INDEMNIZACIÓN POR MORA. SE ACTUALIZA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES AL DE LA FECHA EN QUE LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS RECIBIÓ LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE LE PERMITAN CONOCER EL FUNDAMENTO DE LA RECLAMACIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y 276 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 56/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cinco de noviembre de dos mil veinticinco emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 56/2025, suscitada entre los sustentados por el Sexto y Décimo Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México.
2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y de ser el caso, determinar el momento en que se actualiza la indemnización por mora conforme a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, es decir, si se debe tomar en cuenta para el pago de intereses moratorios desde el dictado de la sentencia condenatoria, o bien, los intereses se generan cuando se actualiza la eventualidad asegurable prevista en el contrato.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido el diecinueve de junio de dos mil veinticinco, en la oficialía de partes de este Pleno Regional, ***** ******** ******** *******, en su carácter de mandataria judicial y autorizada de la parte quejosa en los amparos directos D.C. 477/2024, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México y amparo directo D.C. 631/2023, de la estadística del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados en ambos juicios de amparo.
4. Trámite de la denuncia ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Por auto de ocho de julio de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta órgano colegiado ordenó el registro del escrito en cita con el expediente 56/2025, asimismo, solicitó a los Tribunales contendientes, informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.
5. Por auto de quince de julio posterior, se tuvo a los tribunales colegiados contendientes, desahogando el requerimiento formulado, en el que sostuvieron la vigencia de sus criterios plasmados en los amparos directos D.C. 477/2024 y D.C. 631/2023 respectivamente, y ordenaron la vinculación de los asuntos correspondientes.
6. Por auto de ocho de agosto de este año, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/467/08/2025, de cinco de agosto de dos mil veinticinco, por el que el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto. Asimismo, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
7. Returno y confirmación de turno. Con motivo del "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL" publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POR EL QUE SE ADSCRIBEN A LAS PERSONAS ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, ASIMISMO, SE COMISIONAN, REUBICAN Y READSCRIBEN A PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE DESIGNAN Y, EN SU CASO, PRORROGAN A PERSONAS SECRETARIAS EN FUNCIONES DE PERSONAS JUZGADORAS, este PLENO REGIONAL quedó integrado a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco, con las Magistradas Mariana Flores Vega y Diana Elda Pérez Medina, y el Magistrado Jorge Alberto Orantes López. El dos de octubre posterior, se dictó auto de confirmación a la Magistrada Mariana Flores Vega, para la elaboración del proyecto correspondiente.
II. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés], así como de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, vigente a partir del día siguiente; en virtud de que la contradicción se suscitó entre el Sexto y Décimo Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito; de ahí que se comprenden en la materia y territorio asignados a este Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por la parte quejosa en los amparos directos que integran los criterios contendientes en la presente contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
10. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
11. Primer criterio contendiente. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo directo D.C. 477/2024 (relacionado con el D.C. ********).
Juicio de origen.
12. Una persona física por derecho propio, demandó en la vía ordinaria civil de una persona moral, el pago y cumplimiento de indemnización correspondiente al daño físico, indemnización por la responsabilidad civil; indemnización por mora, y otras prestaciones. De dicha demanda conoció el Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, que la registró con el consecutivo ******* y admitió a trámite, asimismo, ordenó emplazar a la demandada. Seguidas las etapas procesales, el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, dictó sentencia en la que resolvió:
“PRIMERO.- La suscrita es competente para resolver el presente juicio. SEGUNDO.- La vía ordinaria civil resultó procedente en donde la parte actora acreditó su acción de responsabilidad civil y daño moral; en tanto que la moral demandada no acreditó sus excepciones ni defensas; en consecuencia: TERCERO. Se condena a la parte demandada a pagar a la actora la indemnización que en ejecución de sentencia resulte por concepto de DAÑO FÍSICO INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 1916 de la legislación invocada anteriormente, lo que se determinará tomando en cuenta la suma asegurada por responsabilidad civil en la póliza número (...), endoso (...), inciso (...), condiciones generales del contrato de seguro (...), expedida por (...) en favor de su asegurada (...), así como la situación económica de la víctima, según lo dispone el párrafo cuarto del artículo 1916 del Código Civil para la Ciudad de México: lo anterior, en la inteligencia que los elementos para fijar la indemnización deberán ser acreditados con los medios de prueba idóneos para tales efectos y se deberá considerar hasta el monto asegurado por responsabilidad civil, lo que se hará una vez transcurridos cinco días que la presente sentencia cause ejecutoria. CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la actora el importe que resulte en ejecución de sentencia por concepto de DAÑOS Y PERJUICIOS DE ORDEN PATRIMONIAL, los que deberá acreditar con las pruebas idóneas en la etapa correspondiente del juicio y se deberá considerar hasta el monto asegurado por responsabilidad civil. QUINTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora, el importe que resulte en ejecución de sentencia por concepto de DAÑO AL PROYECTO DE VIDA DE LA VÍCTIMA, lo que se deberá acreditar en ejecución de sentencia con los medios de pruebas idóneos para tales efectos y se deberá considerar hasta el monto asegurado por responsabilidad civil. SEXTO.- Se condena a la parte demandada a pagar INTERESES MORATORIOS a su contraria en términos del artículo 135 BIS de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, lo que se hará a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia y hasta el pago total del adeudo. SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada al pago de COSTAS en esta instancia. OCTAVO.- NOTIFIQUESE”.
Recurso de Apelación.
13. Contra dicha determinación, las partes interpusieron recursos de apelación, de los cuales, por razón de turno, conoció la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que los radicó como toca ******** y, seguidas las etapas procesales, el veinte de mayo de dos mil veinticuatro, modificó la sentencia de primer grado en los términos siguientes:
“PRIMERO.- Resulta PARCIALMENTE FUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y en la misma medida el que interpuso la actora. SEGUNDO.- Se MODIFICA la sentencia definitiva de fecha VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, dictada por la C. **** ********** ******* ** ** ***** ** ******* ******* ** ** ****** ** ****** en los autos del juicio ordinario civil, promovido por (...) en contra de (...), expediente número (...), cuyos puntos resolutivos deberán quedar en los términos que a continuación se detallan: “PRIMERO.- La vía ordinaria civil resultó procedente en donde la parte actora acreditó su acción de responsabilidad civil y daño moral, en tanto que la enjuiciada acreditó parcialmente sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se condena a la demandada (...), a pagar a favor de (...), por concepto de responsabilidad civil, sustentada en el "daño material (DAÑOS)" la cantidad de (...), y por "lucro cesante (PERJUICIOS)" el monto de (...), que deberá pagar en el plazo de cinco días contados a partir de que esta sentencia sea ejecutable, apercibida de ejecución forzosa en su contra. Se condena a la demandada a cubrir a la actora la indemnización por "daño material" prevista en la Ley Federal del Trabajo, una vez que las partes den cumplimiento a lo ordenado en este fallo y existan bases para cuantificar una cantidad líquida por dicho concepto, en ejecución de sentencia. TERCERO.- Se condena a la demandada (...), a pagar a favor de la actora (...), por concepto de DAÑO MORAL, sustentado en "la propia afectación" la cantidad de (...), y por concepto de "proyecto de vida" la suma de (...), que deberá pagar en el plazo de cinco días contados a partir de que esta sentencia sea ejecutable, apercibida de ejecución forzosa en su contra. En el entendido que la aseguradora responderá hasta el límite de la suma asegurada prevista en la póliza (...), endoso (...), inciso (...), en donde el 25% veinticinco por ciento corresponderá al concepto de "daño moral" y el 75% setenta y cinco por ciento será por "responsabilidad civil". CUARTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la "indemnización por mora" y del "interés moratorio" precisado en el considerando II de la presente resolución, los que deben cuantificarse conforme al artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en ejecución de sentencia mediante el incidente correspondiente. QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de costas en esta instancia, con fundamento en la parte inicial del segundo párrafo del artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles. SEXTO.- Notifíquese.” TERCERO. No se condena en costas procesales a ninguna de las partes en esta segunda instancia. CUARTO.- Notifíquese (...)”.
Demanda de Amparo Directo.
14. Contra dicha determinación la actora, promovió demanda de amparo directo, de la cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que por auto de uno de julio de dos mil veinticuatro, la registró como D.C. 477/2024 y la admitió a trámite, asimismo, ordenó que dicho asunto fuera turnado al Magistrado ponente que conocía del diverso D.C. ******** (asunto relacionado) y, finalmente en sesión ordinaria de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.
Cuestiones jurídicas.
• El Tribunal Colegiado declaró fundados los conceptos de violación, en virtud de que, dijo, el artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es aplicable para determinar el monto de los intereses moratorios en caso de retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras.
• Así como que tratándose del pago de responsabilidad civil prevista en el seguro obligatorio, surge ese deber en el momento en que concurren dos circunstancias: la verificación de la eventualidad prevista en el contrato y el conocimiento de la aseguradora sobre la existencia de dicho evento.
• Se colige así, dijo, de la interpretación literal y sistemática de los artículos 1o., 147, primer párrafo y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, de los que deriva que la aseguradora está obligada al pago cuando se verifica la eventualidad prevista en el contrato, la cual en el seguro contra la responsabilidad civil es el siniestro generador del daño, por lo que desde el momento de éste se considera al tercero dañado como beneficiario del seguro, en la inteligencia que la empresa aseguradora debe recibir el aviso sobre la realización del hecho causante de responsabilidad en cuanto se exija la indemnización al asegurado.
• Por tanto, consideró que el momento en que inicia la obligación a cargo de la aseguradora está determinado por el acaecimiento del evento, siniestro o hecho dañoso y el aviso mencionado, por lo que será a partir de que se tenga el conocimiento que dicho aviso proporciona cuando se considere legalmente exigible la obligación de resarcimiento, o bien, de no ser avisada la compañía de seguros, habrá que atender al tiempo del conocimiento derivado de una reclamación ante la propia aseguradora o ante la autoridad administrativa, o de un juicio seguido para obtener la indemnización respectiva.
• Esto último, indicó, porque en caso de controversia, la obligación de dar a conocer a la aseguradora el hecho generador de responsabilidad conlleva para el asegurado el deber de proporcionar también los elementos defensivos a la compañía. Para que opere ese momento de exigibilidad legal de la obligación de resarcir, no es necesario que exista un importe líquido del daño, habida cuenta que la resolución que contenga esa cuantía solamente es declarativa de la obligación existente desde el momento en que concurren los dos elementos apuntados.
• De manera que concluyó que la condena al pago de intereses moratorios debe tomar como momento de generación de los réditos la fecha de conocimiento del siniestro por la aseguradora.
• Consideraciones que se apoyaron en la tesis aislada I.4o.C.10 C (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1969, de rubro y texto:
“RESPONSABILIDAD CIVIL. MOMENTO EN QUE SURGE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y SE GENERAN INTERESES MORATORIOS A CARGO DE LA ASEGURADORA. El artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros es aplicable para determinar el monto de los intereses moratorios en caso de retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras. Tratándose del pago de responsabilidad civil prevista en el seguro obligatorio, surge ese deber en el momento en que concurren dos circunstancias: la verificación de la eventualidad prevista en el contrato y el conocimiento de la aseguradora sobre la existencia de dicho evento. Se colige así de la interpretación literal y sistemática de los artículos 1o., 147, primer párrafo y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, de los que deriva que la aseguradora está obligada al pago cuando se verifica la eventualidad prevista en el contrato, la cual en el seguro contra la responsabilidad civil es el siniestro generador del daño, por lo que desde el momento de éste se considera al tercero dañado como beneficiario del seguro, en la inteligencia que la empresa aseguradora debe recibir el aviso sobre la realización del hecho causante de responsabilidad en cuanto se exija la indemnización al asegurado. Por tanto, el momento en que inicia la obligación a cargo de la aseguradora está determinado por el acaecimiento del evento, siniestro o hecho dañoso y el aviso mencionado, por lo que será a partir de que se tenga el conocimiento que dicho aviso proporciona cuando se considere legalmente exigible la obligación de resarcimiento, o bien, de no ser avisada la compañía de seguros, habrá que atender al tiempo del conocimiento derivado de una reclamación ante la propia aseguradora o ante la autoridad administrativa, o de un juicio seguido para obtener la indemnización respectiva. Esto último, porque, en caso de controversia, la obligación de dar a conocer a la aseguradora el hecho generador de responsabilidad conlleva para el asegurado el deber de proporcionar también los elementos defensivos a la compañía. Para que opere ese momento de exigibilidad legal de la obligación de resarcir, no es necesario que exista un importe líquido del daño, habida cuenta que la resolución que contenga esa cuantía solamente es declarativa de la obligación existente desde el momento en que concurren los dos elementos apuntados. De manera que la condena al pago de intereses moratorios debe tomar como momento de generación de los réditos la fecha de conocimiento del siniestro por la aseguradora.”.(1)
• Asimismo, el Tribunal Colegiado indicó que resultaba aplicable la jurisprudencia PC.I.C. J/29 C (10a.), del entonces Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, página 1587, que derivó de la contradicción de tesis 1/2016, en la que contendió precisamente el criterio citado con antelación, la cual informa: “INDEMNIZACIÓN POR MORA EN LOS CONTRATOS DE SEGURO EN GENERAL. SU INTERPRETACIÓN LEGAL. De la interpretación de los artículos 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros abrogada y 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, derivan las siguientes premisas: a) Si la empresa aseguradora no cumple las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, deberá pagar intereses moratorios, los cuales se generarán a partir de que se haga exigible la obligación que se le reclama; b) Una vez recibidos los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento de la reclamación, el crédito del seguro vence en el plazo de 30 días, a fin de determinar, en su caso, si resulta o no procedente; c) A partir de que resuelva la aseguradora, y hasta que haga el pago, deberá pagar los intereses moratorios. Ahora bien, los artículos 1o., 147 y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro no señalan el momento de inicio de la mora, sino que tienen que ver con cuestiones diversas, a diferencia de lo que establece el artículo 71 indicado, por lo que su interpretación conjunta debe comprender el régimen previsto en éste, conforme al cual, el crédito que resulte del contrato de seguro vencerá 30 días después de la fecha de la reclamación; disposición que comprende a los contratos de seguro en general, al no distinguir el tipo.”
• En consecuencia, concedió el amparo solicitado para el efecto de que la sala responsable dejará insubsistente el fallo reclamado y dictara otro en el que considerara que el artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, es aplicable para determinar el monto de los intereses moratorios en caso de retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras, así como que el momento en que inicia la obligación a cargo de la aseguradora está determinado por el acaecimiento del evento, siniestro o hecho dañoso y el aviso mencionado, por lo que será a partir de que se tenga el conocimiento que dicho aviso proporciona cuando se considere legalmente exigible la obligación de resarcimiento, o bien, de no ser avisada la compañía de seguros, habrá que atender al tiempo del conocimiento derivado de una reclamación ante la propia aseguradora o ante la autoridad administrativa, o de un juicio seguido para obtener la indemnización respectiva. De manera que la condena al pago de intereses moratorios debe tomar como momento de generación de los réditos la fecha de conocimiento del siniestro por la aseguradora, y hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho procediera.
15. Segundo criterio contendiente. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.C. 631/2023 (relacionado con el D.C. ********).
16. Los antecedentes que se advierten de la ejecutoria pronunciada consisten en lo siguiente:
Juicio de origen.
17. Una persona física por propio derecho y en representación de su menor hijo, en la vía ordinaria civil, demandaron de una compañía de seguros, el pago de indemnización por: daño por las lesiones ocasionadas a la víctima, responsabilidad civil, daño moral, daño al proyecto de vida, así como el pago de intereses, gastos y costas; demanda de la que conoció el Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, que la radicó con el consecutivo *********
18. Cabe precisar que en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el juez determinó no admitir la demanda, por lo que en su contra, la parte actora interpuso sendos recursos de queja de los que conoció la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, registrados con los consecutivos ********** * *********** y por resolución de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, los declaró fundados. En cumplimiento a dicha determinación, el juez del conocimiento admitió la demanda de origen y ordenó emplazar a la demandada.
19. Cumplida la secuela procesal, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictó sentencia en los términos siguientes:
“PRIMERO. Ha resultado procedente la vía ordinaria civil donde (...), acreditó parcialmente las acciones intentadas en el presente juicio; (...), justificó parcialmente sus excepciones y defensas.
SEGUNDO. Se condena a (...), a pagar a (...), el importe de ************* *** ****** *********** ******* * ***** *** *********** ******* ***** ****** ****** ********* por concepto de indemnización, en términos del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, a cargo de la póliza de seguro ********, endoso ****, renovación **, contratante: ******** ******* ** ************, domicilio: (...), RFC: ************, AGENTE: ..., vigencia *** días, desde veintiocho de junio de dos mil veinte, doce horas de la Ciudad de México, hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno a las doce horas de la Ciudad de México. Para el pago de la cantidad líquida, se concede un término de cinco días, contados a partir de que sea ejecutable la presente resolución, apercibida la demandada, que en caso de no hacer el pago correspondiente, se actualizará lo previsto por el primer párrafo de la fracción I del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
TERCERO. Se condena a (...), al pago de intereses moratorios que se causen por concepto de la responsabilidad civil, a partir de los treinta días posteriores a que se verificó el emplazamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y atendiendo a que el emplazamiento produce todas las consecuencias de la interpelación judicial, con fundamento en la fracción IV del artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y hasta el total pago del adeudo reclamado, en términos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
CUARTO. Se condena a la demandada (...), al pago de la indemnización que por concepto de gastos derivados del daño (asesoría jurídica, gastos por devengar y lucro cesante como pérdida de ingresos) que en ejecución de sentencia se determine, previa aprobación del incidente respectivo que para tal efecto se interponga, en concepto de aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño.
QUINTO. Se condena a (...), al pago por concepto de justa indemnización por daño moral a ..., de la cantidad ** ************* **** ******** ** ***** ****** ********** Para el pago de la cantidad líquida, se concede un término de cinco días, contados a partir de que sea ejecutable la presente resolución, apercibida la demandada que, en caso de no hacer el pago correspondiente, se actualizará lo previsto por el primer párrafo de la fracción I del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
SEXTO. Se condena a (...), al pago de intereses moratorios que se causen por concepto de daño moral, a partir de los treinta días posteriores a que se verificó el emplazamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Y atendiendo a que el emplazamiento produce todas las consecuencias de la interpelación judicial, con fundamento en la fracción IV del artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y hasta el total pago del adeudo reclamado, en términos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
SÉPTIMO. Apercibida la enjuiciada (...), que en caso de no hacer el pago correspondiente, se procederá de conformidad con la fracción IX del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el entendido que dicha codemandada aseguradora deberá realizar en una sola exhibición el pago del saldo de los intereses moratorios, la actualización por mora y la obligación principal; por lo que en caso de no hacer el pago en una sola exhibición, los pagos que no cubran la totalidad, deberán aplicarse a los conceptos antes referidos en el orden antes previamente señalado y la indemnización por mora se continuará generando, en términos del primer párrafo de la fracción I del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, sobre el monto de la obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad, ello aun y cuando la institución aseguradora interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de ejecución y se dicte sentencia firme por la que queden subsistentes los actos impugnados, el pago o cobro correspondientes deberá incluir la indemnización por mora que hasta ese momento hubiere generado la obligación principal.
OCTAVO. Se absuelve a la enjuiciada de la prestación marcada con el inciso d) del escrito de demanda.
NOVENO. No se hace condena en costas en la presente instancia.
DÉCIMO. Notifíquese.”
Recursos de Apelación.
20. Inconformes con esa determinación, las partes interpusieron recurso de apelación, de los cuales, por razón de turno, conoció la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que los radicó como tocas ********** * ********** respectivamente, los cuales fueron resueltos el trece de julio de dos mil veintitrés, al tenor de los resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Se modifica la sentencia definitiva de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, dictada por el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de esta ciudad, en los autos del juicio ordinario civil promovido por (...), en contra de (...), expediente número ********, para quedar en los términos siguientes:
'PRIMERO. INTOCADO.
SEGUNDO. INTOCADO.
TERCERO. Se condena a (...), al pago de intereses moratorios que se causen por concepto de la responsabilidad civil, solo en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33845-7a726414/indemnizacion-por-mora-se-actualiza-a-partir-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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