ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INTRASCENDENTE, PARA EFECTOS DE UNA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OMITIDAS, QUE HAGAN CONSTAR CUÁNDO SE DIO EL PRIMER MOVIMIENTO AFILIATORIO.
AMPARO DIRECTO 14/2013. 27 DE MARZO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIO: PEDRO HERMIDA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, los que serán analizados en orden distinto al propuesto.
Los motivos de disenso identificados con los números 8 y 9, están orientados a demostrar que la Sala responsable debió hacer efectivo el apercibimiento que se formuló al instituto demandado, cuando se le requirió que exhibiera el expediente administrativo respectivo, ya que la demandada estaba obligada a exhibirlo en el juicio y, ante ello, debió tener por ciertos los hechos negativos que la actora pretendió acreditar con ese medio de convicción.
Tal argumento es infundado.
El expediente administrativo a que alude la quejosa, es uno de los medios de prueba que puede ser ofrecido en el juicio de nulidad, de conformidad con los artículos 14, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Con fines de claridad, se transcribe el contenido de ambos preceptos:
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
"Artículo 14. La demanda deberá indicar:
"...
"V. Las pruebas que ofrezca.
"En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos.
"En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada.
"Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada. La remisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el cuál estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que pretendan consultarlo."
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
"Artículo 24. En el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Éste será el que contenga toda la documentación relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y a la resolución impugnada. No se incluirá en el expediente administrativo que se envíe, la información que la ley señale como información reservada o gubernamental confidencial.
"Para los efectos de este artículo, no se considerará expediente administrativo, los documentos antecedentes de una resolución en la que las leyes no establezcan un procedimiento administrativo previo."
Como se observa de la transcripción que antecede, el artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que el demandante puede ofrecer como medio de convicción el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada, el cual se integra con toda la documentación relacionada con el procedimiento que le dio lugar, es decir, la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la propia resolución.
La previsión anterior también se encuentra en el numeral 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cuyo segundo párrafo acota, además, que no se considerará expediente administrativo, los documentos antecedentes de una resolución en la que las leyes no contemplen un procedimiento administrativo previo.
Las normas referidas no prevén una consecuencia a la omisión en que incurra la autoridad demandada, al no presentar el expediente administrativo que le sea solicitado, por lo que es dable acudir a las reglas generales de valoración de pruebas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de dilucidar la trascendencia de esa conducta procesal.
El numeral 42 de la ley en consulta prevé la presunción de legalidad de las actuaciones administrativas, salvo que el particular niegue lisa y llanamente los hechos que las motiven, caso en el cual las autoridades deberán aportar medios de convicción que los demuestren.
La interpretación sistemática de las disposiciones examinadas permiten concluir que, pese a la ausencia de sanción procesal a la omisión de exhibir el expediente administrativo del actor en el juicio de nulidad, si éste negó los hechos con base en los cuales la autoridad administrativa emitió la resolución impugnada, la demandada se encuentra obligada a probarlos.
Al respecto, es aplicable la tesis de este Tribunal Colegiado, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil catorce, pendiente de publicación, cuyo título, subtítulo, texto y precedentes son del tenor siguiente:
"EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD. OMISIÓN DE EXHIBIRLO. PESE A ELLA, SI EL ACTOR NEGÓ LOS HECHOS CON BASE EN LOS CUALES LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA DEMANDADA SE ENCUENTRA OBLIGADA A PROBARLOS. El artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que cuando el demandante ofrezca pruebas documentales, puede proponer como medio de convicción el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada, integrado por la documentación relacionada con el procedimiento que le dio lugar, es decir, la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la propia resolución. Esa previsión también se encuentra contenida en el numeral 24 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cuyo segundo párrafo acota, además, que no se considerará expediente administrativo los documentos antecedentes de una resolución en la que en las leyes no establezcan un procedimiento previo. Dichas normas no establecen una consecuencia a la omisión en que incurra la autoridad demandada al no presentar el expediente administrativo que le sea solicitado, por lo que es dable acudir a las reglas generales de valoración de las pruebas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de dilucidar la trascendencia de esa conducta procesal. Así, el artículo 42 de ese ordenamiento jurídico establece la presunción de legalidad de las actuaciones administrativas, salvo que el particular niegue lisa y llanamente los hechos que las motiven, caso en el cual las autoridades deben aportar los medios de convicción que los demuestren. Por tanto, pese a la ausencia de sanción procesal a la omisión de exhibir el expediente administrativo del actor en el juicio de nulidad, si éste negó los hechos con base en los cuales la autoridad administrativa emitió la resolución impugnada, la demandada se encuentra obligada a probarlos.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
"Amparo directo 429/2013. Vitalizadora Rodríguez y Nieto, S.A. de C.V. 19 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
"Amparo directo 430/2013. Grupo Piletas, S.A. de C.V. 26 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.
"Amparo directo 474/2013. Quinn de México, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
"Amparo directo 526/2013. Deportivo Súper Líder, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
"Amparo directo 651/2013. Saap Bajío, S.A. de C.V. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández."
En el caso, contrariamente a lo sustentado por la quejosa, el instituto demandado sí satisfizo la carga probatoria derivada de la negativa lisa y llana expresada por la actora, respecto de los hechos que motivaron la emisión de los créditos impugnados, mediante la exhibición de la certificación de los estados de cuenta individuales de los trabajadores, como se verá en esta ejecutoria.
Por tal motivo, son inaplicables las tesis de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de rubros: "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. ALCANCE DEL CONCEPTO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." y "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. CONSECUENCIA DE SU NO PRESENTACIÓN O DE SU EXHIBICIÓN INCOMPLETA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA."
En un argumento de violación de índole formal, la quejosa aduce, en los motivos de disenso identificados con los números 2 y 3, que la responsable dejó de examinar los conceptos de anulación décimo segundo y vigésimo primero de la ampliación de la demanda.
En el primer argumento de anulación (décimo segundo de la ampliación de la demanda), la actora sustancialmente discutió que las "consultas de cuenta individual" no cumplen con los extremos de la tesis 2a./J. 202/2007. Ello, pues dichas consultas no reflejan un historial completo de los movimientos afiliatorios de cada supuesto trabajador que se le atribuye, ya que de las mismas no se desprende el primer movimiento de alta o inscripción con que debió iniciar dicho historial y, por ende, no existe certeza de que se trate de un historial real.
Agregó que los "estados de cuenta individuales" son idóneos para acreditar una relación laboral, precisamente porque en ellos se consigna toda aquella información relativa a los movimientos afiliatorios de los trabajadores (altas, bajas, modificaciones de salario, etcétera); es decir, porque contienen un historial de todos los movimientos afiliatorios que el patrón ha presentado respecto de cada trabajador, razón por la cual permiten comprobar la existencia de una relación laboral, según la jurisprudencia citada, en el entendido de que en tales movimientos se advierta que el trabajador fue dado de alta por un patrón y éste no ha presentado un aviso de baja posterior a aquélla.
En tanto que en el vigésimo primero, se argumentó que aquéllos sólo contienen una serie de datos, números y abreviaciones que nada prueban ni ayudan a determinar su contenido y alcance, ya que la contribuyente desconoce el significado de esas abreviaturas.
Ahora, del contenido de la sentencia reclamada no se observa que la Sala responsable haya emitido pronunciamiento en torno a los temas discutidos en los sintetizados conceptos de anulación, no obstante que formaron parte de la contienda en el juicio de nulidad, al haberse planteado en la ampliación de demanda, dado que, como quedó precisado en la síntesis de la sentencia, en el considerando quinto de esta ejecutoria, no existe pronunciamiento en cuanto al tópico planteado en los citados conceptos de anulación.
Sin embargo, a ningún fin práctico conduce otorgar la protección constitucional solicitada para el efecto de que la responsable se ocupe, con plenitud de jurisdicción, de resolver ese aspecto de la litis planteada, dado que en el fondo su pretensión es jurídicamente ineficaz.
La ineficacia de la primera alegación obedece a que debe entenderse que los certificados de cuenta individuales corresponden a la relación laboral con los sujetos a que se refieren, por el periodo en que son emitidos.
Esto es, demuestran que los trabajadores enunciados, que coinciden con los mencionados en la cédula de liquidación, estaban subordinados a la empresa quejosa en el bimestre 04/2011, pues fue respecto de ellos y por ese periodo, que se determinaron las cuotas omitidas, por lo que es intrascendente, para efectos de la liquidación, que el funcionario que emite la certificación haga constar cuándo se dio el primer movimiento afiliatorio, esto es, la primera ocasión en que el trabajador fue dado de alta, porque lo relevante es que certifica que, durante el periodo revisado, existía un vínculo de trabajo con los sujetos respecto de los cuales la patronal omitió enterar las aportaciones correspondientes.
Al respecto, es aplicable la tesis de este Tribunal Colegiado, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil catorce, pendiente de publicación, cuyo título, subtítulo, texto y precedentes son del tenor siguiente:
"ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INTRASCENDENTE QUE CONTENGAN EL PRIMER MOVIMIENTO AFILIATORIO CUANDO SE REFIEREN A AQUELLOS RELATIVOS AL PERIODO POR EL QUE SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL. Los certificados de cuenta individual corresponden a la relación laboral con los sujetos a que se refieren, por el periodo en que son emitidos; de forma que demuestran que los trabajadores estaban subordinados a la empresa de que se trata por el periodo indicado, que debe corresponder a aquel por el que se determinaron las cuotas omitidas. En virtud de lo anterior, es intranscendente, para efectos de la liquidación, que el funcionario que emite la certificación haga constar cuándo se dio el primer movimiento afiliatorio, esto es, la primera ocasión en que el trabajador fue dado de alta, pues lo relevante es que certifique que durante el periodo revisado existía un vínculo de trabajo con los sujetos respecto de los cuales la patronal omitió enterar las aportaciones correspondientes.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
"Amparo directo 386/2013. Deportivo Súper Líder, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.
"Amparo directo 474/2013. Quinn de México, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
"Amparo directo 817/2013. Quinn de México, S.A. de C.V. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Juan Carlos Cano Martínez."
Dado que es infundado el requisito que exige la quejosa que deben consignar los estados de cuenta individuales, no apoya su postura el extracto de la ejecutoria que dio origen a las tesis II.3o.A J/3 (10a.) y II.3o.A J/4 (10a.) de rubros: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER SU CERTIFICACIÓN POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUANDO EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NIEGA LA EXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL." y "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TALES LAS IMPRESIONES DE PANTALLA DE LOS DATOS ALFANUMÉRICOS SIN PROCESAMIENTO NI CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN QUE APARECEN EN EL SISTEMA DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUN CUANDO CONTENGAN SELLOS CON LA LEYENDA ‘CERTIFICADO’ Y EN ÉSTA SE ASEGURE QUE SU CONTENIDO SE CONCORDÓ CON LOS ARCHIVOS."
En lo que concierne al vigésimo primer concepto de anulación de la ampliación de la demanda, se precisa que, ciertamente, el principio de seguridad jurídica que describe el artículo 16 de la Constitución Federal, incluye la obligación de la autoridad administrativa de expresar en sus actos los motivos que tuvo para emitirlos y, al hacerlo, debe procurar plasmarlos de tal manera que el gobernado entienda las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en que se sustentó para crear su voluntad impositiva.
El uso de abreviaturas en los actos de autoridad, por sí solo no implica que éstos sean confusos, ininteligibles o impidan que el particular controvierta las razones expresadas por la autoridad por desconocerlas, pues como parte del vocabulario, al igual que las palabras, las letras, los signos de puntuación, etcétera, son signos gráficos generalmente aceptados por el significado que la colectividad les ha otorgado.
Lo que implica que es correcto que determinadas abreviaturas, por la concepción general, grado de educación y, sobre todo, por la actividad laboral del destinatario del acto, puedan ser comprendidas, por derivar de ellas un significado fácilmente asequible, que cumpla la certeza jurídica que exige el precepto fundamental antes referido.
En el caso, las consultas de cuenta individual que se aportaron como prueba, si bien no son documentos confeccionados para ser notificados a un particular, sí se relacionan con la situación jurídica de un contribuyente, al que le son cotidianos conceptos como: registro patronal, fecha de recepción, semestres, jornadas, número de seguridad social, delegación, etcétera, de manera que las abreviaturas relativas a: "REG. PAT.", "F. RECEP.", "O", "T", "JOR.", "SRV." y "NÚM. DE SEG. SOC.", que se plasman en las "consultas de cuenta individual", no le pueden ser extrañas ni le generan el estado de confusión que refiere la promovente del amparo.
Al margen de lo anterior, el eventual defecto en la motivación de ese estado de cuenta, no tiene como consecuencia que no se justifique la relación de trabajo que se negó lisa y llanamente, pues ese vínculo se demuestra por el hecho de que la cuenta individual corresponde al trabajador que se menciona en cada documento y por la presunción de legalidad que le otorgan los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 46, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/4 (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado, visible en la página 1058, Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"CONSULTAS DE CUENTA INDIVIDUAL GENERADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LAS ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ÉSTAS PARA REFERIRSE A CONCEPTOS COTIDIANOS PARA EL PATRÓN, AL NO CAUSARLE CONFUSIÓN RESPECTO DE SU SITUACIÓN JURÍDICA COMO CONTRIBUYENTE, CUMPLEN CON LA CERTEZA JURÍDICA QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El derecho a la seguridad jurídica que describe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye, entre otras, la obligación de la autoridad administrativa de expresar en sus actos los motivos que tuvo para emitirlos y, al hacerlo, debe procurar plasmarlos de manera que el gobernado entienda las circunstancias específicas o causas inmediatas en que se sustentó para crear su voluntad impositiva. Ahora, el uso de algunas abreviaturas en los actos de autoridad, por sí solo, no implica que éstos sean confusos, ininteligibles o que impidan al particular controvertir las razones expresadas en ellos por desconocerlas, pues como parte del vocabulario, al igual que las palabras, las letras, los signos de puntuación, etcétera, son símbolos generalmente aceptados por el significado que la colectividad les ha otorgado, lo que implica que, por la concepción general, el grado de educación y la actividad laboral del destinatario del acto, determinadas abreviaturas pueden ser comprendidas, por derivar de ellas un significado fácilmente asequible y, por ello, utilizadas sin menoscabar la certeza jurídica que exige el citado precepto constitucional, como ocurre con las empleadas en las consultas de cuenta individual generadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para referirse a los conceptos: registro patronal, fecha de recepción, jornadas, número de seguridad social, entre otros, como ‘REG. PAT.’, ‘F. RECEP.’, ‘JOR.’, y ‘NÚM. DE SEG. SOC.’, respectivamente, pues en el contexto en el que se utilizan, no causan confusión en el patrón respecto de su situación jurídica como contribuyente, pues para éste dichos conceptos son cotidianos."
Con lo anterior, queda superada la parte del concepto de violación identificado con el número 4, en el que la quejosa alega, sustancialmente, que es ilegal el empleo de abreviaturas en las "consultas de cuenta individuales" a través de las cuales se estimó acreditada la relación laboral con los trabajadores y la inoportuna exhibición de la "carátula de interpretación de cuenta individual".
En otro orden de ideas, en el motivo de disenso número 12 se aduce, esencialmente, que la responsable hizo un estudio incorrecto del primer concepto de impugnación de la demanda, al estimar fundada la competencia de la autoridad demandada con la cita genérica del Acuerdo 534/2006, del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; lo cual argumenta la impetrante, es insuficiente, en virtud de que se está en presencia de un acto que contiene varias reglas y, en todo caso, sólo la primera de ellas es la que contempla por exclusión la competencia de la autoridad.
Por tanto, los argumentos de la responsable no justifican la ambigüedad de la fundamentación de la competencia, pues esa incorrecta aplicación de la ley impone la carga de indagar cuál de los artículos, puntos, reglas o fracciones del acuerdo 534/2006 prevé las facultades materializadas en su perjuicio.
Tales motivos de disenso son infundados.
La autoridad responsable calificó de infundado el referido concepto de impugnación, al estimar que la sola cita del referido acuerdo, entre otros preceptos, resultaba suficiente para estimar fundada la competencia del instituto demandado, y que no era necesario que se precisara algún punto o apartado del mismo, en virtud de que la competencia de las subdelegaciones deriva de ese acuerdo, pero por exclusión, dado que sólo prevé las atribuciones exclusivas de las delegaciones del instituto.
Tal determinación, contrariamente a lo que argumenta la impetrante, se ajusta a derecho, con independencia de que dicho acuerdo contenga varias reglas, puntos o apartados.
Es así, porque si la responsable estimó que la competencia de las subdelegaciones deriva del multicitado acuerdo 534/2006, por exclusión, ya que únicamente prevé las atribuciones que son exclusivas de las delegaciones -determinación que, por cierto, no es controvertida por la solicitante del amparo-, es patente que para la fundamentación de aquélla, no era necesario que la autoridad señalara de manera específica algún punto, párrafo o apartado de tal ordenamiento, habida cuenta que sólo contempla algunas de las atribuciones exclusivas de los delegados, mas no de los subdelegados, que requiera ser invocada con exactitud, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
De ahí que la falta de precisión de que habla la quejosa no la deja en estado de incertidumbre jurídica, pues como se vio, tal acuerdo no prevé facultad o atribución alguna a favor de los subdelegados, sino aquellas que son exclusivas de los delegados y, es precisamente este hecho, lo que hace evidente la invocación genérica del multicitado acuerdo a fin de fundar la competencia por exclusión del subdelegado demandado, como correctamente lo estimó la responsable.
El artículo séptimo transitorio del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, dispone:
"Séptimo. Para efectos del artículo 144, tratándose de las facultades del delegado que son concurrentes con las señaladas para las subdelegaciones en el artículo 150, el Consejo Técnico, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este reglamento, mediante reglas de carácter general, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, determinará los supuestos en que dichas facultades concurrentes serán ejercidas por el delegado. Entre tanto, dichas facultades concurrentes serán ejercidas por las subdelegaciones en el ámbito de su circunscripción territorial."
De conformidad con el precepto transcrito, se dejó a cargo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social determinar los supuestos en los que las facultades concurrentes con las señaladas para los subdelegados, deben ser ejercidas por los delegados del instituto, y esas reglas generales fueron contempladas precisamente en el multicitado acuerdo 534/2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil seis, en el que se prevén las facultades que son exclusivas de dichos delegados, en términos del referido precepto transitorio.
De modo que si tal acuerdo se refiere sólo a las facultades exclusivas de los delegados, es justamente ese hecho lo que torna necesaria su invocación genérica en los actos impugnados como fundamento de la competencia de que se habla, porque sólo de esa manera la impetrante estará en aptitud de constatar si el subdelegado demandado actuó al margen de sus atribuciones, sin invadir la esfera competencial de aquéllos; de ahí que la Sala responsable actuó correctamente al determinar que la cita genérica de aquél, resultaba suficiente para tal efecto, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, contrariamente a lo que argumenta la solicitante del amparo.
Apoya lo anterior, la tesis de este Tribunal Colegiado aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil catorce, pendiente de publicación, cuyo título, subtítulo, texto y precedentes son del tenor siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS SUBDELEGACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES SUFICIENTE LA CITA GENERAL DEL ACUERDO 534/2006 EMITIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO DE DICHO INSTITUTO. De acuerdo con lo previsto en el artículo séptimo transitorio del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dejó a cargo del Consejo Técnico de dicho instituto determinar los supuestos en los que las facultades concurrentes con las señaladas para los subdelegados, deben ser ejercidas por los delegados. Esos supuestos se encuentran previstos en el Acuerdo 534/2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil seis, dado que establece las facultades que son exclusivas de dichos delegados. De ese modo, si el acuerdo se refiere sólo a facultades exclusivas de los delegados, se hace necesaria su invocación genérica como fundamento de la competencia de los subdelegados, porque sólo de esa manera el destinatario del acto administrativo de que se trate se encontrará en aptitud de constatar que dicho funcionario actuó correctamente. Esto es, no es necesario que la autoridad cite de manera específica algún punto, párrafo o apartado del citado acuerdo, habida cuenta que sólo contempla atribuciones exclusivas de los delegados, más no de los subdelegados.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
"Amparo directo 429/2013. Vitalizadora Rodríguez y Nieto, S.A. de C.V. 19 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
"Amparo directo 430/2013. Grupo Piletas, S.A. de C.V. 26 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.
"Amparo directo 474/2013. Quinn de México, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.
"Amparo directo 526/2013. Deportivo Súper Líder, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
"Amparo directo 651/2013. Saap Bajío, S.A. de C.V. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández."
En el primer concepto de violación, la quejosa insiste en que la fundamentación de la competencia del funcionario que suscribió la certificación mencionada debe ser exhaustiva y, para ello, era necesaria la cita del numeral 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, así como de los diversos 3 y 5 de ese reglamento.
Ese motivo de disenso es jurídicamente ineficaz.
Desde luego que los principios de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigen que los actos de autoridad deban estar fundados y motivados; por eso, una de sus condiciones esenciales, es que la autoridad cite, con precisión y claridad, las normas legales que le otorgan la potestad para actuar en la manera en que lo hace.
Sin embargo, el tipo de normas que deben invocarse está en relación con la facultad que se ejerce.
Así, tratándose de actos privativos o actos de molestia, la autoridad administrativa debe citar el precepto en el que expresamente se determina que puede ejecutar la conducta positiva u omisiva que realiza, que comúnmente se identifica como su competencia material, porque describe la actividad que puede efectuar.
También deberá citar la norma que determina que, dada su jerarquía, es la autoridad facultada para ejercer esas atribuciones materiales y, finalmente, los preceptos que justifican que puede desempeñarla en determinado ámbito territorial, pues estas últimas normas garantizan que el particular conozca que la autoridad que lo priva de sus bienes, posesiones o papeles o simplemente lo molesta en éstos, puede actuar en el lugar en el que se encuentran.
Sin embargo, el acto de certificar, esto es, dar fe de que la información que se plasma en un documento corresponde a la que se conserva en otro o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, si bien forma parte de la actividad administrativa, no es un acto de molestia, menos un acto privativo que trascienda de inmediato a la esfera jurídica de los particulares, pues ni siquiera está dirigido a ser notificado, simplemente se relaciona con la validez de una prueba.
Es decir, su fin es dar a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25088-1832455a/estados-de-cuenta-individuales-de-los-trabajadores-emitidos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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