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Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN POR MORA EN LOS CONTRATOS DE SEGURO EN GENERAL. SU INTERPRETACIÓN LEGAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26639
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-09-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Pág. 1555.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI. SECRETARIO: MARTÍN SÁNCHEZ Y ROMERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como noveno transitorio del Acuerdo General 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre tres Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse formulado por un Magistrado de un Tribunal Colegiado de este circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el tribunal que integra emitió uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia.

Determinar cuál es el momento en que se hace exigible EL CRÉDITO RESULTANTE DEL CONTRATO DE SEGURO, Y A PARTIR DE ENTONCES SURGE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS A CARGO DE LA ASEGURADORA.

La cuestión fundamental de la contradicción de tesis, radica en responder en qué momento se hacen legalmente exigibles las obligaciones asumidas en el contrato de seguro; y, ante su falta de cumplimiento, la generación de la mora.

El Décimo Cuarto Tribunal y el Tercer Tribunal se apoyaron en los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros -abrogada-, por considerar que la obligación al pago de intereses moratorios se genera a partir de los TREINTA DÍAS SIGUIENTES al de la fecha en que la quejosa recibió los documentos e información que le permitían conocer el fundamento de la reclamación, Y NO DESDE QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL SINIESTRO.

Además esos contendientes, consideraron que aun cuando en tales preceptos (71 y 135 Bis) no se precisa a partir de qué momento resulta exigible la obligación de pago, se debe entender (interpretar) que ello procede en el referido término de treinta días, o antes, cuando se da respuesta al reclamo.

El Cuarto Tribunal razonó que sí fue correcta la aplicación del artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros -abrogada-, para determinar el monto de los intereses moratorios, pues en las fracciones I y II alude a ellos. Además, porque su fijación fue expresada en el proceso legislativo de su creación.

Empero, que es una cuestión distintas si podía o no considerarse legalmente exigible la obligación de pago de RESPONSABILIDAD CIVIL prevista en el seguro obligatorio.

Ello porque, dijo, surge ese deber en el momento en que concurren: la eventualidad prevista en el contrato y el conocimiento de la aseguradora de la existencia de dicho evento. Lo cual se colige de la interpretación literal y sistemática de los artículos 1o., 147, primer párrafo, y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. De los cuales se desprende que la aseguradora está obligada al pago cuando se verifica la eventualidad que, en el seguro contra la responsabilidad civil, es el siniestro generador del daño, en la inteligencia que la aseguradora debe recibir el aviso correspondiente, en cuanto se exija la indemnización al asegurado.

CUARTO.-Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados de Circuito:

I. El Décimo Cuarto Tribunal conoció del amparo directo DC. 104/2014, promovido por **********, en el que reclamó la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil trece, dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca **********, relativa al juicio ordinario civil promovido por **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********, en contra de la quejosa; en la cual modificó únicamente los resolutivos tercero y cuarto de la sentencia de catorce de junio de dos mil trece, dictada por el Juez Décimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, quien condenó solidariamente a los demandados a la reparación del daño causado por la muerte del señor **********, al pago de gastos funerarios, conjuntamente con sus intereses legales, a la indemnización por daño moral y al pago que corresponde a la suma asegurada que amparó la póliza de seguro.

Criterio del Décimo Cuarto Tribunal.

Las consideraciones que sustentaron su criterio son:

"Sexto. Análisis de conceptos de violación.-De la omisión de cuantificar la condena al daño moral. ...

"De la condena al pago de indemnización por mora.-La parte quejosa aduce que el acto reclamado es violatorio de sus derechos, porque la autoridad responsable lo condenó a pagar una indemnización por mora contada a partir del momento en que tuvo conocimiento del siniestro; determinación que considera ilegal, ya que (sic) de acuerdo a los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, con relación al 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, una vez transcurridos los treinta días con que cuenta la empresa aseguradora para analizar la procedencia de la reclamación que se le hizo, o bien, en un segundo supuesto, a partir del momento en que se da respuesta al reclamo, si éste se realiza antes de que transcurran los treinta días.-Este concepto de violación resulta fundado, ya que tal como lo aduce la parte quejosa, fue incorrecto que la Juez responsable determinara que la condena al pago de la indemnización por mora se debería computar desde el momento en que tuvo conocimiento del siniestro, pasando por alto lo dispuesto en los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros vigente en la época en la que se promovió el juicio natural (dieciséis de agosto de dos mil doce).-En efecto, los artículos citados dicen: (se transcriben).-De los preceptos transcritos, se desprenden las premisas siguientes: a) Si la empresa asegurada no cumple sus obligaciones asumidas en el contrato de seguro, deberá pagar intereses moratorios, los cuales se generarán a partir de que se haga exigible la obligación que se reclama.-b) Que una vez recibida una reclamación por parte de la empresa aseguradora (sic), ésta contará con un plazo de treinta días para conocer el fundamento de la reclamación y determinar, en su caso, si ésta resulta o no procedente.-Ahora, si bien en tales preceptos no se precisa a partir de qué momento resulta exigible la obligación de pago, se debe entender que ello procede una vez transcurridos los treinta días que la empresa aseguradora tiene para analizar la procedencia de la reclamación, o bien, a partir del momento en que se da respuesta al reclamo, si éste se realiza antes de que transcurran los treinta días; ambos con independencia de lo resuelto.-Ello pues al momento en que la empresa aseguradora da contestación al escrito de reclamación o transcurren los treinta días, se entiende que ya tuvo pleno conocimiento del reclamo planteado y que transcurrió el tiempo necesario para analizar la procedencia o no del reclamo; por tanto, ésta ya le puede ser exigida, con independencia de que hubiera aceptado su obligación o no.-Máxime cuando la propia ley señala que la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse, sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio, resulta nula.-Lo que además guarda congruencia con lo establecido por el Código Civil Federal, en los artículos que a continuación se transcriben: (se transcriben los artículos 2104 y 2080 del código en cita).-De ahí que si la Ley sobre el Contrato de Seguro otorga a la aseguradora un plazo máximo de treinta días para analizar los fundamentos de la reclamación, será como máximo después de esos treinta días, el momento en que se considerará exigible su obligación de pago, es decir, el plazo legal de treinta días se tomará en cuenta en aquellos casos en los que la empresa aseguradora no dé contestación al reclamo que se le efectuó, como una sanción a su retardo, pero no así cuando se pronuncie sobre el mismo con antelación, pues si se pronunciare sobre el reclamo en un tiempo menor, sería exigible a partir de ese momento, al constituir esa resolución su manifestación expresa de que ya tuvo conocimiento total del reclamo que se le realizó y, por tanto, transcurrió el tiempo necesario para el cumplimiento de su obligación, la cual se pudo negar u obligar a cumplir.-En esa guisa, al obrar en las constancias de autos el escrito de fecha veintinueve de agosto de dos mil once, en que obra sello de recepción por la aseguradora quejosa de treinta de agosto siguiente, a través del cual se realizó el aviso del siniestro. Documento que lejos de ser objetado por la hoy quejosa, fue reconocido por su apoderado legal, en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, al dar respuesta a la posición número 11 del tenor literal siguiente:

Ver la posición número 11

"Entonces, es inconcuso que la autoridad responsable debió establecer que sería a partir de los treinta días siguientes al de la fecha en que la quejosa recibió los documentos e información que le permitían conocer el fundamento de la reclamación -treinta de agosto de dos mil once- en que se empezaron a generar los intereses legales en la forma y términos previstos en el artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y no desde que tuvo conocimiento del siniestro.-Se señala que deberá ser a partir de los treinta días posteriores a la entrega de documentos, al no obrar constancia de que se hubiera dado respuesta a dicho reclamo, tan es así que la propia actora señaló en su escrito de demanda que la aseguradora quejosa no dio respuesta a su reclamo.-Por las razones expuestas es que este tribunal comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito expuesto en la tesis I.3o.C.37 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, página 2803, con número de registro electrónico: 2002058, de rubro y texto siguientes: ‘SEGUROS. INDEMNIZACIÓN POR MORA.’ (se transcribe).-Y por la mismas razones es que este tribunal no comparte el criterio en que se apoyó la autoridad responsable en su conclusión, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada I.4o.C.10 C (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, página 1969, con número de registro electrónico: 2001751, de rubro y texto siguientes: ‘RESPONSABILIDAD CIVIL. MOMENTO EN QUE SURGE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y SE GENERAN INTERESES MORATORIOS A CARGO DE LA ASEGURADORA.’ (se transcribe).-En tal virtud, ante tal contradicción de criterios sobre la misma materia, de conformidad con los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 47 Bis y 47 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal considera procedente hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, a efecto de que el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito fije el criterio que debe prevalecer.-Séptimo. Precisión de efectos y cumplimiento de la ejecutoria de amparo.-Dada la conclusión alcanzada, la autoridad responsable, para restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías evidenciada, queda obligada a lo siguiente: a) Dejar insubsistente el fallo judicial declarado inconstitucional.-b) Dictar otro fallo en el que, reiteradas que sean las consideraciones que no forman parte de la concesión de amparo: • Cuantifique la condena relativa a la indemnización por daño moral, en términos de lo expuesto en esta ejecutoria; y precise que será a partir de los treinta días siguientes al de la fecha en que la quejosa recibió los documentos e información que le permitió conocer el fundamento de la reclamación -treinta de agosto de dos mil once- en que se empezaron a generar los intereses legales en la forma y términos previstos en los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros vigente en la época en la que se promovió el juicio natural (dieciséis de agosto de dos mil doce), y no desde que se dio aviso del siniestro."

II. El tercer tribunal conoció de los amparos directos DC. 337/2012 y 275/2012.

El primero fue promovido por **********, en el que reclamó la sentencia de treinta de marzo de dos mil doce, dictada por el Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil del Distrito Federal, en los autos del juicio ordinario mercantil **********, promovido por **********, en contra de la quejosa; en la que se declaró el cumplimiento del contrato de seguro, condenó al pago de la obligación principal y del valor comercial al momento de la realización del siniestro, de la moratoria, y la absolvió de la devolución de las cantidades que fueron pagadas por concepto de seguro realizadas con posterioridad a la fecha del acontecimiento del siniestro y hasta la conclusión del contrato base de la acción y no condenó en costas.

Criterio del Tercer Tribunal. El mismo que sostuvo el Décimo Cuarto Tribunal, acabado de transcribir.

Las consideraciones que sustentaron el criterio son:

"Sexto. análisis de conceptos de violación. A continuación se entrará al estudio del único concepto de violación hecho valer a fin de determinar si el acto reclamado es o no violatorio de los derechos de la parte quejosa.-• Indemnización por mora. La parte quejosa aduce que el acto reclamado es violatorio de sus derechos, porque la autoridad responsable lo condenó a pagar una indemnización por mora contada a partir del momento en que se hizo sabedora del acaecimiento del siniestro.-Determinación que considera ilegal, ‘ya que’ de acuerdo a los artículos (sic) 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro con relación al 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la obligación se hacía exigible hasta treinta días después de la fecha en que se recibieron los documentos e informaciones que permitieran conocer el fundamento de la reclamación y no a partir ‘de la ocurrencia’ o de la sola notificación de la ocurrencia del siniestro, como lo manifestó la responsable.-De ahí que, concluye, se le debió condenar al pago de la indemnización por mora, no desde que tuvo conocimiento del siniestro sino hasta treinta días después de la entrega de los documentos fundatorios de la reclamación -doce de agosto de dos mil nueve-, por así establecerlo la ley.-Este concepto de violación resulta fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, ya que tal como lo aduce la parte quejosa, fue incorrecto que el Juez responsable determinara que la condena al pago de la indemnización por mora se debería computar desde el momento en que la quejosa se hizo sabedora del siniestro, pasando por alto lo dispuesto en los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.-En efecto, los artículos citados dicen: (se transcriben).-De los preceptos transcritos, se desprenden las premisas siguientes: a) Si la empresa asegurada no cumple sus obligaciones asumidas en el contrato de seguro, deberá pagar intereses moratorios, los cuales se generarán a partir de que se haga exigible la obligación que se le reclama.-b) Que una vez recibida una reclamación por parte de la empresa aseguradora, ésta contará con un plazo de treinta días para conocer el fundamento de la reclamación y determinar, en su caso, si ésta resulta o no procedente.-Ahora, si bien, en tales preceptos no se precisa a partir de qué momento resulta exigible la obligación de pago, se debe entender que ésta será exigible una vez transcurridos los treinta días que la empresa aseguradora tiene para analizar la procedencia de la reclamación que se le hizo; o bien, a partir del momento en que se da respuesta al reclamo, si éste se realiza antes de que transcurran los treinta días; ambos con independencia de lo resuelto.-Ello pues al momento en que la empresa aseguradora da contestación al escrito de reclamación, o transcurren los treinta días, se entiende que ya tuvo pleno conocimiento del reclamó planteado y que transcurrió el tiempo necesario para analizar la procedencia o no del reclamo; por tanto, ésta ya le puede ser exigida, con independencia de que hubiera aceptado su obligación o no.-Máxime cuando la propia ley señala que la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio, resulta nula.-Lo que además guarda congruencia con lo establecido por el Código Civil Federal, en los artículos que a continuación se transcriben: (se transcriben los artículos 2104 y 2080 del citado código).-De ahí que si la Ley sobre el Contrato de Seguro, otorga a la aseguradora un plazo máximo de treinta días para analizar los fundamentos de la reclamación de uno de sus asegurados, será como máximo después de esos treinta días, el momento en que se considerará exigible su obligación de pago.-Es decir, el plazo legal de treinta días, se tomará en cuenta en aquellos casos en los que la empresa aseguradora no dé contestación al reclamo que se le efectuó, como una sanción a su retardo; pero no así cuando se pronuncie sobre el mismo con antelación.-Ello pues si se pronunciare sobre el reclamo en un tiempo menor, sería exigible, a partir de ese momento, al constituir esa resolución su manifestación expresa, de que ya tuvo conocimiento total del reclamo que se le realizó; y, por tanto, transcurrió el tiempo necesario para el cumplimiento de su obligación, la cual se pudo negar u obligar a cumplir.-En esa guisa, al advertirse de las constancias de autos, que en juicio quedó demostrado (por así haberlo reconocido ambas partes) que el aviso del siniestro a la parte quejosa se realizó el veintisiete de julio de dos mil nueve, pero fue hasta el doce de agosto siguiente que la parte actora le hizo entrega de los documentos fundatorios de su reclamo.-Entonces, es inconcuso que la autoridad responsable debió establecer que sería a partir de los treinta días siguientes al de la fecha en que la quejosa recibió los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación -doce de agosto de dos mil nueve- en que se empezaron a generar los intereses legales en la forma y términos previstos en el artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; no así desde que la empresa aseguradora tuvo conocimiento del siniestro.-Ahora, se señala que deberá será (sic) a partir de los treinta días posteriores a la entrega de documentos, al advertirse de autos que la respuesta al reclamo (imposibilidad de dar trámite al mismo) se emitió hasta el veintinueve de octubre de ese mismo año (por así haberlo confesado la parte quejosa al dar contestación a la reclamación formulada por el actor ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros) esto es, mucho después del plazo concedido por la ley.-En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época, página 1703, con número de registro IUS: 181169, de rubro y texto siguientes: ‘CONTRATO DE SEGURO. EL PLAZO PARA COMUNICAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR OMISIONES O INEXACTAS DECLARACIONES SE COMPUTA A PARTIR DE QUE FENECE EL DE TREINTA DÍAS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN O A PARTIR DEL DÍA EN QUE DENTRO DE ESTE LAPSO LA ASEGURADORA HAYA TENIDO CONOCIMIENTO SOBRE ELLAS.’ (se transcribe).-Así, ante lo fundado del concepto de violación analizado, procede conceder el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que la Sala responsable: 1. Deje insubsistente el acto reclamado. 2. Emita una nueva resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de análisis en esta instancia constitucional; y atento a lo expuesto, determine que será a partir de los treinta días siguientes al doce de agosto de dos mil nueve (esto es, once de septiembre de dos mil nueve) que se deberá computar la generación de los intereses moratorios a cuyo pago se condenó a la empresa aseguradora."

El propio Tercer Tribunal resolvió el diverso amparo directo DC. 275/2012 promovido por **********, en el que reclamó la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil doce, dictada por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y su ejecución, en el toca **********, relativa al juicio ordinario mercantil **********, promovido por **********, por su propio derecho, en contra de la quejosa; en la cual revocó la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil once, dictada por el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, condenó al pago de la suerte principal, al pago de los intereses legales y no condenó en costas.

Criterio del Tercer Tribunal. El mismo que sostuvo el Décimo Cuarto Tribunal, previamente transcrito.

Las consideraciones que sustentaron el último criterio son:

"• Plazo intereses legales.-Por último, aduce, que la Sala responsable fue omisa en precisar a partir de cuándo se debían contabilizar los intereses legales a cuyo pago fue condenada.-Punto de litis que resultaba importante puntualizar, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se debió determinar que los intereses se comenzaron a generar treinta días después de que el asegurado presentó su reclamación (veintinueve de abril de dos mil diez), es decir, desde el día veintinueve de mayo de dos mil diez.-Citó en apoyo la tesis formulada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIX, página 4716, con registro IUS: 350483, de rubro: ‘SEGUROS, MORA DE LAS COMPAÑÍAS DE, PARA EL EFECTO DE SU CONDENACIÓN AL PAGO DE RÉDITOS LEGALES.’.-Y la tesis enunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomos 91-96, Sexta Parte, página 198, con registro IUS: 253558, con el siguiente título: ‘SEGURO, MOMENTO EN QUE SON EXIGIBLES LOS CRÉDITOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE.’.-Este concepto de violación resulta parcialmente fundado pero suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.-En efecto, resulta FUNDADO lo señalado en cuanto a que la Sala responsable al emitir su resolución fue omisa en precisar a partir de cuándo se empezaron a generar lo intereses legales a que fue condenado, limitándose a establecer que dicha condena se realizaría en términos de lo dispuesto del artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.-Determinación que tal como lo aduce la quejosa, resultaba importante que se definiera en la sentencia misma, por seguridad jurídica. Razón suficiente por la cual deberá concederse el amparo solicitado.-Sin embargo, califica como PARCIALMENTE FUNDADO este motivo de disenso, porque resulta incorrecto lo señalado por la amparista respecto a que la Sala debió determinar que los intereses se comenzaron a generar treinta días después de que el asegurado presentó su reclamación (veintinueve de abril de dos mil diez), es decir, desde el día veintinueve de mayo de dos mil diez.-Se afirma lo anterior, al advertirse de las constancias de autos que aun cuando la ley le otorga un plazo máximo de treinta días a la empresa aseguradora (quejosa) para pronunciarse sobre las reclamaciones que le fueren planteadas, en el caso en concreto, la empresa aseguradora dio contestación a la reclamación del asegurado nueve días después de la presentación de su escrito, por lo que el reclamo se hizo exigible a partir del día siguiente a la fecha en la que contestó.-Para demostrar la afirmación planteada, cabe analizar lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 135 (sic) de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que dicen: (se transcriben).-De los preceptos transcritos se desprenden las premisas siguientes: a) Si la empresa asegurada no cumple sus obligaciones asumidas en el contrato de seguro, deberá pagar intereses moratorios, los cuales se generarán a partir de que se haga exigible la obligación que se le reclama.-b) Que una vez recibida una reclamación por parte de la empresa aseguradora, ésta contará con un plazo de treinta días para conocer el fundamento de la reclamación y determinar, en su caso, si ésta resulta o no procedente.-Ahora, si bien, en tales preceptos no se precisa a partir de qué momento resulta exigible la obligación de pago, se debe entender como un primer supuesto, que ésta será exigible una vez transcurridos los treinta días que la empresa aseguradora tiene para analizar la procedencia de la reclamación que se le hizo; o bien, en un segundo supuesto, a partir del momento en que se da respuesta al reclamo, si éste se realiza antes de que transcurran los treinta días; ambos con independencia de lo resuelto.-Primer supuesto de interpretación que ha sostenido este tribunal en la tesis I.3o.C.461 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época, página 1703, con número de registro IUS: 181169, esto, en la parte en la que no fue superada por la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la primera de rubro y texto siguientes: ‘CONTRATO DE SEGURO. EL PLAZO PARA COMUNICAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR OMISIONES O INEXACTAS DECLARACIONES SE COMPUTA A PARTIR DE QUE FENECE EL DE TREINTA DÍAS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN O A PARTIR DEL DÍA EN QUE DENTRO DE ESTE LAPSO LA ASEGURADORA HAYA TENIDO CONOCIMIENTO SOBRE ELLAS.’ (se transcribe).-Mientras que el segundo supuesto, se obtiene de una interpretación a contrario sensu, pues el plazo de los treinta establecido en la ley, fue el plazo que el juzgador consideró suficiente para que la empresa aseguradora tuviera la posibilidad de conocer el fundamento de la reclamación y pudiera, con base en ello, determinar lo que a su parecer resulte procedente.-Es por ello que, al momento en que la empresa aseguradora da contestación al escrito de reclamación, o transcurren los treinta días, se entiende que ya tuvo pleno conocimiento del reclamo planteado y que transcurrió el tiempo necesario para analizar la procedencia o no del reclamo; por tanto, que renunció al plazo de treinta días que la ley le concede.-De ahí que después de ese momento se vuelva exigible la obligación, con independencia de que hubiera declarado procedente o no el reclamo.-Esto en congruencia con lo establecido en la propia ley, relativo a que la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio, resulta nula.-Así como, en congruencia con lo establecido por el Código Civil Federal, en los artículos que a continuación se transcriben: (se transcriben los artículos 2104 y 2080 del citado artículo).-De ahí que si la Ley sobre el Contrato de Seguro, otorga a la aseguradora un plazo máximo de treinta días para analizar los fundamentos de la reclamación de uno de sus asegurados, será como máximo después de esos treinta días, el momento en que se considerará exigible su obligación de pago.-Es decir, el plazo legal de treinta días, se tomará en cuenta en aquellos casos en los que la empresa aseguradora no dé contestación al reclamo que se le efectuó, como una sanción a su retardo; pero no así cuando se pronuncie sobre el mismo con antelación.-Ello pues, si se pronunciare sobre el reclamo en un tiempo menor, será exigible a partir de ese momento, al constituir dicha resolución su manifestación expresa, de que ya tuvo conocimiento total del reclamo que se le realizó; y, por tanto, transcurrió el tiempo necesario para que diera cumplimiento a su obligación, la cual se pudo negar u obligar a cumplir.-De ahí que, se considere incorrecto lo señalado por la quejosa, en el sentido de que se debe conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable determine en su sentencia que los intereses legales a que se le condenó, se comenzaron a generar treinta días después de que el asegurado presentó su reclamación (veintinueve de abril de dos mil diez), es decir, desde el día veintinueve de mayo de dos mil diez.-Lo anterior, se reitera, al existir en las constancias de autos, que la reclamación a la parte quejosa se realizó el veintinueve de abril de dos mil diez y la respuesta al reclamo, se emitió el siete de mayo siguiente (esto es, nueve días después); de ahí que se deba considerar que los intereses a cuyo pago

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26639-2ec845a4/indemnizacion-por-mora-en-los-contratos-de-seguro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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