INDEMNIZACIÓN POR MORA. ES IMPROCEDENTE COMPUTARLA DESDE EL EMPLAZAMIENTO, CUANDO NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE UNA RECLAMACIÓN DEBIDAMENTE INTEGRADA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 69, 70 Y 71 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA PR.A.C.CS. J/3 C (12a.)].

Hechos: Con motivo del robo de un vehículo asegurado, el contratante acudió ante la aseguradora para iniciar el trámite de pago de la suma asegurada, misma que le requirió diversa documentación necesaria para continuar con el trámite. Posteriormente, la aseguradora informó que la reclamación quedaba detenida ante la falta de entrega de la información necesaria. Ante ello el asegurado promovió juicio oral mercantil donde exhibió los documentos necesarios con la demanda. En primera instancia, se condenó a la aseguradora al cumplimiento del contrato y otras prestaciones, además de condenarla al pago de indemnización por mora. Contra esa resolución, la aseguradora promovió amparo directo por el que se le concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable analizara la defensa relativa a la falta de integración previa de la reclamación.

En cumplimiento a dicha ejecutoria se dictó una nueva sentencia en la que se condenó al pago de la indemnización y se fijó el inicio de la mora a partir del vencimiento de los treinta días posteriores al emplazamiento, al considerar que en ese momento la aseguradora tuvo conocimiento de la documentación exhibida en juicio. Inconforme, la aseguradora interpuso nuevamente amparo directo.

Criterio jurídico: Es inaplicable la tesis jurisprudencial PR.A.C.CS. J/3 C (12a.) para el cómputo de la mora de la aseguradora desde el emplazamiento, cuando no se acredita la existencia de una reclamación debidamente integrada, pues la exigibilidad del crédito está supeditada a la previa recepción, en sede extrajudicial, de la documentación e información necesarias para conocer el fundamento de la reclamación.

Justificación: La jurisprudencia aludida establece que la mora puede computarse a partir del emplazamiento; sin embargo, dicho criterio derivó de supuestos de acción directa ejercida por víctimas en materia de responsabilidad civil objetiva, en los que se privilegia el acceso efectivo a la indemnización de terceros ajenos a la relación contractual, por lo que no resulta aplicable tratándose de contratos de seguro en los que la relación jurídica deriva de un vínculo contractual que impone cargas específicas a la persona asegurada, entre ellas, la de integrar la reclamación proporcionando la información necesaria en términos de los artículos 69, 70 y 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

En ese sentido, el artículo 71 citado establece que el crédito derivado del contrato de seguro vencerá treinta días después de que la aseguradora reciba la documentación e información necesarias para conocer el fundamento de la reclamación, de lo que se sigue que la exigibilidad de la obligación de pago depende de dicha recepción.

Por ello, la documentación exhibida en juicio no puede equipararse a la entregada en sede extrajudicial y, en consecuencia, si no se acredita el cumplimiento de esa carga, el crédito no es exigible ni puede configurarse la mora a partir del emplazamiento.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.