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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DECLARAR IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN OTRA CONTROVERSIA, ES REQUISITO NECESARIO QUE SE HAYA IMPUGNADO EN AMBAS LA MISMA NORMA GENERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 15 QUÁTER DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DETERMINAR, ATENDIENDO A LA REALIDAD SOCIAL QUE IMPERA EN LA ENTIDAD, LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE CUBRIRÁN AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DENTRO DE LOS MÁRGENES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PERMITIDOS DE LA CUANTÍA QUE RECIBIRÁN LOS MUNICIPIOS POR AQUEL CONCEPTO, Y OTROS, NO IMPLICA UNA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA HACENDARIA (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DEL DOS POR CIENTO DE LAS CANTIDADES QUE RECIBIRÁN PARA UN AÑO LOS MUNICIPIOS, RESPETANDO EL VEINTE POR CIENTO MÍNIMOS GARANTIZADOS POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, NO SUPONE UNA RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN PERJUICIO DE ÉSTOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). IX. PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA QUE SE TRANSGREDA EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES, DEBE EXISTIR UN ACUERDO DE QUE ÉSTOS SE ENTREGARÁN Y UNA ENTREGA EXTEMPORÁNEA QUE, EN SU CASO, GENERA INTERESES (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). X. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO ESTÁN OBLIGADAS A ENTREGAR MÁS DE VEINTE POR CIENTO DE AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/2017. · Registro digital (IUS): 29414
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 1901.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/2017. MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 29 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO GARCÍA DE LA ROSA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la controversia constitucional. Por escrito recibido el treinta de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Flores Gaona, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, promovió controversia constitucional, demandando los actos que más adelante se precisan, emitidos y ejecutados por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

• El Poder Legislativo del Estado de Morelos;

Actos impugnados:

• El Decreto 1370, por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ejemplar cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho, de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se reforman las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6o., y se adiciona el diverso 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.

Dicho decreto disminuye lo que corresponde y percibe el Municipio de Xochitepec, en proporción con los demás Municipios de las participaciones federales que recibe el Estado de Morelos por concepto de ISTUV, IEPS, ISAN, extraordinarios y del Fondo General de Participaciones.

Reduciéndose entonces los ingresos municipales por participaciones a razón de diez puntos, pasando de un 22% a un 20%, y con el 2% de las participaciones disminuidas, se crea el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos Municipales de la entidad morelense, sin autorización del Ayuntamiento.

2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:

a) Por Decreto 1370, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la reforma a las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6o., y la adición del diverso 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; que ordena la disminución de los porcentajes federales destinados a los Municipios del Estado de Morelos, del 22% al 20%, y autoriza al Ejecutivo para retener el 2% de las participaciones disminuidas, para crear el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos Municipales de la entidad Morelense, cuyo manejo estará a cargo de un fideicomiso representado y presidido por el gobernador de la entidad morelense.

b) Refiere que la reforma en cita, se logra sacrificando a los Municipios, en virtud de que el fondo se crea con recursos destinados desde el año dos mil quince y en proporción a los Municipios del Estado de Morelos, a razón de diez puntos del total de los recursos obtenidos por el Estado de las participaciones federales por concepto de ISTUV, IEPS, ISAN, extraordinarios y del Fondo General de Participaciones.

c) Desde el año dos mil, de manera proporcional los Municipios venían recibiendo del Estado por concepto de participaciones federales veinticinco puntos porcentuales de su total.

d) Mediante Decreto 274 publicado en el Periódico Oficial de la entidad, se redujeron las participaciones federales al 20%.

e) Que el histórico de las reformas deja ver que en dos mil quince se adiciona el párrafo final del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Hacendaria.

f) Que con base en lo anterior, es válido inferir que la amortización de los adeudos resultante de la ejecución de laudos laborales a cargo de los Ayuntamientos, obra debidamente garantizado y, por tanto, no es proporcional, racional, ni válido que se pretenda reducir las participaciones so pretexto de hacer frente a laudos laborales.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor son, en síntesis, los siguientes:

a) Expresa que las normas impugnadas contravienen lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Federal, al vulnerar los principios de autonomía y libre hacienda municipal;

b) Señala que las normas cuya invalidez se reclama no se encuentran en los supuestos de excepción que establece la Ley de Coordinación Fiscal, mediante los que se permite la retención o disposición de las participaciones federales que les corresponden a los Municipios;

c) Refiere que no existe en la legislación precepto alguno que faculte a las autoridades estatales a afectar libremente las participaciones de los Municipios, con el objeto de cubrir afectaciones que se generen por las retenciones que a su vez les practique a esos recursos la Tesorería de la Federación por violaciones a diversas disposiciones en materia de coordinación fiscal, independientemente de que éstas deriven del cobro de contribuciones realizado al Municipio actor;

d) Asimismo, expresa que no está legalmente previsto que el Poder Legislativo o el gobernador de Morelos puedan ordenar y retener participaciones federales para la conformación de un fideicomiso que integre una bolsa tendiente a responder por acciones laborales que se susciten en contra de los Municipios como fue expuesto en los motivos de creación de la ley impugnada;

e) Estima que las participaciones federales están sujetas a un régimen de libre administración, cuya disposición y aplicación debe llevarse a cabo en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de los fines públicos de los propios Ayuntamientos, cuestión que se corrobora con el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal que prohíbe que dichos recursos estén afectados a intereses ajenos o sujetos a retención salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones;

f) Manifiesta que no existe disposición alguna que autorice a la autoridad demandada a disponer del 2% de las participaciones federales destinadas a su Municipio, por lo que ello viola los principios de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos;

g) Expone que se debe garantizar a los Municipios la recepción puntual, efectiva e íntegra de los recursos denominados participaciones federales, ello, porque la facultad de programar y aprobar el presupuesto de egresos municipal, presupone que deben tener plena certeza de los recursos de que disponen.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violado es el artículo 115.

5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 30/2017 y, por conexidad con la diversa 8/2017, designó como instructor a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

6. SEXTO.—Admisión de la demanda. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar al Poder Legislativo del Estado de Morelos, para que formulara su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles; asimismo, le dio vista a la Procuraduría General de la República y ordenó formar cuaderno incidental respecto de la suspensión solicitada por el Municipio actor.

7. SÉPTIMO.—Contestación del Congreso del Estado. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, al dar contestación a la demanda, señaló en esencia lo siguiente:

a) Que los Municipios no tienen atribuida facultad legislativa en materia impositiva como vía para proveerse de los recursos necesarios para enfrentar las competencias y responsabilidades que le son inherentes;

b) Que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal no vulnera la autonomía municipal, puesto que la disposición y aplicación no se condiciona, en tanto que los recursos del mismo son adicionales;

c) Que las administraciones públicas municipales se encuentran en una grave situación financiera, en virtud de los pasivos laborales y, por ende, de las múltiples resoluciones jurisdiccionales que se encuentran en etapa de ejecución;

d) Que tanto la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el incumplimiento de las sentencias se sancionen con la destitución del infractor o autoridad responsable;

e) Que la creación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal cumple con los elementos que esta Suprema Corte ha precisado para determinar la constitucionalidad de fondos de naturaleza análoga;

f) Manifiesta que, por tanto, la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, no violenta lo señalado por el artículo 115 de la Constitución Federal.

8. OCTAVO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

9. NOVENO.—Audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Xochitepec, del Estado de Morelos y el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa, en la que se combaten normas de carácter general.

11. SEGUNDO.—Fijación de la litis. En este apartado se delimitarán los preceptos y/o actos que serán motivo de análisis en la presente controversia constitucional.

12. El Municipio actor impugna el Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la cuestión efectivamente planteada está relacionada con la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV, V y VII, así como el último párrafo del artículo 6o.; y del numeral 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos.

13. Por tanto, en la presente controversia constitucional debe tenerse como normas impugnadas el artículo 6o., fracciones I, III, IV, V, VII y último párrafo, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos, así como la totalidad del diverso 15 Quáter, de la misma ley, los cuales fueron modificados y adicionados, respectivamente, a través del Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.

14. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

15. El Municipio de Xochitepec, Morelos, impugna en la especie, una norma general consistente en el decreto que reforma las fracciones I, III, IV, V y VII, y párrafo final del artículo 6o., y la adición del numeral 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, por lo que, para efectos de la oportunidad de la demanda, debe estarse a lo dispuesto por la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

16. De la lectura del precepto antes transcrito, se desprende que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de normas generales, es de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su primer publicación o del día siguiente al en que produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, conforme a la ley que lo rige.

17. Del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se advierte que el actor tuvo conocimiento de la norma general, esto es, del Decreto Mil Trescientos Setenta al momento de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.

18. Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, antes transcrito, debe estimarse que el plazo de treinta días hábiles para promover la demanda transcurrió, del lunes dos de enero al lunes trece de febrero de dos mil diecisiete, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días del veintitrés al primero de enero por no ser periodo de labores de este Alto Tribunal de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero; así como los días cuatro, cinco, seis, once y doce del mes de febrero; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 74, de la Ley Federal del Trabajo, y punto primero, inciso c), del Acuerdo General Número 18/2013, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

19. Por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el treinta de enero de dos mil diecisiete, debe concluirse que fue promovida oportunamente.

20. CUARTO.—Legitimación activa. A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.

21. Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

22. De las disposiciones legales transcritas, se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

23. En el presente asunto, suscribe la demanda en representación del Municipio Xochitepec, Morelos, María del Rosario Flores Gaona, en su carácter de síndica de dicho Municipio, lo que acredita con las copias certificadas de la constancia de mayoría de la elección del Ayuntamiento, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

24. El artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece lo siguiente:

"Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:

"...

"II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos."

25. Del contenido de esta disposición, se desprende que el síndico tiene la representación jurídica del Municipio en todos los procesos judiciales, por lo que procede reconocerle legitimación para promover el presente juicio; además de que el Municipio es uno de los entes legitimados para promover una controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

26. QUINTO.—Legitimación pasiva. Acto continuo, se analiza la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de que ésta resulte fundada.

27. Tiene el carácter de autoridad demandada en esta controversia constitucional, el Congreso de dicha entidad federativa.

28. El Poder Legislativo compareció a juicio por conducto de Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, lo que acredita con la copia certificada del acta de la sesión del día doce de octubre del año dos mil dieciséis, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura, de la que se desprende que la presidencia del mismo la ostentaba la persona mencionada.(1)

29. En ese sentido, cabe precisar lo dispuesto por el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos:

"Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:

"...

"XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al Pleno del Congreso del Estado."

30. De acuerdo con el precepto transcrito, el presidente de la mesa directiva cuenta con la representación legal del Congreso Local, al que se atribuye la emisión de las normas que se impugnan.

31. En ese tenor, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como de quien comparece en su representación.

32. SEXTO.—Causas de improcedencia. En este apartado se analizarán las causales de improcedencia invocadas por el demandado y, de ser el caso, aquella que se advierta de oficio por parte de este Tribunal Pleno.

33. En su informe, el Congreso del Estado de Morelos sostuvo que la controversia constitucional debía sobreseerse, ya que el Municipio accionante no cuenta con interés legítimo para accionar este medio de control constitucional.

34. Tales manifestaciones deben desestimarse, porque el hecho consistente en si el decreto impugnado le genera o no al Municipio actor algún perjuicio, constituye una cuestión que está vinculada con el fondo del asunto. Esto es así, pues para adoptar la determinación correspondiente necesariamente debe hacerse un análisis jurídico, no únicamente de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la hacienda municipal, sino de los elementos de convicción que obran en autos y de las normas cuya invalidez se impugnan.

35. Esta conclusión tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 92/99, de este Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(2)

36. Además en su informe, el Poder Legislativo del Estado de Morelos manifestó que la controversia constitucional es improcedente, porque en el caso se está en presencia de una norma de carácter general que ya fue materia de otra controversia constitucional, en particular, en la diversa 15/2013, promovida por el Municipio de Ayala, Morelos, en la que también se reclamaron los actos legislativos tendentes a reformar diversos artículos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.

37. En este punto, si bien la autoridad demandada no expone cuál de las causales previstas en el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, debería actualizarse, lo cierto es que se refieren a la hipótesis contenida en la fracción IV de dicho numeral, que establece que las controversias constitucionales serán improcedentes "contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia".(3)

38. Sin embargo, tampoco le asiste razón, porque para que se actualice dicho motivo de improcedencia es requisito necesario que en la controversia constitucional 15/2013, resuelta por este Tribunal Pleno en sesión de tres de diciembre de dos mil trece, se haya impugnado la misma norma general; no obstante, en dicho asunto se impugnó el Decreto 264, por el que se "Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, del Código Fiscal para el Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de diciembre de dos mil doce; así como el Decreto 216, por el que se "Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece", publicado en el referido medio oficial el veintiséis de diciembre de dos mil doce.(4)

39. Como se ve, no existe identidad entre el Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, aquí impugnado, y los que fueron materia de análisis en la controversia constitucional 15/2013; en consecuencia, no se acredita la causal de improcedencia citada.

40. Por otro lado, este Tribunal Pleno advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia,(5) respecto del último párrafo del artículo 6o., y del numeral 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, impugnados en la presente controversia constitucional, al haber cesado los efectos de las normas a propósito de un nuevo acto legislativo. En consecuencia, lo que procede es el sobreseimiento respecto de dichas porciones normativas.

41. En efecto, mediante Decreto 3250 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el trece de julio de dos mil dieciocho, se reformó la fracción VI, del artículo 6o. y se derogaron el último párrafo de dicho precepto y el diverso 15 Quáter, ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.

42. Para mayor claridad al respecto, se establecen los siguientes cuadros que reflejan los últimos cambios legislativos a los artículos impugnados en la presente controversia constitucional:

Ver cuadro

43. Por su parte, el artículo 15 Quáter, de la ley impugnada establecía lo siguiente:

Ver ley impugnada

44. Como se puede apreciar, mediante Decreto 3250 del trece de julio de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, se derogó el último párrafo del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. En dicho párrafo se establecía la previsión de que con los recursos obtenidos por el Estado, referentes a los conceptos señalados en las fracciones I, III, IV, V y VII, del propio precepto normativo, el dos por ciento se destinaría a la constitución de un Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.

45. Misma situación se advierte con el artículo 15 Quáter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, el cual establecía los porcentajes y conceptos de cómo se conformaba el llamado Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, así como el destino de dichos recursos (la amortización de los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales y acciones prioritarias de los Municipios) y la composición del Comité Técnico que administraría dicho fondo.

46. Al respecto, este Alto Tribunal, ha sostenido que no basta la emisión de una nueva norma para considerar actualizada la causa de sobreseimiento por cesación de efectos, sino que es indispensable que la modificación normativa sea sustantiva o material, es decir, se requiere que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa; lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial del Tribunal Pleno Número P./J. 25/2016 (10a.), que lleva por título y subtítulo:(6) "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."

47. Con esta base, se puede apreciar que las reformas legislativas antes aludidas modificaron o tienen un impacto sustancial en los artículos precisados, pues fueron derogados y con ello, se eliminó la conformación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, el cual constituye un motivo de impugnación hecho valer por el promovente. En esa tesitura, al desaparecer el destino específico al cual habrán de destinarse los recursos resultantes de la disminución porcentual realizada en la reforma impugnada, es claro que dichos preceptos fueron modificados sustancialmente y por tanto la presente controversia debe sobreseerse en cuanto a ellos.

48. Lo anterior, viene a ser confirmado por los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo y décimo primero transitorios del Decreto 3250, publicado el trece de julio de dos mil dieciocho, en el cual se establece la eliminación del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, así como la derogación de las disposiciones normativas encargadas de su regulación y la liquidación de los recursos y órganos encargados de su operatividad.(7)

49. Al no existir otro motivo de improcedencia hecho valer por las partes, ni de oficio se advierte la existencia de alguno, se procede al estudio de fondo del asunto.

50. SÉPTIMO.—Estudio de fondo. Este Tribunal Pleno considera que son infundados los conceptos de invalidez expresados por el Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, pues como a continuación se demostrará, no se actualiza alguna violación al principio de libre administración de la hacienda municipal, contenido en el artículo 115 constitucional.

51. Por la forma en cómo está planteado el concepto de invalidez del Municipio accionante, será necesario citar el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, que se reformó a través del Decreto Mil Trescientos Setenta, aquí impugnado; así como el texto anterior del mismo precepto legal, pues el examen comparativo de los mismos permitirá advertir los alcances de la reforma que aquí se analiza.

Ver comparativo

52. El texto del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos revela que la reforma consistió fundamentalmente en disminuir del 22% al 20% la cantidad que el Gobierno del Estado de Morelos distribuye entre los Municipios respecto de los siguientes rubros: a) Fondo General de Participaciones; b) Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; c) Impuesto especial sobre producción y servicios; d) impuesto sobre automóviles nuevos; y, e) ingresos extraordinarios que le participe la Federación al Gobierno Estatal.

53. Así, en términos del artículo 6o. de la ley impugnada, los Municipios recibirán por concepto de participaciones federales, el 20% del total fondo general de participaciones; el 100% del fondo de fomento municipal; el 20% del total de la recuperación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; el 20% del total del impuesto especial sobre producción y servicios; el 20% del total del impuesto sobre automóviles nuevos; de la misma forma, de los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a los Municipios el 20% en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir el total de las participaciones efectivamente recibidas por cada Municipio, entre el total de las participaciones pagadas a todos los Municipios en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

54. Ahora bien, el Municipio actor sostiene que el artículo 6o., fracciones I, III, IV, V, VII y último párrafo, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, es inconstitucional porque de mane

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29414-953ae117/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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