Corpus
Modo: Corpus Pro

DAÑO MORAL. SU EXCLUSIÓN EN UN CONTRATO DE SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVIL CON COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ES INCONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA. EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO, AUN NO SIENDO EL CONTRATANTE O ASEGURADO DIRECTO, EN SU CALIDAD DE USUARIO CON DERECHO A BENEFICIARSE DEL CONTRATO DE SEGURO, PUEDE IMPUGNAR LAS CLÁUSULAS QUE LE PERJUDIQUEN. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. SU ALCANCE CUBRE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SEGUROS Y GENERA OBLIGACIONES PARA LAS ASEGURADORAS PRIVADAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1324/2021. · Registro digital (IUS): 30906
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-09-09
Promovente: QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, Pág.2616.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1324/2021. QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. 1 DE DICIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE SEPARA DE LOS PÁRRAFOS SETENTA Y SIETE A SETENTA Y NUEVE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JORGE FRANCISCO CALDERÓN GAMBOA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día uno de diciembre de dos mil veintiuno.

SENTENCIA:

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1324/2021, interpuesto por ********** contra la sentencia dictada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

Ver índice

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE:

1. A continuación, se precisan los antecedentes necesarios para conocer el asunto y resolver lo conducente en el presente recurso.(1)

A. CAUSA PENAL, APELACIÓN Y SENTENCIA

2. Causa penal. El trece de diciembre de dos mil trece se dictó sentencia en los autos del proceso penal **********, seguido en contra de ********** (en adelante ********** o demandado), en el que se resolvió que fue penalmente responsable de la comisión culposa del delito de homicidio y se le impuso una pena privativa de libertad, se le suspendieron sus derechos de licencia para conducir y se le condenó a la reparación del daño.

3. Apelación. Inconformes, el sentenciado y su defensora particular interpusieron recurso de apelación, al que correspondió el número de toca **********, que modificó la sentencia recurrida, en lo que aquí interesa, confirmando la condena al pago de la indemnización derivada de la comisión del delito, pero absolviéndolo de la reparación del daño moral y perjuicios ocasionados, bajo la consideración de que no se contó con medios de prueba que acreditaran su existencia. Esta resolución quedó firme al no haber sido impugnada.

B. JUICIO ORDINARIO CIVIL

4. Juicio ordinario civil. En consecuencia de lo anterior ********** (en adelante **********) por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad sobre sus dos menores hijos ********** y **********, ambos de apellidos ********** (en adelante dos menores hijos) y como albacea de la sucesión de ********** (en adelante **********) demandaron en la vía ordinaria civil de **********: i) la indemnización por el daño moral que causó el demandado a sus menores hijos y de la actora al afectar sus sentimientos por haber privado de la vida al padre de sus hijos, por el pago de $********** (**********) en favor de cada uno de los afectados; ii) el pago de $********** (**********) por concepto de indemnización por la reparación del daño material, de conformidad con lo previsto en el artículo 1915 del Código Civil de la Ciudad de México, en relación con el diverso artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo; iii) el pago del costo de todas las sesiones requeridas para atención psicológica y psiquiátrica y, iv) el pago de gastos y costas. De la demanda conoció el Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo registró con el número **********.

5. Contestación. El demandado dio contestación a la demanda en la que opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes. Asimismo, solicitó se llamara a juicio a Quálitas Compañía de Seguros, Sociedad Anónima Bursátil del Capital Variable (en adelante Quálitas), porque la sentencia que se dictara podría depararle perjuicio a sus intereses. Ante ello, la representante de dicha compañía compareció a juicio e hizo valer lo que a su interés convino.(2)

6. Sentencia de primera instancia. Agotado el procedimiento, el Juez dictó sentencia el tres de octubre de dos mil diecisiete en la que: i) absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas; ii) declaró que la sentencia no le deparaba perjuicio al tercero llamado a juicio Quálitas y, iii) condenó a la actora al pago de gastos y costas.

7. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, la actora, en representación de sus menores hijos y como albacea de la referida sucesión a través de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación (**********) y la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia el once de abril de dos mil dieciocho en la que revocó la sentencia recurrida y no hizo especial condena en costas en la primera instancia. La modificación consistió en: i) condenar al demandado al pago de la cantidad de $********** (**********) por conceptos de indemnización por responsabilidad civil y de reparación del daño material; ii) absolvió al demandado del pago de una indemnización por concepto de daño moral; iii) declaró que la presente resolución le causaba perjuicio a la tercera llamada a juicio Quálitas y, iv) no hizo condena en costas en dicha instancia.

C. DEMANDA DE AMPARO DIRECTO

8. Juicio de amparo directo. En contra de la sentencia de segunda instancia, la actora por derecho propio y en representación de sus menores hijos, así como en su carácter de albacea de la sucesión referida, promovió amparo directo. Del asunto conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual lo registró con el número D.C. ********** y dictó sentencia el tres de octubre de dos mil dieciocho en la que concedió el amparo solicitado, para el efecto de que: i) la Sala responsable dejara sin efectos el acto reclamado; ii) dictara una nueva sentencia en la que reiterara las cuestiones que no fueron materia de concesión; iii) cuantificara el monto que correspondiera pagar a los hijos del de cujus como indemnización por concepto del daño moral ocasionado, y la cantidad que resultara del ejercicio aritmético que realizara la alzada, sería la cantidad que debería pagar a cada uno de los actores y, iv) tomara en cuenta la prestación reclamada consistente en el pago de las sesiones que se requieran en la materia de psicología y psiquiatría, con base en las pruebas y demás elementos de convicción que obraran en actuaciones.

D. RECURSO DE REVISIÓN

9. Recurso de revisión. En contra de la anterior decisión ********** por propio derecho interpuso recurso de revisión y la Primera Sala de este Alto Tribunal conoció del asunto y lo registró con el número 7351/2018, la cual en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve por mayoría de cuatro votos,(3) se determinó desecharlo y declarar firme la sentencia recurrida de tres de octubre de dos mil dieciocho por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo **********.

10. Cumplimiento. Posteriormente, al haber quedado firme la sentencia recurrida de tres de octubre de dos mil dieciocho, la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en cita, dictó una nueva resolución dentro del toca ********** el veinticuatro de febrero de dos mil veinte en el sentido de declarar parcialmente fundados los agravios de la apelante y revocó la sentencia definitiva de tres de octubre de dos mil diecisiete dictada por el Juez de origen para quedar en los términos precisados en la resolución de veinticuatro de febrero antes mencionada y no hizo condena en costas. La modificación quedó de la siguiente forma: i) condenó al demandado (**********) al pago de $********** (**********), por concepto de indemnización por responsabilidad civil; ii) lo condenó al pago de una indemnización por concepto de daño moral por la cantidad de $********** (**********) y la suma de $********** (**********) por concepto de cinco sesiones de terapia psicológica para cada uno de los co-actores y una sesión familiar; iii) señaló que dicha resolución le deparaba perjuicio a la tercera llamada a juicio Quálitas en la inteligencia de que sólo respondería hasta la suma asegurada y, iv) no hizo condena en costas.

E. SEGUNDA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO

11. Segundo juicio de amparo directo. Inconforme con dicha sentencia Quálitas, a través de su apoderada, promovió juicio de amparo directo del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (**********). Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte **********, por derecho propio en calidad de tercero interesado, hizo valer una causal de improcedencia con base en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo.

12. Respecto a la causal de improcedencia señaló lo siguiente:

• El amparo directo interpuesto por Quálitas, es improcedente en términos del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa señaló como acto reclamado la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y sin libertad de jurisdicción en el toca número **********, por la Sala responsable, de ahí su improcedencia, ya que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho en el juicio de amparo directo **********, por el referido Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que concedió el amparo a los entonces quejosos (aquí terceros interesados), **********, como albacea de la sucesión de **********, por su propio derecho y en representación de los demás actores en el juicio natural de ********** y **********, ambos de apellidos **********.

• El Tribunal Colegiado concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente su sentencia de once de abril de dos mil dieciocho y dictara una nueva en la que reiterara las cuestiones que no fueron materia de concesión en el juicio de garantías y cuantificara el pago de la indemnización reclamada por daño moral, sin conceder libertad o plenitud de jurisdicción al tribunal de alzada.

• Señala que el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable, emitió una nueva sentencia en la que acató cabalmente los lineamientos del órgano jurisdiccional que tuvo por cumplida satisfactoriamente la ejecutoria de amparo con la sentencia que se emitió y que la aquí quejosa señala como acto reclamado. Ante ello, es que solicita que se deseche por notoria y manifiestamente improcedente la demanda de amparo presentada por la quejosa, como tercera llamada a juicio natural siendo aplicable la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ."

• Señaló que en el juicio natural al contestar la demanda solicitó que se llamara a juicio como tercera a Quálitas, porque la sentencia que se dictara podría depararle perjuicio a sus intereses. Infiere que la empresa quejosa, fue emplazada como tercero interesada en el juicio de amparo directo **********, dejó de promover demanda de amparo adhesivo para fortalecer el acto reclamado que absolvió de condenar por la responsabilidad civil reclamada a la actora y, según lo previsto por el artículo 182 de la Ley de Amparo, es inconcuso, indudable e indiscutible que precluyó su derecho de hacerlo.

13. Posteriormente, en proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se tuvieron por formulados los alegatos del tercero interesado en relación con la referida causal de improcedencia invocada y se señaló que se estudiaría en la sentencia de amparo, por último se dio vista con la admisión al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

14. Mediante escrito de fecha de presentación treinta de octubre de dos mil veinte, ********** promovió amparo adhesivo. El seis de noviembre siguiente se admitió a trámite y se dio vista a su contraria para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que esta haya expuesto manifestación alguna.

15. Sentencia. Una vez agotadas las etapas procesales el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la que concedió el amparo solicitado por Quálitas para el efecto de que: i) se dejara insubsistente la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca **********; ii) dictara otro fallo, en el que considerara que al tratarse el daño moral de una cuestión novedosa, por no haber sido materia de estudio en la sentencia combatida, tomara en cuenta las documentales consistentes en la póliza de seguro, así como las condiciones generales exhibidas por la empresa aseguradora, las que fueron admitidas en el juicio de origen, y con base en ello, determinara si era procedente o no el pago a la indemnización por el concepto de daño moral; iii) reiterara todas las consideraciones que no fueron materia de la concesión y, iv) informara y demostrara ante el Tribunal Colegiado de Circuito el cumplimiento de la presente ejecutoria. Por otra parte, respecto del amparo adhesivo se negó el amparo al tercero interesado (**********).

16. Consideraciones de la sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento calificó por una parte de inoperantes y por otra, fundados los argumentos expuestos por la quejosa (Quálitas), al considerar que:

a) Respecto de la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado ********** determinó que sus argumentos eran infundados, ya que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que tal numeral no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de improcedencia del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada; además que tal artículo cumple con el postulado previsto en el artículo 17 constitucional relativo en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. (F. 27 a 36).

b) Por otra parte, respecto a los argumentos expuestos por Quálitas se calificaron de inoperantes y sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo, al considerar que: Todos los argumentos relacionados con el tópico de responsabilidad civil objetiva ya habían sido analizados en la diversa ejecutoria dictada por el referido Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciocho en el juicio de amparo ********** en el que se concedió el amparo. Y en relación con el tema de daño moral que fue materia de estudio en la referida ejecutoria (**********), pero sólo para efectos de cuantificación, no así para deslindar responsabilidades, lo que es una cuestión novedosa en la litis constitucional, de ahí que le asiste la razón a la quejosa al manifestar que solamente estaba obligada a resarcir el daño material por responsabilidad material civil, no así por el concepto de daño moral. Se concluyó que solamente se encontraba obligada en términos de lo expresamente pactado en el contrato de seguro y de las cláusulas contenidas en las condiciones generales, por lo que no se encontraba obligada al pago de una indemnización por concepto de daño moral, al encontrarse expresamente excluido, en términos de lo dispuesto por la cláusula tercera, numeral doce de las condiciones generales a la póliza de seguro. (F. 43, 76 y 91).

c) Respecto a los argumentos planteados en el amparo adhesivo del tercero interesado calificó de inatendibles los argumentos expuestos, por lo que negó la protección respecto a la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro combatida. Estimó que tal numeral no guardaba relación con los artículos 14, 16, 17 y 28, párrafo tercero, constitucionales, pues el artículo impugnado se refiere a los requisitos que deben contener las pólizas y documentos que contengan cláusulas adicionales, y los artículos constitucionales se refieren al principio de legalidad; a que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma entre otras cosas y, el artículo impugnado señala los precios máximos a los artículos, materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular y de aquellas modalidades que deben imponerse a la organización de la distribución de materias o productos a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencias en el abasto, así como el alza de precios, lo que no guardaba relación con los contratos de adhesión y la desigualdad entre las partes. Además de que la adherente no fue parte en la relación contractual, pues de la póliza aparecía que la asegurada era ********** (en adelante **********) y esa cuestión no fue materia de controversia en el juicio de origen, pues en ese juicio la litis se centró en determinar si existió o no responsabilidad civil extracontractual; esto es, la provocada en el accidente en que privó de la vida a **********, lo que quedó acreditado en la causa penal **********, encontrándose como responsable a ********** de cometer el delito de homicidio culposo, lo que además constituyó cosa juzgada al haberse comprobado la responsabilidad penal del inculpado, así como la indemnización y cuantificación del daño material y moral en sede civil, dentro del juicio de amparo directo **********; de ahí que el argumento del adherente de que se llamara a juicio a ********** por ser ella la que suscribió el contrato de seguro era ineficaz, por no ser materia de controversia en el juicio natural, pues en todo caso la compañía aseguradora debió de manifestarlo como excepción, lo que no aconteció. (F. 102 a 105).

d) Por otra parte, calificó como inatendibles e infundadas las razones expuestas por el adherente, ya que pretendió fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, respecto a que fue correcto que en la sentencia reclamada la Sala responsable declarara que la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en la apelación **********, le deparaba perjuicio a la aseguradora Quálitas por la condena al pago de $********** (**********) por concepto de indemnización por responsabilidad civil, así como por daño moral por la cantidad de $********** (**********) y que esa condena era cosa juzgada, al haber sido materia de la ejecutoria dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho en el juicio de amparo **********, por lo que fue correcto que la Sala responsable la condenara por ambos conceptos; ya que van encaminadas a combatir cuestiones de fondo que no le favorecieron y debió hacerlas valer mediante un juicio de amparo principal, por la propia naturaleza del adhesivo, que sólo permite fortalecer las consideraciones de la autoridad responsable o en su caso que se hicieran valer violaciones al procedimiento que pudiera afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. (F. 120 a 122).

e) Pretende impugnar consideraciones de la sentencia que rijan un punto resolutivo específico autónomo que perjudique al adherente, al ser propias del juicio de amparo principal, sin que sea obstáculo a lo anterior que, en el quinto párrafo del artículo 182 de la Ley de Amparo se precise que los conceptos de violación deberán estar encaminados a impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica, ya que no puede atenderse exclusivamente al tenor de esa parte del precepto, sin hacer una apreciación integral y sistemática de él, pues admitir que en el amparo adhesivo la parte que obtuvo el fallo favorable también puede controvertir los argumentos que le perjudicaron, implicaría una doble desventaja para quien promovió el amparo principal; la primera radicaría en que, a pesar de que ella únicamente contó con una oportunidad para impugnar el fallo, consistente en un plazo de quince días para promover el juicio, su contraparte habría contado con dos oportunidades: 1) los quince días que tuvo para promover el amparo principal; y, 2) los quince días posteriores a la admisión de la demanda de amparo, en vía adhesiva. f) Por ello, al alegar el adherente que en la póliza no se señaló que estaba cubierto el daño moral y que estaba obligada la aseguradora a indemnizar por ese concepto, al no haber acreditado la exclusión conforme al artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y que al existir un seguro, el cual es obligatorio contratarlo por disposición legal, debe cubrir la responsabilidad civil ocasionadas por terceras personas, hasta por la cantidad asegurada de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional), además de que no quedó acreditado que exhibió las condiciones generales del contrato base de la acción, cuya cláusula tercera no era clara, por lo que todas esas manifestaciones resultaban inatendibles, porque el quejoso adherente debió plantearlas en un amparo principal.

g) Si bien el tema del daño moral fue materia de estudio en el amparo directo **********, pero para efectos de cuantificación, mas no para precisar responsabilidades, esto es, la materia de estudio consistió en determinar si debía indemnizarse a los entonces quejosos **********, como albacea de la sucesión de **********, en representación de sus dos menores hijos, por daño moral, al considerarse que al haber sido partes dentro del juicio ordinario civil del que derivó el acto reclamado, sin haberse tomado en cuenta su prestación identificada en el inciso A) de su demanda, ello consistió en una violación flagrante a sus derechos fundamentales, al no poder ser indemnizados con motivo de la violación de un derecho protegido en los ordenamientos internacionales, como dispone el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan al lesionado la restitución del goce de su derecho vulnerado y que se reparen las consecuencias de la medida o situación que configuró la vulneración de esos derechos, así como el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

h) Por lo que la Sala responsable al dictar una nueva sentencia en cumplimiento a la ejecutoria de tres de octubre de dos mi dieciocho, en el juicio de amparo **********, resolvió que le deparaba perjuicio a la tercero llamada a juicio, hoy quejosa, en su carácter de empresa aseguradora, las condenas al pago de una indemnización por responsabilidad civil y daño moral, al estimar que en cumplimento a los lineamientos de dicha ejecutoria reiteró las cuestiones que no fueron materia de concesión en el juicio de amparo. Es decir, al no haberse determinado que debía excluirse a la tercera llamada a juicio de la condenación de las cantidades que se liquidarían en acatamiento a esa ejecutoria, lo procedente fue que esta sentencia le parara perjuicio a Quálitas. Consideración que no se encontraba ajustada a derecho, porque si bien la Sala responsable estaba obligada a acatar las consideraciones que fueron materia del diverso juicio de amparo directo ********** y a su vez, reiterar las cuestiones que no fueron materia de la concesión, también lo fue que el tema de daño moral no había sido materia de pronunciamiento en las sentencias anteriores, de tal suerte que al tratarse de una cuestión novedosa, la Sala responsable debió analizar lo concerniente al daño moral y verificar si se actualizaba o no al presente asunto antes de decidir que le paraba perjuicio a esta última. De ahí lo infundado del argumento del adherente respecto a que debió condenarse a la aseguradora quejosa al pago de indemnización por concepto de daño moral, por constituir cosa juzgada, lo que es incorrecto, porque en la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente **********, en donde fueron quejosos **********, por su propio derecho, en representación de sus entonces dos menores hijos y como albacea de **********, se dijo que tenían derecho a recibir una indemnización justa por concepto de daño moral, lo que constituyó una nueva condena resuelta por la Sala en la sentencia impugnada, de ahí que era obligación de la autoridad responsable tomar en cuenta todos aquellos elementos de convicción que tuviera a su alcance para determinar cómo le depararía perjuicio ese concepto. En este caso tomar en cuenta la póliza y condiciones generales del seguro de contrato de automóvil base de la acción en términos de lo expresamente pactado. (F. 124 a 129).

i) En relación al argumento de que era procedente el pago de una indemnización por concepto de responsabilidad civil, a la que fue condenado ********** al estar amparado en la póliza de seguro; ello fue planteado por la quejosa principal, el cual resultó infundado, en esta sentencia, por lo que al no causarle perjuicio al adherente, se torna inatendible dicha manifestación, como acontece cuando se niega el amparo a un promovente, la consecuencia inmediata es que se declare sin materia el amparo adhesivo, porque la finalidad de éste es fortalecer las consideraciones de la sentencia combatida, a fin de que quien obtuvo sentencia favorable no quede indefenso; es decir, que subsista el acto reclamado que favoreció a la parte tercero interesada. En esa virtud, si en el caso han sido desestimados los conceptos de violación formulados por el quejoso en el amparo principal, lo que implica que el acto reclamado subsista en los términos en que fue emitido, entonces, debe declararse sin materia el referido amparo adhesivo, pues su estudio resulta innecesario al subsistir el acto reclamado que favoreció a la tercero interesada y quejosa en el amparo adhesivo. Por ello, es que se negó el amparo al quejoso adherente y se determinó conceder el amparo a la quejosa principal. (F. 129 y 130).

F. SEGUNDO RECURSO DE REVISIÓN

17. Segundo recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo dictada en el juicio que nos ocupa (**********), el tercero interesado **********, por derecho propio, interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno,(4) ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, recibido al día siguiente en el Tercer Tribunal Colegiado de la referida materia y Circuito, y por acuerdo de veintiséis del mismo mes y año(5) la presidenta del Tribunal Colegiado tuvo por interpuesto el recurso y ordenó remitir los autos del juicio de amparo a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

18. Agravios del recurrente. En esencia hizo valer los siguientes argumentos.

a) Primero. En el amparo adhesivo solicitó la interpretación del artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Federal, con el objetivo de que se determinara el alcance y contenido de los derechos de los usuarios de los servicios financieros no contratantes frente a las aseguradoras al tratarse de contrato de adhesión; pues con dicho pronunciamiento supondría una relevancia práctica que impactaría en el sentido del fallo, ya que implicaría analizar si la Constitución Federal reconoce derechos a ese sector que también está en desequilibrio frente a la aseguradora (como ya dijo la Suprema Corte frente a los consumidores),(6) y con base en ello, determinar si al ser el seguro de automóvil un contrato de adhesión tiene derecho a exigir que la aseguradora cumpla con los términos expresos de la póliza y no en otros documentos donde la ley no genera certeza sobre si son parte de la base contractual al no tener firma de la adherente.

b) El Tribunal Colegiado de Circuito consideró innecesario interpretar el artículo 28, párrafo tercero, constitucional al considerar que no guardaba relación con el tema de los contratos de adhesión. Sin embargo, analizó la literalidad de la norma y describió su contenido textual, tan es así que arribó a tal conclusión. Y con ello, sí interpretó la referida norma, pero en un sentido literal y restrictivo, pues descartó que dicha norma extendiera su protección a los usuarios de servicios financieros sin compadecerse de la situación de desequilibrio en la que se encuentran.

c) La norma constitucional está referida a aquellos productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, respecto de lo cual exige que la ley proteja a los consumidores y propicie su organización para el mejor cuidado de sus intereses; por lo que es necesario que este Alto Tribunal determine si dicha protección para los consumidores se extiende también a los usuarios de servicios financieros, específicamente a quienes no participan directamente en la relación contractual. Pues la Ley sobre el Contrato de Seguro, no requiere que los documentos ajenos a la póliza que ofrezca la aseguradora en contra del asegurado cumplan con más requisitos que estar impresos, vacío jurídico que permite a la aseguradora invocar cualquier documento sin siquiera demostrar haberlo hecho del conocimiento al contratante ¿en qué medida pueden formar parte de la relación contractual las condiciones generales de seguro cuando éstas no son transcritas en la póliza ni son sometidas a la aprobación, conocimiento o adhesión del asegurado?

d) Segundo. La sentencia emitida en el amparo ********** le beneficia en su totalidad. Considera que es necesario desvirtuar el pronunciamiento del Tribunal Colegiado que consideró inatendible su petición de inaplicación de las condiciones generales ante la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro por vulnerar los principios de certeza jurídica y equidad procesal previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Sin embargo, el órgano colegiado consideró que éstos no tenían relación con las formalidades que deben guardar en la elaboración de las pólizas de seguro. La esencia de la Constitución no da lugar a que en ellas se encuentren reglas específicas sobre el tema concreto de los requisitos exigibles para los contratos de adhesión, pero sí se encuentran principios rectores de la conducta del Estado y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30906-34eb9d79/dano-moral-su-exclusion-en-un-contrato-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.