y que aquélla presentada a través de cualquier medio electrónico (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica la firma, que sustituye a la firma autógrafa) surtirá los mismos efectos y tendrá el mismo valor que la presentada en formatos impresos, entonces, es necesario determinar, qué valor probatorio les da la ley a los documentos expedidos por el instituto.

"Pues bien, el Código Fiscal de la Federación y su legislación supletoria, que de conformidad con el artículo 5o., segundo párrafo, es el Código Federal de Procedimientos Civiles, al respecto, dispone lo siguiente: "Código Fiscal de la Federación

"‘Artículo 68. ...’

"Del artículo antes transcrito se aprecia que se presumen legales los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, pero cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, deberán probar los hechos que los motivaron, salvo si la negativa implica la afirmación de otro hecho.

"Por su parte, el artículo 46, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que esencialmente tiene el mismo texto que el diverso 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, derogado por el artículo segundo transitorio de la primera de las disposiciones citadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de uno de diciembre de dos mil cinco, dispone, en la parte que interesa, que hacen prueba plena los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; incluyendo los digitales, lo anterior al siguiente tenor:

"...

"Precepto que, como se señaló, es de contenido esencialmente igual (salvo por lo que hace a la expresión ‘incluyendo los digitales’) en relación con el hecho de que hacen prueba plena los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, tal como se aprecia de su transcripción:

"...

"Por otro lado, los diversos artículos 81 y 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen respectivamente que:

"...

"De los artículos antes transcritos se advierte que el que niega debe probar la negación, cuando ésta envuelve una afirmación, es decir, se revierte la carga de la prueba en su contra.

"Todo lo anterior, aplicado al punto de contradicción que ocupa a esta Sala, lleva a la conclusión de que, si el instituto está facultado para expedir certificaciones de la información que conserve, tanto aquella derivada de la presentada en formatos impresos, como aquella presentada a través de cualquier medio electrónico, en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica y, si en ambos casos, se les dará a las certificaciones, el valor probatorio que la ley conceda, que consiste en presumirlos ciertos (salvo si el afectado los niega lisa y llanamente, caso en el que la autoridad debe probar los hechos que motivaron los actos, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho), entonces, si en un juicio contencioso administrativo el Instituto Mexicano del Seguro Social, para desvirtuar la negativa lisa y llana de la parte actora de la relación laboral, exhibe la certificación de los estados de cuenta individual, emitidos con las facultades legales que le otorgan los artículos 3, 4 y 5 del reglamento en estudio; la negativa del patrón implica la afirmación de otro hecho, consistente en que no son esos trabajadores, por tanto, corresponde a éste desvirtuar tales certificaciones mediante la presentación de otras pruebas que valorará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Esto implica, que la autoridad demandada no está obligada a acreditar la relación laboral con otras documentales, pues con la certificación de los estados de cuenta individual queda, salvo prueba en contrario -pues la carga de la prueba se revierte-, demostrada la voluntad de la empresa patronal de dar de alta a los trabajadores de que se trata.

"Lo anterior, independientemente de si la certificación expedida se realizó en relación con documentos presentados en formato impreso o de aquellos presentados vía electrónica con el número patronal de identificación electrónica, pues su uso es responsabilidad de la parte patronal y se presume que la información proporcionada vía electrónica al instituto a través de este número patronal sustituto de la firma autógrafa, es información entregada por el patrón, ya que va firmada virtualmente con el número patronal referido. Si el patrón no desea hacer uso de la tecnología, por cualquier razón, tiene la alternativa de presentar y cumplir con sus obligaciones a través del llenado de los formatos impresos.

"De todo lo anterior se concluye que la presentación por la demandada en el juicio de nulidad, de la certificación de los estados de cuenta individuales, al ser una prueba plena, es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón, por tanto, no es necesario exigir para su perfeccionamiento, por ejemplo, la presentación de los avisos de afiliación presentados por el patrón."

De todo lo expuesto se obtiene que, contrariamente a lo que aduce la quejosa, no es necesario que en los certificados que aportó como prueba el instituto demandado conste el número patronal de identificación electrónica, para que tengan valor de convicción, pues esto no fue sostenido en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, que invocó la Sala Fiscal para sustentar su decisión.

Además, esos estados de cuenta no requieren ser una copia certificada del formato autorizado con firma autógrafa o de la impresión del medio magnético, electrónico, óptico o digital que presentó el patrón en el que utilizó su firma autógrafa, pues ya se dijo que el instituto puede guardar en ese tipo de medios, la información que proporcionó el patrón a través de los formatos impresos autorizados cuando vacía esa información de este tipo de documentos a programas informáticos, digitales o instrumentos ópticos o magnéticos.

Por ello, como lo resolvió la Sala Regional, los estados de cuenta individual que ofreció como prueba el Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio de origen, desvirtúan la negativa lisa y llana que formuló el patrón de que no realizó trámites para obtener una firma electrónica y que, por eso, no pudo presentar información por medios magnéticos o informáticos utilizando su número patronal de identificación electrónica.

Esto, porque los referidos estados de cuenta individual bien pudieron obtenerse de la información que proporcionó el patrón por formatos impresos autorizados con su firma autógrafa, que fue guardada en medios electrónicos por la facultad que otorga el artículo 4 del reglamento, y la certificación verse en torno a esa información así conservada, pues como se indica en la ejecutoria antes analizada, corresponde a la patronal desvirtuar la veracidad de esos documentos.

En efecto, en la citada tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cualquier certificación que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social de la información que obtiene de documentos en los que obra la firma autógrafa del patrón, tiene el mismo valor que si esa certificación deriva de los datos consignados en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, en los que se utiliza el número patronal de identificación electrónica, porque legalmente hace las veces de esa firma.

Entonces, la negativa de haber realizado el trámite del registro patronal de identificación electrónica, que hace la actora al ampliar la demanda e impugnar la validez de las mencionadas certificaciones, no implica que el Instituto Mexicano del Seguro Social deba exhibir la constancia de que sí se realizó, ya que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 98/2012-SS, resuelta el veintitrés de mayo de dos mil doce, al precisar los alcances de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, consideró que la certificación de los estados de cuenta individuales exhibida por ese instituto, es apta y suficiente para acreditar la relación de trabajo, de suerte que el ente administrativo no tiene la carga procesal de demostrar que entregó la constancia de trámite realizado a que alude el artículo 6 del reglamento de la materia, ni probar que la parte actora realizó movimientos afiliatorios en relación con los trabajadores que se citan en la cédula de liquidación, por lo que si la accionante niega haber enviado esa información, entonces le corresponde a ella demostrar cuál información sí proporcionó.

De ahí que la negativa lisa y llana que formula el patrón es ineficaz, en razón de que los referidos estados de cuenta individual bien pudieron obtenerse de la información que proporcionó el patrón por formatos impresos autorizados con su firma autógrafa, pues el instituto la puede guardar en ese tipo de medios, cuando vacía esa información a programas informáticos, digitales o instrumentos ópticos o magnéticos, por la facultad que otorga el artículo 4 del reglamento y la certificación verse en torno a esa información así conservada, pues como se indica en la ejecutoria de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, corresponde a la patronal desvirtuar la veracidad de esos documentos.

No es obstáculo para concluir lo anterior, lo argumentado en parte del segundo concepto de violación, en el sentido de que en las consultas exhibidas por la demandada se aprecia una columna "O" en la que a cada movimiento corresponde la clave "4", que a decir del instituto, significa que todos y cada uno de los movimientos capturados o vertidos a las consultas, fueron originados por medios electrónicos y no impresos.

Al respecto, en la contestación (foja 86), el instituto procedió a explicar cómo deben leerse ciertos signos contenidos en las consultas exhibidas; se puede observar que la columna "O" refleja el motivo por el cual fue ingresado el movimiento afiliatorio, y que el número 4 en dicha columna significa "movimientos afiliatorios presentados mediante medios electrónicos firma digital", como lo expone la quejosa.

Sin embargo, no es veraz que pueda estimarse que todos los movimientos reflejados en las consultas (fojas 100 a 179) tienen como origen la documentación presentada por medios electrónicos, porque algunas de éstas contienen el dígito 4, pero otras el 1 (de éste se explicó que indica "ajuste automático al salario mínimo").

Aun considerando que todos los movimientos reflejados en las consultas tuvieran como origen medios electrónicos, es decir, no impresos, en nada varía la conclusión alcanzada por la Sala y que este tribunal considera acertada, en el sentido de que si la accionante niega haber enviado esa información, por el medio que sea, impreso o vía electrónica, de cualquier forma le corresponde a ella demostrar cuál información sí proporcionó, esto es, la carga de la prueba no se traslada al instituto demandado.

Por tanto, ese motivo de inconformidad es infundado.

En otro aspecto, en concreto, en los conceptos de violación quinto y séptimo, alega la quejosa que existe la confesión tácita de la demandada en relación a la inexistencia de la carta de términos, así como lo relativo al trámite para la obtención del número de identificación patronal electrónica, pues el instituto, en la contestación de la ampliación, no se refirió expresamente a ese hecho, circunstancia que la Sala pasó desapercibida ya que no se pronunció al respecto.

Ligado con este tema, se exponen los motivos de inconformidad cuarto y sexto, de manera fundamental, ya que la Sala responsable no se ocupó del sexto y octavo conceptos de impugnación de la ampliación de la demanda; es decir, fue omisa en valorar jurídicamente los argumentos ahí vertidos, ya que no los pondera y contrasta con el marco legal ni menos los refuta, como estaba obligada a hacerlo, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Del análisis integral del sexto y octavo conceptos de impugnación del escrito de ampliación de demanda (los cuales ya fueron sintetizados), se advierte que la actora, ahora quejosa, ciertamente negó tener en su poder una carta de términos y condiciones, así como haber iniciado el trámite para la obtención y uso del número patronal de identificación electrónica y certificado digital, y que sólo con su exhibición podría acreditarse que la demanda conserva información proporcionada por la actora, y que es a ésta a quien corresponde exhibirla a fin de desvirtuar dicha negativa.

Como lo argumenta, la Sala no atendió de manera expresa dichos conceptos de nulidad, aunque tales tópicos pueden estimarse respondidos, cuando la responsable determinó que como la demandada exhibió los documentos denominados "consulta de cuenta individual", la carga de acreditar que no realizaron los movimientos que indica la autoridad demandada en las documentales exhibidas, correspondía a la parte actora. Además, que basta que el funcionario competente del Instituto Mexicano del Seguro Social haga la certificación de las referidas consultas, para que tengan valor probatorio pleno los datos que obran en sus archivos, a fin de probar el origen de la información.

Pues bien, es cierto que en la contestación de la ampliación de demanda, la demandada nada dijo en relación a esa negativa lisa y llana que la actora formuló.

También es verídico que la Sala, para emitir su sentencia, no consideró que existe esa confesión tácita, como lo expone la quejosa.

No obstante lo anterior, a nada práctico conduciría ordenar, con una eventual concesión de amparo, que se repare esa violación, es decir, que la Sala se pronuncie nuevamente considerando los aspectos omitidos, porque finalmente la omisión de la Sala que se destaca deviene intrascendente.

Esto es así, pues si bien no encuentra oposición la negativa de la demandante en el sentido de que no existe esa carta de términos, lo importante es que ante la exhibición de las consultas que hizo el instituto, a la actora corresponde desvirtuar que no tiene una relación de trabajo con las personas que se indican, como ya se ha concluido.

Aunado a lo anterior, también se han desarrollado en esta ejecutoria, las razones por las cuales las certificaciones de las consultas no pierden valor por la ausencia del número de identificación patronal, el cual se obtiene, previa existencia de esa carta, que se aduce, es inexistente.

Por lo cual, dicha confesión tácita en nada variaría el sentido del fallo reclamado, en ese aspecto.

De ahí lo inoperante de ese postulado.

En otro apartado del tercer motivo de disenso, la quejosa manifiesta que la fecha de generación de esas consultas es "07/06/2011", mientras que la cédula de liquidación impugnada se emitió el dos de marzo de dos mil once, es decir, aquéllas no existían al determinarse las contribuciones.

Tal afirmación debe considerarse inoperante por constituir un tema novedoso, esto es, no planteado ante la Sala responsable y, por ende, ajeno a las consideraciones de la sentencia reclamada.

En efecto, al momento en que a la parte actora le dan vista con la contestación de demanda, también se entera de la llegada al juicio anulatorio de las consultas con las cuales el instituto pretendió desvirtuar la negativa que efectuó la actora de la relación de trabajo respecto de los trabajadores a que se alude en las cédulas de liquidación.

Así, la parte actora tuvo conocimiento puntual tanto de la contestación como de los documentos presentados por la demandada, tan es así que formuló su ampliación de demanda, en la que básicamente objetó las pruebas presentadas por el instituto, que se reducen a esas consultas.

Desde luego que desde esa etapa procesal, estaba en aptitud de advertir lo que ahora aduce en su concepto de violación, porque de las propias consultas se observa que la fecha que éstas contienen es del siete de junio de dos mil once, expresado como "07/06/2011", fecha que es posterior a la de la emisión de la cédula liquidatoria impugnada, de dos de marzo de dos mil once.

Entonces, en su impugnación, la actora pudo haber hecho valer esa circunstancia en la ampliación de demanda, pero no lo hizo.

En efecto, en la ampliación de demanda se hicieron valer nueve conceptos de impugnación, en los cuales, en concreto, se argumentó (fojas 183 a 204):

Primer concepto de impugnación.

La autoridad enjuiciada ha aportado al presente juicio documentos que no tienen el carácter de públicos por no encontrarse debidamente certificados, sino que se trata de copias simples, que no son aptas para restituir la presunción de legalidad de los actos desconocidos.

En el oficio que contiene la contestación a la demanda se anuncian y anexan exclusivamente copias simples; impresiones cuya fidelidad respecto de su original no se encuentra certificada, por lo cual no debe dárseles valor probatorio pleno. Los documentos carecen de firmas autógrafas de los funcionarios que supuestamente los emiten o participan en su elaboración.

Segundo concepto de impugnación.

Cada una de las "consulta de cuenta individual" que se objetan, carece de firma, rúbrica o cualquier elemento que vincule un acto de certificación con la voluntad expresada por un funcionario de la administración pública federal; además, no contienen de manera regular sellos, firmas, ningún signo exterior, ni en el cuerpo de los mismos ni en ninguna hoja que se les haya anexado, lo cual desvirtúa su carácter de públicos y no demuestra el consentimiento de una autoridad competente para emitir dichos actos, ni para certificar su autenticidad.

La falta de una debida certificación debe traer como consecuencia la conclusión de la inexistencia de documentos que acrediten la relación laboral de los supuestos trabajadores con la demandante, a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24387-e369973d/consultas-de-cuenta-individual-generadas-por-el-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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