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Modo: Corpus Pro

CONTRATOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER COMO MÁXIMA DE LAS PARTES CONTRATANTES EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL; SIN EMBARGO, SU APLICACIÓN DEBE TENER COMO LÍMITE LA DIGNIDAD HUMANA PARA NO EXPLOTAR AL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONTRATOS MERCANTILES Y CONVENIOS DE MEDIACIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE EL ESTUDIO DE LA POSIBLE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN SU CELEBRACIÓN. CONVENIOS DE MEDIACIÓN. PARA ELEVARLOS A COSA JUZGADA Y DECRETAR SU EJECUCIÓN EN VÍA DE APREMIO DEBEN RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PARTES Y CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCEDIMIENTO. FIDEICOMISO EN GARANTÍA DERIVADO DE UN CONVENIO DE MEDIACIÓN. CUANDO SE PRETENDA SU EJECUCIÓN JUDICIAL DEBE EXHIBIRSE EL AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE DADO EN GARANTÍA, AL SER UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 1414 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 335/2022. · Registro digital (IUS): 31759
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-09-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, Pág.5384.

AMPARO DIRECTO 335/2022. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS EN CUANTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DE COMERCIO; MAYORÍA EN CUANTO AL TEMA DE LA LEGALIDAD. DISIDENTE: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: MARÍA ALEJANDRA SUÁREZ MORALES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio de los conceptos de violación encaminados a combatir la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 78 del Código de Comercio.

La quejosa en el apartado número 2 de la demanda de amparo, arguye que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al emitir la sentencia en el juicio ordinario mercantil 80/2021, dentro de sus consideraciones indicó: "...Debe tenerse presente que tratándose de las convenciones mercantiles, las partes se obligan en la manera y términos en que quisieron obligarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Comercio, que estatuye: ...Dicho precepto contiene el principio de autonomía de la voluntad de las partes en materia mercantil, con base en el cual las partes tienen libertad de contratar y obligarse en la forma que les convenga; por tanto, esa pérdida de derechos fue convenida como consecuencia del inejercicio del derecho de reversión o readquisición del inmueble fideicomitido a la fecha convenida (quince de noviembre de dos mil veinte), cuyos alcances conocían los demandados y estuvieron de acuerdo; de manera que ahora no pueden desconocer su contenido y pretender no obligarse en la manera en que lo hicieron, habida cuenta que debe regir la autonomía de su voluntad expresada en el contrato de fideicomiso de administración **********, base de la acción, conforme al numeral citado."

En ese sentido, aduce que el artículo 78 del Código de Comercio es contrario a los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen un nuevo paradigma en el derecho internacional y nacional en México, conforme al artículo 1o., tercer párrafo, constitucional, que obliga a las autoridades a respetar y proteger los derechos humanos de los gobernados.

Ello, pues como lo indicó la persona juzgadora natural, la autonomía de la voluntad es un principio constitucional que rige entre particulares, por el cual son libres de imponer las condiciones que crean necesarias y suficientes para la realización del objeto del contrato, pero existe un límite que impone la propia Constitución General, así como los tratados internacionales de los que México es Parte.

En efecto, alega que el citado artículo al expresar la autonomía de las partes en los términos en que quisieron obligarse "sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidad o requisitos determinados", es contrario a la Constitución General, ya que todo acto o ley debe ser realizado conforme a los derechos fundamentales.

Por tanto, se soslaya que la validez del acto comercial dependerá siempre de la formalidad o requisitos que la Constitución determina, para proteger de manera extensiva al gobernado, con base en el artículo 1o. constitucional.

De modo que dice que al resolverse el asunto conforme a la literalidad del artículo 78 del Código de Comercio, se está ante una desproporción que afecta el patrimonio de alguna de las partes, juzgándose así de manera parcial y es contrario a la dignidad humana.

Sentados los argumentos formulados por la quejosa, es menester tener en cuenta los artículos constitucionales y convencionales que estima han sido violados, que contemplan la dignidad humana, para posteriormente analizar si el artículo 78 del Código de Comercio es o no constitucional y convencional.

Por lo que hace al primer punto, se desarrollará el marco legal tanto a nivel constitucional como convencional y, posteriormente, lo que establece la jurisprudencia sobre el derecho humano a la dignidad.

Así, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa dice:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"...

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Por su parte, a nivel convencional, la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que:

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana."

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que:

"Considerando:

"Que los pueblos Americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad;

"Que, en repetidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana."

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos instituye que:

"Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

"Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana."

Por otro lado, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo que sigue:

"Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.

"1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

"2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

"3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley."

Del dispositivo internacional preinserto, es relevante tener en cuenta lo que establece el apartado tercero, que impone el deber de que la ley prohíba cualquier forma de explotación del hombre por el hombre.

Así, la explotación del hombre por el hombre consiste en que un ser humano o persona jurídica utilice en provecho propio y de modo abusivo la propiedad de otro ser humano o persona.

La nota distintiva de la explotación del hombre por el hombre, es decir, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos consiste en que ocurra que una persona utilice en provecho propio y de modo abusivo la propiedad de otro.

Por otra parte, en el ámbito jurisprudencial puede hacerse referencia a diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el que, a modo de ejemplo, se transcribe a continuación:

"Registro digital: 165813

"Instancia: Pleno

"Novena Época

"Materia: Constitucional

"Tesis: P. LXV/2009

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009

"Página: 8

"Tipo de tesis: Aislada

"DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad."

En ese sentido, los tribunales de la Federación han señalado que: "La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna."(1)

De esta forma, en aras de su intrínseca dignidad, a la persona se le debe asegurar un mínimo de prerrogativas que le permitan desarrollarse y vivir como tal y, es por ello, que la dignidad humana es considerada como el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.

En consecuencia, dado el derecho humano a la dignidad de la persona, el Estado debe reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, derechos que deben regir todas las actividades y funciones de los poderes públicos.

De manera que la dignidad humana puede verse también como un principio rector de la política constitucional(2) "en la medida que dirige y orienta positiva y negativamente la acción legislativa, jurisprudencial y gubernamental del Estado. Positivamente, en la medida que todos los poderes y organismos públicos deben asegurar el desarrollo de la dignidad humana en los ámbitos del proceso legislativo, judicial y administrativo. Negativamente, en cuanto deben evitar afectar la dignidad humana a través de las leyes, resoluciones y actos administrativos que emitan; ya que todos los poderes públicos están vinculados directamente a la Constitución en un sentido formal y material."(3)

Al respecto, parte de la protección a la dignidad humana es evitar que la persona explote a otra a través de abusar de su situación particular en un momento determinado que la pudo posicionar en una situación de vulnerabilidad, sea ésta temporal o permanente, para que ceda parte o la totalidad de su patrimonio a otra persona que visiblemente no se encuentra en la misma situación.

Al respecto, conviene tener en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2534/2014, estableció que la expresión "explotación del hombre por el hombre" hace referencia a situaciones en las que una persona o grupo de personas utilizan abusivamente en su provecho los recursos económicos de otras personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas.

En dicho criterio se destacó que a este tipo de situaciones generalmente subyace una relación de desigualdad material entre la persona explotada y el agente explotador que no sólo se traduce en una afectación patrimonial o material, sino que también repercute de manera directa en la dignidad de las personas.

Asimismo, se estableció que la particularidad de la norma contemplada en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consiste en que se trata de una prohibición que abarca cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, independientemente de que existen otras normas de ese mismo ordenamiento que prohíben manifestaciones específicas de explotación como la esclavitud (artículo 6, numeral 1), la servidumbre (artículo 6, numeral 1), los trabajos forzados (artículo 6, numeral 2) o la propia usura (artículo 21, numeral 3).

Lo anterior dio origen a la tesis aislada 1a. CXCIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 586, materia constitucional, con número de registro digital: 2009281, que dice:

"EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO. La ‘explotación del hombre por el hombre’, contenida en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación en la que una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. Aun cuando el concepto de ‘explotación’ al que hace referencia la prohibición está afectado de vaguedad, existen casos claros de aplicación del concepto, pues dicha prohibición abarca cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, tal y como ocurre con otras manifestaciones específicas dentro del mismo ordenamiento, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 6.2) o la propia usura (artículo 21.3). Todas estas situaciones son instancias indiscutibles de explotación del hombre por el hombre."

De lo anterior se advierte que la dignidad humana es un valor supremo de rango constitucional y convencional, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. Así, de manera alguna se debe permitir que una persona utilice en provecho propio y de modo abusivo la propiedad de otro, esto es, que se configure la explotación del hombre por el hombre, como forma de protección a la dignidad humana.

Una vez precisado lo anterior, como se dijo, a juicio de la quejosa, el artículo 78 del Código de Comercio transgrede la dignidad humana protegida a rango constitucional y convencional.

Dicho numeral establece lo siguiente:

"Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados."

Del anterior precepto se desprende que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Este numeral consagra el principio pacta sunt servanda, el cual consiste en que lo estipulado por las partes, en cualquier forma que se haya pactado, debe ser cumplido.

La autonomía de voluntad de las partes es ley suprema que debe respetarse en los contratos en materias civil y mercantil, porque no sujeta el convenio a formalidad o requisito alguno más allá que la expresión de la voluntad que deberá acatarse en la manera y términos en los que quisieron las partes obligarse. Ello, cuando reúnan los requisitos de existencia, validez y respeten el orden público, interés social y derechos humanos de las personas.

De no cumplirse con lo negociado, en la vía judicial(4) se analizará lo acordado para determinar quién y en qué medida incumplió con lo estipulado en el contrato, a efecto de hacerlo cumplir y conforme a lo convenido, en su caso, determinar cuáles son las penas convencionales que se aplicarán.

En ese sentido, el pacta sunt servanda(5) es la máxima que prevalece en el derecho contractual, particularmente en las materias civil y mercantil. Este axioma se sustenta en que los contratos vinculan a las partes y deben cumplirse al tenor de sus cláusulas, porque fueron los propios contratantes quienes así decidieron convenir; de allí que tengan fuerza de ley entre ellos.

Así, el principio de autonomía de la voluntad de las partes tiene su razón de ser en la esfera de las libertades, en este caso la libertad contractual y, además, en los principios de certeza y seguridad jurídica sin los cuales no habría convenio alguno. Esto es así, porque si las partes contratantes supieran que los pactos que firman no se cumplen, entonces nadie contrataría. Los contratos se firman porque hay una base de confianza entre las partes, que deriva en que lo pactado se acuerda de buena fe y con el ánimo de cumplirlo.

Al respecto, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la autonomía de la voluntad de las partes es un derecho con rango constitucional, tal como se desprende del amparo directo en revisión 992/2014, donde expuso: "... el principio de autonomía de la voluntad goza de rango constitucional y no debe ser reconducido a un simple principio que rige el derecho civil.". Asunto del que derivó la tesis aislada 1a. CDXXV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 219, materia constitucional, con número de registro digital: 2008086, de título, subtítulo y texto siguientes:

"AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de autonomía de la voluntad goza de rango constitucional y no debe ser reconducido a un simple principio que rige el derecho civil. Así las cosas, el respeto del individuo como persona requiere el respeto de su autodeterminación individual, por lo que, si no existe libertad del individuo para estructurar sus relaciones jurídicas de acuerdo con sus deseos, no se respeta la autodeterminación de ese sujeto. Aunado a lo anterior, el principio de autonomía de la voluntad tiene reflejo en el derecho de propiedad y en la libertad de contratación, la cual también es un elemento central del libre desarrollo de la personalidad, y en cuya virtud las partes de una relación jurídica son libres para gestionar su propio interés y regular sus relaciones, sin injerencias externas."

Sin embargo, hay que asentar, que esta tesis más que a la materia contractual civil o mercantil, corresponde a la materia laboral, que por su propia naturaleza es parte del derecho público, tiene fuente constitucional, por derivar del artículo 123 de la Constitución General en sus apartados A y B, es una materia garantista en la que existe suplencia de la queja oficiosa(6) a favor del trabajador y en la que se parte de la base de la disparidad y asimetría de la relación entre la parte trabajadora y la patronal.

De manera que en el derecho contractual laboral resulta evidente que lo pactado necesariamente debe tener límites, que son –al menos– aquellos contemplados en el artículo 123 constitucional, que hay asimetría entre las partes y que, además, el derecho al trabajo es un derecho humano, a diferencia de las materias civil y mercantil, en donde se parte de la base de que las partes están en un plano de igualdad; que pactan bajo el principio de buena fe contractual y que mientras el contrato reúna los requisitos de existencia, validez y no transgreda el orden público ni el interés social, se debe cumplir, porque forma parte del ámbito personal de las libertades. En suma, la autonomía de la voluntad de las partes se debe cumplir al ser la máxima en materia contractual y eso implica que el artículo cuestionado es constitucional y convencional, porque no hay argumento alguno del que se concluya que se prohíbe la contratación en los términos en los que las partes quisieron hacerlo.

Sin embargo, una cuestión es que su constitucionalidad y convencionalidad entren dentro del ámbito de las libertades que protege la Constitución General y otra, la forma en la que las partes contraten, que es lo que debe tener como límite la dignidad humana para permitir la explotación del hombre por el hombre. Esta última parte entra dentro de la aplicación de la norma –que se reitera, es distinta a su constitucionalidad–.

Razonar en un sentido distinto, es decir, concluir que el artículo 78 del Código de Comercio es inconstitucional, implicaría negar libertades a los gobernados, situación que solamente se da en un estado autoritario y no en uno democrático.

Empero, el hecho de que el artículo 78 del Código de Comercio, que contempla la libertad contractual sea constitucional, no significa que ésta –la libertad contractual– carezca de límites constitucionales y convencionales, porque como todo derecho de rango constitucional –el de la libertad contractual– debe respetar el núcleo esencial de otros derechos, como en el caso es el derecho a la dignidad humana en su modalidad de no explotar a los prójimos, particularmente aquellos que se encuentran en una situación de desventaja en la relación contractual pero, como se señaló, esto entra dentro de la aplicación de la norma, no de su constitucionalidad.

En ese contexto, se estima que el artículo 78 del Código de Comercio es constitucional y convencional, dado que no vulnera el derecho fundamental a la dignidad humana y tampoco permite una explotación del hombre por el hombre. Lo que puede dar lugar a esto último es lo contratado entre las partes, pero no el artículo en sí mismo, sino que las partes contratantes abusen una de otra en función de su situación de vulnerabilidad, pero esto no tiene que ver con el estudio de la constitucionalidad del artículo en análisis, solamente, se reitera, con su aplicación.

SÉPTIMO.—Estudio del tópico relativo al respeto de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones entre particulares.

Ahora bien, sentado que el artículo 78 del Código de Comercio es constitucional y convencional, pues la voluntad de las partes es ley suprema y tiene rango de derecho constitucional, con los límites de que no transgreda derechos de terceros, el orden público, el interés social, ni atropelle otros derechos humanos, en particular los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación.

Atendiendo a lo anterior, surge la pregunta: ¿Cómo puede restringirse lo contratado entre particulares cuando transgrede derechos humanos si corresponde al ámbito de las libertades y si quienes están obligados a respetar, promover y reparar los derechos humanos son las autoridades?

Al respecto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada vez con mayor claridad –porque inició con criterios muy cuidadosos en las primeras sentencias en las que analizó la posible violación a derechos humanos por actos de particulares– apunta a que las relaciones horizontales, atendiendo a cada caso en particular en el que la persona juzgadora deberá ponderar si los derechos humanos que han permeado en todo el orden jurídico, alcanzaron a ese acto jurídico para efecto de estudiarlo a la luz de la parte dogmática de la Constitución General.

En la tesis de jurisprudencia 1a./J. 15/2012 (9a.), de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.", dicha Primera Sala dejó claro que la respuesta por parte del Estado en el sentido de que solamente las autoridades son quienes transgreden derechos humanos se ha quedado corta, porque hay relaciones asimétricas dentro de los actos entre particulares que deben ser analizadas para determinar si transgreden derechos fundamentales. En la parte de interés del texto de esta tesis se desprende lo siguiente:

"La formulación clásica de los derechos fundamentales como límites dirigidos únicamente frente al poder público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a las violaciones a dichos derechos por parte de los actos de particulares. En este sentido, resulta innegable que las relaciones de desigualdad que se presentan en las sociedades contemporáneas, y que conforman posiciones de privilegio para una de las partes, pueden conllevar la posible violación de derechos fundamentales en detrimento de la parte más débil. ... los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad, ... se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva). ... En esta lógica, la doble función que los derechos fundamentales desempeñan en el ordenamiento y la estructura de ciertos derechos, constituyen la base que permite afirmar su incidencia en las relaciones entre particulares."

Por otro lado, en la tesis aislada 1a. XX/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.", la Primera Sala de la Suprema Corte visibilizó que los derechos humanos, especialmente el derecho a la igualdad y no discriminación, tienen eficacia dentro de las relaciones entre particulares, de manera que las personas jurídicas o físicas de derecho privado, los deben –los derechos humanos– respetar. El texto de la tesis, en la parte que es necesario resaltar dice lo siguiente:

"... los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, incluso, en las relaciones jurídico-privadas. ... del análisis del contenido y estructura de los derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación, se desprende que los mismos son vinculantes no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares."

Por su parte, en la tesis aislada 1a. XLI/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.", también la Primera Sala de la Suprema Corte señaló que los derechos humanos, independientemente de su fuente, si son constitucionales o convencionales, tienen eficacia dentro de las relaciones entre particulares. El texto de esta tesis, para lo que aquí es de utilidad dice lo siguiente:

"... resulta claro que los derechos fundamentales, ya sea que provengan de fuente constitucional o internacional, gozan de plena eficacia jurídica, incluso en las relaciones entre particulares, pues la exigibilidad deriva del contenido del derecho y no de la forma en que el mismo se incorpora al sistema jurídico."

Finalmente, hay un criterio orientador del que se deriva la permeabilidad de los derechos humanos en las relaciones horizontales, que es el contemplado en la tesis aislada 1a. CDXXVI/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. FACTORES PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.", en el que nuevamente la Primera Sala de la Suprema Corte, al defender las libertades, dispuso que mientras más cercana sea la relación interpersonal en el acto jurídico que se lleve a cabo, menos puede haber una injerencia del Estado en determinar si transgrede un derecho humano, porque entra dentro del ámbito de las libertades, en cambio, mientras más alejado se encuentra de la relación interpersonal, más sujeto a escrutinio a la luz de los derechos humanos. En esta tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da tres directrices para que la persona juzgadora determine si hay incidencia de los derechos humanos en las relaciones entre particulares y la autonomía de la voluntad.

Las tres pautas de análisis para ver si una relación entre particulares debe ser analizada a la luz de los derechos humanos son: la primera, cuando una de las partes asume una relación de clara asimetría en relación con la otra; la segunda, es la repercusión social de la discriminación que provoca que deje de ser un asunto meramente de la esfera privada de la persona para pasar al ámbito de lo público con la posibilidad de acotar el margen de libertad; y, la tercera, es analizar qué tanto el acto jurídico afecta el núcleo esencial del derecho humano a la dignidad de una de las partes. Su texto dice lo siguiente:

"... al reconocer la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, es siempre en el entendido de que dicha eficacia es matizada, es decir, con un alcance que tendrá que ser graduado o modulado en cada caso atendiendo al peso relativo de los derechos o intereses con los que aquéllos entran en colisión. ... el principio de igualdad no pretende imponer rígidamente a cada individuo que trate a los demás con exquisita igualdad en sus relaciones recíprocas, obligándole a justificar de forma objetiva cualquier desviación de esa regla. Es decir, un ordenamiento jurídico como el nuestro –que se aleja de los paradigmas totalitarios–, permite un espacio de espontaneidad y hasta de arbitrariedad en las relaciones que se suceden entre particulares. Así, es indudable que existe una esfera de actuación puramente privada, que queda fuera del alcance de las normas constitucionales, en el que los individuos son libres de discriminar a la hora de seleccionar las personas con las que van a relacionarse ... de regular esas relaciones (determinando el contenido de los contratos, de los estatutos sociales o de las disposiciones testamentarias) y de comportarse, en general, de una manera que le está vedado a los órganos públicos regular. En pocas palabras, cuanto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31759-da3739ac/contratos-mercantiles-el-articulo-78-del-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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