CONCURSOS MERCANTILES. EL PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY RELATIVA, ES RAZONABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 515/2021. 6 DE JULIO DE 2022. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: GREGORIO DELFINO CASTILLO PORRAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona moral demandó el concurso mercantil de otra –en adelante el recurrente–. La demandada contestó la demanda instaurada en contra y exhibió la lista de acreedores. El Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México dictó sentencia y consideró procedente la declaración de concurso mercantil con apertura en la etapa de conciliación, se hizo del conocimiento de los interesados el nombre de los acreedores de la comerciante (contenidos en el dictamen del visitador) y los montos respectivos. Seguidas las etapas procesales, se determinó procedente la declaración de quiebra de la concursada.
Las partes (comerciante y acreedores) interpusieron recursos de apelación contra la sentencia que declaró la quiebra de la concursada. El Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, confirmó la resolución impugnada. Inconformes, las partes promovieron sendos juicios de amparo indirecto; sin embargo, sólo uno –el recurrente– hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 145; 167, fracción II; y 168 de la Ley de Concursos Mercantiles.
El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito ordenó la acumulación de los expedientes y, posteriormente resolvió: a) sobreseer el amparo respecto a la expedición y promulgación del decreto por el que se abrogó la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos y se expidió la Ley de Concursos Mercantiles, atribuidos al titular del Poder Ejecutivo Federal; b) negar el amparo en contra de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto ********** y **********, respectivamente y; c) otorgar el amparo para efectos en contra de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto **********.
Inconformes, las quejosas –entre ellas, el recurrente– interpusieron recurso de revisión. La tercera interesada –con el carácter de acreedora reconocida de la comerciante– interpuso revisión adhesiva. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitió los autos del recurso de revisión a este Alto Tribunal para que, en ejercicio de la facultad originaria que tiene se pronuncie respecto a la constitucionalidad de los artículos impugnados.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 515/2021, interpuesto por **********, en contra de la resolución que dictó el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, el día veintitrés de octubre de dos mil veinte en el expediente de amparo ********** y acumulados ********** y **********, del índice correspondiente.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la constitucionalidad de los artículos 145; 167, fracción II; y 168 de la Ley de Concursos Mercantiles, en relación con la razonabilidad del plazo para la celebración de convenio entre los acreedores y el concursado en la etapa de conciliación dentro de los procedimientos concursales.
Cabe señalar que, solamente en el amparo indirecto ********** y en el recurso de revisión promovidos por **********, se planteó el problema de inconstitucionalidad de las disposiciones antes mencionadas de la Ley de Concursos Mercantiles.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del juicio de amparo ********** y acumulados ********** y ********** del índice del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, se desprenden los antecedentes siguientes:
2. Contrato de fideicomiso. ********** –fideicomitente– e ********** –fideicomisario– celebraron contrato de fideicomiso, el cual tiene por objeto constituirse como fuente de pago para el desarrollo de unidades de urbanización. Por el mismo contrato, el fideicomitente: 1) se obligó a la entrega de inmuebles, no obstante que conservó la titularidad de éstos y, 2) obtendrá a favor el seis por ciento del valor de cada vivienda comercializada.
3. Concurso mercantil. **********, demandó el concurso mercantil de **********. La demandada contestó la demanda instaurada en contra y exhibió la lista de acreedores –conforme al artículo 20, fracción III, de la Ley de Concursos Mercantiles–. Se agregó una lista con los acreedores y el monto de las obligaciones que tendrían por lo menos treinta días de vencidas a la fecha de presentación de la demanda. El Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México dictó sentencia: consideró procedente la declaración de concurso mercantil con apertura de la etapa de conciliación e hizo del conocimiento de los interesados el nombre de los acreedores de la comerciante (contenidos en el dictamen del visitador) y los montos respectivos. Seguidas las etapas procesales, se determinó procedente la declaración de quiebra de la concursada.
4. Recursos de apelación. **********; **********; ********** e **********, interpusieron recursos de apelación contra la sentencia que declaró la quiebra de la concursada. El Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa,(1) confirmó la resolución impugnada.
5. Demandas de amparo **********, ********** y **********. **********;(2) **********(3) y **********(4) promovieron sendos juicios de amparo indirecto, señalando esencialmente como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
Autoridades responsables:
a. Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito.
b. Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.
c. Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.
d. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
e. Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores.
f. Secretario de Gobernación.
g. Director del Diario Oficial de la Federación.
Actos reclamados:
i. Todo lo actuado en los tocas de apelación formados con motivo de las apelaciones interpuestas contra la sentencia de quiebra. Acto reclamado a la autoridad marcada con el inciso "a".
ii. La sentencia dictada en los tocas de apelación formados con motivo de las apelaciones interpuestas contra la sentencia de quiebra. Acto reclamado a la autoridad marcada con el inciso "b".
iii. Cualquier consecuencia, cumplimiento o ejecución de la sentencia de apelación. Acto reclamado a la autoridad marcada en el inciso "c".
iv. El inicio, discusión, emisión y aprobación del decreto por el que se abrogó la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos y, en consecuencia, se estableció la Ley de Concursos Mercantiles. Acto reclamado a la autoridad marcada en el inciso "e".
v. La expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto por el que se abrogó la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos y, en consecuencia, se estableció la Ley de Concursos Mercantiles. Acto reclamado a las autoridades marcadas en el inciso "d", "f" y "g".
6. Sentencia de amparo. Las demandas de amparo fueron admitidas. No obstante, no se tuvo como autoridad responsable al Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en virtud de haber concluido su intervención con el dictado de la resolución correspondiente. El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, ordenó la acumulación de los expedientes, y sustanciado el juicio resolvió en el siguiente sentido:
a) Sobreseyó el amparo respecto a la expedición y promulgación del decreto por el que se abrogó la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos y se expidió la Ley de Concursos Mercantiles, atribuidos al titular del Poder Ejecutivo Federal.
b) Negó el amparo a ********** y a **********, en contra de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto ********** y **********, respectivamente.
c) Otorgó el amparo para efectos a ********** en contra de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto **********.
7. Recurso de revisión. Inconformes, las quejosas interpusieron recurso de revisión.
8. Recurso de revisión adhesiva. ********** –con el carácter de tercera interesada y acreedora reconocida de la comerciante– interpuso revisión adhesiva.
9. Trámite ante la Suprema Corte. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitió los autos del recurso de revisión ********** de su índice, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, para que este Alto Tribunal reasuma la competencia originaria y aborde solamente el examen de constitucionalidad de los artículos 145; 167, fracción II; y, 168 de la Ley de Concursos Mercantiles.(5) La presidencia de esta Suprema Corte asumió la competencia originaria para conocer el recurso de revisión sólo respecto del análisis de constitucionalidad de las disposiciones referidas de la Ley de Concursos Mercantiles,(6) lo turnó al Ministro ponente y remitió los autos a la Primera Sala.(7)
I. COMPETENCIA
10. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo vigente hasta el seis de junio de dos mil veintiuno,(8) por tratarse de un asunto de naturaleza mercantil, competencia de esta Primera Sala.
11. Lo anterior, ya que los recursos de revisión se interpusieron contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 145; 167, fracción II; y, 168 de la Ley de Concursos Mercantiles, materia en la que tiene competencia para resolver esta Primera Sala.
II. OPORTUNIDAD
12. Resulta innecesario analizar la oportunidad con la que fueron interpuestos los recursos de revisión que ocupan a esta sentencia. Lo anterior, en tanto que el Tribunal Colegiado que conoció originalmente del asunto examinó dichas cuestiones y determinó que la revisión se presentó en los términos legalmente establecidos.(9)
III. LEGITIMACIÓN
13. Esta Suprema Corte considera que los CC. **********,(10) **********(11) y **********(12) cuentan con la legitimación necesaria para interponer los recursos de revisión, pues está probado que dicho carácter se les reconoció en autos del juicio de amparo indirecto ********** y acumulados ********** y **********.
IV. PROCEDENCIA
14. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:
15. En primer lugar, esta Primera Sala advierte que las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables fueron atendidas por el Juez de amparo, sin que se observe que las partes en el recurso de revisión hayan hecho valer alguna otra causa de improcedencia.
16. En segundo lugar, esta Primera Sala advierte que en la resolución del amparo en revisión **********, el Tribunal Colegiado sostiene expresamente que no se detecta diverso motivo que provoque el sobreseimiento, ni existen diversas causas de improcedencia pendientes de analizar.(13)
17. Finalmente, esta Primera Sala tampoco advierte que exista causa de improcedencia alguna pendiente de resolver, ni la actualización de alguna causa de improcedencia sobreviniente del recurso intentado.
V. ESTUDIO DE FONDO
(1) Cuestiones necesarias para resolver el asunto
18. Sentencia de amparo. El Tribunal Unitario se pronunció en los siguientes términos:
a) En primer lugar, el Tribunal Unitario se pronunció respecto a las causales de improcedencia hechas valer por el titular del Ejecutivo Federal en calidad de autoridad responsable. Así, determinó que, respecto a los actos consistentes en la expedición y publicación del decreto impugnado se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Toda vez que dicha autoridad negó los actos reclamados y la quejosa no desvirtuó dicha negativa.
b) Por otro lado, determinó infundada la causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de la quejosa. Esto, ya que las normas impugnadas efectivamente fueron aplicadas a la quejosa para ser declarada en quiebra.
c) También, tuvo por infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Contrario al dicho de la responsable, la quejosa planteó un tema de inconstitucionalidad material en la demanda de amparo y no únicamente temas de legalidad. Esto, en tanto la quejosa reclamó expresamente la inconstitucionalidad de los artículos 145; 167, fracción II; y, 168 de la Ley de Concursos Mercantiles, al estimarlos transgresores de los artículos 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
d) Por otro parte, el tribunal de amparo sostuvo que, si bien el tribunal de alzada precisó que quedaba fuera de su competencia legal realizar un análisis de inconstitucionalidad de leyes, lo cierto es que no evadió el análisis relativo a la inaplicación de los artículos de la ley concursal señalados por la quejosa. Lo anterior, toda vez que el tribunal de alzada procedió a realizar el control difuso de constitucionalidad de los preceptos aludidos. De ahí que, contrario al dicho de la parte quejosa, la autoridad responsable no incurrió en indebida fundamentación y motivación.
e) Precisó que, la quejosa fundó la inconstitucionalidad de los artículos impugnados en la temporalidad del plazo otorgado –es decir, que no constituía un plazo razonable– a la comerciante para la conciliación ante el desconocimiento de los acreedores con quienes podría negociar y, en vía de consecuencia, lo excesivo de la sanción de quiebra.
f) Por un lado, señaló que el plazo razonable invocado por la quejosa en relación con el artículo 8.1 de la Convención, hace referencia al tiempo en que debe ser resuelto el problema jurídico planteado ante una autoridad judicial, y no propiamente los plazos otorgados por el legislador a las partes para la realización de algún acto judicial.
g) Ahora bien, para pronunciarse respecto al derecho humano a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 constitucional, recordó el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 42/2007, y en el amparo directo en revisión 213/2012. Al respecto, señaló que la Primera Sala definió el atributo de razonabilidad como el "calificativo que implica que deben ser plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y ejercicio del derecho de defensa de las partes".
h) En ese contexto, determinó que para dilucidar si el plazo previsto para la conciliación en el artículo 145 es o no razonable era necesario ponderar si éste resulta prudente y adecuado para conseguir el fin que se persigue (artículo 17 constitucional), en relación con la afectación generada en la situación jurídica de la persona o personas involucradas en el proceso (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).(14)
i) Transcrito el mencionado artículo 145, sostuvo: 1) que el plazo concedido es de ciento ochenta y cinco días naturales contados a partir del día en que se haga la última publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de concurso mercantil; 2) que el legislador estableció la posibilidad de solicitar hasta dos prórrogas de noventa días cada una, en los supuestos previstos en ley; 3) que la etapa de conciliación puede durar hasta trescientos sesenta y cinco días naturales, sin que en ningún caso pueda excederse del mismo; 4) que de la exposición de motivos de la Ley de Concursos Mercantiles se advertía que la celeridad en el procedimiento es uno de los principios preponderantes en la expedición de dicho ordenamiento, y que se busca proteger los principios de conservación y liquidación de la empresa, razones ambas que justifican la fijación de plazos perentorios por parte del legislador.(15)
j) Lo anterior, máxime que en la misma exposición de motivos se apuntó que el carácter perentorio del plazo previsto para la conciliación tiene por objeto generar un incentivo para que las partes, con apoyo en la intervención del conciliador, puedan llegar a un arreglo en el que subsanen las diferencias y diluciden si la empresa puede continuar en operación en manos de los dueños, lo cual resulta más beneficioso para las partes.(16)
k) Bajo tales consideraciones, el tribunal de amparo determinó que, "el plazo previsto para la etapa de conciliación es razonable, desde el punto de vista de la naturaleza del juicio en que se verifica y la finalidad que persigue; amén de que se ajusta a la definición de razonabilidad dada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 213/2012".(17) Lo anterior, al considerar también la afectación generada en la situación jurídica de las partes involucradas en el proceso (parámetro inherente al artículo 8.1 de la Convención).
l) El juzgador sostuvo que, del sistema previsto en la ley concursal para el inicio del juicio de concurso mercantil y tramitación, e incluso de las normas de carácter mercantil que rigen a la quejosa por tener el carácter de comerciante, se desprendía que la quejosa se encontraba en aptitud de conocer, aun cuando fuera de manera presuntiva, quiénes eran los acreedores a la fecha en que se emitió la sentencia de concurso mercantil.(18)
m) Ello, en tanto la declaratoria de concurso mercantil deriva de la imposibilidad del comerciante para hacer frente a las obligaciones contraídas con terceros. Del Código de Comercio se desprende una serie de obligaciones de los comerciantes que permiten la identificación de los sujetos con quienes ha contraído obligaciones, v.gr., llevar y mantener un sistema de contabilidad, llevar un libro mayor con nombre y designaciones de las cuentas de contabilidad, y conservar archivados los comprobantes originales de las operaciones por un mínimo de diez años.
n) Aun cuando el juicio de concurso mercantil inicia por medio de demanda, el comerciante, desde la contestación de la demanda, llega con una relación de acreedores y créditos identificados.
o) En este sentido, el tribunal de amparo sostiene que el comerciante estaba en aptitud de identificar a los acreedores por dos razones. Primero, pues durante el estadio procesal existen dos actos en los que la comerciante tiene un primer panorama de quiénes son los posibles acreedores. Esto es, el acta de visita y la declaración de concurso mercantil. Segundo, porque el comerciante está obligado a conocer el status de la contabilidad y operaciones de funcionamiento.
p) Por otro lado, si bien la etapa de conciliación comienza a correr incluso antes de la fecha límite que tiene el conciliador para presentar la lista provisional, lo cierto es que el lapso previsto no implica, de forma alguna, que la comerciante se encuentre imposibilitada para empezar a negociar con los acreedores a fin de preparar o elaborar una propuesta de convenio. q) En consecuencia, el cómputo de la etapa de conciliación, a partir de la publicación de la sentencia de concurso en el medio oficial de difusión, no es violatorio del artículo 17 constitucional, ni del 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
r) Esto es así, pues aun cuando el comerciante conoce a los acreedores y el monto de los créditos a partir de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, éste aún cuenta con hasta trescientos quince días (considerando las dos prórrogas)(19) para llegar a un acuerdo con los acreedores, presentar la propuesta de convenio y la aprobación de éste.
s) No es óbice a lo anterior que la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos sea apelable y puedan existir modificaciones a la lista de acreedores. Es así toda vez que el artículo 153 de la ley de la materia establece que el convenio debe prever reservas suficientes para el pago de diferencias que puedan resultar de las impugnaciones. De ahí que la comerciante podría hacer frente a tales modificaciones con las reservas previstas.
t) El tribunal de amparo sostuvo que no se advertía causa jurídica alguna que justifique que el plazo para la conciliación inicie hasta que adquiera firmeza la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Por un lado, el comerciante conoce preliminarmente, desde que es declarada en concurso mercantil a los posibles acreedores y el monto de los créditos. Por otro, dada la celeridad que se busca en el concurso mercantil –de acuerdo con su naturaleza, trascendencia y personas involucradas–, no sería justificable postergar la determinación del status de la empresa ni postergar indefinidamente la satisfacción de los créditos de los acreedores, en detrimento del principio de seguridad jurídica.
u) El tribunal de amparo sostuvo que del análisis de autos se advertía: 1) que desde la contestación de la demanda, la comerciante ya tenía una relación de los eventuales acreedores –misma que exhibió ante el Juez– y, 2) las variaciones en los acreedores fueron pocas. De ahí que: 1) la comerciante estuvo en aptitud de preparar las negociaciones desde el inicio de la etapa de conciliación; 2) la concursada contó con tiempo suficiente para negociar y elaborar una propuesta de convenio y, 3) las modificaciones consistieron únicamente en aspectos de prelación, sin que variaran los acreedores reconocidos y los montos.
v) Finalmente, el tribunal de amparo determinó que los artículos 167, fracción II y 168 de la Ley de Concursos Mercantiles, únicamente son una consecuencia de lo previsto en el propio artículo 145. Entonces, si el artículo 145 se estima acorde al derecho humano de tutela judicial efectiva y apegado a los parámetros que rigen las garantías procesales, los diversos 167, fracción II y 168 siguen la misma suerte.
w) Por otra parte, el tribunal de amparo advirtió que desde la admisión de la demanda se estableció que el otorgamiento de medidas cautelares no implicaba que debieran suspenderse cuestiones vigentes con anterioridad a la presentación de la demanda, pues ello significaría modificar o revocar tales actos jurídicos. El objetivo de dichas medidas era que no se dilapidara el patrimonio de la comerciante, no así otorgaba derechos de propiedad distintos a los que la comerciante pudiera tener en relación con los inmuebles, muebles o alguna otra cuestión derivada de las obligaciones contractuales.(20)
x) El otorgamiento de medidas cautelares no implicaba la suspensión de cuestiones vigentes con anterioridad a la presentación de la demanda, sino que se otorgaron en función de la proporción y prelación que le corresponde a la comerciante.
y) De ahí que nunca se tuvo por objeto desconocer permanentemente los derechos de los restantes fideicomisarios, sino únicamente que los pagos a ellos destinados se entregaran a quien tuviera la administración de la comerciante para preservar la viabilidad hasta tanto se llegara a otra etapa del concurso. Ello, al considerar en todo momento, el porcentaje pactado en el convenio modificatorio.
z) Sostiene que es inexacto el argumento relativo a que, al permitirse el normal funcionamiento del fideicomiso, cobrarán de forma preferente acreedores que tienen el carácter de subordinados. Es así ya que el otorgamiento de las medidas cautelares no implicaba reconocer derechos distintos a los que la comerciante pudiera tener en virtud de los inmuebles aportados al fideicomiso. De modo que, si bien cuando el contrato retome el funcionamiento ordinario, los fideicomisarios con derecho preferente al de la empresa concursada cobrarán conforme al contrato, lo cierto es que ello no implica que se esté trastocando la prelación determinada en sentencia. Esto, porque tales recursos nunca formaron parte de los activos, derechos o propiedades de la concursada, sino que se resguardaron en aras de proteger la viabilidad de la empresa, lo cual en la etapa de quiebra ya no se justifica.(21)
aa) Estimar lo contrario implicaría dotar de efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar, lo cual va en contra de su naturaleza meramente preventiva.
bb) Por otra parte, sostuvo que, de la lectura integral de las sentencias de amparo y revisión derivadas de la demanda de amparo promovida por diversa persona moral, no se advertía determinación de que los pagos a terceros pactados en el contrato de fideicomiso con motivo de los diversos reconocimientos de adeudo celebrados por la comerciante en forma previa a la declaratoria de concurso mercantil quedaran sin efectos o insubsistentes. Antes bien, lo que se ponderó fue que el contrato de fideicomiso tenía previsto el derecho de reversión.(22)
cc) Si bien se determinó que la concursada fideicomitente había destinado recursos para cumplir con los fines del fideicomiso, sin llegar al extremo de considerar que el pacto privado se encontraba por encima de las disposiciones de orden público y así evitar el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago de la comerciante. También se puntualizó que las medidas precautorias trataban de salvaguardar las circunstancias que permitían dar viabilidad a la comerciante, no obstante que dichas medidas no son perpetuas, y existen otras formas de controvertir esos efectos en una etapa posterior.
dd) De ahí que, si en aplicación de la tesis de rubro: "FIDEICOMISO O CESIÓN DE DERECHOS. EN CASO DE CONCURSO MERCANTIL, LAS REMUNERACIONES FUTURAS DERIVADAS DE UN CONTRATO PRIVADO DE TRACTO SUCESIVO, A FIN DE GARANTIZAR O PAGAR UNA OBLIGACIÓN, NO PODRÁN CONTINUAR VIGENTES, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS FUTUROS ACTIVOS ESTARÁN REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE RIGEN PARA EL CEDENTE O FIDEICOMITENTE.",(23) se sostuvo que la medida cautelar tenía por objeto restringir los pagos a terceros para conservar la viabilidad de la comerciante, no se violan los derechos de igualdad ni tutela judicial efectiva.
ee) El Tribunal Unitario apoyó estas consideraciones en las tesis de rubros: "FIDEICOMISO DE GARANTÍA. SUS EFECTOS EN CASO DE QUIEBRA DEL DEUDOR."(24) y "ACCIÓN SEPARATORIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE QUE LA INSTITUCIÓN FIDUCIARA TENGA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES QUE INDEBIDAMENTE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA MASA ACTIVA DEL COMERCIANTE DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL.".(25) No obstante, la segunda sólo fue citada por las razones que la integran y no porque se esté en presencia de una acción separatoria. La primera, rige en el caso respecto a la etapa de quiebra, pues lo que se liquida es el patrimonio de la empresa fallida, independientemente de los bienes que hubiere aportado al fideicomiso.
ff) Señala que es cierto que la responsable omitió pronunciarse sobre el procedimiento de subasta referido por la recurrente. En consecuencia, la sentencia reclamada presenta una incongruencia externa –al haber omitido uno de los temas alegados por la recurrente–, traducida en una violación al derecho humano de tutela judicial efectiva. Por tanto, se concede la protección constitucional a la C. **********, para efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, sin perjuicio de reiterar lo que no es materia de la concesión de amparo, atienda lo expuesto por la quejosa al respecto.
19. Recurso de revisión de **********. **********, expuso los agravios siguientes:
a) El quejoso aduce que la sentencia recurrida carece de una correcta fundamentación y motivación. A su consideración, el Tribunal Unitario responsable, por un lado, no estudió todos los argumentos formulados en los conceptos de violación. Por otro, resultan incorrectas las consideraciones vertidas por la responsable, al no haber tomado en cuenta los antecedentes del fideicomiso.
b) Aunado a ello, sostiene que el Tribunal Unitario transgredió el principio de congruencia externa, al considerar argumentos que no fueron planteados por la quejosa. Así, varió la litis y transgredió la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo en perjuicio de la quejosa.
c) A su criterio, el fideicomiso no debe funcionar en los términos expuestos por el Tribunal Unitario. Es así pues la calidad de acreedores reconocidos se sostiene en función de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, así como del reconocimiento del adeudo pagado con la operación del fideicomiso. De ahí que, si los acreedores reconocidos reciben el pago de los créditos en virtud de la operación del fideicomiso y tienen derecho a cobrar de la masa concursal los mismos créditos reconocidos en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de crédito, a su consideración, se está pagando dos veces la misma deuda.
d) Insiste en que los conceptos de violación en torno al funcionamiento del fideicomiso y el pago a acreedores reconocidos fueron incorrectamente interpretados por el tribunal responsable. Agregó que, considerar como un fin del fideicomiso el pago a acreedores subordinados es violatorio de la sentencia de reconocimiento, graduación y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31875-c07697d5/concursos-mercantiles-el-plazo-para-la-celebracion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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