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ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TALES LAS IMPRESIONES DE PANTALLA DE LOS DATOS ALFANUMÉRICOS SIN PROCESAMIENTO NI CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN, QUE APARECEN EN EL SISTEMA DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, AUN CUANDO CONTENGAN SELLOS CON LA LEYENDA "CERTIFICADO" Y EN ÉSTA SE ASEGURE QUE SU CONTENIDO SE CONCORDÓ CON LOS ARCHIVOS. DETERMINACIÓN DE OMISIONES DE PAGO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y/O AMORTIZACIONES POR CRÉDITOS PARA VIVIENDA AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL ACTOR DEMANDA SU NULIDAD Y NIEGA LA EXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL, SIN QUE AL CONTESTAR, EL CITADO ORGANISMO DESVIRTÚE ESA NEGATIVA, PORQUE NO ACOMPAÑA UNA CERTIFICACIÓN APROPIADA DEL ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL DE LOS TRABAJADORES, LA SALA FISCAL SOLAMENTE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DE LA FACULTAD DISCRECIONAL EJERCIDA EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA REEXPEDICIÓN DEL ACTO. ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER SU CERTIFICACIÓN POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CUANDO EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NIEGA LA EXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 195/2012. · Registro digital (IUS): 24533
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Pág. 1410.

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TALES LAS IMPRESIONES DE PANTALLA DE LOS DATOS ALFANUMÉRICOS SIN PROCESAMIENTO NI CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN, QUE APARECEN EN EL SISTEMA DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, AUN CUANDO CONTENGAN SELLOS CON LA LEYENDA "CERTIFICADO" Y EN ÉSTA SE ASEGURE QUE SU CONTENIDO SE CONCORDÓ CON LOS ARCHIVOS.

AMPARO DIRECTO 195/2012. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS. SECRETARIO: ÁNGEL CORONA ORTIZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, son suficientes para conceder el amparo solicitado, pues contra la quejosa existe una violación manifiesta de la ley que la ha dejado sin defensa.

En efecto, en suplencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, resultan fundados los conceptos de violación, pues en el presente caso, el instituto demandado no acreditó la relación laboral que tenía la actora con las personas cuyos nombres aparecen en las cédulas, al ser omiso en exhibir los documentos idóneos que contengan una certificación adecuada y, en esa virtud, fue ilegal la sentencia reclamada.

Cabe señalar que en la demanda de amparo no se planteó un concepto de violación exactamente propuesto en los términos que a continuación se desarrollarán; sin embargo, como se anticipó, basta la lectura de la sentencia reclamada para llegar a la conclusión de que ella resulta ilegal y, por ende, resulta inconcuso que se presenta una violación de la ley tan manifiesta, que amerita la anunciada suplencia de la queja, basada en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

La actora, ahora quejosa, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, por el subgerente de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Hidalgo, correspondiente al periodo 5/09, a través del cual se le determina a la actora un crédito fiscal de **********.

La resolución determinante referida fue emitida con apoyo en un listado, donde aparecen los nombres de los trabajadores de la empresa quejosa, cuya relación laboral no se encuentra plenamente demostrada, en razón de que el documento adolece de certificación alguna y consiguientemente, no se encuentra certificado por funcionario competente para ello.

De este modo, si la resolución determinante del crédito fiscal adolece del vicio citado, resulta necesario su estudio, porque tal como quedó reseñado, efectivamente no quedó acreditada la relación laboral de la hoy quejosa con los trabajadores por los que se emitió la liquidación.

Esto es así, toda vez que las constancias exhibidas por la autoridad demandada en juicio, son insuficientes para considerar probado el vínculo laboral de referencia.

En la demanda inicial del juicio contencioso administrativo, la demandante negó -en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo- tener o haber tenido relación de trabajo con las personas por las que se emitió el crédito.

En virtud de lo anterior, para acreditar dicha vinculación de trabajo -dato indispensable para la emisión de la resolución impugnada- la autoridad de seguridad social se apoyó en las listas que adjuntó a su resolución administrativa, visibles en las páginas 46 a 49 del juicio administrativo de origen.

Ahora bien, si los medios de prueba antes referidos fueran suficientes para desvirtuar la negativa de esa relación laboral, ocurriría que, por la dinámica probatoria, a la actora correspondería probar la inexistencia de dicho vínculo de trabajo o, en su defecto, demostrar que los documentos en que se apoyó esa decisión administrativa son inexactos o falsos.

Pero si aconteciera que esos mismos documentos -tras su valoración probatoria- fueran insuficientes para acreditar plenamente la existencia de la relación laboral, entonces bastaría la sola negación de la actora para considerar inexistente tal vínculo, lo cual tendría que estimarse en esos términos, en obvio que la carga de probar de la autoridad demandada, conforme al artículo 42(3) referido, no quedaría satisfecha mediante la exhibición de "cualquier prueba", sino sólo de las idóneas, conducentes, pertinentes y eficaces; es decir, la prueba del nexo jurídico de trabajo debe ser plena y no dudosa.

Al respecto, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 189/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Séptimo del Primer Circuito y Primero del Segundo Circuito,(4) estableció -con carácter jurisprudencial- que en casos análogos al presente, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede acreditar plenamente la relación de trabajo mediante la exhibición de "estados de cuenta individuales de los trabajadores certificados por el instituto".

La sinopsis del criterio de referencia, identificado con el número de tesis 2a./J. 202/2007 y publicado en la página 242 del Tomo XXVI, octubre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, es el siguiente:

"ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN. Los mencionados certificados, de conformidad con los artículos 3, 4 y 5, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, independientemente de ser resultado de información presentada vía formato impreso o de aquella presentada a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza (en donde se utilizó el número patronal de identificación electrónica, que hace las veces de sustituto de la firma autógrafa) tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (equivalente al artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación), en relación con el diverso 63 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando la parte patronal desconozca la relación laboral mediante su negativa lisa y llana. Por lo tanto, la certificación de los estados de cuenta individuales, es apta y suficiente para acreditar la relación laboral entre los trabajadores y el patrón, de manera que, no es necesario exigir el perfeccionamiento de ese tipo de constancias con la exhibición, por ejemplo, de los avisos de afiliación presentados por el patrón."

Ahora bien, al revisar el marco normativo aplicable a la actividad administrativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se podrá advertir que no existe mención alguna acerca de qué son, ni en qué consisten los "estados de cuenta individuales de los trabajadores certificados por el instituto"; especialmente en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en el Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, ni en el diverso Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Lo anterior podría llevar, en principio, a estimar que "cualquier certificación" por parte del instituto sobre la existencia de las relaciones obrero-patronales, sería suficiente para estimar plenamente acreditado el vínculo de referencia; sin embargo, un análisis detenido del derecho y de la jurisprudencia obligatoria sobre el tema, permite advertir que en realidad no es así, pues debe distinguirse entre un verdadero acto jurídico de certificación y los diversos actos a los que se denomina "certificación" sin serlo.

En efecto, al revisar el contenido, tanto de las tesis de jurisprudencia por contradicción de criterios en la materia, como sus ejecutorias, así como otros fallos posteriores de la propia Segunda Sala, se concluye, sin duda, que un "estado de cuenta individual de los trabajadores certificado por el instituto", representa un documento que, si bien no tiene una forma específica ni preestablecida en las normas aplicables para su elaboración o contenido, también debe contener -al menos- determinadas características razonables y específicas que la tornen en un acto jurídicamente confiable para presumir su certeza (las que más adelante se expondrán); incluso, si no tuviera esas características ni contenido cualitativo, no podrían considerarse pruebas idóneas y eficaces para acreditar la relación laboral de referencia, ni representarían verdaderos estados de cuenta individuales certificados de los trabajadores en los términos exigidos por la jurisprudencia.

Es decir, para satisfacer su obligación probatoria en estos asuntos, el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede exhibir en juicio "cualquier certificación o documento" acreditativo de la relación de trabajo, sino que debe exhibir las pruebas directas correspondientes o, en su caso, un verdadero documento al que, por tener las características que se describirán, pueda considerarse un verdadero "estado de cuenta individual de los trabajadores certificado", el que en realidad se determina, no como un documento específico, sino como una actuación elaborada que se contiene en un documento con ciertas características que permitan identificarlo con dicho concepto jurisprudencial.

En efecto, al momento en que la Segunda Sala del Alto Tribunal estableció, mediante jurisprudencia, el concepto de "estado de cuenta individual de los trabajadores certificado por el instituto", evidentemente tuvo la intención de que no se considerara idónea cualquier "certificación" para acreditar la relación laboral de referencia; sino mas bien, pretendió establecer una concepción específica para estos casos, con énfasis en sus características y elaboración, las cuales deberán ser las necesarias y suficientes para dejar en claro que, efectivamente, existe relación de trabajo entre el patrón y los operarios que en el documento se mencionen, con una relación de datos, detalles, movimientos y referencias que, efectivamente, produzcan certeza sobre los contenidos de los archivos llevados en el instituto y la existencia de la relación de trabajo.

Asimismo, cabe destacar que el principal atributo de dicho acto certificatorio documentado, es su elaboración por el funcionario correspondiente, quien se responsabiliza del contenido cierto, exacto y explicado de tal certificación.

A ello, debe sumarse que, desde la perspectiva del lenguaje, el acto "certificar",(5) consiste en la actividad realizada con el objeto de que sea posible asegurar, afirmar o dar por cierto algo, precisamente a partir de la acción del responsable en la elaboración del acto de certificación, quien hará constar por escrito una realidad de hecho basada sobre la fe pública o reconocimiento social y legal, que el funcionario certificador tiene para ello.

Con el objeto de lograr una concepción exacta del elemento jurisprudencial "estado de cuenta individual de los trabajadores certificado por el instituto", es necesario acudir al contenido de las ejecutorias de contradicción de tesis 189/2007-SS antes mencionada, así como al de la diversa 351/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, cuyos textos, son los siguientes:

Contradicción de tesis 189/2007-SS

"SEXTO. De lo resumido en el considerando que antecede, se advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada, porque los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en las consideraciones de las ejecutorias en conflicto, cuestiones jurídicas iguales y arribaron a conclusiones diversas. En efecto, mientras que para el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la certificación de los estados de cuenta individual derivados de información presentada por medios magnéticos no es apta para acreditar la relación laboral, pues si la parte actora en el juicio de nulidad la niega lisa y llanamente, corresponde a la autoridad demandada acreditar la relación laboral con avisos de afiliación presentados por el patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; en cambio, para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, la referida certificación sí es apta para acreditar la relación laboral, pues fue emitida con fundamento en los artículos 3, 4 y 5, todos ellos del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, que le dan facultad para ello y, que con fundamento en el diverso 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, hace prueba plena de no desvirtuarse con otros elementos probatorios por el patrón. Por lo anterior, la materia de contradicción radica en determinar si la certificación de los estados de cuenta individual, independientemente de haber sido presentados por medios magnéticos o en formato impreso, son aptos para acreditar la relación laboral o, por el contrario para acreditarla, se deben presentar otros elementos de convicción como serían los avisos de afiliación presentados por el patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, al margen de que de la lectura de la sentencia emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión fiscal RF. 80/2007, se haya precisado que la parte patronal cumplió con sus obligaciones a través de medios magnéticos y utilizando número patronal de identificación electrónica, tal como se aprecia de la síntesis de los agravios, dentro de los que se lee que adujo que: ‘... el patrón para cumplir con la obligación que establece el artículo 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo hizo a través de medios magnéticos utilizando para tal efecto el número patronal de identificación electrónica, el cual sustituye su firma autógrafa, y dicha información la conserva el instituto en términos del artículo 4 del Reglamento de Afiliación, lo cual es corroborado con los datos proporcionados por el Área de Afiliación de la Subdelegación correspondiente, contenida en la documentación denominada "cuentas individuales" de todos y cada uno de los trabajadores que se relacionan en los créditos impugnados ...’, y en el caso del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, entre otras, en la sentencia dictada en el AD. 406/2006, al resumir los conceptos de violación, se encuentra sintetizado lo siguiente: ‘que ante la negativa lisa y llana de la parte actora, en cuanto a la existencia de la relación laboral con los trabajadores mencionados en el crédito fiscal, a la demandada correspondía acreditar ese aspecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual debió exhibir los documentos presentados al patrón, relativos a los movimientos afiliatorios. Que al no haber procedido de esa forma, la liquidación impugnada se sustenta en hechos no demostrados por la autoridad demandada, pues las cuentas individuales no pueden sustituir a los avisos de inscripción, amén de no haber precisado en aquélla el medio utilizado por el patrón para comunicar los movimientos afiliatorios. ...’. En efecto, existe contradicción de tesis, al margen de la aparente disparidad que en el párrafo anterior se advirtió (que en un caso las obligaciones se cumplieron por medios electrónicos y en otro no se sabe si en formato impreso o electrónicamente), pues como se verá a lo largo de los considerandos, no es motivo de diferenciación legal alguna, ya que la autoridad administrativa tiene la facultad de certificar la información que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social, independientemente de si fue presentada a través de medios electrónicos con la clave de acceso con que cuenta el patrón (número patronal de identificación electrónica, equivalente a la firma autógrafa), o si fue presentada a través de medios impresos. Tampoco es óbice para resolver la presente contradicción de criterios, el hecho de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no haya aprobado tesis de jurisprudencia o aislada alguna sobre el tema a dilucidar, y el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia pero del Segundo Circuito sí, pues el artículo 192 de la Ley de Amparo, no establece como requisito para que exista la contradicción de tesis, el hecho de que se hubiesen aprobado por parte de los órganos jurisdiccionales contendientes tesis de jurisprudencia, sino sólo que en las consideraciones de las ejecutorias en contradicción, se advierta que los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron aspectos jurídicos iguales y arribaron a conclusiones diversas. Además, así lo determinó la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 129/2004, cuyo criterio comparte esta Segunda Sala, con los datos de identificación, rubro y texto, que respectivamente dicen: (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXI, enero de 2005. Tesis: 1a./J. 129/2004. Página: 93). ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: «CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.’. Ni tampoco es obstáculo para resolver este asunto, el hecho de que el artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación se haya derogado, tal como se aprecia de la lectura del artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de uno de diciembre de dos mil cinco, pues tal como se advierte del criterio sostenido por esta Segunda Sala en la tesis número 2a./J. 87/2000, deben resolverse las contradicciones de tesis, cuando dimanen de la interpretación de preceptos derogados, si su contenido se repitió en los vigentes, como sucede en la especie con el numeral citado, cuyo contenido se repite en el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La tesis citada en el párrafo que antecede, tiene por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: (Registro IUS: 191093. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, septiembre de 2000. Tesis: 2a./J. 87/2000. Página: 70 y Apéndice [actualización 2001] Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Tesis 11. Página 16.). ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica.’. SÉPTIMO. A efecto de estar en posibilidad de resolver la materia de la contradicción, es necesario tener en cuenta, entre otros numerales, lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 5, todos ellos del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización: ‘Artículo 3. El registro de los patrones y demás sujetos obligados, la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, la clasificación de empresas y la determinación de la prima de riesgo de trabajo, la determinación y pago de los créditos fiscales a cargo de patrones, trabajadores y demás sujetos obligados y de aseguramiento y en general cualquier otro sujeto de obligaciones establecidas en la ley y en este reglamento, así como la comunicación de sus modificaciones salariales y bajas, el registro del contador público autorizado, el aviso para dictaminar, los modelos de opinión y la carta de presentación del dictamen y los demás de cualquier otra índole, se harán en los formatos impresos autorizados que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación por el instituto. Salvo cuando la obligación se cumpla a través de un medio de los señalados en el artículo 5 de este reglamento. La reproducción y presentación de dichos formatos podrá realizarse en la forma y términos que señale el instituto, o en cualquiera de los medios previstos en el último párrafo del artículo 15 de la ley, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el mismo. En el caso de que se omita presentar la información a que se refieren los párrafos anteriores, en los formatos o medios señalados, no se dará trámite a la solicitud, excepto cuando no se hayan publicado por el instituto dichos formatos, en cuyo supuesto, se realizará mediante escrito reuniendo todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley y este reglamento para el cumplimiento de las obligaciones. Cuando el último día de los plazos señalados en este reglamento para el cumplimiento de obligaciones, sea día inhábil o viernes se prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente. No se prorrogará el plazo para la presentación de avisos afiliatorios.’. ‘Artículo 4. El instituto podrá conservar en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, la información contenida en la documentación a que se refiere el artículo anterior, presentada en formatos impresos, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados; inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento. El instituto podrá expedir certificaciones de la información así conservada, en términos de las disposiciones legales aplicables.’. ‘Artículo 5. Los patrones y demás sujetos obligados que en los términos del artículo 15 de la ley, realicen los trámites correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, deberán utilizar el número patronal de identificación electrónica, como llave pública de sistemas criptográficos a que se refiere el artículo 15 de este reglamento en sustitución de su firma autógrafa. Este número se tramitará de conformidad con los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Para los efectos del párrafo anterior, el instituto establecerá un sistema de identificación electrónica de tecnología criptográfica. La información a que se refiere el primer párrafo d

este artículo en la que se utilice el número patronal de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, así como las certificaciones que de ésta expida el instituto producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. El instituto requerirá nuevamente el envío de la información remitida a que se refiere este artículo, en caso de que no se pueda tener acceso a la misma por problemas técnicos. Para los efectos del párrafo anterior, el patrón o sujeto obligado deberá enviar nuevamente la información en un plazo no mayor de cinco días hábiles contado a partir del requerimiento, a fin de que se le respete la fecha de presentación original. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentada.’. De los artículos antes transcritos, se desprenden dos formas distintas para cumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social o en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, cuyos numerales han sido referidos en los párrafos que anteceden. La primera, es a través de los formatos impresos autorizados que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso, el instituto está facultado tanto para conservar en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, la información presentada en formatos impresos, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados; inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, como para expedir certificaciones de la información así conservada. La segunda forma para cumplir con las obligaciones (que cada vez se utiliza con más frecuencia, derivado del uso y acceso a la tecnología), es a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza. En este supuesto, los sujetos obligados deberán utilizar como llave pública de sistemas criptográficos, el número patronal de identificación electrónica (tramitado de conformidad con los lineamientos de carácter general que emita el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación). Este número patronal, se utilizará en sustitución de la firma autógrafa. Si por problemas técnicos, no se puede tener acceso a la información entregada a través de medios electrónicos referidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social requerirá otra vez su envío, debiendo el patrón o sujeto obligado, enviarla nuevamente en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del requerimiento, a fin de que se le respete la fecha de presentación primigenia, pues de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Tanto la información en la que se utilice el número patronal de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, como las certificaciones que de ésta expida el instituto, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente, por lo que tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. Esto significa que la legislación autoriza a la autoridad administrativa, al igual que en el caso de los formatos impresos a certificar la información relativa al registro de patrones y demás sujetos obligados; a la inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, presentada por medios electrónicos, en la que se hubiera utilizado el número patronal de identificación electrónica que, se insiste, es el sustituto de la firma autógrafa. Así, se tiene que: a) el registro de los patrones y demás sujetos obligados, b) la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento, c) la clasificación de empresas y la determinación de la prima de riesgo de trabajo, d) la determinación y pago de los créditos fiscales a cargo de patrones, trabajadores y demás sujetos obligados y de aseguramiento, e) en general cualquier otro sujeto de obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social y en el reglamento en comento, f) la comunicación de sus modificaciones salariales y bajas, g) el registro del contador público autorizado, h) el aviso para dictaminar, i) los modelos de opinión, la carta de presentación del dictamen, y j) los demás de cualquier otra índole; se presentarán, ya sea en los formatos impresos autorizados y publicados en el Diario Oficial de la Federación o, a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, utilizando en sustitución de la firma autógrafa y como llave pública de sistemas criptográficos, el número patronal de identificación electrónica. Es necesario reiterar, que en las dos formas que la ley autoriza para cumplir con las obligaciones, el Instituto está facultado para expedir certificaciones de la información que conserve, es decir, tiene esta potestad tanto respecto de la presentada en forma impresa, como en relación con aquella presentada a través de los medios no impresos, mencionados en la parte final del párrafo anterior, esto es, la presentada a través de los medios de comunicación electrónica, en los que se utilizó el número patronal de identificación electrónica. Además, la legislación claramente advierte que la utilización de este número patronal de identificación electrónica, hace las veces de sustituto de la firma autógrafa. Por otro lado, es menester tener en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24533-ca11cb9d/estados-de-cuenta-individuales-de-los-trabajadores-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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