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CONCURSOS MERCANTILES. EL PORCENTAJE DE ACREEDORES NECESARIO PARA LA EFICACIA DEL CONVENIO NO VULNERA EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO QUE RIGE LA MATERIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 644/2024. · Registro digital (IUS): 33434
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.105.

AMPARO EN REVISIÓN 644/2024. 9 DE ABRIL DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIADO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ Y HELENA CATALINA RODRÍGUEZ RUAN.

ÍNDICE TEMÁTICO

Una empresa celebró un convenio conciliatorio dentro de un concurso mercantil, el cual fue aprobado por el Juez de Distrito del conocimiento. Dos acreedores comunes apelaron la sentencia de aprobación del convenio y buscaron ejercer su derecho de veto del convenio.

En apelación, el Tribunal Unitario responsable confirmó la eficacia del convenio, pues en términos del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles, éste había sido aprobado por más del 50% de la suma de: 1) el monto reconocido a la totalidad de los acreedores reconocidos comunes y subordinados; y 2) el monto reconocido a aquellos acreedores reconocidos con garantía real o privilegio especial que suscriban el convenio.

Los dos acreedores comunes acudieron al amparo para reclamar la inconstitucionalidad del precepto señalado en el párrafo anterior, al considerar que genera asimetrías entre los distintos tipos de acreedores. El Tribunal Colegiado de Apelación negó el amparo.

En contra de dicha determinación, las dos quejosas presentaron el presente recurso de revisión, alegando que el Tribunal Colegiado de Apelación fue omiso en abordar sus conceptos de violación de inconstitucionalidad.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de nueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 644/2024, interpuesto por Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo indirecto Amparo Indirecto 1.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles,(1) que establece el porcentaje de acreedores que deben suscribir el convenio en la etapa de conciliación de un concurso mercantil, resulta inconstitucional a la luz del principio democrático y el derecho a la igualdad.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda inicial (concurso mercantil Número de expediente de concurso mercantil). El veintitrés de junio de dos mil catorce, Demandante de Concurso Mercantil 1 y Demandante de Concurso Mercantil 2 presentaron una demanda de concurso mercantil en contra de Empresa Concursada 1 (en adelante “Empresa Concursada 1”), y de Empresa Concursada 2 (en adelante “Empresa Concursada 2”).(2)

2. Concurso mercantil. Mediante sentencia de catorce de enero de dos mil quince, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México declaró a dichas sociedades mercantiles en concurso mercantil, con la precisión de que cada concurso se llevaría por cuerda separada.

3. Listas definitivas de acreedores. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito tuvo al conciliador exhibiendo las listas definitivas de acreedores de ambas sociedades, en las que se propuso reconocer como acreedores comunes de Empresa Concursada 2, a Institución Bancaria 1 (en adelante “Institución Bancaria 1”), como representante común de los tenedores de certificados bursátiles de las emisiones con clave de pizarra Certificado Bursátil 1, Certificado Bursátil 2 y Certificado Bursátil 3; y a Institución Bancaria 2 (en adelante “Institución Bancaria 2”), como representante común de los tenedores de certificados bursátiles de la emisión con clave de pizarra Certificado Bursátil 4. Asimismo, se propuso reconocer como acreedor con garantía real prendaria a Institución Bancaria 3 (en adelante “Institución Bancaria 3”).

4. Resolución de reconocimiento, graduación y prelación de los acreedores de Empresa Concursada 2. El primero de marzo de dos mil diecisiete, el juzgador emitió la resolución de reconocimiento, graduación y prelación de créditos en el juicio concursal de Empresa Concursada 2, en la que se le reconoció a los acreedores señalados en el párrafo anterior en los grados antes referidos.

5. Convenio definitivo de Empresa Concursada 2. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, Empresa Concursada 2, por medio de su apoderada, exhibió el convenio definitivo firmado por la mayoría de sus acreedores reconocidos, entre ellos, Institución Bancaria 3. Sin embargo, dicho acuerdo no fue suscrito por Institución Bancaria 1 ni por Institución Bancaria 2.

6. En dicho convenio se determinó que los créditos reconocidos a los acreedores privilegiados se pagarían en su totalidad con “todo aquello que haya sido aportado al patrimonio del fideicomiso que esté vinculado a cada uno de esos créditos, así como los créditos que desde un inicio fueron cedidos”. Por otro lado, los créditos reconocidos a los acreedores comunes se pagarían mediante la entrega de acciones de empresas.(3)

7. La cuantía de los créditos totales adeudados por parte de Empresa Concursada 2, ascendía a Número de unidades 1 unidades de inversión (UDIS), de los cuales Número de unidades 2 correspondía a los acreedores comunes y subordinados y Número de unidades 3 correspondía a los acreedores con garantía real o con privilegio especial. El convenio fue firmado por los acreedores que representaban Número de unidades 4 UDIS.

8. El desglose correspondiente de los diferentes tipos de los acreedores que suscribieron el convenio es el siguiente:

Ver desglose

9. El total de los créditos comunes, que representaban el 40.68% de la deuda total de Empresa Concursada 2, se conformaba por 62 acreedores, de los cuales únicamente 2 firmaron el convenio (es decir, el 0.742%). Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 constituían el 88.87% de los créditos comunes, lo que se traducía en el 36.16% del porcentaje de la totalidad de los créditos de la concursada, pero como ya se relató, no firmaron el convenio concursal.

10. No obstante, dicho acuerdo fue firmado por los acreedores que representaban el 51.76% del monto total de los créditos adeudados por parte de Empresa Concursada 2.(4)

11. El treinta y uno de junio del mismo año, Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 presentaron escrito de veto en el cual se inconformaron con la forma de pago acordada para los acreedores comunes, que sería mediante la entrega de acciones de Empresa Concursada 2.(5)

12. Convenio definitivo de Empresa Concursada 1. Por otra parte, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito dictó sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos de la concursada Empresa Concursada 1, en la que inicialmente no se reconoció a Institución Bancaria 3 como acreedor, sin embargo, con motivo de un recurso de apelación que interpuso se le reconoció dicho carácter. Finalmente, el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, Empresa Concursada 1 exhibió su convenio definitivo firmado por la mayoría de sus acreedores reconocidos, el cual no fue suscrito por Institución Bancaria 3.

13. Mediante sendas sentencias de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el Juez de Distrito resolvió lo siguiente:

a. Respecto al procedimiento concursal en etapa de conciliación de Empresa Concursada 2. Aprobó el convenio presentado y ordenó al conciliador cancelar la inscripción registral de la sentencia de concurso mercantil. En consecuencia, dio por terminado el concurso mercantil de Empresa Concursada 2.

b. Respecto del derecho de veto ejercido por Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2. Desestimó el derecho de veto porque en atención al principio de conservación de la empresa era válido que se hubiere pactado el pago de los créditos comunes con acciones.

c. Respecto al procedimiento concursal en etapa de conciliación de Empresa Concursada 1. Aprobó el convenio presentado y ordenó al conciliador cancelar la inscripción registral de la sentencia de concurso mercantil. En consecuencia, dio por terminado el concurso mercantil de Empresa Concursada 1.

14. Apelación. Inconformes, Institución Bancaria 1, Institución Bancaria 2 (concurso mercantil de Empresa Concursada 2) e Institución Bancaria 3 (concurso mercantil de Empresa Concursada 1) interpusieron sendos recursos de apelación contra las resoluciones que aprobaron los convenios definitivos de ambos concursos.

15. En lo que aquí interesa, Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 (concurso mercantil de Empresa Concursada 2) alegaron que para verificar si se acreditaba el requisito de eficacia del convenio previsto en el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles,(6) el Juez de Distrito no debió limitarse a sumar el monto total de los créditos reconocidos a los acreedores: 1) garantizados y privilegiados; y 2) comunes y subordinados; y dividirlo entre dos. Esta interpretación no toma en cuenta que el artículo hace mención a dos clases distintas de acreedores, pues los primeros pueden cobrar el monto de sus créditos con los bienes objeto de su garantía y, por ende, la fórmula aplicada por el juzgador se impone a los acreedores comunes en contravención al principio democrático previsto en los artículos 1°, 26 y 40 constitucionales.

16. A su parecer, el Juez de Distrito debió verificar que en cada grupo se obtenga el voto de la mayoría y que la suma de los créditos de los acreedores que aprueben el convenio supere la mitad de los créditos reconocidos a ambas clases.

17. Las quejosas también alegaron que no era válida la forma de pago que se estableció para los acreedores comunes, pues la entrega de acciones no implicaba un pago si no una dación en pago.

18. Acto reclamado (toca Número de toca 1 y su acumulado Número de toca 2). El seis de abril de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito confirmó la sentencia por lo que hace al concurso mercantil de Empresa Concursada 2; y la modificó respecto de la aprobación del convenio ofrecido en el concurso mercantil de Empresa Concursada 1.

19. Respecto al convenio suscrito en el concurso mercantil de Empresa Concursada 2, las consideraciones del Tribunal Unitario fueron las siguientes:

a. Sobre el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles. La redacción del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles no permite acoger el razonamiento que postulan las recurrentes, pues no establece que el convenio deba suscribirse por el 51% de cada clase de acreedores. La norma indica que debe suscribirse por el 51% de la suma de ambos tipos de acreedores.

b. El artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles no transgrede los artículos 1, 26 y 40 constitucionales pues en ellos no se reconoce ni consagra algún derecho humano a favor de los justiciables. Dichos preceptos contienen directrices para la organización económica y política del país.

c. Con independencia de lo anterior, los preceptos constitucionales sí contienen un principio democrático como base de la maquinaria de impulsar el funcionamiento del país, pero dicho principio, aplicable a los concursos mercantiles, no se ve vulnerado con el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles.

d. La fórmula para verificar la mayoría prevista en la norma cuestionada es razonable frente a la naturaleza del juicio mercantil porque la Ley de Concursos Mercantiles contempla mecanismos para proteger los derechos de los acreedores que no suscriban el convenio. En consecuencia, no se advierte que la norma cuestionada sea inconstitucional.

e. Además, para analizar la constitucionalidad de un precepto legal no es dable atender a las circunstancias particulares del caso en concreto. En el caso, la base sobre la cual las recurrentes sostienen la inconstitucionalidad del precepto impugnado deriva de lo que se estipuló en el convenio concursal.

f. Sobre el derecho de veto. Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 representaban el 88.87% de los créditos de los acreedores comunes por lo que sí podían ejercer su derecho de veto. No obstante, lo acordado en el convenio es válido porque con la entrega de acciones que lleguen a recibir los acreedores comunes se verá satisfecho el crédito que les fue reconocido en el concurso mercantil de origen.

20. Demanda de amparo indirecto. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 promovieron demanda de amparo en la que reclamaron la sentencia dictada en el recurso de apelación. Las quejosas plantearon lo siguiente:

a. Principio democrático. Es errónea la afirmación del Tribunal Unitario respecto a que el principio democrático contenido en los artículos 26 y 40 constitucionales no forma parte de los derechos humanos de los gobernados.

b. Interpretación del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles. Para respetar dicho principio en los concursos mercantiles, el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles debe interpretarse en el sentido de que el 51% se refiere a la mayoría de cada una de las clases de acreedores. Sólo de esa forma se evita que una mayoría de acreedores privilegiados imponga condiciones desiguales a los acreedores comunes.

c. Es inconstitucional la lectura del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles relativa a que el monto de los créditos de los acreedores que suscriban el convenio debe ser superior al 50% de la suma de todos los créditos de todas las clases de acreedores. Dicha interpretación permite que una población de acreedores privilegiados imponga condiciones desiguales violentando el derecho humano de igualdad y el principio democrático al no reconocer asimetrías de justicia entre las diferentes clases de acreedores.

d. Debe permitirse que las distintas clases de acreedores, a quienes afecta de manera diferente el convenio, voten su aprobación entre iguales. Ello es así porque la democracia sólo existe entre iguales.

e. Derecho de veto. El único requisito para activar el derecho de veto es que sea ejercido por más del 50% del monto total de los créditos reconocidos a los acreedores comunes, en términos del artículo 163 de la Ley de Concursos Mercantiles.(7) Por ello, fue erróneo que el Tribunal Unitario concluyera que las objeciones planteadas al convenio eran insuficientes para desaprobarlo.

21. De la demanda conoció el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito.

22. Primera sentencia de amparo. El trece de octubre de dos mil veintidós, el Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en apoyo a las labores del Tribunal Unitario del conocimiento, dictó sentencia en el sentido de no amparar a las quejosas.

23. Recurso de revisión (expediente Recurso de Revisión 1). Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 interpusieron recurso de revisión del cual conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito. El órgano jurisdiccional admitió el recurso solo respecto de Institución Bancaria 2, pues consideró que el escrito presentado por Institución Bancaria 1 fue extemporáneo.

24. Dicho recurso fue resuelto en el sentido de reponer el juicio de amparo pues el Tribunal Unitario no requirió a las quejosas para precisar si el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles lo reclamaban o no de forma desatacada. En su caso, se debió haber llamado a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomienda su promulgación para que rindieran informe justificado.

25. Cumplimiento a la ejecutoria de revisión. El treinta de octubre de dos mil veintitrés el ahora Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria de revisión:

a. Dejó sin efectos la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintidós (descrita en el párrafo 20 de la presente ejecutoria).

b. Previno a la parte quejosa para que aclarara si era su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles y en su caso señale como autoridades responsables a las autoridades que promulgaron dicho precepto.

26. En atención a lo anterior, la parte quejosa señaló que sí era su deseo señalar como acto destacado la inconstitucionalidad del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles.

27. Sentencia impugnada. El dos de abril de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Apelación dictó una nueva sentencia en la que determinó no amparar a Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 por las siguientes razones:

a. Es infundado el argumento relativo a que el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles debe interpretarse en el sentido de que es necesario obtener la mayoría de cada una de las clases de acreedores previstas en ese precepto. El precepto cuestionado establece que para que el convenio concursal sea eficaz, debe ser suscrito por los acreedores que representen más del 50% de la suma del monto reconocido a la totalidad de los acreedores.

b. Es infundado el planteamiento respecto a que la autoridad responsable sostuvo de forma errónea que el principio de democracia, previsto en los artículos 26 y 40 constitucionales, no forma parte de los derechos humanos de las personas. Dichos preceptos regulan la estructura económica del país y la voluntad del pueblo para constituirse como una democracia.

c. No se vulneró en perjuicio de las quejosas la figura de la democracia trasladada al concurso mercantil, porque tal como lo señaló la responsable, sí era jurídicamente posible que ejercieran su derecho de veto.

d. Es inoperante el argumento de inconstitucionalidad del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles ya que es reiterativo. La responsable ya había determinado que al analizar la constitucionalidad de un precepto legal no es dable atender las circunstancias del caso en concreto.

e. El señalado argumento también es inoperante porque las quejosas pretenden evidenciar que no fue acertada la interpretación que la responsable efectuó del precepto en cuestión, pero ello implicaría ponderar como incorrecta esa interpretación, lo cual no es aceptable porque las quejosas no expresan razonamientos encaminados a demostrar que el precepto combatido pugna con alguna norma constitucional.

f. Son inoperantes los conceptos de violación relacionados con que la autoridad responsable erróneamente desestimó el derecho de veto. Las quejosas omiten expresar cuáles son las objeciones que realizó contra el convenio concursal de las que dice resultaron insuficientes para el tribunal responsable. Ello era necesario para estar en aptitud de analizar si la determinación de la responsable era correcta o no.

28. Recurso de revisión (Recurso de Revisión 2). Inconformes, mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veinticuatro, las quejosas Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 interpusieron el presente recurso de revisión, en el que formularon los siguientes agravios:

• Primero. El Tribunal Colegiado de Apelación realizó una lectura inconstitucional y simplista del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles pues se limitó a considerar que en materia de concursos mercantiles el principio democrático se respeta en la medida en que el convenio se firme por el comerciante y la mayoría de sus acreedores.

• La responsable no dio respuesta a los argumentos relacionados con que existe una asimetría entre los distintos tipos de acreedores referidos en el precepto impugnado, ni sobre el alcance del principio democrático ante la desigualdad en la que se encuentran los acreedores comunes. • Insiste en que el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles, atendiendo al principio democrático, debe interpretarse en el sentido de que para lograr la eficacia del convenio concursal, debe ser votado por más del 50% de dos clases de acreedores: comunes y subordinados. Es decir, aquellos que no gozan de ningún privilegio especial para el cobro de sus créditos.

• Segundo. Se pidió al Tribunal Colegiado de Apelación que resolviera no sobre el contenido de las objeciones al convenio y si estas eran suficientes o no para vetarlo, sino el hecho de que las objeciones no constituyen un requisito para el ejercicio del derecho de veto en términos de los artículos 162 y 163 de la Ley de Concursos Mercantiles.

• Es decir, el derecho de veto no está sujeto a que existan argumentos o razones de ilegalidad del convenio, sino al simple derecho de oposición que el legislador concede a la mayoría de los acreedores comunes, para evitar el abuso y trasgresión de sus derechos.

• Por ello, era irrelevante expresar cuáles eran las objeciones realizadas al convenio.

• Tercero. Es errónea la conclusión del Tribunal Colegiado de Apelación respecto a que los argumentos de inconstitucionalidad del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles son reiterativos.

• Dicho precepto debe ser declarado inconstitucional pues permite que un grupo de acreedores que gozan de un privilegio especial o una garantía impongan cualquier tipo de condición a los acreedores comunes, en tanto sean mayoría. Ello vulnera el principio democrático y el derecho de igualdad, al no reconocer las asimetrías existentes entre los acreedores de clases distintas.

• El artículo 163 de la Ley de Concursos Mercantiles es inconstitucional pues si bien pretende otorgar un “derecho de veto” en favor de los acreedores comunes que les permitiera contrarrestar los abusos por parte de los acreedores de una clase privilegiada, el hecho de que el legislador haya omitido regular de manera expresa y concreta los efectos y consecuencias de dicho derecho coloca a los acreedores comunes en una posición en la que los acreedores privilegiados puedan pactar una quita del 99% de los créditos reconocidos a los comunes, sin que ello pueda afectarles.

29. Trámite inicial de la revisión y reserva de jurisdicción. De la revisión correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual en auto de trece de mayo de dos mil veinticuatro la radicó con el número de expediente Recurso de Revisión 2 y la admitió a trámite.

30. El cuatro de julio siguiente, el Tribunal Colegiado determinó que no advertía la actualización de alguna causa de improcedencia en el amparo del que deriva el recurso de revisión y una vez delimitado lo anterior dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte para analizar la constitucionalidad del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles.

31. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte acordó que este alto tribunal asuma su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer la parte recurrente y ordenó que se turnara el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

32. Avocamiento. El quince de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala emitió el auto de avocamiento y ordenó el envío de las constancias a la ponencia respectiva, a efecto de que se elabore el proyecto de resolución correspondiente.

33. Recibimiento de expediente en la ponencia. El veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, la Secretaría de Acuerdos de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del presente amparo en revisión 644/2024. Por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

II. COMPETENCIA

34. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo, así como el 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio de dos mil veintiuno,(8) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

35. Es así, porque el recurso de revisión se interpuso contra una resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Apelación (antes Tribunal Unitario) que decidió de fondo un juicio de amparo indirecto en materia mercantil, sobre la cual, esta Primera Sala ejerce competencia.

III. LEGITIMACIÓN

36. El recurso de revisión se interpuso por parte legitimada, pues Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2, a través de su apoderado Nombre del Apoderado, son la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto Amparo Indirecto 1, del que deriva el presente medio de impugnación.

IV. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

37. Resulta innecesario analizar la oportunidad y la procedencia del recurso de revisión, puesto que dichas cuestiones procesales ya fueron verificadas por el Tribunal Colegiado que conoció originalmente del asunto, determinando que el recurso se interpuso dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo,(9) y que no se advertían causales de improcedencia. De manera que es viable proceder al estudio de la presente revisión.

V. ESTUDIO DE FONDO

38. En su demanda de amparo, Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2 sostuvieron que es inconstitucional la lectura del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles realizada por el Tribunal Unitario al resolver el recurso de apelación, relativa a que el monto de los créditos de los acreedores que suscriban el convenio concursal debe ser superior al cincuenta por ciento de la suma de todos los créditos de todas las clases de acreedores. A su parecer, dicha interpretación vulnera el principio democrático que opera en los concursos mercantiles y genera una situación de desigualdad porque permite que los acreedores privilegiados impongan a los acreedores comunes condiciones desfavorables, generando asimetrías injustas entre las diferentes clases de acreedores.

39. El precepto impugnado dispone lo siguiente:

Artículo 157.- Para ser eficaz, el convenio deberá ser suscrito por el Comerciante y sus Acreedores Reconocidos que representen más del cincuenta por ciento de la suma de:

I. El monto reconocido a la totalidad de los Acreedores Reconocidos comunes y subordinados, y

II. El monto reconocido a aquellos Acreedores Reconocidos con garantía real o privilegio especial que suscriban el convenio [...].

40. Al respecto, el Tribunal Colegiado de Apelación concluyó que no se vulneró el principio democrático en perjuicio de las quejosas porque sí pudieron ejercer su derecho de veto como acreedores reconocidos comunes que estuvieron inconformes con el convenio. A su vez, determinó que no era válido concluir que el convenio debe suscribirse por la mayoría de cada una de las clases de acreedores porque de la lectura del artículo impugnado se sostiene que para su eficacia deberá ser suscrito por la persona comerciante y sus acreedores que representen más del cincuenta por ciento de la suma del monto reconocido a la totalidad de los acreedores reconocidos comunes y subordinados y el monto reconocido de los acreedores con garantía real o con privilegio especial.

41. Finalmente, el Tribunal Colegiado de Apelación concluyó que el argumento de inconstitucionalidad era inoperante porque era reiterativo, toda vez que había sido invocado ante la autoridad responsable, quien sostuvo que la constitucionalidad de una norma no puede atenderse por las circunstancias particulares de un caso en concreto. Además, en la demanda de amparo no se emitieron razonamientos encaminados a demostrar que el precepto combatido pugna con alguna norma de la ley fundamental.

42. En sus agravios, las quejosas señalan que el Tribunal Colegiado de Apelación no dio respuesta a los argumentos relacionados con que existe una asimetría injusta en los distintos tipos de acreedores, la cual a su vez genera una situación de desigualdad y una vulneración al principio democrático de los concursos mercantiles. También sostienen que es erróneo que fueran reiterativos los argumentos de inconstitucionalidad y que se realizó una “trampa argumentativa” en la sentencia impugnada pues se abordó la violación al principio democrático como el derecho de veto ejercido por Institución Bancaria 1 e Institución Bancaria 2, pero lo que se había planteado era el análisis del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles (y no el derecho de veto), a la luz de dicho principio.

43. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los referidos agravios son fundados porque el Tribunal Colegiado de Apelación no otorgó una respuesta frontal al planteamiento de la quejosa relativo a que es inconstitucional, por vulnerar el principio de democracia que rige en los concursos mercantiles y el derecho humano de igualdad, interpretar el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles en el sentido de que el monto de los créditos de los acreedores que suscriban el convenio concursal debe ser superior al cincuenta por ciento de la suma de todos los créditos de todas las clases de acreedores.

44. Al respecto, la autoridad responsable se limitó a señalar que no es jurídicamente viable que para considerar eficaz el convenio concursal se deba obtener la mayoría de cada una de las clases de acreedores establecidas en el artículo impugnado, pues dicho precepto habla de la totalidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33434-26f38707/concursos-mercantiles-el-porcentaje-de-acreedores-necesario-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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