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Modo: Corpus Pro

INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE SEGURO. SUPUESTOS EN LOS QUE SE DEBE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4306/2020. · Registro digital (IUS): 33244
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-06
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.777.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4306/2020. 25 DE ENERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El presente asunto deriva de la celebración de un contrato de seguro de vida individual entre la señora ********* y *********, en el cual se pactó, como beneficio adicional, el denominado "infarto y cáncer en mujeres". Al momento de la contratación, la asegurada señala que no recibió las condiciones generales de la póliza de seguro.

Posteriormente, la señora ********* fue diagnosticada con cáncer cérvico uterino y, por esa razón, solicitó a la aseguradora el pago del seguro correspondiente. ********* respondió que la reclamación era improcedente porque en las condiciones generales de la póliza se especificó que la enfermedad diagnosticada estaba expresamente excluida de la cobertura.

La ahora recurrente promovió juicio oral mercantil en contra de ********* y********* reclamando, principalmente, el cumplimiento forzoso del contrato de seguro, así como una indemnización por responsabilidad civil, por daño moral y daños punitivos, derivados del incumplimiento de la aseguradora. La jueza de primera instancia emitió sentencia en la que condenó a ********* al pago de la suma asegurada y de los intereses moratorios, pero la absolvió del pago del daño moral y de los daños punitivos. Por otra parte, condenó a la señora ********* al pago de costas en favor de *********

En contra de esa resolución, la señora ********* promovió un juicio de amparo directo, el cual se resolvió en el sentido de únicamente absolverla de la condena del pago de costas. Inconforme, interpuso recurso de revisión.

Corresponde a esta Primera Sala conocer del referido recurso de revisión para determinar si a la luz de la obligación de juzgar con perspectiva de género y del derecho a la justa indemnización fue correcta la decisión del Tribunal Colegiado del conocimiento al no condenar a la aseguradora por daño moral y lo que se reclamó en relación con los posibles daños punitivos.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión *********, interpuesto en contra de la sentencia de once de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo *********, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa para el único efecto de declarar improcedente el pago de gastos y costas.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si a la luz de la obligación de juzgar con perspectiva de género y del derecho a la justa indemnización fue correcta la decisión del Tribunal Colegiado del conocimiento de considerar que la exhibición de la intimidad de una mujer, derivada del incumplimiento reiterado e infundado de una empresa aseguradora de garantizar el pago de la suma asegurada por una enfermedad grave a pesar de lo pactado, no actualiza un hecho ilícito civil ni la presunción de la existencia del daño moral. Asimismo, deberá resolverse si a la luz de los derechos de las personas consumidoras como usuarias de servicios financieros debe decretarse el pago de los daños punitivos cuando se acredite la mala fe de las empresas aseguradoras en el cumplimiento de los contratos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Contratación y reclamación de seguro de vida.(1) El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, la señora********* celebró un contrato de seguro de vida individual con *********, *********, ********* (en lo sucesivo *********), el cual se documentó bajo el número de póliza *********.(2) En ese contrato de seguro se pactó, como beneficio adicional, el denominado "infarto y cáncer en mujeres"(3) y se estableció que la suma básica asegurada sería de ********* (*********moneda nacional). Al momento de la contratación, la asegurada no recibió las condiciones generales de la póliza de seguro.

2. Posteriormente, la señora ********* hizo varios intentos para embarazarse y al no conseguirlo acudió a revisión médica. Después de diversos estudios, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho fue diagnosticada con "cáncer cérvico uterino"(4). Por esa razón, solicitó a la aseguradora el pago del seguro correspondiente.

3. Después de realizar numerosos trámites, ********* le informó que la reclamación era improcedente, porque en las condiciones generales de la póliza de seguro se especificó que la enfermedad diagnosticada estaba expresamente excluida de la cobertura.

4. Juicio oral mercantil por daño moral y daños punitivos (expediente *********). El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, la señora ********* promovió juicio oral mercantil en contra de ********* y de ********* *********, ********* (en lo sucesivo *********) a quienes reclamó:

a) El cumplimiento forzoso del contrato de seguro;

b) La indemnización por responsabilidad civil, así como por daño moral y daños punitivos, derivados del incumplimiento de la aseguradora.

5. La causa de pedir de la señora ********* se sustentó, por una parte, en la circunstancia de que la aseguradora no le entregó las condiciones generales del seguro donde supuestamente constaba que estaba excluido el padecimiento reclamado y que incluso, dichas condiciones generales ni siquiera estaban registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que la señora alegó que ********* no estaba en posibilidades de favorecerse de esa situación.

6. En relación con el daño moral y los daños punitivos, la señora ********* dijo que se vio obligada a promover un juicio para exigir la contraprestación pactada, a pesar de tener derecho a ella, lo que incrementó la angustia que ya de por sí sufría por el propio padecimiento del cáncer cérvico uterino. Además, señaló que esta situación la obligó a tener que exponer su intimidad ante una serie de personas desconocidas, como fueron los trabajadores de la aseguradora, quienes tuvieron acceso a todos sus estudios clínicos, así como el personal de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el personal del juzgado, quienes se enteraron de su padecimiento médico. Máxime que todas las pruebas giran en torno a un área íntima en la que se le detectó el cáncer, lo cual le genera mucha vergüenza.

7. Por estas razones, la asegurada ********* consideró que esta responsabilidad de ********* no derivó del padecimiento físico sino del incumplimiento del contrato y que el daño se incrementó al tener que exponer su vida íntima ante un cúmulo de personas desconocidas. Elementos que, en su opinión, actualizan la procedencia de las indemnizaciones reclamadas.

8. *********dio contestación a la demanda, negó los hechos, y opuso las excepciones que consideró pertinentes, entre ellas, la improcedencia de la acción, argumentando que la enfermedad con base en la cual la asegurada solicitó el pago de la indemnización, consistente en el cáncer cérvico uterino, estaba excluida expresamente de la cobertura del seguro.

9. Por su parte,********* alegó la falta de legitimación de la actora para entablar la demanda en su contra, dado que es una persona moral distinta de *********, cuyo giro comercial no lo constituye la venta de seguros.

10. El diez de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Primera Oral de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, a quien correspondió el conocimiento del asunto, emitió sentencia en contra de ********* por el incumplimiento del contrato de seguro, por lo que le condenó al pago de la suma asegurada y de los intereses moratorios correspondientes, pero la absolvió del pago del daño moral y de los daños punitivos. Asimismo, la jueza absolvió a la diversa demandada, *********, al considerar fundada la excepción de falta de legitimación pasiva. Y, finalmente, condenó a la señora ********* al pago de costas en favor de *********, y declaró la compensación de costas entre ********* y la actora.

11. Los principales argumentos que sustentaron la decisión de la jueza, en relación con los temas analizados en este recurso, son los siguientes:

• Es procedente la excepción de "falta de legitimación para demandar" en relación con *********, pues además de que la actora no explicó los motivos por los cuales demandó a dicha institución, de la póliza de seguro exhibida como base de la acción no se advierte que dicha institución bancaria guarde ninguna relación con las prestaciones reclamadas.

• Por otro lado, en relación con *********, la parte actora demostró la acción de cumplimiento forzoso de contrato de seguro, pues acreditó los tres elementos necesarios: 1) la existencia de la póliza de seguro de vida individual; 2) la actualización de la cobertura "Infarto y Cáncer en Mujeres", amparada por la póliza durante su vigencia; y, 3) el incumplimiento por parte de la aseguradora de la demandada de sus obligaciones derivadas del referido contrato.

• Es infundada la excepción hecha valer por ********* en el sentido de que no se encontraba obligada al pago de la indemnización reclamada, toda vez que el cáncer que se le diagnosticó a la asegurada estaba excluido de cobertura en las condiciones generales. Lo anterior en virtud de que la demandada se encontraba obligada a exhibir las condiciones aplicables al contrato de seguro base de la acción a fin de demostrar la exclusión que invocó y, al no hacerlo así, su argumento deviene infundado.

• De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1916 del Código Civil Federal, para la procedencia del daño moral reclamado por la parte actora, era necesario que esta demostrara que, derivado de las circunstancias referidas, sufrió alguna lesión en sus valores espirituales como el honor, sus sentimientos o afectos, creencias, decoro, reputación y vida privada o bien la consideración que de sí misma tienen los demás o, en su defecto, si se vulneró o menoscabó ilegítimamente su libertad o su integridad física o psíquica. Sin embargo, de las pruebas desahogadas no se desprende ningún elemento que permita tener por acreditado este daño.

• Por ende, al no haber quedado acreditada la existencia de algún daño moral en la salud física y mental de la asegurada, al exponer su vida íntima, en los términos que lo precisó, no procede tampoco decretar condena por los daños punitivos.

• Si bien la aseguradora se negó a pagar la suma asegurada, previo a la presentación de la demanda, lo cierto es que esto no se traduce en un hecho ilícito, dado que la Ley sobre el Contrato de Seguro establece el derecho de las aseguradoras de analizar el fundamento de las reclamaciones relativas para determinar su procedencia o, en su defecto, el rechazo de pago de los siniestros suscitados al amparo de las pólizas de que se trate.

• Dado que resultó fundada la excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada*********, debe condenarse a la parte actora al pago de los gastos y costas en los que hubiere incurrido la citada parte demandada.

12. Juicio de amparo (expediente 885/2019). En contra de esa resolución, la señora ********* promovió juicio de amparo directo. En su demanda alegó una violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política del país y formuló los conceptos de violación siguientes:

• La jueza resolvió la controversia de manera incongruente, al determinar que en el caso no se acreditó el daño moral ni los daños punitivos. Los medios de convicción que ofreció la asegurada para acreditar la acción de incumplimiento son suficientes para demostrar la acción de responsabilidad civil y daño moral, porque el sólo incumplimiento de ********* generó la necesidad de exhibir la intimidad de la señora ********* durante el juicio a personas ajenas a los contratantes.

• En el caso sí procedía el pago de daños punitivos, al quedar demostrado que la aseguradora actuó de mala fe pues, como quedó acreditado en el juicio, las condiciones generales de la póliza en donde se establece la supuesta exclusión de cobertura de su padecimiento no eran del conocimiento de la asegurada antes de la materialización del riesgo e incluso dichas condiciones tampoco fueron exhibidas por la aseguradora durante la tramitación del juicio.

• En la resolución reclamada, la jueza omitió pronunciarse sobre el hecho de que la compañía de seguros no tenía registradas las condiciones generales de la póliza ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo cual implicó una transgresión a una cláusula contractual, que constituye un hecho ilícito.

• La jueza responsable se limitó únicamente a analizar la acción de incumplimiento del contrato, pero omitió realizar un estudio concreto sobre la responsabilidad civil en la que incurrió la aseguradora y los daños ocasionados.

• La jueza responsable inadvirtió que, en reiteradas ocasiones, la asegurada manifestó que se expuso de manera innecesaria y negligente su intimidad, derivado del actuar de mala fe de la aseguradora, lo que originó una afectación a su integridad física y psíquica.

• La jueza interpretó incorrectamente los artículos del Código del Civil Federal, al absolver a la aseguradora del pago por daño moral y por daño punitivo, lo cual violó su derecho a una justa indemnización.

• De conformidad con lo previsto en el artículo 1916 del Código Civil Federal, los daños morales se presumen cuando se afecte la psique o la integridad física de las personas, lo cual ocurre en este caso, pues ocurrió una afectación a su intimidad derivado de que la aseguradora demandada actúo de mala fe al incumplir con la obligación de hacer del conocimiento de la usuaria las condiciones de exclusión de la póliza de seguro y, luego, pretender demostrar la exclusión de dicha enfermedad con la exhibición precisamente de esas condiciones, lo que le generó una revictimización.

• Además, en el caso debió tomarse en cuenta que la quejosa pertenece al grupo vulnerable de los consumidores de servicios financieros, al carecer de información y capacidad de negociación frente a los proveedores de seguros.

• Fue incorrecta la condena en costas.

13. Sentencia de amparo. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, dictó sentencia el once de noviembre de dos mil veinte, en la que concedió el amparo a la quejosa, al determinar que los conceptos de violación eran parcialmente fundados. Por lo tanto, ordenó que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara una nueva, en la que se reiteraran los aspectos que no fueron materia de la concesión y, con base en los argumentos de la ejecutoria, se absolviera a la actora del pago de costas. Esto, bajo las consideraciones siguientes:

• La litis constitucional se constriñe a examinar los argumentos con los cuales la señora *********controvirtió la decisión de la jueza civil de absolver a *********por los conceptos de daño moral y daños punitivos.

• Es inexacto lo afirmado por la quejosa en el sentido de que los daños morales se presumen cuando se afecta la psique o la integridad física de las personas, pues de conformidad con lo previsto por el artículo 1916 del Código Civil Federal se presume que existe daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas; esto es, por regla general este tipo de daños debe ser demostrado y, sólo por excepción, en los casos a que se refiere el citado numeral este daño se presume.

• En el caso, el padecimiento físico (cáncer cérvico uterino) base del reclamo por parte de la quejosa no se ubica en el supuesto de excepción, lo que evidencia que se encontraba obligada a probar, mediante la aportación o el desahogo de elementos de convicción la procedencia de su reclamo.

• De las constancias se advierte que la quejosa reclamó el pago de la póliza de seguro al acreditar el padecimiento físico de cáncer cérvico uterino, enfermedad, que dijo, estaba amparada por dicha póliza. La aseguradora negó el pago de la póliza sobre la base de que esa enfermedad estaba dentro de las cláusulas de exclusión, sin que las hubiera exhibido (motivo que originó la procedencia de la acción). Sin embargo, dicha cuestión no hace procedente el pago del daño moral, pues si bien es cierto que este padecimiento vulnera el aspecto psicológico de cualquier persona, lo cierto es que esta afectación a su salud no es atribuible a la compañía aseguradora.

• No se omite advertir que la quejosa estuvo sujeta a diversos estudios con la finalidad de corroborar la enfermedad en la que apoyó su reclamo. Sin embargo, dicha cuestión no implica que se dañó de manera ilegítima su integridad física o que dicha afectación fuese atribuible a la demandada; por el contrario, el hecho de que se le practicaran estudios por las personas que la aseguradora señaló para tal fin fue precisamente con el propósito de acreditar la enfermedad reclamada por la accionante.

• Según lo aceptaron ambas partes, la compañía aseguradora canalizó la demanda para que un despacho jurídico realizara las investigaciones médicas pertinentes, bajo el argumento de que el padecimiento físico de la quejosa estaba excluido de la póliza contractual.

• En ese sentido, era necesario que la quejosa exhibiera medios de prueba tendientes a demostrar que se le generó una afectación o un daño psíquico o en su integridad física; lo cual no hizo.

• En consecuencia, al no acreditarse el daño moral tampoco están demostrados los daños punitivos toda vez que estos últimos son consecuencia de aquel.

• Tampoco asiste razón a la quejosa en cuanto a que el solo incumplimiento de la aseguradora implica mala fe de su parte y que derivado de esa situación se actualiza la procedencia del daño moral, pues en nuestro sistema jurídico la buena fe se presume y la mala fe debe ser probada.

• Además, el incumplimiento de la aseguradora es lo que precisamente genera la procedencia de la acción del cumplimiento forzoso del contrato de seguro, pero eso no genera la procedencia del daño moral ni los daños punitivos, porque para ello era necesario acreditar el hecho ilícito y el daño que directamente hubiese causado esa conducta.

• El hecho de que la quejosa hubiera sido sometida a diversos estudios médicos por parte de la empresa aseguradora, como lo explica en su demanda, no hace procedente el daño moral que reclama. Esto es así porque no puede perderse de vista que, de conformidad con la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora no solo tiene facultad para investigar la base del reclamo sino también la afectación que haga procedente o no el cumplimiento de la póliza.

• Es fundado el argumento de la quejosa en el sentido de que no se le debió condenar al pago de costas, pues de ninguna manera puede considerarse que la quejosa se condujo con temeridad o mala fe al llamar a juicio a *********; por el contrario, se hizo con el propósito de que no le generara perjuicio la sentencia que se llegara a dictar al estar involucrada las dos instituciones bancarias demandadas en la contratación del seguro.

14. Recurso de revisión. Inconforme con esta resolución, la señora *********, por conducto de su autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo, *********, interpuso recurso de revisión, en el que hizo valer los siguientes agravios:

• El Tribunal Colegiado realizó una incorrecta interpretación del derecho humano a la justa indemnización, pues pasó por alto que lo que la autoridad jurisdiccional debe tomar en consideración como elementos para condenar a los daños punitivos son: la mala fe (antes, durante y después de la vida del contrato), así como la negligencia con la que se atendió el reclamo de la asegurada. • Se debe analizar si la aseguradora actuó de buena o mala fe, en virtud de que el Estado está interesado en la protección de los consumidores y, por lo tanto, lo que se busca es balancear o equilibrar las relaciones entre las partes.

• Asimismo, se debe ponderar la negligencia frente al tratamiento que se le da a los asegurados para hacer frente a la reclamación; es decir, se debe verificar cuál es el comportamiento de la aseguradora cuando la parte asegurada intenta hacer válido el objeto del contrato de seguro para cobrar la suma asegurada una vez actualizado el supuesto contratado.

• El Tribunal Colegiado partió de una premisa errónea al equiparar el daño moral y los daños punitivos, pues en el primero el objeto bajo estudio es la víctima, mientras que en el daño punitivo el sujeto bajo estudio es el causante del daño. De ahí que la interpretación realizada por el órgano de amparo en relación con el derecho a la justa indemnización es incorrecta ya que transgrede el principio pro persona.

• En el caso concreto, quedó acreditado que la aseguradora se alejó de las sanas prácticas al no haber registrado el producto, al no haberle hecho del conocimiento las condiciones generales de la póliza y luego tomarlas de justificación para negarle posteriormente su reclamo, así como al mandar a personas ajenas a la relación contractual a verificar su reclamo, todo lo cual evidencia la mala fe de la aseguradora y la negligencia con la que actuó frente a su reclamo, lo que deriva en un estudio erróneo del derecho humano a la reparación del daño.

• La interpretación que realizó el Tribunal Colegiado respecto del derecho a la justa indemnización desconoce los derechos de los consumidores frente al sistema financiero. Los consumidores forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad frente a los proveedores de bienes y servicios, pues no cuentan con la suficiente información y capacidad de negociación.

• El Tribunal Colegiado pasó por alto que cuando se trata de afectaciones a la psique (que incluye el derecho a la intimidad) el daño se presume. Además, adoptó una postura sobre el daño a la intimidad de la quejosa que es totalmente contraria a la perspectiva de género.

15. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso y ordenó su registro con el número de expediente 4306/2020. Asimismo, remitió el asunto a la Primera Sala para su radicación y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.

16. Avocamiento. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Presidenta de esta Primera Sala, tuvo por recibido el expediente, señaló que la Sala se avocaría al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Federación, vigentes a la fecha de la interposición del recurso,(5) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de este alto tribunal el trece de mayo de dos mil trece; ya que el recurso se interpuso contra una sentencia de amparo directo en materia civil, especialidad de esta Primera Sala, y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. LEGITIMACIÓN

18. El recurso de revisión se interpuso por la señora *********, parte quejosa en el juicio de amparo, por conducto de su autorizado ********* a quien se le reconoció tal carácter mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.

19. Además, la señora ********* se encuentra legitimada para interponer el recurso, en atención a que se inconforma con una sentencia de amparo que le causó perjuicio, pues la concesión de la protección constitucional no se le otorgó respecto a la totalidad de sus pretensiones.

III. OPORTUNIDAD

20. El recurso de revisión se presentó en el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. La sentencia recurrida se notificó a las partes por lista el martes diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la cual surtió efectos al día hábil siguiente; es decir, el miércoles dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

21. Por lo tanto, el plazo para interponer este medio de impugnación transcurrió del jueves diecinueve de noviembre al jueves tres de diciembre de dos mil veinte.(6) En consecuencia, si el recurso de revisión se presentó vía electrónica el lunes veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, se considera oportuno en tiempo.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

22. Esta Primea Sala observa que el recurso de revisión es procedente.

23. De conformidad con la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual solo es procedente cumplidos los requisitos señalados expresamente en la Constitución Política del país y esa propia legislación, motivo por el cuál estos deben ser analizados antes del estudio de fondo en toda revisión en amparo directo.

24. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II de la Ley de Amparo, establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando:

a) En la sentencia recurrida se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o se omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y

b) El asunto revista interés y trascendencia.

25. En cualquiera de esos supuestos, la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

26. Ahora, en relación con el primer requisito, esta Primera Sala ha identificado tres escenarios de procedencia del recurso, a saber, aquellos en los que la cuestión propiamente constitucional:

a) Se plantee por la parte quejosa y haya sido estudiada por el Tribunal Colegiado de Circuito.

b) Se plantee por la parte quejosa y el estudio respectivo haya sido omitido por el Tribunal Colegiado.

c) No se plantee por la parte quejosa, pero fue abordada oficiosamente por el Tribunal Colegiado de Circuito.

27. En el caso se advierte que subsisten dos temas constitucionales de importancia y trascendencia, ya que si bien en su demanda de amparo la quejosa no planteó ningún argumento de constitucionalidad, lo cierto es que de la lectura integral de su recurso de revisión es posible advertir que se inconforma con la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado en torno al contenido y alcance del derecho a la justa indemnización y de los derechos de las personas consumidoras al analizar la procedencia del daño moral y de los daños punitivos. Además, la quejosa aduce que la interpretación del órgano de amparo sobre la vulneración a su derecho a la intimidad es contraria a la obligación de juzgar con perspectiva de género.

28. En efecto, en su demanda de amparo la quejosa adujo sustancialmente que la jueza responsable resolvió la controversia de manera incongruente al determinar que sí estaba acreditada la acción de incumplimiento del contrato por parte de la aseguradora, pero no así la de daño moral y la de daños punitivos. Esto, porque de acuerdo con la quejosa, las pruebas para ambas acciones eran las mismas. Además, precisó que no se tomó en cuenta que la aseguradora actuó de mala fe ya que, como quedó acreditado en el juicio, no registró las condiciones generales de la póliza ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni entregó dichas condiciones a la quejosa, a pesar de que en ellas supuestamente estaba la exclusión de la cobertura de su padecimiento. Y, finalmente, señaló que existieron afectaciones a su intimidad derivado del actuar irregular de la aseguradora, los cuales permitían presumir el daño moral.

29. Al resolver esos planteamientos, el Tribunal Colegiado del conocimiento indicó que contrario a lo afirmado por la quejosa, conforme a lo dispuesto por el artículo 1916 del Código Civil Federal, por regla general el daño moral debe probarse y solo cuando existen afectaciones a la psique y a la integridad física se presumen. Con base en lo anterior precisó que, en el caso, el padecimiento físico (cáncer cérvico uterino) base del reclamo por parte de la quejosa no se ubicaba en el supuesto de excepción, lo que evidenciaba que se encontraba obligada a probar la procedencia del daño moral.

30. El Tribunal Colegiado señaló que si bien este padecimiento vulnera el aspecto psicológico de cualquier persona, lo cierto es que se trata de una afectación a la salud que no es atribuible a la compañía aseguradora.

31. Además, precisó que si bien la quejosa estuvo sujeta a diversos estudios con la finalidad de corroborar la enfermedad en la que apoyó su reclamo, dicha cuestión no implicó que se dañara de manera ilegítima su integridad física o que dicha afectación fuese atribuible a la demandada; por el contrario, el hecho de que se le practicaran estudios por las personas que la aseguradora señaló para tal fin fue precisamente con el propósito de acreditar la enfermedad reclamada por la accionante, lo cual es conforme con lo dispue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33244-56913a3a/incumplimiento-de-un-contrato-de-seguro-supuestos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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