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Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN POR MORA EN CONTRATOS DE SEGURO. PROCEDE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ASEGURADORA, AUNQUE NO SE HAYA RECLAMADO COMO PRESTACIÓN EN LA DEMANDA DE ORIGEN (ARTÍCULO 276, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 280/2020. · Registro digital (IUS): 30128
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEG
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 1653.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 280/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 26 DE MAYO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

9. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue presentada por Erick Alberto Parada Díaz, en su carácter de Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, autoridad responsable en el amparo directo 7/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito; asunto del que deriva uno de los criterios contendientes.

10. Asimismo, apoya a lo anterior la jurisprudencia de esta Primera Sala de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."(1)

11. No obsta a lo anterior que, por una parte, el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución haya sido reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; y por otra parte que el artículo 197-A se refiera a la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque los preceptos vigentes siguen contemplando legitimación para denunciar las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito a las partes en los asuntos que los motivaron.

12. TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción «de tesis», son las siguientes:

13. I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien conoció del juicio de amparo directo 607/2019, del cual se advierten los antecedentes siguientes:

14. Juicio ordinario civil. Miguel Ángel Luna Severino demandó de Juan Carlos Torres Lara, Rocío Guadalupe Morales Espinosa y AXA Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable (en adelante AXA), las prestaciones siguientes:

a) El pago de $********** (**********), por concepto de indemnización compensatoria por muerte, pues las personas físicas incurrieron en responsabilidad civil objetiva, al ocasionar la muerte de su hijo con el uso de un vehículo automotor, en términos de lo dispuesto por el artículo 1,915 del Código Civil para la Ciudad de México (sic).

b) El pago de una indemnización por daño moral en términos del artículo 1,916 del código mencionado.

c) El pago de intereses moratorios a la tasa del **********% (**********) anual, calculado sobre las prestaciones mencionadas.

d) El pago de los gastos y costas que se generaran en el juicio.

e) La declaración judicial sobre la obligación a cargo de AXA de realizar el pago de la condena que se impusiera a su asegurado, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 145, 146 y 147 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Así como la obligación de pago de las prestaciones indemnizatorias previstas en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

15. Del asunto conoció el Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien, seguida la secuela procesal, dictó sentencia en la cual resolvió lo siguiente:

A. Fue procedente la vía intentada, en la que el actor acreditó los hechos en los que fundó sus pretensiones, en tanto que el codemandado Juan Carlos Torres Lara se constituyó en rebeldía y los otros dos codemandados si bien acreditaron parcialmente sus excepciones, cierto es que no lograron desvirtuar la procedencia de la acción intentada en su contra.

B. Declarar que el actor, por su propio derecho y en representación de su hijo, acreditó los elementos de la acción de responsabilidad civil objetiva, por lo que determinó que los demandados son civilmente responsables del daño causado al hijo del actor, consecuentemente están obligados a responder solidariamente del daño moral, por lo que condenó:

• A las personas físicas a pagar la cantidad de $********** (**********); y a la codemandada AXA a pagar al actor la cantidad de $********** (**********); ambas condenas por concepto de indemnización compensatoria por muerte al incurrir en responsabilidad civil objetiva; y

• A todos los codemandados al pago de la cantidad de $********** (**********) por concepto de indemnización resarcitoria por daño moral.

C. Condenar a los demandados a pagar solidariamente al actor los intereses generados por los montos condenados, a razón de una tasa anual del **********% (**********).

D. No condenó al pago de costas.

16. Recurso de apelación. En desacuerdo con la resolución relatada, tanto el actor Miguel Ángel Luna Severino, como dos de los codemandados Rocío Guadalupe Morales Espinosa y AXA, interpusieron recurso de apelación. De éstos conoció la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien los resolvió el quince de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de modificar la sentencia recurrida, sin hacer condena en costas.

17. Juicio de amparo directo. Inconforme con la determinación anterior, el actor Miguel Ángel Luna Severino promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el número 607/2019, quien dictó sentencia el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el sentido de conceder el amparo al quejoso.

18. Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:

En el apartado denominado "Indemnización por mora", se analizó el planteamiento del quejoso referente a que en el acto reclamado se debió condenar a la indemnización por mora, ello, conforme al artículo 135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, específicamente en la fracción VI, en la cual se establece que una vez fijado el monto de la obligación principal a cargo de la compañía de seguros, las prestaciones indemnizatorias deberán ser cubiertas por la institución de seguros demandada.

Asimismo, el quejoso resaltó que en términos de la fracción VII del mismo precepto, tal indemnización debería declararla el Juez, aunque no se hubiera reclamado en la demanda de origen.

El Tribunal Colegiado declaró fundado el concepto relatado con base en las consideraciones siguientes.

Como punto de partida, señaló que la legislación aplicable al caso es la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, consecuentemente lo relativo a la indemnización por mora se regía por el artículo 276 de la legislación en cita, pero mencionó que tal precepto, en su parte substancial, es igual al artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que cita la parte quejosa.

Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó que del precepto en mención se advierte que si la Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro deberá pagar al acreedor una indemnización por mora aun en el caso de que no se hubiere reclamado tal prestación.

Por tanto, el Juez está obligado a condenar a la aseguradora que incumpla con las obligaciones que asumió en el contrato de seguro, al pago de una indemnización por mora, la cual debe cuantificarse en términos de lo previsto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, condena que se debe decretar aun cuando el actor no reclame dicha indemnización.

Hecho lo anterior, procedió al análisis del caso concreto, en lo atinente al contrato de seguro identificado con el número **********, expedido por Axa.

Señaló que en el acto reclamado se resolvió condenar a la parte demandada por haberse actualizado el siniestro que amparaba la póliza mencionada, por lo que, era evidente que se actualizó la hipótesis que prevé el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en consecuencia, se debió condenar al pago de la indemnización por mora que prevé dicho precepto.

A fin de apoyar su decisión, citó la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito «PC.I.C. J/29 C (10a.)», de rubro siguiente: "INDEMNIZACIÓN POR MORA EN LOS CONTRATOS DE SEGURO EN GENERAL. SU INTERPRETACIÓN LEGAL."

19. II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, quien conoció del juicio de amparo directo 823/2018, del cual se advierten los antecedentes siguientes:

20. Juicio ordinario mercantil. José Luis Iturbe Robles, en ejercicio de la acción de cumplimiento forzoso de contrato, demandó de Seguros Inbursa, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Inbursa, entre otras prestaciones, el pago de $********** (**********), derivado de la cobertura de "Muerte accidental y pérdida de miembros (DIPM)" de una póliza de seguros, en la cual figuraba como beneficiario de su hijo.

21. Del asunto conoció el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón. Dentro del juicio, se dictó una primera sentencia; sin embargo, fue impugnada mediante recurso de apelación, la cual fue revocada por el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, quien además ordenó la reposición del procedimiento. Ello, al no advertirse de las constancias enviadas, que el secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, contaba con facultades amplias de decisión jurisdiccional, por el contrario, únicamente fue autorizado con motivo de las vacaciones del titular, en consecuencia, el Juez de primera instancia debía emitir un nuevo fallo con plenitud de jurisdicción.

22. Una vez cumplido lo anterior, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, dictó sentencia en la cual determinó lo siguiente:

A. Fue procedente la vía intentada, en la que el actor acreditó la procedencia de su acción, en tanto que la demandada no acreditó sus excepciones y defensas.

B. Condenó a la demandada al cumplimiento del contrato de seguro, lo cual implicaba el pago de $**********(**********).

C. Condenó a la demandada al pago de la indemnización por mora, conforme al artículo 276, fracción 1 (sic), párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

D. No condenó al pago de costas.

23. Recurso de apelación. En desacuerdo con la resolución relatada, la demandada interpuso recurso de apelación. Del asunto conoció el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, quien lo resolvió el doce de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, y condenar al pago de costas en ambas instancias.

24. Juicio de amparo directo. En contra de tal sentencia, la demandada promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, bajo el número 823/2018, quien dictó sentencia el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido de negar el amparo al quejoso.

25. Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:

El tema que nos interesa se trató al analizar el concepto de violación "4", el cual se declaró infundado.

Para sostener lo anterior, el Tribunal Colegiado señaló que el artículo invocado en el acto reclamado a fin de considerar correcta la decisión de origen, respecto al pago de indemnización por mora, fue el 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, mismo que transcribió.

A partir de la transcripción del precepto, consideró que dicho numeral prevé la forma en que se debe compensar a los asegurados cuando las aseguradoras incumplan con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, al hacerse exigibles, lo cual habrá de llevarse a cabo a través de una indemnización por mora a favor del beneficiario, de conformidad con las bases previstas en las fracciones del propio precepto.

De suerte tal que, para la solución del asunto, estimó relevante lo dispuesto en las fracciones VI y VII, en las que expresamente se prevé que son irrenunciables los derechos relacionados con las prestaciones indemnizatorias previstas en ese artículo, y que, con independencia de que las partes lo invoquen o no, al resultar procedente la prestación principal, el juzgador debe condenar de oficio al pago de esa indemnización.

En ese sentido, consideró que si el artículo prevé que son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones de indemnización e intereses moratorios ahí establecidas; entonces, cualquier pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Lo cual implica que el derecho a su cobro surgirá por el solo transcurso del plazo establecido por la ley para la exigibilidad de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento.

Asimismo, resaltó que si el precepto establece que aun cuando no se hubiera demandado el pago de la indemnización por mora establecida en dicho precepto, el Juez que conozca del asunto, además de la obligación principal, debe condenar al deudor a que también la cubra (indemnización por mora); en consecuencia, el Tribunal Colegiado consideró que la indemnización por mora no constituye una prestación autónoma, sino que es una consecuencia legal (sanción) del incumplimiento de la aseguradora de pagar la suma amparada por la póliza de seguro, por lo que consideró que es una obligación accesoria.

Por tanto, el Tribunal Colegiado decidió que con independencia de si la parte actora señaló o no las circunstancias de modo, tiempo y lugar "para la indemnización por mora"; lo cierto era que resultaba procedente la condena a su pago, al haber procedido la prestación principal reclamada, ya que como lo prevé el citado artículo 276, este tipo de indemnizaciones surgen por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la aseguradora, sin que admitan ningún tipo de renuncia ni modificación que las anule e incluso se demande o no su pago.

26. III. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, quien conoció del juicio de amparo directo 608/2019, del cual se advierten los antecedentes siguientes:

27. Juicio oral mercantil. Esmeralda Zárate Meza demandó de Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil, el cumplimiento de un contrato de seguro, y como consecuencia de lo anterior, el pago de una indemnización por muerte por la cantidad de $********** (**********), más los intereses que se generaran.

28. Del asunto conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, quien, seguida la secuela procesal, dictó sentencia en la cual resolvió lo siguiente:

A. Fue procedente la vía intentada, en la que el actor acreditó la procedencia de su acción, en tanto que la demandada no acreditó sus excepciones y defensas.

B. Declaró el cumplimiento forzoso del contrato de seguro.

C. Condenó a la demandada al pago del **********% (**********) de la cobertura por la cantidad de $********** (**********).

D. Condenó a la demanda al pago de la indemnización por mora.

E. Condenó al pago de los intereses moratorios desde la fecha en que debió cumplirse la obligación.

29. Juicio de amparo directo. En contra de tal sentencia, la demandada promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, bajo el número 608/2019, quien dictó sentencia el catorce de octubre de dos mil veinte, en el sentido de conceder el amparo al quejoso.

30. Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:

El órgano de amparo emprendió su estudio sintetizando los argumentos de la quejosa, consistentes fundamentalmente en que el Juez responsable condenó al pago de una prestación que no se reclamó en la demanda, a saber: el pago a una indemnización por mora.

Tal argumento resultó fundado.

Lo anterior, en virtud de que del escrito de demanda no advertía que dentro de las prestaciones reclamadas por la actora se encontrara la prestación consistente en la indemnización por mora a la que se le condenó a la parte quejosa en el resolutivo quinto de la sentencia reclamada, pues sólo reclamó el cumplimiento del contrato de seguro y como consecuencia de ello, el pago de la indemnización por fallecimiento, así como los intereses generados y que se sigan generando a partir de la fecha en que la aseguradora tuvo que haber realizado el pago a favor de la actora.

Consecuentemente, el Tribunal Colegiado estimó que, si no se reclamó indemnización por mora, el argumento resultaba fundado, pues le fue evidente que el Juez responsable alteró la litis que se le planteó y condenó a la quejosa al pago de una prestación no reclamada por la actora en el juicio natural, lo que –consideró– implica que, en este aspecto, la sentencia sea incongruente.

Aunado a ello, el Tribunal Colegiado consideró que el acto reclamado careció de congruencia interna, pues en los considerandos se omitió realizar el estudio de la prestación consistente en la indemnización por mora, sin embargo, en el quinto resolutivo se condenó a la demandada quejosa al pago de dicha prestación, lo que evidenció la incongruencia interna.

31. IV. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, quien conoció del juicio de amparo directo 7/2020, del cual se advierten los antecedentes siguientes:

32. Juicio oral mercantil. Idaly Cortés Olivas demandó de Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable, las prestaciones siguientes:

a) El cumplimiento de un seguro de gastos médicos mayores en la cual es asegurada.

b) El pago de $********** (**********), por concepto de los gastos médicos erogados por la atención médica recibida por la asegurada.

c) El pago de dos créditos bancarios que ascienden a la cantidad de $********** (**********), a nombre de sus abuelos, además de los intereses correspondientes.

d) El pago de los gastos y costas que se generaran en el juicio.

33. Del asunto conoció el Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, quien, seguida la secuela procesal, dictó sentencia en la cual resolvió lo siguiente:

A. Fue procedente la vía intentada, en la que la actora acreditó parcialmente su acción, en tanto que la demandada acreditó parcialmente sus excepciones.

B. Condenó a la demandada a cumplir lo establecido en la póliza de seguro de gastos médicos, para lo cual debía pagar $********** (**********), vía reembolso por conceptos de gastos médicos mayores. En el entendido de que la actora debería cubrir el monto que, de conformidad con la póliza de seguro, corresponda al deducible y al coaseguro.

C. Absolvió del pago a la prestación marcada en el paréntesis c.

D. Condenó al pago de la indemnización por mora, regulada por el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas.

E. No condenar al pago (sic) costas.

34. Juicio de amparo directo. En contra de dicho fallo, la demandada promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, bajo el número 7/2020, quien dictó sentencia el trece de marzo de dos mil veinte, en el sentido de conceder el amparo al quejoso.

35. Dicha determinación la sustentó, en los razonamientos siguientes:

Estimó fundado el cuarto concepto de violación, en el cual la quejosa reclamó que el Juez responsable vulneró el principio de congruencia, porque le condenó al pago de una indemnización por mora y actualización de la suerte principal, siendo que tal prestación no fue reclamada por la actora.

Para sostener lo anterior, esbozó el alcance del principio de congruencia previsto en el artículo 1077 del Código de Comercio.

Posteriormente, señaló que la actora no reclamó la prestación consistente en la indemnización por mora y actualización respecto de la suerte principal. A partir de lo anterior, explicó que aun cuando la indemnización por mora no fue reclamada por la actora, el Juez natural condenó a la satisfacción de tal prestación, lo que consideró una violación al principio de congruencia externa que debe observarse en el dictado de la sentencia, puesto que la responsable introdujo una prestación que no fue reclamada por la actora.

36. CUARTO.—Estudio de la existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, a fin de estar en aptitud de determinar la existencia de una contradicción de tesis, es necesario analizar si los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo con base en argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión; asimismo, deberá existir una discrepancia entre dichos ejercicios interpretativos, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central; y, por último, dicha discrepancia deberá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

37. Así lo determinó la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(2)

38. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis es existente independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

39. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

40. En efecto, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación.

41. En otras palabras, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(3)

A. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

C. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

42. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, por una parte, la presente contradicción de tesis resulta inexistente respecto de algunas ejecutorias contendientes, al no cumplirse los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis; mientras que, por otra, en lo atinente al resto, sí se satisfacen tales exigencias para su configuración, lo cual se explicará a continuación:

43. La denuncia de la contradicción de criterios se denunció por lo que hace al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Séptimo Circuito.

44. Sin embargo, no se cumplen los requisitos para que se actualice la existencia de la contradicción de tesis por lo que hace al criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, pues si bien dicho órgano colegiado ejerció su arbitrio judicial, llegando a conclusiones superficialmente disímiles, lo cierto es que ello atendió a que partió de situaciones fácticas distintas, de ahí que no pueda considerarse que resolvieron un mismo problema en relación a si procede la condena de indemnización por mora a cargo de una institución de seguros ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, aunque tal indemnización no se reclamara como prestación en la demanda de origen, ello, en términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

45. A fin de demostrar lo anterior, debe recordarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consideró que el Juez está obligado a condenar a la aseguradora que incumpla con las obligaciones que asumió en el contrato de seguro, al pago de una indemnización por mora, aun en el caso de que el actor no reclame dicha indemnización, en términos de lo dispuesto por el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

46. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, pues señaló que el precepto en comento prevé que son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones de indemnización e intereses moratorios establecidas; lo cual implica que el derecho a su cobro surgirá por el solo transcurso del plazo establecido por la ley para la exigibilidad de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento. Asimismo, resaltó que, si el precepto establece que aun cuando no se hubiera demandado el pago de la indemnización por mora establecida en dicho precepto, el Juez que conozca del asunto, además de la obligación principal, debe condenar al deudor a que también cubra la indemnización.

47. En contraposición a los criterios resaltados en los párrafos anteriores, se encuentra el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el cual analizó una demanda de amparo en la que la aseguradora combatió que el Juez responsable condenara al pago de una indemnización por mora, siendo que tal prestación no fue reclamada en la demanda. Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó que la decisión del Juez responsable fue incorrecta, pues en la demanda de origen no se reclamó tal prestación, por lo que el Juez responsable alteró la litis planteada por la actora, condenando a una prestación no reclamada, lo que implicó que el acto reclamado adoleciera de congruencia.

48. Dicha postura es acorde a la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, quien conoció de un juicio de amparo en el cual la aseguradora se quejó de la condena al pago de una indemnización por mora, siendo que tal prestación no fue reclamada en la demanda. En esa ocasión, dicho órgano colegiado determinó que el acto reclamado careció de co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30128-641433b0/indemnizacion-por-mora-en-contratos-de-seguro-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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