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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DECLARAR IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN OTRA CONTROVERSIA, ES REQUISITO NECESARIO QUE SE HAYA IMPUGNADO EN AMBAS LA MISMA NORMA GENERAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 15 QUÁTER DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). VII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DETERMINAR, ATENDIENDO A LA REALIDAD SOCIAL QUE IMPERA EN LA ENTIDAD, LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE CUBRIRÁN AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). VIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DENTRO DE LOS MÁRGENES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PERMITIDOS DE LA CUANTÍA QUE RECIBIRÁN LOS MUNICIPIOS POR AQUEL CONCEPTO, Y OTROS, NO IMPLICA UNA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA HACENDARIA (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). IX. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DEL DOS POR CIENTO DE LAS CANTIDADES QUE RECIBIRÁN PARA UN AÑO LOS MUNICIPIOS, RESPETANDO EL VEINTE POR CIENTO MÍNIMO GARANTIZADO POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, NO SUPONE UNA RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN PERJUICIO DE ÉSTOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS). X. PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA QUE SE TRANSGREDA EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES, DEBE EXISTIR UN ACUERDO DE QUE ÉSTOS SE ENTREGARÁN Y UNA ENTREGA EXTEMPORÁNEA QUE, EN SU CASO, GENERA INTERESES (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA PARA EL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2017. · Registro digital (IUS): 29408
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 1743.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2017. MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS. 29 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO GARCÍA DE LA ROSA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martha Erika Ibarra Aragón, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, promovió controversia constitucional, demandando los actos que más adelante se precisan, emitidos y ejecutados por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

• El Poder Legislativo del Estado de Morelos

• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

Actos impugnados:

• Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se reforman las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6, y la adición del numeral 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; que disminuye los porcentajes de las participaciones federales destinados a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y con el 2% de las participaciones disminuidas, crea el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos municipales de la entidad morelense, sin autorización del Ayuntamiento.

• La aplicación del Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se reforman las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6, y la adición del diverso 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; que traerá como consecuencia la disminución de los porcentajes de las participaciones federales destinados a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y la retención del 2% de las participaciones disminuidas, para crear el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos Municipales de la entidad morelense, sin autorización del Ayuntamiento.

2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

a) Como se desprende de la constancia de mayoría de fecha diez de junio de dos mil quince, la promovente fue electa como síndica municipal del Municipio de Ocuituco, Morelos, por el periodo 2016-2018.

b) Con fecha uno de enero de dos mil dieciséis se llevó a cabo la primera sesión de Cabildo, donde tomó posesión del cargo de síndica municipal.

c) Con fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Decreto 1370, mediante el cual se reforman las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6, y se adiciona el numeral 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; que ordena la disminución de los porcentajes federales destinados a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y autoriza al Ejecutivo para retener el 2% de las participaciones disminuidas, para crear el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos Municipales de la entidad morelense, cuyo manejo estará a cargo de un fideicomiso representado y presidido por el gobernador de la entidad morelense.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:

a) Que las normas impugnadas contravienen lo previsto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al vulnerar los principios de autonomía y libre hacienda municipal.

b) Que las normas cuya invalidez se reclama no se encuentran en los supuestos de excepción que establece la Ley de Coordinación Fiscal, mediante los que se permite la retención o disposición de las participaciones federales que les corresponden a los Municipios.

c) Que no existe en la legislación precepto alguno que faculte a las autoridades estatales a afectar libremente las participaciones de los Municipios, con el objeto de cubrir afectaciones que se generen por las retenciones que, a su vez, les practique a esos recursos la Tesorería de la Federación por violaciones a diversas disposiciones en materia de coordinación fiscal, independientemente de que éstas deriven del cobro de contribuciones realizado al Municipio actor.

d) Que no está legalmente previsto que el Poder Legislativo o el gobernador de Morelos pueda ordenar y retener participaciones federales para la conformación de un fideicomiso que integre una bolsa tendiente a responder por acciones laborales que se susciten en contra de los Municipios, como fue expuesto en los motivos de creación de la ley impugnada.

e) Que no existe disposición alguna que autorice a la autoridad demandada a disponer del 2% de las participaciones federales destinadas a su Municipio, por lo que ello viola los principios de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos.

f) Que se debe garantizar a los Municipios la recepción puntual, efectiva e íntegra de los recursos denominados participaciones federales, ello, porque la facultad de programar y aprobar el presupuesto de egresos municipal, presupone que deben tener plena certeza de los recursos de que disponen.

g) Manifiesta que la parte demandada retuvo, afectó o descontó las participaciones federales que le correspondían al Municipio actor, en las cantidades resultantes de la aplicación de las normas impugnadas, transgrediendo los artículos 115, fracciones II y IV, y 120 de la Constitución Federal, así como los diversos 1o., 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, al no cumplir lo que prescriben las leyes federales.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son los artículos 115, párrafo primero, fracciones II y IV, y 120.

5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 36/2017 y, por conexidad con la diversa 8/2017, designó como instructor a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

6. SEXTO.—Admisión de la demanda. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, para que formularan su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles; asimismo, le dio vista a la Procuraduría General de la República y ordenó formar cuaderno incidental respecto de la suspensión solicitada por el Municipio actor.

7. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo. El gobernador del Estado de Morelos, por conducto de su consejero jurídico, al dar contestación a la demanda, señaló, esencialmente, lo siguiente:

a) Que el Municipio actor no formuló conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de promulgación y publicación al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

b) Que es facultad del gobernador promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, a través del periódico oficial, "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Estado de Morelos; por lo que, los actos atribuibles al Poder Ejecutivo están ajustados a las disposiciones constitucionales y legales aplicables y, por ende, no se transgredió ningún precepto constitucional.

c) Que el Congreso Local tiene la facultad para determinar las bases, montos y plazos en que se distribuirán entre los diversos Municipios de las entidades federativas, las participaciones federales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; mismo aspecto que regula la Constitución Local del Estado Morelos.

d) Que el precepto impugnado no afecta la libre administración municipal, dado que no se condiciona la disposición y aplicación de los recursos ni se impide que el Municipio actor los ejerza directamente.

e) Que el 20% que se dejó como porcentaje a recibir por los Municipios por concepto de participaciones federales, se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, puesto que la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones federales nunca deberán ser inferiores al 20% de las cantidades que le correspondan al Estado.

f) Que en la parte considerativa del decreto impugnado se expresó que ante la problemática de los pasivos laborales, y la urgencia de sanear las finanzas públicas municipales, se decidió que era necesario constituir el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.

g) Que el 2% de todos los conceptos de participaciones federales que se destinarán al fondo en cita son recursos adicionales, por lo que el mismo no será inconstitucional, en tanto que los recursos que lo integren se asignan a los Municipios con base en una fórmula establecida en la misma ley.

8. OCTAVO.—Contestación del Congreso del Estado. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, al dar contestación a la demanda, señaló, en esencia, lo siguiente:

a) Que los Municipios no tienen atribuida facultad legislativa en materia impositiva como vía para proveerse de los recursos necesarios para enfrentar las competencias y responsabilidades que le son inherentes.

b) Que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal no vulnera la autonomía municipal, puesto que la disposición y aplicación no se condiciona, en tanto que los recursos del mismo son adicionales.

c) Que las administraciones públicas municipales se encuentran en una grave situación financiera, en virtud de los pasivos laborales y, por ende, de las múltiples resoluciones jurisdiccionales que se encuentran en etapa de ejecución.

d) Que tanto la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el incumplimiento a las sentencias se sancionen con la destitución del infractor o autoridad responsable.

e) Que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal cumple con los elementos que esta Suprema Corte ha precisado para determinar la constitucionalidad de fondos de naturaleza análoga.

f) Manifiesta que, por tanto, la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, no violenta lo señalado por el artículo 115 de la Constitución Federal.

9. NOVENO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

10. DÉCIMO.—Desistimiento. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, Martha Erika Ibarra Aragón, en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, solicitó se tuviera por desistido al Municipio actor de la presente controversia.

11. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la Ministra instructora no acordó de conformidad la solicitud de desistimiento, pues en términos del artículo 2o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el desistimiento era improcedente, al haberse impugnado en la controversia una norma general.

12. DÉCIMO PRIMERO.—Audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Ocuituco, del Estado de Morelos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad federativa, en la que se combaten normas de carácter general.

14. SEGUNDO.—Fijación de la litis. En este apartado se delimitarán los preceptos y/o actos que serán motivo de análisis en la presente controversia constitucional.

15. El Municipio actor impugna el Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la cuestión efectivamente planteada está relacionada con la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV, V, VII y último párrafo del artículo 6; y del diverso 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos.

16. Por tanto, en la presente controversia constitucional deben tenerse como normas impugnadas el artículo 6, fracciones I, III, IV, V, VII y último párrafo, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos, así como la totalidad del diverso 15 Quáter de la misma ley, los cuales fueron modificados y adicionados, respectivamente, a través del Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.

17. De otra parte, el Municipio señala como actos impugnados la aplicación del Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, aduciendo –de manera generalizada– que la autoridad demandada retuvo y/o descontó participaciones federales que le corresponden.

18. Sin embargo, el señalamiento que se hace en la demanda de los actos reclamados como destacados relativos a la indebida aplicación del decreto impugnado es genérico e impreciso, ya que el Municipio actor no especifica cómo acontecieron esos actos de aplicación, ni en qué momento sucedieron o cómo se materializaron en concreto; es decir, no explica si esos actos se dieron con motivo de una retención aplicada a las aportaciones que ya le fueron entregadas o si acontecieron en el momento en que el Gobierno del Estado le hizo la entrega correspondiente; por lo tanto, al tratarse de manifestaciones genéricas, incluso hipotéticas, no se pueden tener como actos impugnados que den lugar a un pronunciamiento por parte de este Alto Tribunal.

19. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 64/2009,(1) de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS.—Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deberá señalarse la norma general o acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan ‘todos los demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron específicamente. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 135/2005, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.’, en la que este Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaron éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir."

20. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

21. El Municipio de Ocuituco, Morelos, impugna, en la especie, una norma general consistente en el decreto que reforma las fracciones I, III, IV, V, VII, y párrafo final del artículo 6, y la adición del diverso 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, por lo que, para efectos de la oportunidad de la demanda, debe estarse a lo dispuesto por la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

22. De la lectura del precepto antes transcrito se desprende que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de normas generales, es de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su primer publicación o del día siguiente al en que produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, conforme a la ley que lo rige.

23. Del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos se advierte que el actor tuvo conocimiento de la norma general, esto es, del Decreto Mil Trescientos Setenta al momento de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.(2)

24. Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, antes transcrito, debe estimarse que el plazo de treinta días hábiles para promover la demanda transcurrió del lunes dos de enero al lunes trece de febrero de dos mil diecisiete, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días del veintitrés al primero de enero por no ser periodo de labores de este Alto Tribunal, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero; así como los días cuatro, cinco, seis, once y doce del mes de febrero; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo y punto primero, inciso c), del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

25. Por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, debe concluirse que fue promovida oportunamente.

26. CUARTO.—Legitimación activa. A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional:

27. Los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

28. De las disposiciones legales transcritas se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

29. En el presente asunto suscribe la demanda en representación del Municipio de Ocuituco, Morelos, Martha Erika Ibarra Aragón, en su carácter de síndica de dicho Municipio, lo que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento, de diez de junio de dos mil quince, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.(3)

30. El artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece lo siguiente:

"Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:

"...

"II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos."

31. Del contenido de esta disposición se desprende que la síndica tiene la representación jurídica del Municipio en todos los procesos judiciales, por lo que procede reconocerle legitimación para promover el presente juicio; además de que el Municipio es uno de los entes legitimados para promover una controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

32. QUINTO.—Legitimación pasiva. Acto continuo, se analiza la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de que ésta resulte fundada.

33. Tiene el carácter de autoridad demandada en esta controversia constitucional el gobernador del Estado de Morelos, así como el Congreso de dicha entidad federativa.

a) Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

34. En ese tenor, el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia establece:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

35. De la disposición legal transcrita, en relación con el artículo 11, párrafo primero, previamente referido, se desprende que el demandado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

36. En ese contexto, el gobernador del Estado de Morelos compareció a juicio por conducto de José Anuar González Cianci Pérez, quien se ostentó como encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y Óscar Pérez Rodríguez, quien se ostentó como director general de Asuntos Constitucionales y Amparo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, personalidad que acreditan, el primero, con copia certificada del nombramiento de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, suscrito por el gobernador constitucional del Estado, y el segundo, con diversas documentales que obran en el expediente, así como su nombramiento de director general.(4)

37. El artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece:

"Artículo 57. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo, que se denominará gobernador constitucional del Estado."

38. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos establece:

"Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:

"...

"II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

39. Los artículos 4, 11, fracción XXXV y 16, fracciones I y VII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica prescriben lo siguiente:

"Artículo 4. Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos de su competencia, la Consejería Jurídica contará con las unidades administrativas que enseguida se refieren:

"I. La oficina del consejero;

"II. La Dirección General de Asuntos Burocráticos;

"III. La Dirección General de Asuntos Contenciosos;

"IV. La Dirección General de Consultoría de Asuntos Administrativos;

"V. La Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo;

"VI. La Dirección General de Legislación;

"VII. La Secretaría Técnica; y,

"VIII. La UEFA."

"Artículo 11. Al frente de cada unidad administrativa de las que se enlistan en el artículo 4, del presente reglamento, habrá una persona titular con las siguientes atribuciones genéricas:

"...

"XXXV. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo, cuando así lo determine el consejero, en todos los juicios o negocios en que éste intervenga como parte o con cualquier carácter o como mandatarios, cuando se afecte su patrimonio o tenga interés jurídico; así mismo podrán participar como coadyuvantes en los juicios o negocios en que las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal intervengan con cualquier carácter y ejercer las acciones y excepciones que correspondan para su defensa administrativa o judicial."

"Artículo 16. La persona titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo cuenta con las siguientes atribuciones específicas:

"l. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado en todos los juicios o negocios en que participe como parte o con cualquier carácter que afecten su patrimonio o tenga interés jurídico en materia procesal constitucional;

"...

"VII. Fungir como delegado en términos de lo previsto en la Ley de Amparo, y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del gobernador, las personas titulares de las secretarías, dependencias, entidades y unidades administrativas de la administración pública estatal, en todos los trámites dentro del juicio de amparo, y en los demás procesos y procedimientos constitucionales."

40. De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, cuando medie el acuerdo respectivo, la representación del gobernador del Estado de Morelos, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, particularmente en los juicios relativos a las acciones y controversias donde éste sea parte, se deposita en el consejero jurídico, por lo que éste cuenta con facultades legales para comparecer en la presente controversia constitucional en representación de aquél. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo tiene facultades para intervenir en esta controversia por parte del titular del Poder Ejecutivo.

41. Por lo tanto, se reconoce legitimación pasiva al gobernador del Estado de Morelos, quien comparece a juicio a través del consejero jurídico, y al director general de Asuntos Constitucionales y Amparo.

b) Poder Legislativo del Estado de Morelos

42. Por otra parte, el Poder Legislativo compareció a juicio por conducto de Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, lo que acredita con la copia certificada del acta de la sesión del día doce de octubre del año dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura, de la que se desprende que la presidencia del mismo la ostentaba la persona mencionada.(5)

43. En ese sentido, cabe precisar lo dispuesto por el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos:

"Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:

"...

"XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al Pleno del Congreso del Estado."

44. De acuerdo con el precepto transcrito, el presidente de la mesa directiva cuenta con la representación legal del Congreso Local, al que se atribuye la emisión de las normas que se impugnan.

45. En ese tenor, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como de quien comparece en su representación.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29408-cc02077e/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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