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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ORDINARIA DERIVADA DE UN CONTRATO DE SEGURO. EL PLAZO PARA QUE OPERE SE SUSPENDE CON LA RECLAMACIÓN ANTE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 144/2025. · Registro digital (IUS): 34000
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIM
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.397.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 144/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: DULCE REBECA GONZÁLEZ OSORIO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 144/2025 suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si la reclamación presentada ante la unidad especializada de una institución financiera, en términos del artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, suspende o no, el plazo prescriptivo para ejercer una acción ordinaria de pago derivada de un contrato de seguro.(1)

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

2. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el tres de septiembre de dos mil veinticinco, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 503/2024; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, con el juicio de amparo directo 448/2020 relacionado con el diverso 336/2020 y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con el amparo directo 867/2010, del que derivó la tesis XVII.1o.C.T.56 C, con registro digital 162746, de rubro: "RECLAMACIÓN. LA PROMOVIDA ANTE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN CONTRATO DE SEGURO NO SUSPENDE EL PLAZO PRESCRIPTIVO PARA EJERCER DICHA ACCIÓN."

3. Radicación del asunto. En acuerdo de presidencia de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se admitió a trámite el asunto con el expediente 144/2025, se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios denunciados continuaban vigentes; asimismo, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informe la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: "Determinar cuándo inicia el plazo prescriptivo para ejercer la acción de pago, en términos de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros".

4. De igual forma se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito, y se turnó el asunto a la ponencia B para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

5. Informes de los Tribunales Colegiados de Circuito. En proveídos de diez y doce de septiembre de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los oficios de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, respectivamente, a través de los cuales informaron que los criterios sustentados al resolver los juicios de amparo directo 448/2020 relacionado con el diverso 336/2020 y 503/2024 continuaban vigentes.

6. Informe de Tribunal Colegiado, nueva integración y returno. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado al resolver el juicio de amparo directo 867/2010, sigue vigente.

7. Por otra parte, se hizo del conocimiento de las partes que derivado de la adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, fueron designadas para integrar este pleno regional las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza.

8. Asimismo, se returnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

9. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, se recibió el oficio suscrito por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que no existía en el Máximo Tribunal contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.

10. Confirmación de turno. Mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, se confirmó el turno del presente asunto.

11. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

12. Aplazamiento. El diecinueve de enero de dos mil veintiséis, el asunto fue listado para verse en sesión del veintinueve siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha.

II. COMPETENCIA

13. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(3) 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(4) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, en su texto vigente; 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio,(5) en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados semiespecializados pertenecientes a dos circuitos que corresponden a la Región Centro-Norte (Octavo y Décimo Séptimo), además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema en materia civil, tal como se advierte de los criterios denunciados.

III. LEGITIMACIÓN

14. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el cual emitió uno de los criterios que forman parte de la denuncia que motivó este asunto.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

15. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo civil 867/2010.

a) Antecedentes del caso

16. Contrato de seguro. El veintinueve de noviembre de dos mil seis, una persona física adquirió una póliza de seguro sobre una unidad automotriz con una empresa aseguradora.

17. Siniestro. El veintiuno de abril de dos mil siete, dicho automotor le fue robado.

18. Reclamación ante la aseguradora. Tras interponer las denuncias correspondientes, la persona asegurada acudió a la oficina de la aseguradora denominada "Multiasistencia", en la que le solicitaron diversa documentación y a cambio le entregaron un contra recibo, refiriéndole que en menos de un mes se le pagaría por la pérdida de su vehículo.

19. Juicio ordinario mercantil. Transcurridos más de dos años, dicha persona demandó de la empresa aseguradora, el pago de la cantidad correspondiente al valor de la unidad que le fue robada, de los intereses moratorios mensuales por concepto de incumplimiento, daños y perjuicios, así como de los gastos y costas generados por la tramitación del juicio.

20. La demanda se radicó con el expediente 578/2009, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Benito Juárez, con residencia en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

21. Al formular su contestación a la demanda la empresa aseguradora opuso, entre otras excepciones, la prescripción negativa de la acción y las prestaciones reclamadas, al haber transcurrido más de dos años y dos meses, a partir de la fecha en que se actualizó el siniestro.

22. Sentencia de primera instancia. Seguida la secuela procesal, el veintiuno de mayo de dos mil diez, se dictó sentencia definitiva en la que se desestimaron las excepciones opuestas por la moral demandada y se le condenó el pago de las prestaciones reclamadas, a excepción del pago de gastos y costas.

23. Recurso de apelación. En desacuerdo con la sentencia de primera instancia, la empresa aseguradora interpuso recurso de apelación, el cual se radicó con el expediente 310/2010, del índice de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua.

24. Sentencia de segunda instancia. El quince de julio de dos mil diez, el magistrado del conocimiento revocó la sentencia de primera instancia al estimar, toralmente, que contrario a lo decidido por el juez natural, la acción intentada estaba prescrita, dado que el actor había presentado una reclamación ante la moral demandada y no ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por lo que no le resultaba aplicable el artículo 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Por tanto, concluyó que conforme al artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el término de la prescripción comenzó a partir de la fecha en que se actualizó el siniestro, por lo que a la fecha de presentación de la demanda habían transcurrido dos años dos meses.

25. Juicio de amparo directo. Inconforme, la persona actora (asegurada) promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó con el expediente 867/2010 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado.

26. Sentencia. En sesión de veintiocho de octubre de dos mil diez, el citado tribunal, por unanimidad de votos, negó la protección constitucional solicitada, en los términos siguientes:

• Consideró que no asistía razón a la persona quejosa (asegurado), toda vez que la gestión que realizó ante la oficina ‘Multiasistencia’ no interrumpió el plazo para reclamar el pago del seguro contratado, y tampoco podía considerarse como una reclamación en términos del artículo 50 bis y 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

• Para sustentar tal postura comenzó por explicar que los artículos 1, 81 y 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, disponen que mediante cualquier tipo de contrato de seguro, una empresa aseguradora, resarcirá un daño o pagara una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista.

• También, que las acciones que deriven de un contrato de seguro, en el caso por robo, prescribirán en dos años contados desde la fecha del acontecimiento, es decir, desde el momento en que se suscitó el hecho ilícito; y, que dicho plazo podía interrumpirse, además de las causas ordinarias para ello, con el nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro.

• Por otra parte, indicó que de los artículos 1, 2, fracciones I, II, IV, 5, párrafo primero, 11, fracciones I a VI, 50 bis, así como 60 a 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se obtiene que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (en adelante CONDUSEF) tiene dentro de sus atribuciones proteger y defender los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros que se susciten con alguna institución financiera y para cuyo efecto deberá atender y resolver consultas y/o reclamaciones que formulen dichos usuarios en contra de aquéllas.

• De ahí que –asevero– el conocimiento de las reclamaciones a que alude dicha legislación son competencia de la CONDUSEF, las cuales surgen con motivo de un indebido o inexacto servicio proporcionado por la institución financiera respectiva, ya sea que derivaran de alguna operación, contrato o cualquier servicio, o bien por incumplimiento a éstos.

• Puntualizó que la finalidad de tal reclamación es iniciar un procedimiento de amigable composición (conciliación y arbitraje) que surge entre el usuario y la institución contra quien se dirige la reclamación.

• Así coligió que las reclamaciones previstas en dicha legislación suspenden la prescripción de las acciones que puedan dar lugar, con motivo del indebido o inexacto actuar de la institución financiera, en el procedimiento que se le demanda.

• Dicho en otras palabras, la institución financiera que con motivo de un contrato se encuentra obligada a cumplir con el mismo, una vez actualizado el siniestro que ampara aquél, debe solicitarse a ésta el cumplimiento de dicho contrato, debiendo reunir los requisitos para hacer exigible el pago o resarcimiento del daño garantizado en el contrato respectivo; y, en caso de que la institución financiera se negare, evadiera u omitiera el pago o resarcimiento, el usuario tenía a su disposición la reclamación ante la CONDUSEF, o bien, como era el caso, la acción respectiva ante las autoridades jurisdiccionales.

• Recapituló, que la reclamación a que alude el artículo 63 de Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es competencia de dicha comisión, la cual surge con motivo de un indebido o inexacto servicio proporcionado por alguna institución financiera, cuya finalidad es abrir el procedimiento de conciliación y arbitraje, previsto en los numerales 60 a 66 de la citada legislación, que surge entre el usuario y la institución contra quien se dirige la reclamación.

• Luego, apuntó que la reclamación presentada ante una institución financiera para el cobro de algún contrato de seguro, es diversa a la que se dirige a la CONDUSEF por un indebido, inexacto o incompleto servicio por parte de dicha institución, incluso por falta del pago respectivo derivado del cumplimiento de un contrato de seguro.

• Así, determinó que la sola reclamación de pago hecha ante la propia institución aseguradora no suspende el plazo prescriptivo que corre para ejercer la acción correspondiente de pago.

• En ese sentido, aseveró que la reclamación que suspende el plazo prescriptivo es la que prevé el artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, atendiendo a su naturaleza como medio de impugnación ante la CONDUSEF, contra actos de las instituciones financieras, pues si al presentarse la reclamación de cobro ante la institución financiera respectiva, se negare, evadiera u omitiera el pago o resarcimiento, el usuario tiene a su disposición la reclamación ante la propia comisión, o bien, la acción respectiva ante las autoridades jurisdiccionales.

• Sobre esas premisas, al analizar el caso concreto, indicó que contrario a lo aseverado por la persona quejosa, la presentación de la documentación para reclamar el pago derivado del contrato de seguro con motivo del robo del vehículo automotriz, no es por sí misma una reclamación en los términos previstos por el artículo 50 bis, así como la reclamación a que se refiere los diversos numerales 60 a 66, todos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en tanto que lo único que hizo fue presentar la documentación requerida para solicitar el pago que ampara el contrato de seguro.

• Por tanto, consideró que la presentación de dicha documentación no interrumpe el plazo de prescripción de dos años a que se refiere el artículo 81 de la Ley sobre Contrato de Seguro, sino la reclamación presentada ante la CONDUSEF o la oficina correspondiente, lo que no había acontecido.

• Sostuvo que no podía considerarse que la oficina "Multiasistencia, S.A. de C.V.", sea una dependencia de la CONDUSEF encargada de recibir y tramitar las reclamaciones, en tanto no se advertía de autos datos que así la identifiquen; aunado a que, conforme a la normativa analizada, la reclamación debía reunir ciertos requisitos, sin que de los documentos que obraban en el expediente, se apreciara uno con esas características para considerarlo una reclamación en los términos de los artículos 50 bis y 63 de la ley en comento.

• En esas condiciones, consideró que la responsable actuó correctamente al considerar prescrita la acción intentada por el actor, pues como había quedado expuesto, la presentación de documentación ante la institución financiera no se erige como una verdadera reclamación en términos de lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

c) Tesis. De las anteriores consideraciones derivó la tesis de rubro y contenido siguientes:

"RECLAMACIÓN. LA PROMOVIDA ANTE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN CONTRATO DE SEGURO NO SUSPENDE EL PLAZO PRESCRIPTIVO PARA EJERCER DICHA ACCIÓN. La reclamación contenida en el artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, como medio de impugnación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros contra actos de las instituciones bancarias, es la idónea para suspender el plazo prescriptivo para ejercer la acción de pago correspondiente, pues aquélla surge con motivo del derecho que tiene el usuario de los servicios financieros ante la negativa, evasión u omisión de la entidad bancaria para efectuar el pago respectivo y cuya naturaleza deriva de la interpretación de dicho ordenamiento; en tal virtud, la promovida ante una institución financiera, para hacer efectivo el pago derivado del cumplimiento de algún contrato de seguro no suspende el plazo referido."(6)

B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo civil 448/2020, relacionado con el amparo directo civil 336/2020. a) Antecedentes del caso.

27. Juicio ordinario mercantil. Una persona física demandó de una empresa aseguradora el cumplimiento de dos pólizas, una del seguro de vida institucional y la otra del seguro individual, así como el pago de indemnización por mora, intereses, gastos y costas.

28. La demanda se radicó con el expediente 598/2019 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en la Laguna.

29. Sentencia de primera instancia. Seguido el trámite del juicio, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, la persona juzgadora dictó sentencia en la que determinó que la parte actora no acreditó su acción y absolvió a la empresa aseguradora de las prestaciones reclamadas.

30. Recurso de apelación. En desacuerdo, la persona actora interpuso recurso de apelación, el cual se radicó con el toca civil 7/2020 del Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito.

31. Sentencia de segunda instancia. El once de mayo de dos mil veinte, la persona magistrada del conocimiento modificó la sentencia de primera instancia, absolvió a la empresa aseguradora por ciertas prestaciones y por otra, la condenó al cumplimiento del contrato de seguro derivado de la póliza individual, al pago de indemnización por mora, así como de los intereses moratorios.

32. Lo anterior, al estimar, toralmente, que la acción ejercitada no se encontraba prescrita, debido a que la incapacidad de la persona asegurada quedó definida hasta el veintiuno de agosto de dos mil quince y fue en octubre de ese año que presentó reclamación ante la aseguradora, sin que obrara constancia de la fecha en que dicho trámite concluyó, o la fecha en que la aseguradora hizo de su conocimiento la negativa respectiva, por lo que el término prescriptivo había sido interrumpido.

33. Juicio de amparo directo. En desacuerdo, la aseguradora demandada promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó con el expediente amparo directo civil 448/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo, al cual se adhirió la persona actora en el juicio natural.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado.

34. Sentencia. En sesión de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el pleno del citado Tribunal Colegiado resolvió, en lo que a esta contradicción interesa, conceder el amparo solicitado a la empresa aseguradora, con base en las consideraciones medulares siguientes:

• Consideró fundado el concepto de violación en el que la aseguradora quejosa sostuvo que la acción ejercida por el actor estaba prescrita.

• Para justificar tal calificativa comenzó por señalar que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, todas las acciones que deriven de un contrato de seguro prescribirán en dos años, excepto cuando se trate de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida (cinco años); plazo éste el cual correrá desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento del riesgo corrido y, si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados.

• Luego, de la interpretación conjunta de lo establecido en los artículos 60, 63, 65 y 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, coligió que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) está facultada para actuar como conciliador entre las instituciones financieras y los usuarios, con el fin de proteger los intereses de estos últimos.

• Explicó que para iniciar dicho procedimiento de conciliación, el usuario debe presentar una reclamación ante la mencionada Comisión Nacional, la cual deberá reunir diversos requisitos, dentro del término de dos años contados (i) a partir de que acontezca el hecho que le dio origen; (ii) a partir de la negativa de la institución financiera a satisfacer las pretensiones del usuario; o, (iii) en caso de que se trate de reclamaciones por servicios no solicitados, a partir de que tuvo conocimiento del mismo.

• Acotó que la reclamación prevista en los artículos 63, 65 y 66 de la legislación que rige a dicha Comisión, que cumpla con todos los requisitos aplicables, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que el procedimiento de conciliación concluya.

• Sostuvo que la "reclamación" a la que se alude en los numerales en análisis corresponde a la presentada por el usuario ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a fin de que ésta inicie un procedimiento conciliatorio entre aquél y la institución financiera, dada la interpretación conjunta de aquéllos numerales, así como por el hecho de que se contienen en el título quinto de los procedimientos de conciliación y arbitraje; capítulo primero del procedimiento de conciliación; de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

• Sobre ese marco jurídico, indicó que el magistrado responsable consideró que la acción ejercida por la persona actora relativa al cobro del seguro de vida individual, no se encontraba prescrita, dado que de las constancias del juicio ordinario mercantil de origen no se advertía la fecha en la que la aseguradora demandada hubiera decidido sobre la petición formulada por el usuario (actor), de modo que, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con la reclamación presentada ante la aseguradora, el término prescriptivo de dos años había sido interrumpido.

• Consideraciones que el Tribunal Colegiado estimó inexactas, porque de acuerdo con los artículos 81 y 82 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el plazo prescriptivo de las acciones legales que deriven de un contrato de seguro iniciará desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento del riesgo corrido y, si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados; y no como incorrectamente lo estimó el magistrado responsable, es decir, a partir de la negativa de la institución financiera a satisfacer las pretensiones del usuario.

• Ello, toda vez que el plazo de dos años que corre desde la negativa de la institución financiera a cumplimentar las pretensiones del usuario, con apoyo en lo previsto en los numerales 60, 63, 65 y 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es el que tiene el usuario para presentar una reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para iniciar un procedimiento de conciliación, y es distinto al que establece la Ley sobre el Contrato de Seguro, por lo que no debían aplicarse indistintamente.

• En la inteligencia de que la reclamación presentada ante la aludida Comisión Nacional para iniciar un procedimiento conciliatorio, que cumpla con todos los requisitos aplicables, interrumpirá la prescripción de las acciones legales hasta que dicho procedimiento de conciliación termine; siempre que se haga valer dentro del periodo de dos años que se prevé en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para ejercer las acciones que deriven de un contrato de seguro.

• Consideraciones que apoyo en las tesis de colegiado V.3o.C.T.22 C (10a.) y I.9o.C.149 C, de rubros, respectivamente: "CONTRATO DE SEGURO. LA RECLAMACIÓN PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), INTERRUMPE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO." y "PRESCRIPCIÓN. TÉRMINO DURANTE EL CUAL SE INTERRUMPE. LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS."

C. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo civil 503/2024.

a) Antecedentes del caso.

35. Juicio ordinario mercantil. Una persona física demandó de una empresa aseguradora el cumplimiento del contrato de seguro de dos pólizas institucionales, una por incapacidad total permanente y la otra, del seguro individual, el pago por indemnización, de intereses moratorios; así como de los gastos y costas.

36. La demanda se radicó con el expediente 4/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo.

37. Sentencia de primera instancia. Seguido el trámite del juicio, el doce de julio de dos mil veintitrés, la persona juzgadora dictó sentencia en la que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción propuesta por la moral demandada y declaró improcedente la acción intentada.

38. Recurso de apelación. Inconforme, la persona actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Tribunal Colegiado de Apelación del Octavo Circuito, con el expediente 57/2023.

39. Sentencia de segunda instancia. El treinta de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia de primera instancia y condenó a la parte actora al pagó de costas.

40. Juicio de amparo directo. En desacuerdo con la sentencia, la persona actora en el juicio natural (asegurada) promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó con el expediente amparo directo civil 503/2024 del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado.

41. Sentencia. En sesión de treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, el pleno del citado tribunal concedió la protección constitucional a la persona quejosa, en los términos siguientes.

• Previo a exponer las razones por las que consideró asistía razón a la persona quejosa en cuanto a que la acción ejercida no se encontraba prescrita, el citado tribunal trajo a colación las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2014, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 52/2015 (10a.), de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DEL C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34000-5feea026/prescripcion-de-la-accion-ordinaria-derivada-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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