DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6055/2014. 8 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: ANA MARÍA IBARRA OLGUÍN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 8 de julio de 2015.
VISTOS los autos para resolver el amparo directo en revisión número 6055/2014, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el expediente número 210/2014 por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Antecedentes. El 14 de julio de 2011, la señora ********** en lo individual y en representación de sus hijos ********** y ********** celebró contrato de prestación de servicios profesionales con **********, con diversos objetos relacionados con la adjudicación de la masa hereditaria de su esposo, así como el asesoramiento y ejercicio de acciones legales y/o administrativas para la solución de litigios relacionados con las empresas del **********.
En el contrato se estipuló que el grupo de abogados se obligaba a ejercitar las acciones legales y/o administrativas necesarias, a fin de lograr lo siguiente: (i) sustituir a los abogados que le prestaban los servicios al cliente; (ii) estudiar los documentos corporativos de las empresas de ********** (acciones legales iniciadas ya sean corporativas o litigiosas); (iii) solucionar litigios que tenían en contra de diversas personas jurídicas para recuperar el dinero y administración de diversas sociedades mercantiles y civiles (**********), en su defecto, buscar la separación de las sociedades mercantiles y/o liquidación; (iv) investigar la posible existencia de una prenda industrial sobre bienes de su propiedad; y (v) asesorar y buscar que se adjudique a la señora ********** como heredera universal de su esposo.
En contraprestación, la señora ********** se obligó a pagar las cantidades que resulten de aplicar el sistema de cuota diaria que mantenía el corporativo **********, considerando los siguientes costos por hora y en dólares americanos: (i) consejeros y socios $********** a $**********; (ii) asociados mayores $********** $**********; y (iii) asociados menores $********** a $**********. Para efectos de la contabilización de horas trabajadas, ********** se comprometía a enviar al cliente dentro de los 15 días de cada mes, o tan pronto le fuera posible, una relación explicativa genérica de los tiempos utilizados y trabajos realizados (relación de tiempos de trabajo), ante lo cual el cliente tenía 3 días para realizar observaciones, de lo contrario, se tenía por reconocido el adeudo y un lapso de 5 días para cubrirlo.
Como anticipo la señora ********** debía cubrir la cantidad de $********** a cuenta de costos y $********** por concepto de honorarios.
1. Juicio de primera instancia. Catorce meses después de firmar el contrato de prestación de servicios profesionales, el 13 de septiembre de 2012, la señora **********, demandó en la vía ordinaria civil del corporativo **********, entre otras prestaciones, la rescisión del contrato por incumplimiento en las obligaciones contraídas. Como consecuencia, que se declarará que no existía ningún adeudo por concepto de honorarios; así como la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por concepto de honorarios y costos.
En el escrito de demanda la actora adujo que el grupo de abogados había incumplido con las obligaciones contraídas, ya que del "reporte de trabajos realizados" enviado por **********, el 28 de mayo de 2012, denominado "memorándum", los rubros descritos no resultaban coherentes con los servicios contratados, además que los cobros resultan excesivos y desproporcionados a las actividades ahí reportadas.
Asimismo, la actora manifestó que cuando contrató los servicios profesionales, le aseguraron que los costos no excederían la cantidad de **********. No obstante hasta finales del 2011 ya había entregado un total de $********** y $**********.
El asunto fue del conocimiento de la Juez Décimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal con el número de expediente **********.
Al contestar la demanda, ********** estableció que contrario a lo manifestado por la actora, cumplió en todo momento con las obligaciones contractuales, y que pretende indicar que se cobran cantidades exorbitantes por actividades que previamente ya fueron revisadas y aprobadas por la contraparte. Asimismo, indicó que es falso que fuera viable dar un monto máximo de gastos, pues al momento de suscribir el contrato, resultaba imposible cuantificar los honorarios, los costos y gastos, pues no se tenía información concluyente ni una base de datos completa de los inmuebles a buscar en las diversas oficinas del Registro Público del país.
Finalmente, reconvino a la actora el pago de $**********, por concepto de honorarios profesionales devengados y no pagados, así como los intereses moratorios a razón del 1% mensual.
Seguido el juicio en sus diversas etapas, se dictó sentencia el 10 de octubre de 2013, en la cual se determinó rescindir el contrato de prestación de servicios profesionales, ello debido al incumplimiento de las obligaciones pactadas por **********.
El Juez basó su resolución en el hecho de que la demandada se abstuvo injustificadamente de rendir los informes de sus servicios a su cliente, en tanto no envío dentro de los primeros 15 días de cada mes, o tan pronto le fuera posible, "la relación explicativa genérica de los tiempos y trabajos realizados", con lo cual incumplió con sus obligaciones contractuales.
2. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior resolución, las partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue registrado por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el toca de apelación **********. Mediante resolución dictada el 14 de febrero de 2014, la Sala resolvió revocar la sentencia impugnada. Por una parte absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas y, por otra, condenó a los actores al pago de los honorarios e intereses.
Dicho órgano jurisdiccional sostuvo que, la parte actora no presentó su inconformidad respecto de los servicios profesionales en el plazo establecido, por lo que existe la preclusión del derecho para inconformarse con la forma y términos en que se presentaron, por lo menos hasta el 26 de diciembre de 2011 (fecha en que la actora efectuó su último pago a favor de **********, lo que implica que convalidó cualquier incumplimiento en cuanto a los informes de servicios profesionales).
SEGUNDO.-Juicio de amparo. Inconforme con la anterior resolución, **********, ********** y **********, por su propio derecho, y señalando como representante común a la señora **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 1o., 3o., 4o., 14, 16 y 17; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como tercero interesado a **********.
Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrándolo con el número 201/2014. Seguidos los trámites correspondientes, el órgano colegiado dictó sentencia el 23 de octubre de 2014, en la que determinó conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable dictará otra resolución en la que estimará que las cláusulas del contrato base de la acción, provocaron una posición asimétrica de los quejosos frente al prestador del servicio, que incidió en sus derechos de igualdad contractual y propiedad privada.
TERCERO.-Interposición del recurso de revisión. En desacuerdo con el fallo anterior, el tercero interesado, interpuso recurso de revisión. Mediante proveído de 1 de diciembre de 2014, el secretario de acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO.-Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de 11 de diciembre de 2014, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 6055/2014, admitió el recurso de revisión interpuesto con reserva del estudio de importancia y trascendencia; se estableció la notificación al procurador general de la República para los efectos legales conducentes; así como también se turnó el expediente para su estudio al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Mediante proveído de 23 de enero de 2015, esta Primera Sala se avocó al conocimiento de este asunto, y se tuvo por interpuesta la revisión adhesiva presentada por la señora ********** en lo individual y en representación de sus hijos ********** y **********
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en relación con lo establecido en los Acuerdo Generales Plenarios Números 5/2013 y 9/2015, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.
SEGUNDO.-Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos, se advierte que la sentencia recurrida se notificó por lista al tercero interesado el martes 11 de noviembre de 2014, surtiendo efectos el miércoles 12 siguiente, por lo que el plazo de diez días que señala el artículo referido corrió del jueves 13 al viernes 28 de noviembre de 2014, descontándose los días 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de noviembre todos de 2014 por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado el 27 de noviembre de 2014, es evidente que se interpuso oportunamente.
Por su parte, la revisión adhesiva también fue interpuesta oportunamente. El auto de admisión del recurso de revisión fue notificado a la quejosa, el 6 de enero de 2015, por lo que el plazo de cinco días que establece el artículo 82 de la ley de la materia, corrió del 8 al 14 de enero, debiéndose descontar los días 10 y 11 de enero de 2015 por haber sido inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que si el recurso fue presentado el 14 de enero de 2015, es evidente que se interpuso oportunamente.
TERCERO.-Cuestiones necesarias para resolver el asunto. En este considerando se resumen los conceptos de violación, las consideraciones del Tribunal Colegiado y los agravios esgrimidos por la parte quejosa.
I. Demanda de amparo. En su escrito de demanda, la parte quejosa, planteó los siguientes argumentos en contra de la sentencia dictada por la Sala responsable:
(1) Violaciones al procedimiento. La Sala responsable vulneró las garantías de legalidad, debido proceso, fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad al violar las formalidades esenciales del procedimiento. Las cuales son las siguientes:
- Improcedencia de la admisión de la acción reconvencional. Se tuvo indebidamente a la tercero interesada desahogando una vista relacionada con las copias de los anexos de la reconvención, cuando ya había precluido su derecho, por lo que resultaba improcedente la admisión de la acción reconvencional.
- Plazo para la admisión de peritajes. Se computó de forma incorrecta el plazo común que tenían los peritos designados por las partes para presentar el dictamen correspondiente. Así se admitió el dictamen que presentó de forma extemporánea el perito designado por la demandada, y en realidad, únicamente, resultaba procedente el análisis del dictamen de la parte actora
- Objeción de documentos sin señalar las causas. Al tener a la parte demandada objetando los documentos exhibidos por la actora sin que se señalaran las causas de dicha objeción.
(2) Solicitud de interpretación de derechos humanos. Se solicita que el órgano colegiado, interprete los derechos de igualdad, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, derecho a la propiedad y a la prohibición de la explotación del hombre por el hombre o usura, previstos en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución; 8, 21, 24 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con la normatividad que rige al contrato de prestación de servicios profesionales. Lo anterior de acuerdo a las siguientes consideraciones:
- Control de regularidad constitucional ex officio. Tanto el Juez del proceso como la Sala responsable, omitieron realizar un control difuso de la regularidad constitucional y convencional de las normas legales que regulan el contrato de prestación de servicios profesionales, con la finalidad de garantizar los derechos de igualdad de la quejosa y precisar el deber de diligencia del tercero interesado en el cumplimiento de ese acto jurídico.
- Igualdad entre particulares en una relación contractual. Se debe partir de la premisa de que los particulares también tienen el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de los terceros, de manera que si los tribunales al ejercer el control difuso de constitucionalidad, advierten una relación contractual en la que una de las partes vulnera los derechos humanos de la otra, se debe ordenar la reparación integral de dicha violación.
- Marco jurídico que se debió tomar en cuenta para interpretar la regulación del contrato de prestación de servicios profesionales en el Estado de Baja California. Los artículos 2479 a 2488 del Código Civil para el Estado de Baja California (artículos que regulan el contrato de prestación de servicios profesionales), debían interpretarse conforme con la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos (prohibición de usura); principios generales de derecho, los principios básicos sobre la función de los abogados de Naciones Unidas; y las obligaciones de los profesionistas contenidos en la Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California. Lo anterior con la finalidad de establecer las obligaciones y derechos de las partes contratantes; evidenciar la situación de vulnerabilidad y desventaja de los clientes con en relación con los abogados; y el alcance del derecho de igualdad.
- Situación de vulnerabilidad y desventaja de los quejosos con relación a **********. La responsable interpretó el contrato de prestación de servicios profesionales exclusivamente como un acuerdo de voluntades, omitiendo considerar la situación de desventaja de los clientes en relación con el abuso de poder y confianza del corporativo, pues este último se aprovechó de toda la situación para cobrar cantidades desproporcionadas y exorbitantes por concepto de honorarios profesionales. Señalan que el contrato base de la acción debía interpretarse con perspectiva de género y en función de los elementos subjetivos como era el hecho de que era mujer, viuda, persona de la tercera edad, heredera de su esposo, dueña y accionista principal de "La Divina" y de su necesidad de regularizar su situación económica. Asimismo se omitió considerar que tenían una relación de parentesco con uno de los socios de **********, por lo que se aprovecharon de la confianza depositada por su cliente. Finalmente señalan que no es posible que se cobren más de dos millones de pesos y que se pretenda cobrar adicionalmente otros tres millones de pesos, por sólo haber realizado algunas búsquedas en registros públicos de la propiedad y otras diligencias.
- Alcance del derecho de igualdad. La Sala responsable, al aplicar la legislación del Estado de Baja California, vulneró el derecho constitucional de la igualdad de los quejosos, y dio un tratamiento igual a las partes, en una relación contractual aparentemente neutra, sin advertir el impacto directo -diferenciado y desproporcionado- que ocasionó a los quejosos.
- Discriminación indirecta. Ésta se encontraba acreditada en autos, porque dentro del universo de clientes a los cuales se les prestarían servicios profesionales legales equiparables en México, no se cobrarían los honorarios que pretendía cobrar el tercero interesado por el trabajo que desarrolló, es decir, por los servicios de gestoría y no profesionales.
(3) Incorrecta aplicación de la legislación. Omitió fundar y motivar debidamente la sentencia, pues interpretó incorrectamente la legislación aplicable, lo anterior con base en lo siguiente:
- La omisión de la entrega de reportes de trabajo sí formó parte de la litis. La falta de entrega de reportes de trabajo sí formaba parte de los puntos de litigio, por lo que el Juez natural estaba facultado para estudiar dicha cuestión, así como para declarar la rescisión del contrato por incumplimiento de ********** en su obligación de entregar dichos reportes.
- No se consintieron los tiempos y costos. La responsable al afirmar que el cliente consintió los tiempos y costos expuestos en las "relaciones de trabajo" al no objetar dichas relaciones en el plazo fijado en el contrato, omite tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 1684 y 1824 del Código Civil para el Estado de Baja California (artículos 1797 y 1949 del Código Civil para el Distrito Federal), pues dichas "relaciones de trabajo" no se presentaron en tiempo en los términos señalados en el mismo contrato, por lo que la autoridad responsable otorga a la parte demandada la facultad de determinar de manera subjetiva y unilateral el incumplimiento del contrato sólo a cargo de los clientes, sin cumplir con las obligaciones a su cargo, específicamente que presentará las relaciones de costos y trabajo dentro de los quince días de cada mes, requisito indispensable para que el cliente estuviera en posibilidad de objetar dichos documentos.
- El cumplimiento del pago no implicaba la convalidación de los servicios deficientes. La Sala responsable al señalar que los pagos efectuados por el cliente a **********, implicaron una conducta contractual que convalidó el hecho de que los servicios profesionales se prestaran de manera incompleta o fuera de los plazos convenidos, omite tomar en consideración el contenido de los artículos 1684, 1719 y 1824 del Código Civil para el Estado de Baja California (artículos 1797, 1832 y 1949 del Código Civil para el Distrito Federal), en relación con lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, pues el tema de la convalidación no fue aducida por las partes, por lo que fue introducida de manera oficiosa por el juzgador cuando estaba impedido para estudiarla.
- No se acreditaron las excepciones y defensas. Al tener por acreditadas las excepciones, la Sala responsable omite analizar el contenido de los documentos presentados en relación con las obligaciones pactadas en el contrato.
- Omisión de estudiar los agravios hechos valer por la actora.
(4) Indebida valoración probatoria. La Sala responsable valoró incorrectamente las pruebas ofrecidas en el juicio, tales como los correos electrónicos presentados por **********, el "memorándum" de 28 de mayo de 2012, relaciones de honorarios gastos y tiempos, pruebas periciales y pruebas testimoniales.
II. Sentencia de amparo directo. El Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo solicitado con base en las siguientes consideraciones:
(1) Violaciones al procedimiento. La Sala responsable no violó las formalidades esenciales del procedimiento.
- Fue correcta la admisión de la acción reconvencional. Si bien, el tercero interesado no exhibió las copias de los traslados de los anexos de su demanda reconvencional, esto fue porque el procedimiento se encontraba suspendido por una incompetencia por declinatoria y no pudo tramitar la expedición de las copias; sin embargo **********, exhibió el recibo de pago por la cantidad de cinco mil pesos para que se fotocopiaran los referidos documentos, lo que implica una manifestación de voluntad para cumplir con la prevención que el juzgador le hizo dentro del plazo legal, ya que los indicados anexos se encontraban en el propio juzgado, al haberse exhibido con la contestación a la demanda.
- Son inoperantes los argumentos relacionados a que se computó de forma incorrecta el plazo común que tenían los peritos designados por las partes para presentar el dictamen correspondiente. La quejosa no combate las consideraciones y fundamentos que la Sala responsable, sostuvo en el diverso recurso de apelación **********, en el cual, se indicó que el acuerdo en el que el Juez del proceso amplió el plazo para que los peritos rindieran el dictamen a su cargo, no se refería a ningún cómputo realizado por la secretaria, en relación con el plazo común que tenían los peritos para rendir el dictamen, sino a la ampliación del plazo de diez a quince días. Esto, porque el Juez del proceso concedió a los peritos de ambas partes cinco días más para que rindieran su dictamen y precisó que el último día para hacerlo sería el 1 de marzo de 2013.
- Objeción de documentos sin señalar las causas. Es infundado dicho argumento, pues se tuvo al tercero interesado, objetando en tiempo y forma dichos documentos, conforme al artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual establece que las partes podrán objetar los documentos, en cuanto a su alcance y valor probatorio, dentro de los tres días siguientes a la apertura del plazo de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces, y los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual plazo, contados desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del auto que ordene su recepción.
(2) Solicitud de interpretación de derechos humanos. Las consideraciones de la Sala responsable, vulneran en perjuicio de los quejosos los derechos de igualdad material, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y propiedad privada, previstos en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a lo siguiente:
(2.1) Ante la existencia de un desequilibrio entre las partes en un contrato de prestación de servicios profesionales, el juzgador debe verificar la eficacia de los derechos fundamentales.
- En la jurisprudencia «1a./J. 15/2012 (9a.)» de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES." la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los derechos fundamentales, previstos en la Constitución gozaban de una doble cualidad, ya que por un lado se configuraban como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), y por otro se traducían en elementos objetivos que informaban o permeaban todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originaran entre particulares (función objetiva). De esta forma, se puede afirmar que la función objetiva de los derechos fundamentales, permite afirmar que éstos obligan directamente a las autoridades responsables y sólo indirectamente a los particulares.
- Así, en el ámbito privado y de manera genérica la autonomía de la voluntad (que las partes puedan establecer libremente el contenido de los pactos y la libertad para obligarse o no y elegir a su contraparte), es el criterio que debe orientar la decisión jurisdicción. Sin embargo, la libertad contractual sólo cumple su función cuando la relación entre las partes no está marcada por la desigualdad de una de ellas. Así, ante la existencia de un desequilibrio entre las partes, el juzgador debe verificar la eficacia de los derechos fundamentales y, por tanto, procurar su protección.
- De tal forma que ante un contrato firmado por dos partes en una posición desigual, en donde la más débil acepta obligaciones inasumibles, el juzgador debe intervenir y examinar el contenido del contrato para corregirlo, independientemente de que la parte afectada haya convenido obligarse, ya que de otro modo, se vulnerarían sus derechos fundamentales. En efecto, la voluntad de la autonomía de las partes expresada en un contrato que incida directamente en la afectación sobre los derechos fundamentales de alguno de los contratantes, no justifica la validez de las cláusulas del contrato pues la autonomía debe situarse en el marco de las leyes aplicables al contrato, las cuales a su vez están sometidas a los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados internacionales.
- Lo anterior, en razón de que la autonomía de la voluntad de las partes debe basarse en los derechos de libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, los cuales generan la necesidad de que las partes en el contrato se obliguen libremente y que ninguna de ellas tenga un poder tal -que puede ser económico, estructural o social sobre el objeto del contrato-, que esté en condiciones de imponer unilateralmente el pacto a su contraparte; es decir que se origine un desequilibrio entre las partes.
- En dichos casos el juzgador debe intervenir con fundamento en el artículo 1o. de la Constitución, con el objetivo de restaurar el equilibrio perdido por virtud de las consecuencias que ocasionaron la desigualdad material de alguna de las partes.
- Dichas consideraciones se justifican en el contenido de las tesis «1a. XLI/2013 (10a.) y 1a. XX/2013 (10a.)» emitidas por la Primera Sala de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES." y "DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES."
- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha considerado que el derecho humano a la igualdad es un principio adjetivo que se configura por dos distintas facetas que, aunque interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente dos modalidades: 1) igualdad formal o de derechos, es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control de las normas, a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional; y, 2) igualdad sustantiva o de hecho, la cual radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole.
- Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Yatama vs. Nicaragua (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C. No. 127), sostuvo que el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos, consagrados en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales.
- Los artículos 2479 y 2488 del Código Civil para el Estado de Baja California, y sus correlativos del Código Civil para el Distrito Federal, establecen que a través del contrato de prestación de servicios profesionales, el abogado se obliga a prestar determinados servicios que requieren una preparación técnica y un título profesional al cliente, quien se obliga a pagar una cantidad de dinero por los honorarios devengados en la prestación de esos servicios, así independientemente del éxito o resultado del negocio (la obligación del profesional del derecho es de medios y no de resultados), el profesional del derecho debe acreditar fehacientemente su función ante su cliente, es decir, los trabajos y gastos realizados durante el contrato.
(2.2) Análisis del caso concreto.
- Del contenido del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por las partes se advierte, que pese a que los actores en lo principal consintieron obligarse a pagar en dólares todos los servicios profesionales prestados, y a cubrir los gastos que éste hubiese hecho en esa función, la redacción de las cláusulas del contrato los colocó en una posición de desventaja y desequilibrio frente a su contraparte, que se materializó desde el momento en que empezó a surtir efectos el negocio jurídico, a tal grado que las consecuencias que se generaron con éste, hizo perder efectividad a su autonomía de la voluntad que expresaron en un inicio para consentir la prestación de servicios profesionales en los términos pactados en el contrato base de la acción.
- En efecto, la posibilidad de ********** de enviar la "relación explicativa genérica de los tiempos utilizados y trabajos realizados" los primeros quince días de cada mes o tan pronto fuese posible, permitió que los abogados pudieran cumplir con dicha obligación en cualquier momento sin generar alguna sanción por un retardo excesivo, colocando a los clientes en una posición de desventaja, que repercutiría en los siguientes aspectos: (i) a mayor retraso en el envío de esos documentos los costos incrementarían, pues si el pago se realizaba en dólares americanos, dependería del tipo de cambio; y, (ii) los clientes estaban obligados a revisar su correo electrónico todos los días en espera de la documentación corriendo el riesgo de que un día no lo revisaran y fenecier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27489-c9df146e/derecho-humano-a-la-igualdad-juridica-diferencias-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCoV-2 (COVID-19). NO CONSTITUYE UN HECHO IMPREVISIBLE QUE, POR SÍ MISMO, IMPLIQUE CONSIDERAR QUE LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACI (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- CONTRATOS MERCANTILES. SON NULAS LAS CLÁUSULAS TANTO LAS CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES, COMO AQUELLAS EN LAS QUE SU CUMPLIMIENTO QUEDA AL ARBITRIO DE UNO DE (AMPARO DIRECTO)
- CONTRATOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER COMO MÁXIMA DE LAS PARTES CONTRATANTES EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONA (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. (1a. CDXXV/2014 (10a.))
- CONTRATOS, LIMITACIONES A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. (s/clave)
- CONTRATOS DE ADHESIÓN. SUS PRINCIPIOS SON APLICABLES A TODOS LOS QUE TENGAN SUS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS, Y NO SÓLO A LOS MERCANTILES. (I.4o.C.41 C (11a.))
- PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD E INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES LABORALES. (1a. CDXXVII/2014 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis