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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. RESULTA INJUSTIFICADA LA DISTINCIÓN ENTRE LAS COBERTURAS POR DAÑOS A VIAJEROS Y A TERCEROS CUANDO IMPIDE EL ACCESO A UNA REPARACIÓN INTEGRAL. RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MIENTRAS QUE LA DEL CONDUCTOR Y EL CONCESIONARIO ES SOLIDARIA, LA DE LA ASEGURADORA ES SUBSIDIARIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 839/2023. · Registro digital (IUS): 33545
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo V, Volumen 1, Pág.465.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 839/2023. 9 DE JULIO DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: RICARDO LATAPIE ALDANA.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de nueve de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 839/2023, interpuesto por Persona "A", Persona "B" y Persona "C" en contra del fallo dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo directo 415/2022.

La problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado de Circuito sobre la normativa que regula los contratos de seguro obligatorios, así como aquella que obliga a los concesionarios del servicio de transporte público a contar con un seguro, es violatoria de los derechos de los consumidores y del derecho a una justa indemnización. Asimismo, se estudiará si la interpretación que se hizo del contrato de seguro aplicado a la quejosa en este caso es violatoria de los derechos señalados.

Antecedentes

1. Accidente en el transporte público. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, Persona "A" abordó un vehículo de trasporte público en la Ciudad de México para trasladarse a su domicilio. El conductor del vehículo manejaba a alta velocidad y no advirtió la existencia de reductores de velocidad (“topes”) y pasó sobre ellos. Ese incidente ocasionó que la señora Persona "A" cayera sobre uno de los asientos, se golpeara fuertemente en la espalda y no pudiera moverse por sí misma.

2. El dueño del autobús tenía celebrado un contrato de seguro con la compañía de seguros denominada Aseguradora, (en lo sucesivo Aseguradora). El contrato tiene la póliza Póliza "A", inciso 1, folio Folio "B" y se emitió el cuatro de junio de dos mil dieciocho, es decir, el mismo día del incidente. La póliza tiene una vigencia del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho a las 12:00 horas hasta el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho a las 12:00 horas. Asimismo, el contrato de seguro se registró ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) a partir del día seis de agosto de dos mil dieciocho, con el número Número de registro de la póliza “A”, en términos del artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.(1) El vehículo contaba con una cobertura de responsabilidad civil del viajero hasta por cinco mil unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a $403,000.00 (cuatrocientos tres mil pesos 00/100 en moneda nacional), ya que el valor de la UMA vigente en la fecha del siniestro era de $80.60 (ochenta pesos con 60/100 moneda nacional).

3. Por lo anterior, el conductor del vehículo llamó a la compañía Aseguradora después del accidente. El personal de la aseguradora acudió al lugar del incidente y solicitó una ambulancia que trasladara a la señora Persona “A” al Hospital Hospital privado. En dicha institución de salud, los médicos tratantes determinaron que la señora Persona “A” presentó una fractura de columna vertebral como consecuencia de los golpes recibidos.

4. La Persona "A" estuvo internada en el hospital bajo la cobertura de la Póliza "A". Después un mes de estar internada, el personal del hospital le informó de manera verbal que sería dada de alta debido a que “la suma asegurada se había agotado” (la cual ascendía a cinco mil UMAS, de acuerdo con la Póliza "A"). La señora Persona "A" tuvo que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual es derechohabiente, para continuar con atención médica respectiva.

5. Procedimiento ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). El tres de julio de dos mil diecinueve, Persona "A" inició un procedimiento de gestión electrónica ante la CONDUSEF en contra de Aseguradora. Aseguradora le ofreció una indemnización a la señora Persona "A", pero ella no estuvo de acuerdo y no lograron la conciliación.

6. Juicio oral mercantil de origen. El cuatro de febrero de dos mil veinte, Persona "A" y sus hijas Persona "B" y Persona "C" promovieron un juicio oral mercantil en contra de Aseguradora. Argumentaron que no había controversia en la actualización del siniestro y el respectivo derecho a recibir la indemnización derivado de dicho accidente, pues ello fue reconocido expresamente por la aseguradora desde el procedimiento ante la CONDUSEF. Por ello, reclamaron las siguientes prestaciones:

a) La nulidad de la Cláusula 1ª ESPECIFICACIÓN DE COBERTURAS, SECCIÓN A, descripción de coberturas, 9. “Responsabilidad Civil Viajero” del producto (contrato de seguro) denominado “Seguro de Transporte de Pasajeros”, elaborado y comercializado por la empresa aseguradora demandada (contrato de adhesión), registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con el número Número de registro de la póliza “A”, el 06 de agosto de 2018, aplicable a la póliza de seguro Póliza “A”, respecto de la cual Persona "A" tiene el carácter de beneficiaria. Esta cláusula es la que limita la responsabilidad civil por daños al viajero a 5,000 UMAS.

La actora consideró que la póliza Póliza “A”, que se le aplicó para cubrir sus gastos médicos, no estaba registrada al momento de emitir la póliza (cuatro de junio del dos mil dieciocho), sino que se registró hasta el seis de agosto del mismo año. Por lo tanto, la falta de registro hace que la cláusula que limita la cobertura de la aseguradora es nula, de acuerdo con el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual establece que la cláusula incorporada a un contrato de seguro que no esté registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es anulable.

b) La declaración de la responsabilidad civil de la aseguradora Aseguradora derivada de actos ilícitos, consistentes en el diseño, elaboración y comercialización del producto de seguro (contrato de adhesión) denominado “Transporte de Pasajeros”, registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con el número Número de registro de la póliza “A”, materializado en la suscripción del contrato y en la actualización del siniestro, conducta ilícita que da lugar al pago de daños punitivos, los que deberán incrementar la indemnización por daño moral, de conformidad con el artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México.

c) El pago de la cobertura denominada “responsabilidad civil viajero”, amparada en la póliza de seguro Póliza “A”, que la aseguradora demandada emitió, cuyo riesgo se actualizó con siniestro descrito con anterioridad, a efecto de recibir una indemnización en términos de los artículos 1915 y 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

En específico, la señora Persona "A" reclamó la cobertura de “responsabilidad civil viajero”, y el pago de indemnizaciones por los siguientes conceptos:

i. Indemnización por concepto de daño personal, con motivo de la incapacidad permanente por las lesiones corporales sufridas, que de conformidad con el artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil de la Ciudad de México asciende a la cantidad de $ una cantidad en números “A” (una cantidad en letra “A” M.N.) o lo que se llegue a cuantificar vía incidente, una vez reconocido el derecho reclamado.

ii. Indemnización por los daños patrimoniales ocasionados derivados del lucro cesante, de conformidad con el artículo 1915, párrafo primero, del Código Civil de la Ciudad de México, que ascienden a $ una cantidad en números “B” (una cantidad en letra “B” M.N.) o lo que se cuantifique vía incidente, una vez reconocido el derecho reclamado. Así como los gastos futuros para la atención del padecimiento.

iii. Indemnización por daño moral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, por lo menos por la cantidad de $ una cantidad en números “C” (una cantidad en letra “C”) o, en su caso, lo que se llegue a cuantificar vía incidente, una vez reconocido el derecho reclamado.

Monto que se determina como consecuencia de las afectaciones psicológicas resentidas por Persona "A" con motivo de la actualización del siniestro, como por la comisión de un acto ilícito imputable a la aseguradora demandada, la que deberá ser condenada a daños punitivos.

d) La indemnización por mora a que se refiere el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.(2)

e) El pago de gastos y costas.

7. Por su parte, las hijas Persona "B" y Persona "C" demandaron las mismas prestaciones y el pago de una indemnización por daño moral en su carácter de víctimas indirectas.

8. Asimismo, las actoras afirmaron que la aseguradora incumplió con la obligación de brindar una adecuada asesoría a sus clientes y entregarles la información clara y precisa para la contratación del seguro.

9. Desechamiento de la demanda por improcedencia de la vía y primer amparo. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor con sede en la Ciudad de México conoció de la demanda(3) y lo radicó bajo el expediente Número de Expediente. Desechó la demanda al considerar improcedente la vía oral mercantil. Las actoras promovieron amparo directo en contra de esta decisión. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo Número de Expediente, determinó que la vía oral mercantil sí es procedente y ordenó al Juzgado emitir una nueva sentencia.

10. Cumplimiento de la sentencia de amparo. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la Jueza de Distrito admitió a trámite la demanda en la vía oral mercantil, por lo que ordenó emplazar a Aseguradora.

11. Al dar contestación a la demanda, Aseguradora negó la procedencia de las prestaciones reclamadas. Por lo que hace al cumplimiento del pago de cobertura del viajero, la aseguradora manifestó que el monto máximo asegurado ascendía a $403,000.00 (cuatrocientos tres mil pesos m.n.), y que hasta ese momento había gastado $una cantidad en números “D” (una cantidad en letra "D" m.n.). En todo caso, existía un remanente por la cantidad de $una cantidad en números "E" (una cantidad en letra “E” m.n.).

12. En cuanto a las supuestas irregularidades en el registro del contrato de seguro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la empresa aseguradora expresó que se trataban de un “error humano” al momento de imprimir la póliza respectiva pues el producto lo registró desde el año dos mil once.

13. En el escrito de contestación, Aseguradora hizo referencia a dos pólizas de seguro que amparaban el contrato de seguro de vehículo involucrado, una con el folio Folio "B", registro Número de registro de la póliza “B”, emitida el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que exhibió con el escrito de demanda; y, otra con el folio auto expedible número Folio "B", que da origen a la expedición de la renovación de la póliza Póliza "A", emitida el cuatro de junio de dos mil dieciocho.

14. La compañía Aseguradora manifestó que la discrepancia entre coberturas y fechas de expedición de cada una de las pólizas se debía a una práctica o trámite interno de la propia aseguradora, en el que primero se expide una póliza provisional, que en este caso fue expedida el día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (póliza con folio Folio "B") y, posteriormente una póliza definitiva (Póliza "A", folio Folio "B"), expedida el día cuatro de junio de dos mil dieciocho, es decir, el mismo día del accidente en que se vio involucrada la señora Persona "A".

15. Sentencia de primera instancia. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado dictó una sentencia en la que absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas, pues determinó que la señora Persona "A" y sus hijas no tenían legitimación para demandar. Por una parte, resolvió que Persona “B” y Persona "C" no fueron beneficiarias del seguro ni adquirieron el derecho a la indemnización por vía sucesoria.

16. Por otra parte, señaló la persona beneficiaria de un seguro puede ejercitar la acción de nulidad de las cláusulas del contrato de seguro cuando la aseguradora no registre el contrato ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.(4) En este caso, la aseguradora demandada registró la póliza con número de folio Folio "B" ante la Comisión el dieciocho de abril de dos mil once. Debido a este registro, concluyó que Persona "A" no tiene legitimación para demandar la nulidad del contrato y sus cláusulas

17. Segundo juicio de amparo directo. Persona "A", Persona "B" y Persona "C" promovieron un amparo directo en contra de la decisión anterior.

18. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito registró el asunto con el expediente 19/2022 y concedió el amparo para que la jueza de primera instancia dictara una nueva sentencia en la que considerara que únicamente Persona "A" tiene legitimación para demandar. Consideró que sí existieron inconsistencias con el registro de la póliza de seguro que le dan legitimación a la quejosa para demandar la nulidad de sus cláusulas.

19. La póliza número Póliza "A", la cual se presentó ante la CONDUSEF para reclamar el cumplimiento del contrato, se registró ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas hasta el seis de agosto de dos mil dieciocho con el registro Número de registro de la póliza “A”. En cambio, el siniestro ocurrió el cuatro de junio de dos mil dieciocho y se le aplicó la póliza desde esa fecha. Por lo tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que el contrato de seguro se registró después de la comercialización de la póliza. Asimismo, el Tribunal determinó que la aseguradora incumplió con su deber de indicar de manera clara y precisa en la documentación contractual y la relacionada con estas, el alcance, términos, condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles, así como los derechos y obligaciones de los contratantes o beneficiarios.

20. En cambio, determinó que Persona "B" y Persona "C" no tienen legitimación para demandar porque el siniestro no las afectó directamente.

21. Cumplimiento a la sentencia de amparo. El seis de abril de dos mil veintidós, la Jueza de Distrito dictó una nueva sentencia determinó que Persona "A" sí tiene legitimación para demandar. No obstante, la jueza absolvió a Aseguradora, ya que la señora Persona "A" no acreditó la nulidad de la cláusula del contrato. Determinó que el contrato de seguro con la póliza Póliza “B” (mismo que el Folio "B") se registró ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el dieciocho de abril de dos mil once. Es decir, con anterioridad a la vigencia de la póliza, la cual es del veintinueve de mayo al veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, se cumplió con el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

22. Por otra parte, decidió que los artículos 90 y 110, fracción XII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México imponen obligaciones a los concesionarios del servicio de transporte público, pero no a las empresas aseguradoras.(5) Dichos artículos establecen que los concesionarios tienen la obligación de contratar un seguro de por lo menos 2,500 UMAS para cubrir las indemnizaciones por daños y perjuicios que se puedan generar en la prestación del servicio. Concluyó que, en este caso, la póliza de seguro que cubrió el accidente de la señora Persona "A" era de 5,000 UMAS, por lo que cumplió con la Ley de Movilidad.

23. Asimismo, determinó que la obligación de las aseguradoras en el pago de coberturas no se rige por lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sino en el primer párrafo de ese artículo. Este dispone que en los contratos de seguro contra responsabilidad la empresa aseguradora se obliga hasta el límite de la suma asegurada.

24. Finalmente, sostuvo que no existe disposición legal que establezca el deber de las aseguradoras de informar a sus clientes respecto del tipo de seguro que sea más adecuado a sus necesidades, atendiendo al riesgo que desean asegurar, a sus características y al monto de la suma asegurada. En todo caso, a quien afecta la falta de conocimiento de las condiciones generales del seguro es a la persona beneficiaria del seguro. No obstante, no se demostró que ésta desconociera el contenido de la cláusula de que se trata, pues en la carátula de la póliza se estableció con toda claridad.

25. Tercer juicio de amparo directo. Persona "A", Persona "B" y Persona "C" promovieron un nuevo juicio de amparo directo en contra de la decisión anterior. Reclamaron, en síntesis, lo siguiente:

• Primero. Alega que la jueza únicamente resolvió sobre la procedencia de la acción de nulidad de la cláusula del contrato de seguro. Sin embargo, omitió resolver respecto de la prestación consistente en la declaración de responsabilidad civil en la que incurrió Aseguradora por la elaboración, comercialización diseño y elaboración de un contrato de seguro que no cumple con los requisitos legales en materia de seguros obligatorios, cuya finalidad es cubrir los daños y perjuicios por daños derivados de la prestación del servicio de transporte público. También incurre en responsabilidad por no haber registrado la póliza ante la CNSF, así como por no haber asesorado adecuadamente al contratante del seguro.

• Segundo. En el amparo directo 19/2022, el Tribunal Colegiado determinó que la póliza Póliza "A" y la póliza Póliza "B" eran documentos distintos y no relacionados. Con base en ello, concluyó que la póliza Póliza "A", que fue presentada por Aseguradora y se le aplicó a la quejosa, no se registró ante la CNSF antes de la emisión de la póliza, por lo que se incumplió con la obligación establecida en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Sin embargo, la Jueza de Distrito insistió en que la póliza Folio "B" sí se registró ante la CNSF el dieciocho de abril de dos mil once con el número de registro Número de registro de la póliza “B”. Por ello, la Jueza dictó una sentencia en contra de las consideraciones del Tribunal Colegiado que ya son cosa juzgada.

• Tercero. Es ilegal que la Jueza haya determinado que la señora Persona "A" no especificó de qué manera la aseguradora incumplió con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguro. Se insiste en que Aseguradora emitió la póliza sin haberla registrado antes ante la CNSF, en contravención al artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Esto tiene como consecuencia que se comercializó un producto de seguro sin que ninguna autoridad revisara que cumple con todos los requisitos legales que le son exigibles. En ese caso, ocasionó que la póliza tuviera, ilegalmente, un límite a la suma asegurada correspondiente a la cobertura de responsabilidad civil de viajero, lo que vulnera los artículos 145, segundo párrafo, y 150 bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

• Adicionalmente, la aseguradora no demostró que la suma contratada como límite a la cobertura del seguro fue una decisión informada del contratante del seguro, ni que la aseguradora le haya informado que el monto de 5000 UMAS es insuficiente para cumplir con el objetivo de cubrir los daños a terceros que se ocasionen por la prestación del servicio de transporte público. Esto contraviene la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el deber de las aseguradoras de informar y asesorar en forma clara y precisa a sus clientes respecto del tipo de seguro que es adecuado para sus necesidades, y de celebrar sus contratos conforme a las sanas prácticas en materia de seguros. Por esta razón, Aseguradora también incurre en responsabilidad civil. • Cuarto. Los artículos 90 y 110, fracción XII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México sí rige a las empresas de seguros, pues las obliga a elaborar pólizas de seguros que cumplan con los deberes que dicha Ley les impone a los concesionarios del transporte público.

• Además, el segundo párrafo del artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece una excepción a la regla general. Conforme a este artículo, los seguros obligatorios (como lo es el seguro de transporte público), no pueden establecer un límite indemnizatorio a la cobertura de un seguro. Deben cumplir con las indemnizaciones que establezcan las leyes respectivas, incluso cuando excedan la cobertura amparada por la póliza.

• En todo caso, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, debe considerarse el monto mayor que establezca la póliza de seguro correspondiente. Esto significa que deben tomarse en cuenta los montos indicados en las coberturas “responsabilidad civil (RC) por daños a terceros” y “RC en exceso por daños a terceros en sus personas”, que sumados dan una cantidad de $3’500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

• A pesar de lo anterior, en este caso no hay límite para la cobertura de responsabilidad civil porque la aseguradora no registró la póliza de seguro ante la CNSF, por lo que no hay certeza de que dicha póliza cumple con los requisitos legales aplicables.

• Quinto. Si de las pruebas del juicio no se advierte ningún documento en el que se acredite que el contrato de seguro conoció y recibió toda la información relacionada con el contrato de seguro y sobre el monto cubierto, no puede probarse que el concesionario del transporte consintió que el límite de la cobertura de la póliza fuera de 5,000 UMAS. Si bien la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece un monto mínimo de 2,500 UMAS para los seguros obligatorios para el servicio de transporte público, esto no significa que las aseguradoras deban incumplir con su deber de informar a sus clientes sobre los riesgos, daños y perjuicios por los que tienen que responder. En este caso, el monto de 5,000 UMAS es insuficiente para que el contratante del seguro responda por los daños de la señora Persona "A".

• Sexto. Reitera que la relación entre las aseguradoras y los contratantes son asimétricas y que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte, las aseguradoras sí tienen el deber de asesorar a sus clientes respecto del tipo de seguro que es más adecuado a sus necesidades. Por otra parte, reitera que no hay constancias de que el concesionario sí tuvo conocimiento del contenido del contrato de seguro, además de que el contrato no se registró ante la CNSF.

• Séptimo. En el juicio sí se presentaron pruebas suficientes que demuestran el daño que sufrió la señora Persona "A" y que el monto de la póliza de seguro es insuficiente para indemnizar el daño. Asimismo, es ilegal que la Jueza diga que el monto de daños punitivos no es razonable, pues prejuzgó sobre una cantidad que debe cuantificarse hasta la ejecución de sentencia y no en este momento procesal. Además, el incumplimiento de la aseguradora de sus deberes en materia de seguros actualiza los daños punitivos.

• Octavo. La interpretación de la Jueza de Distrito sobre los artículos 1º, 90 y 110, fracción XII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México es inconstitucional. Dichos artículos sí rigen a las aseguradoras, pues estas tienen la obligación de asesorar a sus clientes sobre los seguros obligatorios y las finalidades que persiguen. Además, de acuerdo con los artículos 145 y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, no está justificado que se distinga entre “Responsabilidad Civil. Daños a terceros” y “Responsabilidad civil viajero”, aplicando diferentes sumas aseguradas. Cuando la cantidad de alguno de esos rubros sea notoriamente insuficiente para cubrir los daños, debe considerarse el monto mayor. Una interpretación contraria a lo anterior vulnera el derecho a la protección de los intereses de los consumidores, previsto en el artículo 28 constitucional.

• Noveno. La interpretación de la Jueza del artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro es inconstitucional. El segundo párrafo de este artículo establece una excepción a la regla general en materia de seguros, consistente en que la aseguradora se obliga hasta el límite de la suma pactada en el contrato. Sin embargo, el segundo párrafo establece que los seguros que tengan el carácter de obligatorios no pueden establecer un límite indemnizatorio a la cobertura de un seguro. Deben cumplir con las indemnizaciones que establezcan las leyes respectivas, incluso cuando excedan la cobertura amparada por la póliza. Una interpretación contraria a lo anterior vulnera el derecho a la protección de los intereses de los consumidores, previsto en el artículo 28 constitucional.

• Décimo. La interpretación de la Jueza de Distrito de los artículos 1º, 90 y 110, fracción XII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México vulnera los derechos a la protección de los intereses de los consumidores, el derecho a que el beneficiario del contrato de seguro obtenga una indemnización, y afecta el derecho a la salud y a la reparación integral del daño. Aunque la Ley de Movilidad establezca un mínimo de cobertura para el seguro del transporte público, la aseguradora mantiene su obligación de informarle a sus clientes sobre las coberturas adecuadas para responder por los daños y perjuicios que se puedan generar en la prestación del servicio.

26. Mediante el auto emitido el doce de julio de dos mil veintidós, la Presidencia del Tribunal del conocimiento desechó la demanda de amparo por resultar extemporánea. Sin embargo, con motivo de un recurso de reclamación el Tribunal admitió la demanda y tuvo como tercera interesada a Aseguradora.(6)

27. Sentencia de amparo.(7) El cuatro de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal del conocimiento emitió una sentencia en la que declaró el sobreseimiento del juicio de amparo respecto de Persona "B" y Persona "C", por su falta de legitimación. Este aspecto se abordó en el amparo directo 19/2022, por lo que dichas consideraciones son cosa juzgada.

28. Por otro lado, declaró infundados los conceptos de violación relacionados con la nulidad de las cláusulas del contrato de seguro, declaró inoperantes los conceptos de violación sobre la inconstitucionalidad del artículo 145 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y concedió el amparo a Persona "A" para el efecto de que la autoridad responsable dictara otra resolución en la que se pronunciara sobre las otras prestaciones exigidas en la demanda de origen, relativas a la responsabilidad civil, indemnización por concepto de daño personal, patrimonial y moral, así como indemnización por mora, derivado de la acción de nulidad. El Tribunal sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

• Es cierto que la aseguradora incumplió con la obligación de registrar previamente las condiciones del contrato de adhesión de seguro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Sin embargo, esto no tiene el alcance de declarar la nulidad de la cláusula que limita la cobertura del seguro. Ello, ya que la actora pretende realizar un cobro desproporcional, valiéndose del error cometido por la aseguradora demandada. En todo caso, la falta de registro del contrato de seguro comercializado debe de tener consecuencias para la aseguradora, y en su caso, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas debe de imponer una sanción por tal incumplimiento. Además, no es válido que la señora Persona "A" asuma una postura contraria a la que ya le benefició, pues la aseguradora demandada cubrió diversos gastos médicos relativos a la atención médica.

• Los conceptos de violación sobre el incumplimiento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México son infundados. Dicha Ley no rige a las compañías de seguro, sino que establece las bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. Los artículos 90 y 110 establecen los requisitos que deben de contratar los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros, para que sus unidades puedan operar en la Ciudad de México, pero no establecen una obligación con cargo a las aseguradoras como agentes que elaboran los contratos de seguro.

• Si bien el contrato de seguro comercializado por la aseguradora demandada fue registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con fecha posterior a la emisión de la póliza de seguro y del siniestro que sufrió la quejosa, lo cierto es que la cobertura era por cinco mil UMAS. Es decir, el doble de la mínima requerida por la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Esto benefició a la quejosa. Por ello, la aseguradora no está obligada a cumplir con una indemnización superior a la cobertura establecida en la póliza.

• Los argumentos sobre la inconstitucionalidad del artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro son infundados, ya que la quejosa no da cumplimiento a las premisas esenciales mínimas a satisfacer en una demanda de amparo directo. Es decir, no señaló como es que el artículo 145 vulnera preceptos constitucionales, ni expresó razonamientos lógico-jurídicos para ello.

• La interpretación de la Jueza de Distrito respecto de los artículos 1, 90 y 110, fracción XII, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México no es inconstitucional. Las aseguradoras se rigen por la Ley sobre el Contrato de Seguro, pero no existe disposición legal que prevea la posibilidad de que los contratos de seguros deban regirse por la Ley de Movilidad de la Ciudad de México o alguna otra de otra entidad federativa. El objetivo de dichos artículos es la protección de las personas que puedan verse afectadas por un accidente durante la prestación del servicio de transporte público, pero no tiene el objeto de diseñar los contratos de seguros que ofrecen las empresas aseguradas. Considerar lo contrario desnaturalizaría el objeto de la Ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33545-ada4510a/contrato-de-seguro-obligatorio-para-vehiculos-de-transporte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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