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CONCURSOS MERCANTILES. LOS ARTÍCULOS 169, FRACCIÓN I, 178 Y 184, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VULNERAN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONCURSOS MERCANTILES. LOS ARTÍCULOS 169, FRACCIÓN I, 178 Y 184, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VULNERAN LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL COMERCIANTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 342/2021. · Registro digital (IUS): 30535
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-13
Promovente: PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L. DE C.V. Y OTRO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, Pág.2351.

AMPARO EN REVISIÓN 342/2021. PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L. DE C.V. Y OTRO. 12 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ.

SUMARIO

Dos personas morales integrantes del mismo grupo societario presentaron su solicitud de concurso mercantil. El Juez Federal del conocimiento declaró a ambas empresas en estado de quiebra. Una vez declarada la etapa de quiebra, los representantes de ambas presentaron diversos escritos ante el Juez del conocimiento, mismos que se tuvieron por no presentados argumentando que la representación de éstas en la etapa de quiebra correspondía al síndico. Inconformes, promovieron juicio de amparo indirecto en el que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 169, fracción I, 178 y 184, párrafo tercero, de la Ley de Concursos Mercantiles. El Juez constitucional sobreseyó en el juicio considerando que las quejosas habían interpuesto un recurso legal en contra del acto reclamado. Las quejosas interpusieron el recurso de revisión sobre el cual recayeron dos resoluciones del Tribunal Colegiado, en donde se decretó el sobreseimiento parcial y ante la subsistencia parcial del acto reclamado, determinó enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de su competencia originaria.

CUESTIONARIO

¿Los artículos 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles son inconstitucionales al vulnerar los derechos a la tutela jurisdiccional e implican el desconocimiento de su personalidad jurídica de las recurrentes?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de doce de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelven los autos del amparo en revisión 342/2021, interpuesto por Perforadora Oro Negro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su representante Elías Mendoza Murguía, en contra de la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México mediante la cual sobreseyó el juicio de amparo indirecto **********.

I. ANTECEDENTES

1. El trece de junio de dos mil diecinueve, dentro de los autos del concurso mercantil ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, relativo a las empresas Perforadora Oro Negro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, se declaró en quiebra a las concursadas.

2. En acuerdo de diecisiete de junio siguiente, el Juez concursal tuvo por recibido el oficio del director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, a través del cual, informó que fue designado como síndico a Fernando Pérez Correa Camarena.

3. Previamente, mediante escrito presentado el catorce de junio del dos mil diecinueve, con número de registro 10880, Perforadora Oro Negro, a través de su apoderado Elías Mendoza Murguía, interpuso recurso de revocación en contra de la interlocutoria de siete de junio anterior, mediante la cual, el juzgador concursal declaró improcedente el "incidente de modificación a la fecha de retroacción".

4. En escrito exhibido el diecisiete de junio posterior, registrado con el número 10965, Perforadora Oro Negro, por medio de su representante Elías Mendoza Murguía, realizó una objeción y oposición en relación con las manifestaciones vertidas por Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco.

5. Asimismo, por escrito presentando el catorce de junio de dos mil diecinueve, con registro 10879, Perforadora Oro Negro, a través de su apoderado, Jesús Ángel Guerra Méndez, desahogó el requerimiento que se le formuló a dicha persona moral en acuerdo de seis de junio anterior, respecto de la exhibición de un listado de bienes y equipos de cómputo a bordo de las plataformas marinas autoelevables denominadas: Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus.

6. Finalmente, mediante escrito presentado el catorce de junio del mismo año, registrado con el folio 10878, Perforadora Oro Negro, por medio de su apoderado, Elías Mendoza Murguía, interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de siete de junio de ese año, a través del cual, el resolutor de origen requirió al conciliador para que rindiera un informe detallado de la información relacionada con los gastos legales realizados a "Quinn Emmanuel Urquath & Sullivan, LLP".

7. Las promociones antes detalladas fueron acordadas por el titular responsable en acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, en los términos siguientes:

"... Ciudad de México, veinte de junio de dos mil diecinueve.

"... En diverso aspecto, los escritos con folios 10879, 10878, 10880 y 10965, presentados por Perforadora Oro Negro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de sus apoderados, Jesús Ángel Guerra Méndez y Elías Mendoza Murguía, respectivamente, únicamente se mandan a agregar a los presentes autos para que obren como correspondan, en virtud de que en términos del artículo 184, párrafo tercero, de la Ley de Concursos Mercantiles, en la etapa de quiebra, los apoderados de las comerciantes no tienen personalidad ni legitimación para representarlas dentro del proceso concursal, salvo en los términos y para los efectos expresamente previstos en esta ley.

"Los artículos 169, fracción I, 178 y 184 de la Ley de Concursos Mercantiles, disponen: (los transcribe)

"De la transcripción anterior, se desprende que cuando se ha declarado en estado de quiebra a la comerciante, se suspende su capacidad de ejercicio sobre los bienes y derechos, por lo que de plano es removida de la administración de la empresa, para ser llevada por el síndico, con las facultades más amplias de dominio, para la continuación de su operación, la cual será conforme a la marcha regular, de ahí que los administradores, apoderados y representantes de la comerciante no tendrán personalidad ni legitimación para representarla en la etapa de quiebra dentro del proceso concursal, salvo en los términos y para los efectos expresamente previstos en esta ley.

"En las relatadas consideraciones, como ha quedado expuesto en párrafos que anteceden, desde el trece de junio de dos mil diecinueve se declaró a las comerciantes en quiebra.

"Aunado a que, por oficio con folio 10872, el director general del Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles informó mediante sesión extraordinaria de catorce de junio de dos mil diecinueve, designó al conciliador Fernando Pérez Correa Camarena como síndico y que en esa misma fecha le informó su nombramiento mediante correo electrónico enviado a las trece horas con veintitrés minutos.

"De ahí que, en términos del artículo 170, último párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, desde su designación, el síndico inició de inmediato su encargo.

"Es así que, como los escritos con folios 10879, 10878, 10880 y 10965, presentados por los apoderados de la comerciante, fueron presentados el catorce y diecisiete de junio de dos mil diecinueve, fechas en que ya se había declarado en concurso mercantil a Perforadora Oro Negro, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y se había designado síndico, por lo que en términos del artículo 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, en la etapa de quiebra, dichos apoderados ya no tienen personalidad ni legitimación para representarla; pues tal actuación ya corresponde al síndico, al tener a su cargo, la administración de la comerciante, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley.

"Entonces es claro que, dichos escritos no pueden tenerse por presentados, por haber sido firmados por los apoderados de la comerciante, personas diversas a quien corresponde tal facultad, pues conforme al artículo 184 de la Ley de Concursos Mercantiles, los administradores y representantes del comerciante no tendrán personalidad ni legitimación para representarla en la etapa de quiebra.

"Aunado a que la comerciante es sabedora de su situación jurídica al ser la concursada, cuyos representantes deben coadyuvar con el síndico en aras de garantizar la masa concursal. ..."

8. Inconforme con lo anterior, la concursada interpuso recurso de revocación, mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, a través de su apoderado Jesús Ángel Guerra Méndez, el cual fue admitido por el juzgador en auto de veintiocho de junio subsecuente.

9. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Asimismo, por escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, las quejosas, Perforadora Oro Negro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a través de su apoderado Elías Mendoza Murguía, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

a) Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

b) Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

c) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Secretario de Gobernación.

e) Director del Diario Oficial de la Federación.

Actos reclamados:

a) De la primera autoridad, (i) el proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, emitido en el concurso mercantil expediente **********, a través del cual dicho órgano jurisdiccional dejó de reconocer a los apoderados de las concursadas, la personalidad y legitimación para representarlas dentro del procedimiento natural; y, (ii) la aplicación e inconstitucionalidad de los artículos 169, fracción I, 178 y 184, párrafo tercero, de la Ley de Concursos Mercantiles en el procedimiento referido.

b) De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la discusión y aprobación de los preceptos mencionados en el inciso anterior.

c) Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición y promulgación de los mismos artículos mencionados en el inciso a).

d) Del secretario de Gobernación, la orden de publicación de los artículos referidos en el inciso a).

e) Del director del Diario Oficial de la Federación, la publicación de los numerales mencionados en el inciso a).

10. Trámite del juicio de amparo. El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a quien correspondió conocer de la demanda, la admitió y ordenó su registro bajo el número **********.

11. Seguido el juicio, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia el ocho de enero de dos mil veinte, en el sentido de sobreseer el juicio de amparo, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque las quejosas habían interpuesto un recurso de revocación en contra del acto reclamado.

12. Recurso de revisión. Inconformes con la determinación inmediatamente antes referida, las personas morales promoventes del amparo interpusieron recurso de revisión, mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, que por razón de turno le correspondió al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, admitiéndolo y registrándolo con el número de expediente **********.

13. En sesión de cinco de noviembre de dos mil veinte, el citado órgano colegiado determinó dejar incólumes las consideraciones del Juez de Distrito en cuando a la subsistencia de la causa de improcedencia que advirtió, únicamente en cuanto a lo relativo a las promociones registradas con los números 10965 y 10879, así como modificar la sentencia recurrida respecto de los demás escritos identificados con los números 10880 y 10878, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumir su competencia originaria. Ello, al considerar que la problemática planteada reviste interés y trascendencia para la vida jurídica de la Nación, ya que sobre la inconstitucionalidad de los artículos 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, no hay jurisprudencia, ni precedentes emitidos por el Pleno o por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

14. Amparo en revisión 572/2020. El presidente de este Alto Tribunal dictó un acuerdo el cuatro de diciembre de dos mil veinte por el que se tuvo por admitido el recurso, mismo que fue registrado con el número de expediente 572/2020 del índice de la Primera Sala y se turnó a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

15. Mediante sesión virtual de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la devolución del asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento, al considerar que no se había agotado el estudio de todas las causales de improcedencia, en términos del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

16. Mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno y en cumplimiento a lo ordenado por esta Primera Sala, el Tribunal Colegiado analizó las posibles causales de improcedencia planteadas por el presidente de la República y la Secretaría de Gobernación. Al respecto, desestimó las cinco causales de improcedencia al considerar que no existió consentimiento tácito sobre la norma general, que otras causales argumentadas se relacionaban con el fondo del asunto, que no se trataba de actos consumados de modo irreparable y que afectaba derechos sustantivos, por lo que no se trataba de cuestiones de legalidad.

17. En esos términos y al subsistir un problema de constitucionalidad, resolvió remitir el asunto nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su sustanciación en ejercicio de su competencia originaria.

18. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diez de agosto de dos mil veintiuno, por acuerdo del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se admitió a trámite el asunto bajo el número 342/2021. Asimismo, ordenó su turno al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en virtud de haber sido ponente en el relacionado amparo en revisión 572/2020.

19. Avocamiento. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaría al conocimiento del recurso y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro designado.

II. PRESUPUESTOS PROCESALES

20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente(1) para conocer la revisión principal, que fue interpuesta de manera oportuna y por partes legitimadas.(2)

III. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

21. Para una mejor comprensión del asunto, conviene relatar los principales argumentos contenidos en la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los agravios formulados en el recurso de revisión y lo resuelto por el Tribunal Colegiado.

22. Conceptos de violación. En su primer concepto de violación las quejosas argumentaron que la autoridad responsable señaló que, en términos de los artículos 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, los apoderados designados por las comerciantes no tenían personalidad, ni legitimación para representarlas en el procedimiento concursal, pues dicha representación le compete al síndico, razón por la cual tuvo por no presentados los escritos registrados con los números 10880, 10965, 10879 y 10878.

23. La determinación referida la consideraron contraria a los artículos 1o., 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al haberse realizado una interpretación restrictiva de sus derechos de acceso a la justicia, audiencia y juicio previo, así como a los principios de legalidad, seguridad jurídica y estricta aplicación de la ley en materia civil.

24. Añaden que conforme a una interpretación conforme y sistemática de los artículos 169, fracciones I, III, IV y V, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles se desprende que la capacidad de ejercicio y representación de las comerciantes únicamente se restringe respecto de bienes y derechos que integran la masa, sin que esta restricción implique que las comerciantes ya no puedan defender los bienes y derechos que le pertenecen, inclusive a través de su participación en el proceso concursal y la presentación de recursos previstos legalmente en atención a los derechos de tutela judicial efectiva y de administración de justicia.

25. Las quejosas, por otro lado, alegan que con la aplicación de los artículos combatidos se pasó por alto que los Jueces y tribunales deben interpretar las normas de tal manera que les permitan a los gobernados tener acceso a la justicia, evitando hacer interpretaciones estrictas a disposiciones legales que impidan el acceso a la justicia. Lo anterior, con apoyo en las tesis jurisprudenciales I.7o.C.66 K y 1a./J. 37/2017 (10a.), de rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS." e "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.", pues, de sostener lo contrario, implicaría una violación a su derecho humano de acceso a la justicia en la medida en que se les impediría a las comerciantes acceder a un tribunal a defender sus bienes y derechos.

26. De lo anterior, consideran que se evidencia que el acto reclamado es violatorio de sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, ya que el Juez responsable, de una interpretación errónea de lo dispuesto por los artículos 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, les impide defender sus bienes y derechos dejándolos en un estado completo de indefensión.

27. En el segundo concepto de violación las quejosas argumentaron la inconstitucionalidad de lo dispuesto en los artículos 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles por ser contrarios a lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 15, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

28. Sobre este punto las quejosas argumentaron que el síndico representa los intereses de la masa concursal y de los acreedores reconocidos, pero no defiende los derechos e intereses patrimoniales de las comerciantes. En consecuencia, consideran que los artículos citados de la Ley de Concursos Mercantiles establecen límites excesivos y desproporcionales para el acceso a la justicia de las comerciantes en quiebra, máxime que la figura del síndico no garantiza otros bienes constitucionales.

29. Por último, consideran que los mencionados artículos de la Ley de Concursos Mercantiles son contrarios al reconocimiento de la personalidad jurídica de las comerciantes, al establecer límites para que ésta pueda ser ejercida libre y plenamente, impidiendo que ejerza sus derechos de manera efectiva y, por tanto, son contrarios a lo establecido en el artículo 3.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

30. Por tanto, señalan que el Estado Mexicano no puede restringir el derecho humano de reconocimiento a la personalidad jurídica, so pretexto de la quiebra del comerciante, en virtud de que resulta un bien jurídicamente tutelado mayor que se le permita a los gobernados a (i) acceder a su derecho humano al reconocimiento a la personalidad jurídica, a efecto de ser sujeto de derechos y obligaciones; y, (ii) asegurar el pleno acceso y capacidad de los gobernados para actuar en todas las etapas del procedimiento del que son parte. 31. Consideraciones de la sentencia recurrida. El Juez de Distrito advirtió, de forma oficiosa, la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, porque en contra del acto reclamado, consistente en el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, las quejosas interpusieron recurso de revocación, mismo que fue admitido a trámite por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, señaló que, si el artículo de la Ley de Amparo mencionado establece que el juicio de amparo es improcedente, si se encuentra pendiente de resolver algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, es claro que ésta se actualiza en el presente caso.

32. Para ello, señaló que, para la actualización de dicha causa de improcedencia, es necesario que se acrediten los siguientes elementos: a) que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad respecto del cual solicite la protección constitucional; b) aquél hubiera sido admitido y se encuentre en trámite, al resolver el amparo bi-instancial; y, c) además constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto reclamado en el juicio de amparo.

33. Por tanto, el juzgador consideró que, en el caso concreto, las quejosas interpusieron recurso de revocación en contra del acto reclamado, el cual fue admitido por el juzgador concursal en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por lo que si las sociedades quejosas promovieron un medio ordinario de defensa en contra del auto de veinte de junio del dos mil diecinueve, el cual se encontraba en trámite y es el medio de defensa idóneo para revocar o modificar el proveído recurrido, lo anterior en términos del artículo 268 de la Ley de Concursos Mercantiles, se colige válidamente que se encuentran demostrados los elementos antes descritos. Lo anterior, considerando aplicables las tesis P./J. 144/2000 y 1a./J. 3/2010, de rubros: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." y "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO."

34. Por tanto, resolvió sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo.

35. Asimismo, el Juzgado de Distrito señaló que, al ser improcedente el juicio de amparo en relación con el acto que se califica como de aplicación, la misma suerte corre la demanda de amparo respecto de los artículos cuestionados, consistentes en los numerales 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, en términos del artículo 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo.

36. Lo anterior en atención a que, al señalar que el examen de control de las normas generales con motivo de su aplicación, solamente puede llevarse a cabo cuando el amparo es procedente respecto del acto que concretiza el supuesto cuya regulación se tilda de inconstitucional, ya que no puede desvincularse el estudio de la constitucionalidad de la ley con la determinación donde se empleó por primera vez, dada su estrecha vinculación. Por ende, puntualizó que, si en relación con la actuación fundada en la norma controvertida se actualiza una causa de improcedencia, igualmente se impondrá sobreseer en el juicio respecto de ésta.

37. Lo anterior, considerando aplicables los criterios de rubros siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." y "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN."

38. Así entonces, el juzgador determinó que, al haber quedado evidenciado que en contra del acto de aplicación de las porciones normativas tildadas de inconstitucionales se actualizó una causa de improcedencia, la misma suerte corre en relación con el ordenamiento legal impugnado, toda vez que no se puede desvincular el estudio de ambos.

39. Agravio. En la revisión las recurrentes sostienen en su único agravio que la determinación del Juzgado de Distrito es violatoria del artículo 74 de la Ley de Amparo, por la indebida aplicación e interpretación de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo.

40. Ello, ya que consideran que en el caso no se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, toda vez que, conforme a la tesis aislada de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR EXISTIR RECURSO PENDIENTE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO.", el recurso ordinario que se interponga en contra del acto reclamado debe ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que no sucede en el caso.

41. Lo anterior, ya que contra el acto reclamado de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual el Juez responsable, entre otras cosas, tuvo por no presentados los recursos de revocación promovidos por Perforadora Oro Negro, mediante los escritos con números de registro 10878 y 10880, bajo la consideración de que los apoderados designados por las comerciantes no tienen legitimación para presentarlas, las quejosas interpusieron un recurso de revocación, el cual no puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, es decir, el acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve para el efecto de que se admitan los recursos de revocación que se tuvieron por no presentados pues, conforme a los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, así como a la tesis I.8o.C.31 C (10a.), de rubro: "REVOCACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE O DESECHA.", el recurso de revocación es improcedente en contra de resoluciones que desechen otro recurso de revocación.

42. Por tanto, las recurrentes consideran que, de acuerdo con el artículo 1335 del Código de Comercio y el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra del acto reclamado, pues en el mismo sí es posible resolverse sobre la admisión de los recursos de revocación promovidos por las concursantes, mediante los escritos con números de registro 10878 y 10880.

43. Por otro lado, señalan que, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, los únicos órganos facultados para realizar un control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de preceptos legales o declarar la inconstitucionalidad para desincorporarlos de las esferas jurídicas del quejoso, son los órganos que forman parte del Poder Judicial de la Federación, que actúen como tribunales constitucionales, lo que apoyan con la tesis 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.), de rubro: "CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS.", de la que, aducen, se desprende que es evidente que, a través del recurso de revocación promovido en contra del acto reclamado, no es posible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, consistente en los artículos 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, toda vez que el Juez de Distrito no tiene la facultad de hacerlo y, por el contrario, el único medio idóneo para lograr lo anterior es a través del juicio de amparo indirecto.

44. Así entonces, contrario a lo que resolvió el Juez de Distrito, las recurrentes alegan que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia, ya que a través del recurso de revocación no se puede modificar, revocar y nulificar el acto reclamado, en virtud de que no tiene como efecto que se admitan los recursos de revocación promovidos por las concursantes, mediante sus escritos con número de registro 10878 y 10880, ni que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 169, fracción I, 178 y 184, tercer párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles.

45. Lo anterior, señalan, aunado a que, a través del recurso de revocación interpuesto contra el acto reclamado, las quejosas no solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos mercantiles, por ser violatorios a los artículos 1o., 14, 15, 17 y 133 de la Constitución Federal, así como a los artículos 3.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Razón por la cual consideran que tampoco se actualiza la causal de improcedencia señalada por el Juez de Distrito.

46. Sentencias del recurso de revisión. El Tribunal Colegiado del conocimiento, en su primera ejecutoria de cinco de noviembre de dos mil veinte, determinó sobreseer respecto de los escritos identificados con los números 10965 y 10879 del proceso concursal en donde los apoderados de las quejosas realizaron una objeción sobre manifestaciones vertidas en el proceso y desahogaron un requerimiento que se les había formulado, respectivamente. Por otro lado, consideró que respecto de los escritos identificados bajo los números 10880 y 10878 del juicio natural, subsistía parcialmente el acto de aplicación reclamado, toda vez que a través de éstos se intentó interponer recursos de revocación, por lo que no cabía a su vez cuestionarlos a través de otro recurso de revocación; asi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30535-88f16169/concursos-mercantiles-los-articulos-169-fraccion-i-178 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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