Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LAS SUBDELEGACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO SE ESTIME QUE DERIVA DEL ACUERDO NÚMERO 534/2006, EMITIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO DE DICHO ORGANISMO, BASTA SU INVOCACIÓN GENÉRICA PARA CONSIDERARLA FUNDADA. ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INNECESARIO QUE CONTENGAN EL NÚMERO PATRONAL DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA TENER VALOR PROBATORIO PLENO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 202/2007). ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA TENER VALOR PROBATORIO PLENO NO REQUIEREN SER UNA COPIA CERTIFICADA DEL FORMATO AUTORIZADO CON FIRMA AUTÓGRAFA O DE LA IMPRESIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO, ÓPTICO O DIGITAL QUE PRESENTÓ EL PATRÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 202/2007). ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LA AUTORIDAD APORTA COPIAS CERTIFICADAS DE ÉSTOS ANTE LA NEGATIVA LISA Y LLANA DEL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE CONTAR CON NÚMERO PATRONAL DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA O HABER REALIZADO MOVIMIENTO AFILIATORIO ALGUNO, CORRESPONDE A ÉSTE DESVIRTUAR DICHOS DOCUMENTOS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 202/2007). ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DESVIRTÚAN, POR SÍ SOLOS, LA NEGATIVA LISA Y LLANA FORMULADA POR EL PATRÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE HABER REALIZADO TRÁMITES PARA OBTENER UNA FIRMA ELECTRÓNICA Y, CONSECUENTEMENTE, CORRESPONDE A ÉSTE DESACREDITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN AQUÉLLOS. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE EXHIBIRLO CUANDO SE OFRECIÓ COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL NEGAR LISA Y LLANAMENTE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS TRABAJADORES RESPECTO DE LOS CUALES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DETERMINÓ LOS CRÉDITOS IMPUGNADOS, NO PRODUCE CONSECUENCIAS, SI DICHO ORGANISMO PRESENTA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE EXHIBIRLO CUANDO SE OFRECIÓ COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI ÉSTE NEGÓ LISA Y LLANAMENTE LOS HECHOS CON BASE EN LOS CUALES LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONLLEVA QUE ÉSTA SE ENCUENTRE OBLIGADA A PROBARLOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 651/2013. · Registro digital (IUS): 24992
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-04-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Pág. 1270.

COMPETENCIA DE LAS SUBDELEGACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO SE ESTIME QUE DERIVA DEL ACUERDO NÚMERO 534/2006, EMITIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO DE DICHO ORGANISMO, BASTA SU INVOCACIÓN GENÉRICA PARA CONSIDERARLA FUNDADA.

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INNECESARIO QUE CONTENGAN EL NÚMERO PATRONAL DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA TENER VALOR PROBATORIO PLENO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 202/2007).

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA TENER VALOR PROBATORIO PLENO NO REQUIEREN SER UNA COPIA CERTIFICADA DEL FORMATO AUTORIZADO CON FIRMA AUTÓGRAFA O DE LA IMPRESIÓN DEL MEDIO MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO, ÓPTICO O DIGITAL QUE PRESENTÓ EL PATRÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 202/2007).

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LA AUTORIDAD APORTA COPIAS CERTIFICADAS DE ÉSTOS ANTE LA NEGATIVA LISA Y LLANA DEL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE CONTAR CON NÚMERO PATRONAL DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA O HABER REALIZADO MOVIMIENTO AFILIATORIO ALGUNO, CORRESPONDE A ÉSTE DESVIRTUAR DICHOS DOCUMENTOS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 202/2007).

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DESVIRTÚAN, POR SÍ SOLOS, LA NEGATIVA LISA Y LLANA FORMULADA POR EL PATRÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE HABER REALIZADO TRÁMITES PARA OBTENER UNA FIRMA ELECTRÓNICA Y, CONSECUENTEMENTE, CORRESPONDE A ÉSTE DESACREDITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN AQUÉLLOS.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE EXHIBIRLO CUANDO SE OFRECIÓ COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL NEGAR LISA Y LLANAMENTE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS TRABAJADORES RESPECTO DE LOS CUALES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DETERMINÓ LOS CRÉDITOS IMPUGNADOS, NO PRODUCE CONSECUENCIAS, SI DICHO ORGANISMO PRESENTA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE EXHIBIRLO CUANDO SE OFRECIÓ COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI ÉSTE NEGÓ LISA Y LLANAMENTE LOS HECHOS CON BASE EN LOS CUALES LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONLLEVA QUE ÉSTA SE ENCUENTRE OBLIGADA A PROBARLOS.

AMPARO DIRECTO 651/2013. 16 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIO: NELSON JACOBO MIRELES HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de inconformidad expuestos por la quejosa son infundados, los que serán analizados en orden distinto al planteado.

I. Falta de exhibición del expediente administrativo en el juicio. Los motivos de disenso identificados con los números III y IV, se encuentran orientados a demostrar que la Sala responsable debió hacer efectivo el apercibimiento que se formuló al instituto demandado, cuando se le requirió que exhibiera el expediente administrativo respectivo, ya que la demandada está obligada a exhibirlo en el juicio y, en consecuencia, debieron tenerse por ciertos los hechos negativos que la actora pretendió acreditar con ese medio de convicción.

Esos argumentos son infundados.

El expediente administrativo a que alude la quejosa, es uno de los medios de prueba que puede ser ofrecido en el juicio de nulidad, de conformidad con los artículos 14, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En este punto, es pertinente transcribir el contenido de ambos preceptos:

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Artículo 14. La demanda deberá indicar:

"...

"V. Las pruebas que ofrezca.

"En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos.

"En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada.

"Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada. La remisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el cuál estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que pretendan consultarlo."

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

"Artículo 24. En el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Éste será el que contenga toda la documentación relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y a la resolución impugnada. No se incluirá en el expediente administrativo que se envíe, la información que la ley señale como información reservada o gubernamental confidencial.

"Para los efectos de este artículo, no se considerará expediente administrativo, los documentos antecedentes de una resolución en la que las leyes no establezcan un procedimiento administrativo previo."

Como se observa de la transcripción que antecede, el artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que cuando el demandante ofrezca pruebas documentales, puede proponer como medio de convicción el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada, el cual se integra con toda la documentación relacionada con el procedimiento que le dio lugar, es decir, la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y la propia resolución.

La previsión anterior también se encuentra en el numeral 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cuyo segundo párrafo acota, además, que no se considerará expediente administrativo, los documentos antecedentes de una resolución en la que las leyes no establezcan un procedimiento administrativo previo.

Las normas referidas no prevén una consecuencia a la omisión en que incurra la autoridad demandada al no presentar el expediente administrativo que le sea solicitado, por lo que es dable acudir a las reglas generales de valoración de pruebas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de dilucidar la trascendencia de esa conducta procesal.

El numeral 42 de la ley en consulta establece la presunción de legalidad de las actuaciones administrativas, salvo que el particular niegue lisa y llanamente los hechos que las motiven, caso en el cual las autoridades deberán aportar medios de convicción que los demuestren.

La interpretación sistemática de las disposiciones examinadas permiten concluir que, pese a la ausencia de sanción procesal a la omisión de exhibir el expediente administrativo del actor en el juicio de nulidad, si éste negó los hechos con base en los cuales la autoridad administrativa emitió la resolución impugnada, la demandada se encuentra obligada a probarlos.

En el caso, contrariamente a lo sustentado por la quejosa, el instituto demandado sí satisfizo la carga probatoria derivada de la negativa lisa y llana expresada por la actora, respecto de los hechos que motivaron la emisión de los créditos impugnados, mediante la exhibición de la certificación de los estados de cuenta individuales de los trabajadores, como se explicará al atender a los conceptos identificados en esta sentencia con los números I y V.

II. Análisis conjunto de los conceptos de violación identificados con los números II, V y VI, en donde se plantean los temas siguientes:

- Estados de cuenta individuales acreditan la relación laboral (valor probatorio pleno).

- Movimientos que reflejan las consultas (reversión de la carga de la prueba a la parte quejosa para probar que no se realizaron los movimientos que en ésta se reflejan).

- Inexistencia de acuses criptográficos y firma electrónica o número patronal de identificación electrónica.

El argumento esencial que esgrime la quejosa en esos motivos de disenso, se relaciona con las razones que expresó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 189/2007-SS, cuya ejecutoria dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, que aparece publicada en la página 242, Tomo XXVI, octubre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN."

Contrariamente a lo que alega la promovente del amparo, en la determinación del citado Alto Tribunal no se expresaron las razones por las cuales pueda inferirse que éste resolvió que la certificación que expida el Instituto Mexicano del Seguro Social de la información que guarda en sus archivos electrónicos o documentales, sólo puede tener valor probatorio cuando en ella obre el número patronal de identificación electrónica o se trate del acto por el que da fe de que una copia de un documento suscrito autógrafamente o que contiene esa identificación electrónica es igual a su original.

Lo que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que aparece publicada en la página 305 y siguientes del Tomo XXVI del indicado medio de difusión oficial, fue que un estado de cuenta individual, esto es, un documento que puede elaborar el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la información que consta en otros, en los que aparece la firma autógrafa o electrónica que utilizó el patrón en la presentación de inscripciones, avisos o informes, tiene pleno valor probatorio por tres razones fundamentales:

a) Porque esa información la obtiene el instituto de seguridad social de instrumentos que están suscritos por el patrón o que obra en ellos el número patronal de identificación electrónica, que hace las veces de firma autógrafa y eso implica que su origen es cierto y válido;

b) Porque en los artículos 4 y 5 del reglamento, se le otorgan facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar certificaciones de los datos que obran en sus archivos, y eso no implica que se limite a una potestad de hacer copias certificadas, pues de obligar a esa autoridad a que, para justificar los datos asentados en los estados de cuenta, presente el documento suscrito por el patrón o el que contenga la firma electrónica, a fin de probar el origen de esa información, perdería la razón de ser la potestad que le confiere el autor del reglamento, porque no se entendería darle atribuciones, primero, de guardar la información proporcionada a través de los formatos impresos, en medios electrónicos y, después, certificar esa información así conservada, si se le obliga finalmente a presentar los documentos en los que consta; y

c) Porque la veracidad de los datos y de la información asentada en los estados de cuenta, encuentra sustento normativo en los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 46, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que esencialmente tiene el mismo texto que el diverso 234, fracción I, del primer ordenamiento citado, derogado por el artículo segundo transitorio de la segunda de las disposiciones mencionadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cinco, en tanto que estas normas expresamente determinan que los actos de las autoridades administrativas se presumen legales, salvo prueba en contrario, de manera que corresponderá al patrón desvirtuar los datos asentados en los estados de cuenta individuales.

Las tres razones referidas se comienzan a vislumbrar en la ejecutoria mencionada, desde el momento en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza las posturas interpretativas de los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de criterios, pues destacó que en tanto uno de ellos consideró que el estado de cuenta individual que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social es suficiente, por sí solo, para justificar la relación laboral por tener pleno valor de convicción, el otro estimó que carece de ese mérito probatorio, por las propias razones que aquí expone la quejosa, en cuanto a que era necesario que se exhibieran los documentos en los que conste la firma autógrafa o el número patronal de identificación electrónica, mediante los cuales el empleador le proporcionó los datos al instituto.

De ahí que en la referida ejecutoria se indicó que la confrontación de criterios radicaba en determinar si la certificación de los estados de cuenta individuales, independientemente de haber sido presentados por medios magnéticos o en formato impreso, son aptos para acreditar la relación laboral o, por el contrario, para acreditarla se deben presentar otros elementos de convicción, como serían los avisos de afiliación presentados por el patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Posteriormente, la Segunda Sala aclaró que no obstante que conforme a los antecedentes que dieron origen a los criterios opuestos, en uno de los casos sí se ponderó que la información que proporcionó el patrón al instituto fue por medios electrónicos, y en el otro no se aclaró si se hizo por este conducto o mediante formatos aprobados con firma autógrafa, ello no impedía determinar la existencia de la oposición interpretativa, en tanto que al respecto señaló que:

En efecto, existe contradicción de tesis, al margen de la aparente disparidad que en el párrafo anterior se advirtió (que en un caso las obligaciones se cumplieron por medios electrónicos y en otro no se sabe si en formato impreso o electrónicamente), pues como se verá a lo largo de los considerandos, no es motivo de diferenciación legal alguna, ya que la autoridad administrativa tiene la facultad de certificar la información que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social, independientemente de si fue presentada a través de medios electrónicos con la clave de acceso con que cuenta el patrón (número patronal de identificación electrónica, equivalente a la firma autógrafa), o si fue presentada a través de medios impresos.

Ahora, al unificar el criterio que debe imperar y que resulta obligatorio para este órgano colegiado, como para la autoridad responsable en los términos descritos en el artículo 217 de la nueva Ley de Amparo, la Segunda Sala realizó una interpretación sistemática de los artículos 3, 4 y 5 del reglamento, que la llevó a concluir que un documento presentado por el empleador por medios informáticos, utilizando su número patronal de identificación electrónica, tiene el mismo valor probatorio que el formato autorizado con firma autógrafa.

En esta parte, expresó las consideraciones que comienzan con la precisión sobre las formas en que el empleador puede presentar la información al Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuanto a que puede hacerlo a través de los formatos impresos autorizados, en los que plasme su firma autógrafa o, por medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza.

Además, hizo referencia a la facultad del instituto de conservar en estos medios electrónicos la información presentada por los propios formatos impresos, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados; inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento.

Aspecto que es trascendente en el ejercicio de interpretación que realizó el Alto Tribunal, y particularmente en los tópicos que discute la promovente del amparo, en tanto que la anterior precisión guarda relación con el contenido del primer párrafo del artículo 4 del reglamento, en el que se otorga al Instituto Mexicano del Seguro Social la potestad de conservar en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, la información que el patrón le proporciona a través de un documento físico en el que consta su firma, lo que es distinto a que desde un inicio el empleador llevó esa información a través de los citados medios electrónicos y así fue conservada por la autoridad fiscal.

Esto es, ese instituto de seguridad social puede escanear el documento físico para guardar su imagen en un documento electrónico, o puede vaciar la información en programas de cómputo como "Excel", para después utilizarla en sus cálculos, o puede utilizar cualquier forma de similar naturaleza, que le permita conservar toda esa información, sin que obste que también guarde el documento físico; lo trascendente es que el segundo párrafo del artículo 4, expresamente prevé que la facultad para certificar es respecto a la información así conservada; es decir, en relación con la que guardó la autoridad fiscal al vaciarla, fotocopiarla, escanearla o plasmarla del documento físico a los medios magnéticos, ópticos, electrónicos o digitales.

En relación con la ejecutoria que se analiza, la citada Segunda Sala agregó que tanto la información en la que se utilice el número patronal de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, como las certificaciones que de ésta expida el instituto, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente, por lo que tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

Por lo que, indicó, esto significa que la legislación autoriza a la autoridad administrativa, al igual que en el caso de los formatos impresos, a certificar la información relativa al registro de patrones y demás sujetos obligados; a la inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, presentada por medios electrónicos, en la que se hubiera utilizado el número patronal de identificación electrónica que, se insiste, es el sustituto de la firma autógrafa. Lo que, agregó, se corrobora con el contenido del artículo 5 del reglamento.

Por ello, concluyó, las certificaciones expedidas en relación con los documentos presentados vía formatos impresos, como aquellas realizadas de información recibida vía electrónica (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica), tienen el valor probatorio que las leyes les otorguen.

Todo lo anterior fue el marco normativo por el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justificó que cualquier certificación que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la información que obtiene de documentos en los que obra la firma autógrafa del patrón, tiene el mismo valor que si esa certificación deriva de los datos consignados en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, en los que se utiliza el número patronal de identificación electrónica, porque legalmente hace las veces de esa firma y, en ese ejercicio, no se aprecia lo que ahora aduce la quejosa, en cuanto a que la certificación sólo tiene eficacia si en ella consta el citado número patronal.

Así, una vez que justificó este punto, la indicada Segunda Sala mencionó que tocaba resolver la siguiente interrogante: "¿qué valor probatorio les asignan las leyes a estas certificaciones?"; las consideraciones que al respecto precisó, que son en las que específicamente resolvió la oposición interpretativa de los Tribunales Colegiados, son del contenido siguiente:

"En efecto, una vez acreditado que el instituto puede expedir certificaciones de la información que conserve y que aquélla presentada a través de cualquier medio electrónico (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica la firma, que sustituye a la firma autógrafa) surtirá los mismos efectos y tendrá el mismo valor que la presentada en formatos impresos, entonces, es necesario determinar, qué valor probatorio les da la ley a los documentos expedidos por el instituto.

"Pues bien, el Código Fiscal de la Federación y su legislación supletoria, que de conformidad con el artículo 5o., segundo párrafo, es el Código Federal de Procedimientos Civiles, al respecto, dispone lo siguiente:

"Código Fiscal de la Federación:

"‘Artículo 68. ...’

"Del artículo antes transcrito se aprecia que se presumen legales los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, pero cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, deberán probar los hechos que los motivaron, salvo si la negativa implica la afirmación de otro hecho.

"Por su parte, el artículo 46, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que esencialmente tiene el mismo texto que el diverso 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, derogado por el artículo segundo transitorio de la primera de las disposiciones citadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de uno de diciembre de dos mil cinco, dispone, en la parte que interesa, que hacen prueba plena los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; incluyendo los digitales, lo anterior al siguiente tenor:

"...

"Precepto que, como se señaló, es de contenido esencialmente igual (salvo por lo que hace a la expresión ‘incluyendo los digitales’) en relación con el hecho de que hacen prueba plena los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, tal como se aprecia de su transcripción:

"...

"Por otro lado, los diversos artículos 81 y 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen respectivamente que:

"...

"De los artículos antes transcritos se advierte que el que niega debe probar la negación, cuando ésta envuelve una afirmación, es decir, se revierte la carga de la prueba en su contra.

"Todo lo anterior, aplicado al punto de contradicción que ocupa a esta Sala, lleva a la conclusión de que, si el instituto está facultado para expedir certificaciones de la información que conserve, tanto aquella derivada de la presentada en formatos impresos, como aquella presentada a través de cualquier medio electrónico, en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica y, si en ambos casos, se les dará a las certificaciones, el valor probatorio que la ley conceda, que consiste en presumirlos ciertos (salvo si el afectado los niega lisa y llanamente, caso en el que la autoridad debe probar los hechos que motivaron los actos, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho), entonces, si en un juicio contencioso administrativo el Instituto Mexicano del Seguro Social, para desvirtuar la negativa lisa y llana de la parte actora de la relación laboral, exhibe la certificación de los estados de cuenta individual, emitidos con las facultades legales que le otorgan los artículos 3, 4 y 5 del reglamento en estudio; la negativa del patrón implica la afirmación de otro hecho, consistente en que no son esos trabajadores, por tanto, corresponde a éste desvirtuar tales certificaciones mediante la presentación de otras pruebas que valorará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Esto implica, que la autoridad demandada no está obligada a acreditar la relación laboral con otras documentales, pues con la certificación de los estados de cuenta individual queda, salvo prueba en contrario -pues la carga de la prueba se revierte-, demostrada la voluntad de la empresa patronal de dar de alta a los trabajadores de que se trata.

"Lo anterior, independientemente de si la certificación expedida se realizó en relación con documentos presentados en formato impreso o de aquellos presentados vía electrónica con el número patronal de identificación electrónica, pues su uso es responsabilidad de la parte patronal y se presume que la información proporcionada vía electrónica al instituto, a través de este número patronal sustituto de la firma autógrafa, es información entregada por el patrón, ya que va firmada virtualmente con el número patronal referido. Si el patrón no desea hacer uso de la tecnología, por cualquier razón, tiene la alternativa de presentar y cumplir con sus obligaciones a través del llenado de los formatos impresos.

"De todo lo anterior se concluye que la presentación por la demandada en el juicio de nulidad, de la certificación de los estados de cuenta individuales, al ser una prueba plena, es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón, por tanto, no es necesario exigir para su perfeccionamiento, por ejemplo, la presentación de los avisos de afiliación presentados por el patrón."

De todo lo expuesto se obtiene que, contrariamente a lo que aduce la quejosa, no es necesario que en los certificados que aportó como prueba el instituto demandado, conste el número patronal de identificación electrónica, para que tengan valor de convicción, pues esto no fue sostenido en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, que invocó la Sala Fiscal para sustentar su decisión.

Además, esos estados de cuenta no requieren ser una copia certificada del formato autorizado con firma autógrafa o de la impresión del medio magnético, electrónico, óptico o digital que presentó el patrón en el que utilizó su firma autógrafa, pues ya se dijo que el instituto puede guardar en ese tipo de medios, la información que proporcionó el patrón a través de los formatos impresos autorizados cuando vacía esa información de este tipo de documentos a programas informáticos, digitales o instrumentos ópticos o magnéticos.

Por ello, como lo resolvió la Sala responsable, los estados de cuenta individuales que ofreció como prueba el Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio de origen, desvirtúan la negativa lisa y llana que formuló el patrón de que no realizó trámites para obtener una firma electrónica y que, por eso, no pudo presentar información por medios magnéticos o informáticos utilizando su número patronal de identificación electrónica.

Esto, porque los referidos estados de cuenta individuales bien pudieron obtenerse de la información que proporcionó el patrón por formatos impresos autorizados con su firma autógrafa, que fue guardada en medios electrónicos por la facultad que otorga el artículo 4 del reglamento y la certificación verse en torno a esa información así conservada, pues como se indica en la ejecutoria antes analizada, corresponde a la patronal desvirtuar la veracidad de esos documentos.

En efecto, en la citada tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cualquier certificación que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la información que obtiene de documentos en los que obra la firma autógrafa del patrón, tiene el mismo valor que si esa certificación deriva de los datos consignados en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, en los que se utiliza el número patronal de identificación electrónica, porque legalmente hace las veces de esa firma.

Entonces, la negativa de haber realizado el trámite del registro patronal de identificación electrónica que hace la actora al impugnar la validez de las mencionadas certificaciones, no implica que el Instituto Mexicano del Seguro Social deba exhibir la constancia de que sí la realizó, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 98/2012, resuelta el veintitrés de mayo de dos mil doce, al precisar los alcances de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, consideró que la certificación de los estados de cuenta individuales exhibidos por ese instituto es apta y suficiente para acreditar la relación de trabajo, de suerte que el ente administrativo no tiene la carga procesal de demostrar que entregó la constancia de trámite realizado a que alude el artículo 6 del reglamento de la materia, ni probar que la parte actora realizó movimientos afiliatorios en relación con los trabajadores que se citan en la cédula de liquidación, por lo que si la accionante niega haber enviado esa información, entonces le corresponde a ella demostrar cuál información sí proporcionó.

De ahí que la negativa lisa y llana que formula la patronal es ineficaz, en razón de que los referidos estados de cuenta individuales bien pudieron obtenerse de la información que proporcionó por formatos impresos autorizados con su firma autógrafa, pues el instituto la puede guardar en ese tipo de medios, cuando vacía esa información a programas informáticos, digitales o instrumentos ópticos o magnéticos, por la facultad que otorga el artículo 4 del reglamento, y la certificación verse en torno a esa información así conservada, pues como se indica en la ejecutoria de la tesis 2a./J. 202/2007, corresponde a la patronal desvirtuar la veracidad de esos documentos.

No es obstáculo para concluir lo anterior, lo argumentado en parte del concepto de violación identificado con el número II, en el sentido de que en las consultas exhibidas por la demandada se aprecia una columna "O" en la que a cada movimiento corresponde la clave "4".

Al respecto, de todas la "consultas" exhibidas por la demandada, se advierte que en la columna "O" aparece el número 4 que según alega la quejosa, a decir del instituto, significa "movimientos afiliatorios presentados mediante medios electrónicos firma digital".

No obstante ello, aun considerando que todos los movimientos ref

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24992-5ca5f82d/competencia-de-las-subdelegaciones-del-instituto-mexicano-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.