PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU REPOSICIÓN CUANDO LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA OMITEN EMPLAZAR A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LOS CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS, NO OBSTANTE QUE CUENTEN CON ELEMENTOS PARA SEÑALAR SU CARÁCTER DE DEMANDADA.
REVISIÓN FISCAL 253/2012. TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN SUR DEL DISTRITO FEDERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA PARA COBROS 10 CHURUBUSCO DE LA CITADA DELEGACIÓN. 23 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ. SECRETARIO: CARLOS CALDERÓN ESPÍNDOLA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. En el agravio primero, la recurrente aduce que la sentencia reclamada transgrede lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la Sala fue omisa en analizar los agravios que hizo valer, por lo que se viola el principio de congruencia contenido en el citado numeral.
El agravio sintetizado resulta inoperante, porque la autoridad recurrente afirma que la Sala no estudió todos sus agravios, pero no especificó cuál o cuáles fueron omitidos; situación que impide a este órgano jurisdiccional realizar un estudio de este argumento, toda vez que no puede hacerse un examen general de lo aducido en el juicio contencioso administrativo federal, para determinar cuál fue la cuestión planteada como concepto de agravio que se dejó de examinar por la autoridad responsable, sino que se requiere que el acto reclamado sea analizado a la luz de razonamientos expuestos que patenticen la omisión de la Sala del conocimiento de pronunciarse en relación con algún aspecto sometido a su consideración.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 3a./J. 17/91, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece:
"AGRAVIO INOPERANTE. LO ES SI SE ALEGA QUE NO SE EXAMINARON TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PERO SIN HACER ESPECIFICACIÓN ALGUNA. Si en los agravios que se formulan en contra de una sentencia, se alega que se incurrió en la violación de que no se examinaron todos los conceptos que se formularon, pero no se especifica ninguno de los que se estiman omitidos, los agravios deben considerarse inoperantes."
Por otra parte, en el agravio tercero la recurrente afirma, en esencia, que la sentencia impugnada resulta ilegal, ya que se declaró la nulidad de créditos que fueron emitidos por el titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que dicha autoridad haya sido emplazada a juicio como autoridad demandada, por lo que en términos de los artículos 3o., fracción II, inciso a) y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe regularizarse el procedimiento a efecto de que se emplace a juicio a la citada autoridad.
Sostiene que es al titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social a quien se le puede atribuir la emisión de los créditos impugnados en el juicio, además de que dicha autoridad es la facultada para dar acatamiento a la sentencia que se pronuncie en el juicio de nulidad.
Refiere que la contestación de la demanda únicamente se realizó por lo que hace al jefe de la oficina para Cobros de la Subdelegación 10 Churubusco, pretendiendo acreditar únicamente la existencia de los créditos y exhibiéndolos, pero no se hizo pronunciamiento respecto de su legalidad.
Los argumentos sintetizados resultan esencialmente fundados.
Se colige lo anterior, ya que de las constancias que obran en el juicio de nulidad se observa que la Sala no emplazó al juicio de nulidad a la autoridad que emitió los créditos que se declararon nulos -**********, **********, ********** y **********, correspondientes a los periodos ********** y **********, respectivamente-; es decir, al titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
A efecto de verificar el aserto anterior, es conveniente conocer el contenido de los artículos 1o., 3o., 17 y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra disponen lo siguiente:
"Artículo 1o. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta ley.
"Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.
"Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso."
"Artículo 3o. Son partes en el juicio contencioso administrativo:
"I. El demandante.
"II. Los demandados. Tendrán ese carácter:
"a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.
"b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.
"c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del tribunal.
"Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.
"III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante."
"Artículo 17. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:
"I. Cuando se impugne una negativa ficta.
"II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.
"III. En los casos previstos en el artículo anterior.
"IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.
"V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.
"En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten.
"Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15 de esta ley.
"Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX del artículo 15 de esta ley, las mismas se tendrán por no ofrecidas."
"Artículo 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.
"Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior.
"Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá individualmente."
De la interpretación armónica y relacionada de los numerales transcritos, se desprenden, en la parte que interesa, las siguientes premisas:
1. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.
2. En el juicio contencioso administrativo los demandados figuran como partes y tal carácter recae, entre otros supuestos, en la autoridad que dictó la resolución impugnada.
3. Es obligación del promovente del juicio contencioso administrativo señalar en la demanda de nulidad la autoridad o autoridades demandadas.
4. Una vez admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento.
5. La parte actora podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos que señala la ley.
6. Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como demandada, la Sala, de oficio, le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo señalado en la ley.
Como es de observarse, los artículos 3o., 17 y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén diversas reglas atinentes a la figura de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, así como determinados aspectos de la tramitación del citado procedimiento.
Del análisis de dichos dispositivos legales se aprecia que el carácter de autoridad demandada no queda al arbitrio del enjuiciante, pues si bien es verdad que el señalamiento de la autoridad o autoridades demandadas, se establece como requisito formal de la demanda, no menos cierto es que, corresponde a la Sala determinar si efectivamente la autoridad o autoridades que se hayan señalado en ésta, tienen tal carácter.
Además, en caso de que la parte actora haya sido omisa en señalar con el carácter de demandada a diversa autoridad y ésta deba ser parte del juicio, la Sala, de oficio, le correrá traslado de la demanda para que formule la contestación respectiva, destacando que igual procedimiento se tendría que hacer en el caso de la ampliación de la demanda de nulidad.
Asimismo, debe precisarse que el reconocimiento del carácter de autoridad demandada tiene efectos trascendentales en el juicio contencioso administrativo, pues además de que a partir de éste se le comunica a la autoridad la instauración de un procedimiento en su contra y se le otorga término para contestar la demanda, se respeta el derecho del actor de señalar con ese carácter a una autoridad a la que estima debe depararle perjuicio la sentencia que se llegase a dictar.
Siguiendo esta línea argumentativa, es evidente que en el presente caso han sido vulneradas las reglas que rigen el procedimiento, y dicha circunstancia amerita su reposición, en virtud de que, en la sentencia recurrida la Sala declaró la nulidad, de los créditos **********, **********, ********** y **********, correspondientes a los periodos ********** y **********, respectivamente, los cuales, según manifestación expresa de la recurrente, fueron emitidos por el titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, en el juicio de nulidad no se le emplazó a juicio y únicamente se tuvo como autoridad demandada al jefe de la oficina para cobros de la citada subdelegación, siendo obligación de la autoridad observar si tenía o no que llamarse a juicio a la autoridad mencionada en primer término, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Entonces, si la Sala Fiscal no emitió pronunciamiento alguno respecto del emplazamiento a juicio del titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta viable concluir que su actuar fue incorrecto y, por ende, transgrede los artículos 3o. y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debido a que tenía que emplazarse a juicio a la citada autoridad o, en su caso, debía pronunciarse por qué a su consideración, no había lugar a tenerla como autoridad demandada.
Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben fundarse en derecho y resolver sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda.
Ahora bien, de la interpretación armónica y concatenada de dicho artículo con los preceptos 3o. y 19 del ordenamiento legal en cita, se puede arribar a la conclusión de que si en un juicio de nulidad no se llamó a juicio a la autoridad que emitió los créditos que la Sala Fiscal declaró nulos, se configura una omisión que transgrede en perjuicio de la demandada el principio de exhaustividad contenido en el primero de los artículos mencionados, en virtud de que se le obliga a demostrar la validez de actos respecto de los cuales no tuvo injerencia en su emisión y, por ende, debe ordenarse la reposición del procedimiento a efecto de que se subsane tal irregularidad.
Máxime que dicha situación vulnera lo dispuesto por el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que en lo que interesa a la letra dice:
"Artículo 38. Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:
"I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley; ..."
El dispositivo legal de que se trata, establece que es atribución de los Magistrados instructores, admitir, desechar o tener por no presentada la demanda de nulidad o su ampliación, si no cumplen los requisitos que establece la ley.
Así, concatenando el contenido de dicho precepto con el de los diversos numerales 3o., 19 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo citados, se concluye que el Magistrado instructor debe verificar si la demanda o su ampliación se ajustan o no a la ley y, derivado de ese análisis, admitirla, desecharla o prevenir al promovente para que subsane las omisiones advertidas.
De modo que, en términos del numeral 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Magistrado instructor del juicio de nulidad, debió proveer en el auto por el cual admitió a trámite la demanda de nulidad y su respectiva ampliación, lo relativo a la autoridad o autoridades que tuvieran o pudieran tener el carácter de demandadas en dicho procedimiento.
A mayor abundamiento, cabe destacar que de las constancias que integran el juicio de nulidad, obran las cédulas de liquidación de las que derivan los créditos fiscales impugnados, de las que se advierte que fueron emitidos por el titular de la Subdelegación 10 Churubusco de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, de ahí que se corrobore la determinación sustentada en la presente ejecutoria, en el sentido de que debía habérsele emplazado al procedimiento ordinario (fojas 60 a 88, 91 y 94 a 113 del juicio de nulidad).
Bajo este orden de ideas, se concluye que son esencialmente fundados los argumentos que se examinan, toda vez que la Sala emitió el fallo recurrido, sin tomar en consideración que se omitió emplazar a juicio a una autoridad que tenía el carácter de demandada, lo cual constituye una violación al procedimiento que trascendió al resultado del fallo recurrido.
Al resultar esencialmente fundado el agravio tercero, es innecesario el análisis de los motivos de disenso segundo y cuarto a decimoquinto, en los que la autoridad recurrente hace valer, básicamente lo siguiente:
• Que la actora aceptó de manera tácita el valor probatorio de las pruebas que se adjuntaron al oficio de contestación a la ampliación de demanda, ya que no hizo manifestación alguna al respecto, o bien, resultaron extemporáneas.
• Que la Sala no debió decretar la nulidad de los créditos fiscales ********** y **********, toda vez que la parte actora no los señaló como actos impugnados en la demanda de nulidad, además de que las cédulas de liquidación están debidamente fundadas y motivadas.
• Que la Sala no debió revertir la carga de la prueba a la demandada, ya que los actos de autoridad gozan de la presunción de legalidad, máxime que las cédulas de liquidación por concepto de multa que se le impusieron a la actora, están motivadas en la omisión de enterar cuotas obrero patronales a su cargo.
• Que no se actualiza el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues considera que no era obligación procesal de la demandada acreditar los hechos que motivaron los créditos.
• Que las cédulas de liquidación están debidamente fundadas y motivadas.
• Que las certificaciones de las cuentas individuales tienen valor probatorio para acreditar la relación laboral entre los trabajadores enlistados en las cédulas de liquidación y la empresa actora, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 202/2007, de rubro: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN."
• Que la actora no aportó pruebas que lograran desvirtuar los créditos impugnados, además de que la negativa planteada respecto de los datos con los que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba destruida con la certificación de las cuentas individuales que se ofrecieron como prueba.
• Que la Sala omitió acatar la jurisprudencia 2a./J. 202/2007.
• Que los hechos que motivaron las cédulas de liquidación no fueron distintos ni se apreciaron en forma equivocada, pues aduce que la inscripción de un trabajador es la que obliga al patrón a pagar las cuotas obrero patronales y no la existencia de la relación laboral
• Que es ilegal que la Sala pretenda agregar nuevos elementos al certificado de cuenta individual para que se le otorgue valor pleno, tales como la certificación de la información electrónica presentada por el patrón, las constancias del trámite realizado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (acuse de recibo de información) y número patronal de identificación electrónica, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización se advierte que lo que certifica el instituto es la información que le proporcionan los patrones.
• Que no es necesario exigir el perfeccionamiento de las certificaciones de las cuentas individuales.
• Que si la Sala consideró que no se acredita la relación laboral entre los trabajadores mencionados en las cédulas de liquidación y la empresa actora, la nulidad debió ser para el efecto de que la autoridad dé de baja a los trabajadores del registro patronal de la demandante.
Ello es así, ya que el análisis de los argumentos relatados se encuentran supeditados al resultado de la sentencia que la Sala responsable dicte en cumplimiento de esta ejecutoria.
Resulta aplicable a lo expuesto la tesis de jurisprudencia 3, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe 1982, Parte II, página 8, Materia Común, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Finalmente, la parte actora en el juicio de nulidad, formuló diversas manifestaciones en relación con el recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad demandada, ahora recurrente; sin embargo, dado el sentido del presente fallo, este órgano colegiado estima que no deben tomarse en consideración dichos argumentos, ya que a nada práctico llevaría su análisis.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver, por unanimidad de votos, los recursos de revisión fiscal R.F. 496/2010, 382/2011 y 435/2011, decididos, respectivamente, en sesiones de veinte de enero, dieciocho de agosto y veinte de octubre, todos de dos mil once, siendo ponente el Magistrado Osmar Armando Cruz Quiroz.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:
ÚNICO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad demandada (jefe de la oficina para Cobros de la Subdelegación 10 Churubusco de la citada delegación), en términos de las consideraciones jurídicas contenidas en el último considerando de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados: (presidente) Juez de Distrito comisionado como Magistrado Francisco Javier Rebolledo Peña, autorizado por la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE/ADS/012/2230/2011, María Simona Ramos Ruvalcaba y Osmar Armando Cruz Quiroz; lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 85 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24353-c7ce15de/procedimiento-en-el-juicio-contencioso-administrativo-procede-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO PROCEDA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, SÓLO TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓ (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CORRESPONDE AL ACTOR, SI LA AUTORIDAD DEMANDADA NIEGA LA EXISTENCIA DE LOS CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS. (AMPARO DIRECTO)
- SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU SOLA CONSULTA NO CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO Y, POR ENDE, ES INSUFICIENTE P (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU REPOSICIÓN CUANDO LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA OMITEN EMPLAZAR A LA AUTORIDA (I.9o.A. J/2 (10a.))
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE UN CRÉDITO FISCAL POR OMISIÓN DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, DEBE LLAMARSE A LOS TRABAJADORES POR C ((II Región)2o.1 A (11a.))
- REVISIÓN FISCAL. EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES (VIII.3o.P.A. J/1 A (10a.))
- CONTESTACIÓN DE DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN PROCESAL A CARGO DE LA AUTORIDAD, ASÍ COMO LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPU (VI.1o.A.200 A)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis