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Modo: Corpus Pro

ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 213/2012. · Registro digital (IUS): 23725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DELEGADO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Pág. 37.

AMPARO EN REVISIÓN 213/2012. DELEGADO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 23 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno; reformado por el diverso Acuerdo General Número 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho, también del Pleno de este Alto Tribunal. Lo anterior, porque el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en audiencia constitucional derivado de la tramitación de un juicio de amparo indirecto, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 618 del Código de Justicia Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y tres.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso de revisión. Esta Primera Sala NO se ocupará de analizar la oportunidad del presente recurso de revisión, toda vez que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ya se pronunció al respecto; tópico respecto del cual, determinó que la interposición del mismo a cargo de la parte disidente se realizó dentro del plazo legal establecido.(7)

TERCERO. Procedencia del recurso. El presente recurso de revisión resulta procedente en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en audiencia constitucional de un juicio de amparo, en la cual, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 618 del Código de Justicia Militar. De este modo, se surten los extremos del punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.

Tocante a la legitimación procesal activa del DELEGADO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, debe decirse que conforme a las reglas previstas en el artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo,(8) el recurso de revisión puede interponerlo la autoridad responsable directamente afectada por la sentencia constitucional emitida, de acuerdo con los actos que le fueron atribuidos y, tratándose de amparos contra disposiciones de observancia general, por los titulares de los órganos de Estado a los que está encomendada su promulgación o por quienes los representan; lo que implica que la defensa jurídica de una ley federal, en sede de revisión, corresponde sólo a aquellos órganos del Estado y no a autoridades distintas que actuaron en acatamiento a sus normas. En tales condiciones, el referido DELEGADO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, sí se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de revisión.

Se estima aplicable por analogía la tesis jurisprudencial 191/2009, sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis **********, cuyo sentido y alcance se comparten; consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos nueve, que textualmente establece:

"RECURSO DE REVISIÓN. EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNADO POR LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA EN EL JUICIO DE AMPARO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUÉL A NOMBRE DE DICHO FUNCIONARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTES ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 18 DE MARZO Y 17 DE ABRIL DE 2009). Los preceptos legales citados establecen que el presidente de la República puede ser representado en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo, por conducto del procurador general de la República y los secretarios de Estado, y que las demás autoridades responsables, salvo los órganos legislativos federal, de los Estados y del Distrito Federal, no pueden ser representados en ese procedimiento constitucional, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley citada. Esta última atribución alcanza también al presidente de la República, porque el legislador confirió esa prerrogativa a todas las autoridades responsables sin excepción alguna. En ese tenor, el delegado del presidente de la República designado por la autoridad que lo representa en el juicio de amparo está legitimado para interponer a nombre de aquél el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, toda vez que las actuaciones del citado representante surten efectos como si las llevara a cabo el propio titular del Ejecutivo Federal."

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso. En el presente apartado, se estima necesario realizar las siguientes puntualizaciones jurídicas.

I) Argumentos de constitucionalidad esgrimidos en la demanda de amparo

a) La parte quejosa en su escrito de demanda, estimó que el artículo 618 del Código de Justicia Militar,(9) resultó vulnerador de los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal,(10) esencialmente, por el hecho de que ese dispositivo legal NO establece un límite temporal máximo, a fin de que las partes dentro de un procedimiento penal militar formulen sus respectivos "escritos de conclusiones", lo que torna que el plazo que les fuese concedido resulte excesivo.

b) El juzgador militar de origen en aplicación de la norma tildada de inconstitucional, concedió al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto Militar de la Primera Región Militar, un plazo para formular sus conclusiones acusatorias del veinticinco de agosto al ocho de diciembre de dos mil once; en tanto que para la defensa, transcurrió del nueve de diciembre de dos mil once al veinte de marzo de dos mil doce. Situación que estimó igualmente contraria a lo dispuesto en el artículo 616 del mismo ordenamiento jurídico castrense,(11) en el que se consagra un principio de brevedad y expeditez en la tramitación de un proceso penal del orden militar.

II) Consideraciones de la Juez de Distrito

Frente a la pretensión constitucional expuesta por el órgano de defensa de los quejosos, la autoridad de amparo recurrida, Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en suplencia de la queja deficiente a que se refiere la fracción II del artículo 76 de la Ley de Amparo, calificó de FUNDADOS los conceptos de violación esgrimidos, al estimar que el precepto reclamado vulneró en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, esencialmente, con base en los siguientes razonamientos:

a) En un primer apartado del fallo constitucional recurrido, la a quo procedió a decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio, por lo que respecta a los actos de autoridad reclamados tanto a la Cámara de Senadores, así como a la de Diputados, ambas del H. Congreso de la Unión, al haberse advertido de sus informes justificados que la expedición y promulgación del referido artículo 618 del Código de Justicia Militar, se originaron a consecuencia de la facultad extraordinaria conferida al titular del Poder Ejecutivo Federal, según decreto de veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de mil novecientos treinta y tres.

b) En un segundo apartado del fallo recurrido, procedió a desestimar las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad recurrente PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En efecto, en relación con la prevista en el numeral 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la a quo determinó esencialmente que los accionantes constitucionales sí detentaban interés jurídico para combatir en la vía indirecta o bi-instancial el precepto tildado de inconstitucional, toda vez que el mismo se aplicó en su perjuicio, lo cual, trascendió en su esfera jurídica, ya que la autoridad jurisdiccional responsable concedió plazos sumamente amplios para la formulación de conclusiones, sin que existiera un límite máximo normativo para dichos efectos.

En relación con la fracción VI del numeral 73 de la Ley de Amparo, la Juez recurrida determinó que la norma penal impugnada resultó heteroaplicativa, razón por la cual, el primer acto de aplicación de la misma lo fue el proveído de veintidós de agosto de dos mil once, mismo que fue combatido en dicha sede constitucional.

Finalmente, en relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del pluricitado artículo 73 de la Ley de Amparo, de igual manera la a quo afirmó su no actualización, basada en el hecho de que los amparistas en su libelo de demanda, claramente expresaron la causa de pedir, a fin de tener por establecida la lesión o agravio que estiman les generó la norma tildada de inconstitucional. Máxime que a su favor se encuentra consagrada la suplencia de la queja deficiente.

c) Ahora bien, tocante al fondo de la pretensión constitucional planteada por los amparistas, la Juez de Distrito recurrida calificó como "sustancialmente fundados" los conceptos de violación esgrimidos, razón por la cual, determinó la inconstitucionalidad del artículo 618 del código marcial, se reitera, a la luz del dispositivo fundamental previsto en el artículo 17 constitucional.

d) A fin de sustentar dicha aseveración, la Juez constitucional natural estimó que el mandato previsto en el tantas veces citado artículo 17 de la Carta Magna, en un primer apartado, está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. En un segundo plano, determinó que la autoridad legislativa de igual manera debía concurrir al cumplimiento de dicho mandato fundamental, mediante la creación de normas adecuadas para dicho propósito.

e) Con base en los anteriores razonamientos, la a quo puntualizó que el derecho previsto en el artículo 17 constitucional, fue instituido por el Constituyente a fin de que los gobernados pudieran acudir ante los tribunales a fin de que éstos les administren justicia. Precepto fundamental dentro del cual, estimó consagradas cuatro subgarantías:

- Justicia pronta. La que se traduce en la obligación de los órganos y autoridades encargadas de impartir justicia, a fin de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos establecidos en las leyes.

- Justicia completa. Misma que implica que la autoridad que conozca y resuelva la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado.

- Justicia imparcial. Implica que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; finalmente,

- Justicia gratuita. Respecto de la cual, se consideró que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

f) Por otra parte, respecto de los precitados actos materialmente legislativos, la Juez primaria refirió que el derecho fundamental de justicia pronta, se garantiza cuando el legislador establece en las propias leyes los plazos generales, razonables y objetivos a que se deben sujetar tanto la autoridad como las partes en un procedimiento, entendiéndose por:

- Generales: Que los plazos sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que en esos procedimientos se sitúen en la misma categoría de parte.

- Razonables: Calificativo que implica que deben ser plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y del ejercicio del derecho de defensa de las partes; y,

- Objetivos: Referido a que los mismos deben estar delimitados en la ley, a efecto de impedir que queden al arbitrio tanto de las partes como de la autoridad, el extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales.

g) De esta forma, la a quo de amparo concluyó que el derecho a la tutela judicial previsto en el artículo 17 constitucional, eventualmente podría verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción estatal, siempre y cuando dichas trabas resulten innecesarias, excesivas o carentes de razonabilidad y proporcionalidad. Esto es, en el fallo constitucional recurrido, se afirmó que el principio de "reserva de ley" establecido en el artículo 17 constitucional ("... en los plazos y términos que fijen las leyes ..."), respondía a una exigencia razonable consistente en la necesidad de ejercitar la acción en un lapso determinado, de manera que de no ser respetados podría entenderse caduca, prescrita o precluida la facultad de incitar la actuación de los tribunales. Esto es, que dicha prevención debía interpretarse en el sentido de que otorga al legislador la facultad para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa de las partes.

h) A mayor abundamiento, igualmente se consideró que por razones de seguridad jurídica, no podía permitirse que los gobernados tuvieran la posibilidad de deducir derechos indefinidamente, ni que de manera prolongada e injustificada pudieran oponer sus defensas. Lo anterior, toda vez que dicha circunstancia no se estimó benéfica para la vida en sociedad. Razón por la cual, la Constitución delegó al legislador la facultad de establecer, según la materia, límites temporales para el ejercicio de los derechos ya sean sustantivos o adjetivos. Potestad respecto de la cual, la a quo afirmó que debía seguir criterios de racionalidad a fin de no ser arbitraria.

i) Desde una perspectiva de derecho internacional, la autoridad de amparo estableció que el principio in examine -derecho de toda persona a fin de ser juzgada en un término razonable- de igual manera se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(12) así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.(13)

j) Luego, con base en el anterior marco normativo, la a quo de amparo procedió a contrastar el contenido del anterior precepto tildado de inconstitucional (artículo 618 del Código de Justicia Militar) con el contenido del artículo 17 de la Carta Magna, así como con los instrumentos internacionales referidos en el punto anterior.

De esta forma, concluyó que el hecho de que en el precitado dispositivo legal, una vez que se declara cerrada la instrucción en un procedimiento de corte marcial, no se establezca de forma razonable y objetiva un plazo máximo prudente o límite racional, por cuanto se refiere al incremento de los días a fin de que las partes formulen sus respectivas conclusiones en el supuesto de que la causa penal exceda de cien hojas, resultó violatorio de la garantía de justicia pronta prevista en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

k) En efecto, se consideró que el artículo combatido supeditó a los quejosos a un plazo excesivo que dependió del número de fojas conformantes de la causa penal (en la que por cada cuarenta de exceso o fracción será aumentado un día a los cinco inicialmente concedidos), sin que existiera un límite racional para el ejercicio de ese derecho de formular conclusiones, tanto para el Ministerio Público acusador, como para los procesados, lo que constituyó un obstáculo entre éstos y el juzgado militar responsable, a fin de obtener una pronta administración de justicia. Circunstancia que fue provocada porque el órgano creador de dicha ley (se reitera, autoridad ejecutiva en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas) no estableció un límite prudente, como sí se hizo en el artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicable para procesos instruidos en el fuero federal contra civiles, en el que se estatuyó que si el expediente penal rebasara de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se incrementaría un día más al plazo de diez días inicialmente concedido a las partes a fin de formular sus respectivas conclusiones; sin embargo, expresamente se estableció que dicho incremento no sería mayor de treinta días hábiles (límite racional).

l) Luego, se concluyó que en la especie, el acuerdo en el que se ordenó realizar el cómputo para la formulación de conclusiones a cargo de las partes (mismo que abarcó casi siete meses para dichos efectos procesales), se evidenció la vulneración a la prevención de "... plazos y términos que fijen las leyes", contenida en el artículo 17 constitucional, la que se reitera, debía ser entendida como una facultad otorgada al legislador ordinario para señalar límites racionales para el ejercicio de derechos sustantivos y procesales. Violación que se estimó materializada en agravio de los quejosos ********** y ********** porque al no establecerse un límite prudente en la formulación de conclusiones para las partes -derivado de la voluminosidad de la causa penal instruida en su contra- se transgredió su derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el multicitado artículo 17 constitucional.

m) Sobre este mismo talante, se determinó adicionalmente que el hecho de que los quejosos tuvieran la calidad de militares, no autorizaba la vulneración de derechos fundamentales en su perjuicio, sobre todo porque se encontraban sujetos a un procedimiento penal, lo cual, imponía la obligación de salvaguarda de los mismos, concretamente, el de una pronta administración de justicia, lo que el artículo 618 del Código de Justicia Militar impugnado no garantizó a favor de éstos, se insiste, al no haberse fijado un límite racional para el ejercicio de un derecho procesal. Máxime, cuando los invocados instrumentos internacionales resultaban de aplicación obligatoria conforme lo dispuesto en el artículo 133 constitucional.

n) De esta forma, a manera de conclusión final, se afirmó que el artículo 618 del Código de Justicia Militar resultó inconstitucional, en cuanto que determina que el plazo original de cinco días en favor de las partes, podrá incrementarse en un día más por cada cuarenta hojas al exceder de cien, sin establecer un límite prudente para tal incremento; situación que se estimó conculcatoria del derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia -subgarantía de justicia pronta- prevista en el numeral 17 de la Constitución Federal y en los tratados internacionales indicados. Por ende, la Juez de Distrito determinó CONCEDER a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos:

"... El titular del Juzgado Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, deje insubsistente el auto de veintidós de agosto de dos mil once; y, en su lugar, emitiera una nueva determinación, en la que: Ordene tanto al agente del Ministerio Público Militar de su adscripción, como al defensor y procesados, para que en el término de cinco días formulen sus respectivas conclusiones y como en el caso la causa penal ********** y su acumulada **********, instruida a los quejosos excede en su conformación de cien hojas, por cada cuarenta de exceso o fracción deberá aumentar un día más a dicho plazo, el cual no podrá exceder de treinta días (cabe acotar que el plazo señalado, se estima razonable, tomando en consideración que a la fecha ha transcurrido para la representación social militar poco más de dos meses para que formule sus conclusiones). Se abstenga de aplicar a los peticionarios de garantías la parte final del numeral 618 del código castrense, toda vez que no establece un límite para la formulación de conclusiones cuando el expediente excede de cien hojas, por haber resultado inconstitucional, tanto ahora, como en el futuro."

III) Agravios de la autoridad recurrente

Ahora bien, frente a las precitadas argumentaciones jurisdiccionales, el ahora recurrente DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, esencialmente, a fin de hacer valer la constitucionalidad del artículo 618 del Código de Justicia Militar, hizo valer diversos motivos de disenso, los cuales, serán sintetizados en diverso orden al en que fueron esgrimidos, a fin de preservar un principio de orden y congruencia expositiva, los cuales, son esencialmente los siguientes:

1) Los actos reclamados se corresponden con la materia administrativa, conforme lo previsto en los artículos 36 de la Ley de Amparo y 52, fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tanto, la Juez de amparo natural resultó incompetente, al considerarse que quien debería conocer del asunto lo era un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Sobre el particular, el DELEGADO inconforme solicitó fuese tomada en cuenta la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

2) La a quo soslayó que en el caso concreto, se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos no combatieron el acto de autoridad reclamado dentro de los quince días siguientes a su primer acto de aplicación. Máxime que el mismo no incide en su libertad personal acorde al contenido del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que por virtud de la certificación y cómputo de los plazos para formular conclusiones, no se mantiene a los quejosos privados de su libertad. En otras palabras, la parte disidente afirmó que la norma tildada de inconstitucional no tenía la finalidad de privar de la libertad a los quejosos, ya que éstos tenían la calidad de procesados en virtud del dictado del respectivo auto de formal prisión.

3) De igual manera, la autoridad de amparo primaria soslayó que en el caso concreto, también quedó actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 160 y 161 de ese mismo ordenamiento, ya que las violaciones al procedimiento reclamadas por los quejosos, sólo podían haber sido analizadas al interponerse una diversa demanda de amparo en la vía directa o uniinstancial contra la sentencia definitiva. Esto, en atención a que el acto reclamado no es de aquellos de imposible reparación.

4) El fallo constitucional recurrido causó un perjuicio a la autoridad denominada agente del Ministerio Público Militar adscrito al Juzgado Sexto Militar, así como a los intereses que representa, ya que sin haber sido llamada a juicio, la Juez de amparo le impuso un término para formular conclusiones, lo que se estimó incorrecto, toda vez que la misma al tener interés en la subsistencia del acto, debió haber sido llamada a juicio con el carácter de "tercero perjudicado". Razón por la cual, se solicitó la reposición del proceso constitucional de amparo de primer grado a fin de subsanar dicha deficiencia.

5) El criterio jurídico adoptado por la Juez de amparo resultó equívoco, ilegal y contrario a derecho, ya que en el caso concreto, la autoridad jurisdiccional militar en estricta aplicación al contenido del artículo 618 del código marcial, una vez que decretó el cierre de la instrucción, procedió a computar el plazo a fin de que las partes formularan sus respectivas conclusiones, con lo cual, dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, ya que el acto de autoridad fue emitido "... en los plazos fijados para ello por la norma jurídica ...". Luego, el plazo establecido en la norma tildada de inconstitucional a fin de que las partes formulen sus conclusiones, en atención al número de fojas que integran el expediente, es un presupuesto procesal legítimo que no lesiona el derecho a una tutela judicial efectiva, al resultar razonable y proporcional.

6) La Juez de amparo soslayó que el artículo 618 del Código de Justicia Militar tampoco era violatorio del artículo 20, fracción VIII, constitucional, ya que pondera de manera preferente el derecho a una defensa adecuada en favor de los amparistas, al otorgarles un amplio plazo para la formulación de conclusiones, el cual, en una escala valorativa es superior al diverso de justicia pronta y expedita. Luego, contra lo afirmado por la Juez natural, la norma tildada de ilegal parte de una "justificación constitucional de mayor rango axiológico" que se ajusta a la realidad, a fin de no crear una imposibilidad material que atente contra los derechos de las partes.

7) El DELEGADO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS estimó que si los amparistas consideraban que el plazo que les fue concedido por el Juez penal militar de origen resultaba excesivo, se encontraban en plena libertad para "renunciar" al mismo y presentar sus respectivas conclusiones en menor tiempo, esto es, al momento en que estuviesen elaboradas y una vez hecho lo anterior, solicitar al Juez militar la continuación del procedimiento penal a fin de que fuese dictada la sentencia respectiva. Máxime que ninguna norma jurídica prohibía o limitaba a los quejosos el efectuar dicha "renuncia al plazo", lo que tampoco podía estimarse vulnerador de su derecho a una defensa, ya que inicialmente se les otorgó un plazo suficiente para dichos efectos; razón por la cual, afirmó que el artículo 618 del Código de Justicia Militar no era inconstitucional.

8) La sentencia protectora resultó ilegal, ya que ninguna norma facultó a la Juez de amparo para fijar un plazo de treinta días a fin de que las partes -en el proceso penal de origen- formularan sus respectivas conclusiones, ya que únicamente la "ley" que es emitida con las formalidades inherentes y a cargo de una autoridad competente podía válidamente establecerlo; toda vez que con dicho proceder "... está creando un aspecto legal inexistente (ley)". Luego, la imposición de dicho plazo resultó un acto unilateral, subjetivo y en perjuicio de la representación social militar al haberse sustituido a la autoridad legislativa estableciendo un plazo en aplicación analógica del artículo 291 del Código Federal de Procedimientos Penales.

QUINTO. Consideraciones emitidas por el Tribunal Colegiado remitente. Tal como quedó precisado en diverso apartado de esta ejecutoria, fue el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el órgano de control constitucional, el cual, una vez que analizó diversos tópicos de legalidad hechos valer por la autoridad recurrente, vinculados con la supuesta incompetencia de la a quo, así como respecto a la improcedencia del juicio de garantías interpuesto, determinó DEJAR A SALVO LA JURISDICCIÓN de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se pronunciara respecto de la constitucionalidad del referido artículo 618 del Código de Justicia Militar.

Razón por la cual, en el presente apartado, se proceden a reseñar las consideraciones emitidas por el citado órgano de control constitucional remitente, ya que en las mismas puntualmente se procedió a dar respuesta a diversos motivos de disenso esgrimidos por la autoridad disidente, los que reseñados en diverso orden al en que fueron expuestos, son esencialmente los siguientes:

I) Primeramente, el citado Tribunal Colegiado procedió a declarar FIRME el considerando "TERCERO" de la sentencia recurrida, en el que la Juez de Distrito determinó SOBRESEER en el juicio, respecto de los actos de autoridad reclamados tanto a la Cámara de Senadores como de Diputados, ambas del H. Congreso de la Unión; toda vez que la parte procesal a la cual podría habérsele causado una afectación (parte quejosa), no se inconformó en contra de dicha determinación.

II) De igual manera, se determinó la firmeza de las resoluciones emitidas por la a quo por cuanto se refiere a la desestimación de las causales de improcedencia previstas en las fracciones V, VI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que la parte procesal que las invocó (autoridad recurrente), no formuló agravio alguno tendente a combatir dicho apartado.

III) En otro orden de ideas, debe decirse que tocante al concepto de agravio que fuera reseñado en la presente ejecutoria bajo el número uno, en el que esencialmente se hizo valer la incompetencia por razón de la materia de la Juez de amparo de primer grado -al estimarse que los actos eran de naturaleza "administrativa"- el Tribunal Colegiado calificó de infundado dicho planteamiento jurídico, al haber partido de la premisa equívoca de que el acto reclamado a la responsable ordenadora lo era una orden de traslado e internamiento de los quejosos de un centro penitenciario a otro, respecto del cual, este Alto Tribunal en otrora época efectivamente había determinado que era de naturaleza administrativa -hoy en día perteneciente a la materia penal-, cuando en realidad, se trató de un proveído judicial a través del cual la autoridad judicial militar una vez que determinó el cierre de la instrucción, concedió a las partes procesales un plazo de setenta y tres días a cada una de ellas a fin de formular sus respectivas conclusiones, esto, en aplicación del artículo 618 del Código de Justicia Militar til

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23725-30bbf9e1/acceso-a-la-justicia-la-facultad-de-imponer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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