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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENERALES E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (EJECUCIÓN DEL DECRETO 1370 EMITIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DECLARAR IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN OTRA CONTROVERSIA, ES REQUISITO NECESARIO QUE SE HAYA IMPUGNADO EN AMBAS LA MISMA NORMA GENERAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 15 QUÁTER DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. PROCESO LEGISLATIVO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DE NORMAS GENERALES (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DETERMINAR, ATENDIENDO A LA REALIDAD SOCIAL QUE IMPERA EN LA ENTIDAD, LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS CON LOS QUE SE CUBRIRÁN AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). IX. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DENTRO DE LOS MÁRGENES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PERMITIDOS DE LA CUANTÍA QUE RECIBIRÁN LOS MUNICIPIOS POR AQUEL CONCEPTO, Y OTROS, NO IMPLICA UNA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA HACENDARIA (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). X. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA REDUCCIÓN DEL DOS POR CIENTO DE LAS CANTIDADES QUE RECIBIRÁN PARA UN AÑO LOS MUNICIPIOS, RESPETANDO EL VEINTE POR CIENTO MÍNIMO GARANTIZADO POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, NO SUPONE UNA RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN PERJUICIO DE ÉSTOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). XI. PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA QUE SE TRANSGREDA EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES, DEBE EXISTIR UN ACUERDO DE QUE ÉSTOS SE ENTREGARÁN Y UNA ENTREGA EXTEMPORÁNEA QUE, EN SU CASO, GENERA INTERESES (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). XII. PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO ESTÁN OBLIGADAS A ENTREGAR MÁS DEL VEINTE POR CIENTO DE AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). XIII. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. NO CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL QUE TENGA POR OBJETO SALVAGUARDAR LAS ESFERAS COMPETENCIALES DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS). XIV. HACIENDA MUNICIPAL. FACULTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REDUCIR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS A LOS MUNICIPIOS (ARTÍCULO 6, FRACCIONES I, III, IV, V Y VII, DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2017. · Registro digital (IUS): 29398
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 1472.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2017. MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS. 29 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO Y EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS, los autos, para resolver la controversia constitucional 10/2017.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y norma impugnada. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Villegas Toledo, con el carácter de síndica del Ayuntamiento del Municipio de Mazatepec, Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del "Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis"; en particular, las fracciones II, III, IV, V y VII, y el último párrafo, todos del artículo 6; así como el artículo 15 Quáter, todos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; así como su aplicación o ejecución.

2. Como autoridades demandadas señaló al gobernador constitucional del Estado de Morelos; al Congreso del mismo Estado, a su mesa directiva; y a los secretario de Gobierno y de Finanzas y Planeación de esa misma entidad federativa.

3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La síndica del Municipio actor manifiesta, en síntesis, lo siguiente:

I. En el primer concepto de invalidez sostiene que las fracciones II, III, IV, V y VII, y párrafo final, todos del artículos 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, son contrarios al artículo 115, fracción IV, de la Constitución General que establece el principio de libre administración de los Municipios, pues de manera arbitraria disminuye, de un veintidós a un veinte por ciento, el porcentaje de las participaciones federales que corresponden a los Municipios, lo que implica una disminución de hasta un dos por ciento de los ingresos que corresponde a su representada.

El artículo 15 Quáter de la ley impugnada es inconstitucional porque con el dos por ciento disminuido, se crea el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, con el fin de amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de los laudos laborales que han sido emitidos en contra de los Municipios del Estado de Morelos.

La síndica municipal expone los casos de excepción en los cuales, conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte, resulta válido afectar las participaciones federales, a saber: i) el pago de obligaciones contraídas por los Municipios previa autorización de las Legislaturas Locales e inscripción en el registro correspondiente y ii) por voluntad manifiesta del Municipio de destinarlos a un determinado fin; sin embargo, dice, los preceptos cuya invalidez demanda no se encuentran en ninguno de esos casos de excepción.

Sostiene que no existe una norma general que autorice, al Congreso del Estado, a disponer del dos por ciento de las participaciones federales destinadas al Municipio de Mazatepec, por lo que tal imposición constituye una violación al principio de libre administración de la hacienda municipal, ya que son los propios Municipios quienes en todo caso deben priorizar la aplicación de los recursos, sin que éstos se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento, las obliguen a ejercerlos en rubros no prioritarios o distintos al de sus necesidades reales.

Aduce que los efectos de la resolución que se emita en este asunto "... deben hacerse extensivos para que no se prive al Ayuntamiento que represento de todas las participaciones y aportaciones que reciba, ya sea de tipo federal e incluso estatal, como es aquellos incrementos que se han establecido en el presupuesto federal y estatal de ingresos, así como la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de Morelos ..."

II. En el segundo concepto de invalidez, la promovente señala que con la disminución de los porcentajes de las participaciones federales destinadas a los Municipios del Estado de Morelos y con la creación del Fondo para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, se lesionan los derechos económicos de la municipalidad que representa, pues, dejando de observar el principio de progresividad, de manera arbitraria se están disminuyendo las aportaciones que conforman la hacienda municipal, afectando el nivel de vida de los habitantes del Municipio; además, dice, se viola el principio de progresividad, pues la ley, en su redacción anterior, sí era acorde con los principios que protege el artículo 115 de la Norma Fundamental.

El decreto impugnado incumple con el principio de legalidad, congruencia, exhaustividad y progresividad, contemplados en los artículos 1o. y 16 constitucionales, vulnerando los derechos humanos sociales y el bien común, pues, dice, no se advierte una motivación suficiente para su aprobación y posterior publicación, toda vez que dicha reducción afecta y reduce las condiciones de la hacienda municipal.

Refiere que el acto que se impugna resulta violatorio del principio de "expresión de la soberanía básica o fundamental de los Municipios", pues el Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, inobservó el principio de progresividad, toda vez que no mejora las condiciones de la hacienda municipal, sino por el contrario, las afecta y las reduce. Insiste en que la redacción de la ley que regía hasta antes de la entrada en vigor del decreto impugnado, sí respetaba el aludido principio constitucional.

III. En el tercer concepto de invalidez sostiene que el decreto impugnado contraviene el artículo 133 constitucional; al respecto, argumenta que deben declararse inconstitucionales los preceptos impugnados porque otorgan al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, una facultad discrecional para interpretar caprichosamente la normatividad impugnada, siendo que es a esta Suprema Corte a quien corresponde la facultad para interpretar cualquier tipo de ley.

En el mismo orden, sostiene que la Ley de Coordinación Fiscal está por encima de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, por lo que esta última no puede contradecir a la primera; en el caso particular, señala que el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la entrega de las participaciones federales no puede ser objeto de deducciones, por lo que si la anterior ley establecía un porcentaje que ascendía al 22%; entonces, el decreto impugnado ya no podría reducirlo, ni mucho menos ser afectado "a fines específicos", como lo es la destinación para el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.

De conformidad con el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales que habían sido asignadas durante la vigencia de la anterior ley no pueden retenerse; no obstante, el decreto impugnado sí realiza esa retención, pues disminuyó el porcentaje de las participaciones a un veinte por ciento. Si bien el citado artículo 9o. establece que solamente se podrán afectar las participaciones federales en el caso de que se trate de las correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4.A, fracción de la misma ley; sin embargo, dicha afectación sólo podrá realizarse en garantía, pero no para una administración independiente a través del fideicomiso al que se ha hecho referencia.

Además, aduce que para que dicha afectación pueda llevarse a cabo, se necesita que exista una autorización de las Legislaturas Locales y que las mismas estén inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, aspectos que no se colmaron con la emisión del decreto impugnado.

Por último, señala que en términos del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se puedan afectar las aportaciones y participaciones federales, es necesario que exista previamente un convenio entre el Ayuntamiento con el Gobierno Estatal, lo cual nunca se precisó y acreditó al momento de efectuarse la reforma que originó el decreto impugnado.

IV. En el cuarto concepto de invalidez señala que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, al aprobar y promulgar la reforma a las fracciones II, III, IV, V y VII y párrafo final del artículo 6, y la adición al artículo 15 Quáter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, violaron el artículo 115 constitucional, pues, dice, "... las autoridades responsables solamente quieren hacerse del dinero que originariamente le corresponde a los Municipios y manejarlo a través de un fideicomiso en el que no tienen participación directa ninguno de los Municipios del Estado, lo cual viola la Hacienda Municipal ..."

El Gobierno del Estado no tiene facultades para retener las participaciones federales en virtud de que éstas se rigen por la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que el fondo que pretende crearse a través del artículo 15 Quáter de la ley impugnada, viola el artículo 115 constitucional y el diverso 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal que dispone: "Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 9o. de esta ley."

Finalmente, aduce que el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, sólo cumple una labor de mediación administrativa con las participaciones consistentes en recibir de la Federación y entregarlo en forma íntegra a los Municipios; sin embargo, en el caso concreto "... nos hacen un descuento de hasta el 2% para llevar a cabo el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, lo que constituye de facto una retención, y al retener nuestras participaciones federales, nos privan de la base material y económica necesaria para ejercer nuestras obligaciones constitucionales y violan el artículo 115 constitucional ..."

4. TERCERO.—Artículos que se estiman violados. Los preceptos que se estiman vulnerados son los artículos 1o., 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. CUARTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 10/2017; asimismo, remitió el expediente a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien fue designada como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

6. En proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas a fin de que formularan su contestación y dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera. En el mismo auto, la instructora determinó que la autoridad secretario de Hacienda y Planeación del Estado de Morelos no tenía legitimación pasiva para ser demandado en esta controversia constitucional.

7. QUINTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos sostiene que el Municipio de Mazatepec carece de legitimación ad causam para incoar esta controversia constitucional, toda vez que desde su perspectiva, carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer, en virtud de que el gobernador de dicho Estado no ha realizado algún acto que invada su órbita competencial; por la misma razón, considera que se actualiza la falta de legitimación pasiva por parte del Poder Ejecutivo Estatal.

8. En relación con los conceptos de invalidez manifiesta, en síntesis, lo siguiente:

"No se viola el derecho a la libre hacienda y administración de los Municipios, contenido en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos no es inconstitucional, tomando en consideración que el Decreto 1370 respeta el 20% de las participaciones federales que le corresponde recibir a los Municipios, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal. Es decir, no implica una infracción al principio de autonomía hacendaria ni a la libre administración, pues la cuantía que recibirá el Municipio actor por concepto de participaciones federales se encuentra dentro de los márgenes constitucional y legalmente permitidos.

"El Decreto 1370 no vulnera los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 115, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que el porcentaje del que se duele el Municipio actor no trasciende a su libre disposición, ni mucho menos tiene injerencia en la aplicación de los recursos provenientes de participaciones federales destinados a los Municipios.

"El Poder Ejecutivo no pretende determinar el destino o uso que debe dársele a los recursos que le corresponden al Municipio accionante, sino por el contrario, su marco de actuación se circunscribe a aplicar los porcentajes y montos previstos por la normatividad estatal; por tanto, los recursos sobre los cuales debe atenderse el principio de libre hacienda municipal son aquellos que entran y afectan efectivamente su esfera económica, como ingresos, activos o pasivos.

"De acuerdo con los criterios sostenidos por esta Suprema Corte, al resolver casos semejantes, las participaciones federales únicamente forman parte de la hacienda municipal, hasta que dichos recursos entran y afectan su esfera económica, como ingresos, activos o pasivos, y es en ese momento cuando el Municipio debe administrarlos libremente, sin que las autoridades federales o estatales puedan impedir ese libre manejo.

"El gobernador constitucional, a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, ha respetado la autonomía hacendaria municipal, por lo que no existe violación al marco constitucional vigente, ya que ha realizado en tiempo y forma la transferencia de los recursos que por concepto de participaciones federales le fue autorizado al Municipio de Mazatepec, de acuerdo con los porcentajes autorizados con fundamento en los artículos 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

"En la parte considerativa del decreto impugnado se expusieron los motivos por los cuáles se justificó la necesidad de crear el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, haciendo énfasis en la grave situación financiera que enfrentan los Municipios en el Estado de Morelos, lo que imposibilita que éstos cumplan con acciones de gobierno fundamentales dada la falta de recursos económicos a consecuencia de inadecuadas administraciones, dando como resultado el incumplimiento de resoluciones judiciales que se encuentran en etapa de ejecución y con posibilidad de sanción en caso de incumplimiento, consistente en la destitución, de manera individual o colegiada del Ayuntamiento respectivo.

"Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, en el decreto que se impugna, implementaron el Fondo de Reserva para distribución entre los Municipios, con el fin de destinar de manera específica al pago de pasivos laborales debidamente acreditados en su etapa procesal de cumplimiento; ello, al tener en cuenta que existe un elevado riesgo de la destitución de alguno de los miembros del Ayuntamiento, como consecuencia de la problemática del pago de obligaciones derivadas del incumplimiento de laudos de los órganos jurisdiccionales; sobre todo, porque éstos cuentan con facultades para hacer cumplir sus determinaciones, aplicando diversos medios de apremio, incluso la separación del cargo.

"La configuración del fondo en comento se ideó con la finalidad de facilitar y transparentar la disposición y aplicación de los recursos, sin que se afecte la autonomía hacendaria municipal, toda vez que los Ayuntamientos continuarán recibiendo sus participaciones, cuya aplicación no se condiciona, en tanto que los recursos del fondo resultan ser adicionales.

"No es inconstitucional el decreto impugnado, pues el fondo no se entrega de manera discrecional ni está sujeto a una autoridad intermedia, en razón de que la autoridad encargada de administrarlo forma parte de la administración estatal.

"El citado fondo cubre con los elementos sostenidos por la Suprema Corte para determinar la constitucionalidad de fondos de naturaleza análoga, toda vez que se efectuará con base en una fórmula establecida en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos y la Ley de Coordinación Fiscal; además, el mecanismo de un fideicomiso evidencia transparencia y certeza en el manejo de los recursos, lo que dota a los Ayuntamientos de mayor seguridad jurídica.

"Los recursos orientados al Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, son adicionales a las participaciones que legal y constitucionalmente perciben y corresponden a los treinta y tres Municipios del Estado de Morelos, por tanto, se respeta el artículo 115 constitucional, toda vez que seguirán percibiendo el monto total de las aportaciones que les corresponde.

"El porcentaje que el Estado distribuye entre los Municipios por concepto de participaciones federales no vulnera el artículo 115 constitucional, pues contrario a lo que manifiesta el Municipio actor, la reducción del porcentaje de las participaciones federales de un veintidós a un veinte por ciento no es inconstitucional, porque dicho porcentaje de ingresos extraordinarios no está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

"La determinación de reducir dichos ingresos no infringe precepto constitucional alguno, pues las entidades federativas tienen un amplio margen de configuración administrativa para distribuir los recursos extraordinarios entre sus Municipios.

"Las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez. En este sentido, cita el precedente relativo a la controversia constitucional 15/2013, promovida por el Municipio de Ayala, Morelos, en la que se reclamaron los actos legislativos tendentes a reformar los artículos de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, en cuya resolución, esta Suprema Corte estableció que si bien existe una libre administración de la hacienda municipal, ésta opera de manera exclusiva en relación con los recursos efectivamente percibidos por los Municipios en términos de la normativa correspondiente, y no respecto de aquellos que no le corresponda recibir por virtud de las normas relativas.

"Finalmente, sostiene que la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos respeta el mínimo legalmente protegido del 20%, conforme a lo previsto en el artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que los ingresos que se reciben adicionalmente de ese 20%, se trata de ingresos extraordinarios; por tanto, dice, se actualiza una causal de improcedencia, máxime que se trata de una situación que ha quedado superada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

9. SEXTO.—Contestación del secretario de Gobierno del Estado de Morelos. El secretario de Gobierno de dicha entidad federativa formuló su escrito de contestación de manera idéntica a como lo hizo el encargado del despacho de la Consejería Jurídica.

10. SÉPTIMO.—Contestación del Congreso del Estado de Morelos. El Congreso del Estado, a través de la diputada Beatriz Vicera Alatriste, presidenta de la mesa directiva, contestó, en síntesis, lo siguiente:

"La controversia constitucional debe sobreseerse, en términos del artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio de Mazatepec, Morelos, no cuenta con interés legítimo, pues para la existencia de éste, se requiere de una afectación que resienta en su esfera de atribuciones, por lo que la Legislatura Estatal no vulnera su autonomía municipal.

"El Poder Legislativo del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con las facultades constitucionales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración del Estado.

"En cuanto a los conceptos de invalidez manifestó que éstos son infundados, pues las normas impugnadas no son contrarias al artículo 115, fracción IV, de la Constitución.

"Los Municipios no tienen atribuida facultad legislativa en materia impositiva, como vía para proveerse de los recursos necesarios para enfrentar las competencias y responsabilidades que le son inherentes, sino que el sistema que establece es más complejo, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el concepto de hacienda pública, integrada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas Estatales establezcan como participaciones federales y otros ingresos derivados de la prestación de servicios públicos.

"La fracción IV del artículo 115 constitucional, establece el principio de integridad de los recursos municipales, pues garantiza a los Municipios la recepción puntual y efectiva de los mismos, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto de egresos de la que gozan, presupone que deben tener plena certeza acerca de los recursos de que disponen.

"Existe la obligación de la Federación y de los Estados de entregar en forma puntual e íntegra los recursos que corresponden a los Municipios por concepto de participaciones federales, la cual en sí misma lleva inmersa la exigencia de la autoridad estatal de explicar de manera fundada y motivada cómo es que se calcularon los montos respectivos con base en la información pertinente.

"Las participaciones federales tienen su razón de ser en la facultad concurrente entre el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, por lo que para evitar una doble tributación, el legislador federal estableció la celebración de convenios; en el caso, el primero de noviembre de 1979, el Gobierno del Estado de Morelos celebró convenio de adhesión con la Federación, en el que se obligó a no crear impuestos locales y federales que contrariaran al orden federal.

"Los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal establecen el destino, plazo y procedimiento para el cálculo y entrega de esas participaciones federales.

"Debido a la grave situación financiera que en la actualidad enfrentan los Municipios en el Estado de Morelos y la aplicación de diversos medios de apremio de los jueces de amparo para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, es que existe la urgencia de sanear las finanzas públicas municipales; fue esa la razón por la que se creó el fondo destinado de manera específica al pago de pasivos laborales debidamente acreditados, así como al pago correspondiente a diversas áreas prioritarias en los términos previstos en el instrumento jurídico correspondiente.

"Dicho Fondo deberá operar a través de un fideicomiso público cuyo comité estará integrado por el Poder Ejecutivo Estatal y el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, como el organismo que representará los intereses de los Municipios de la entidad.

"El fondo en comento cubre con los elementos sostenidos por el Máximo Tribunal para determinar la constitucionalidad de fondos de naturaleza análoga, toda vez que no son contrarios al artículo 115 constitucional, en virtud de que no afectan los principios de libre administración hacendaria y autonomía municipal, pues no condiciona la disposición de aplicación de los recursos, ni impide que los Municipios la ejerzan.

"Es constitucional la conformación del fondo, en virtud de que los recursos no se entregarán de manera discrecional, ni están sujetos a autoridad intermedia, pues será a través del mecanismo financiero denominado fideicomiso, el que se encargará de administrarlo por autoridades de la administración pública estatal y del organismo descentralizado creado constitucionalmente para el fortalecimiento de los propios Municipios.

"Concluye que la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, no viola el artículo 115 de la Constitución Federal, pues tiene como premisa contar con disposiciones que de manera preventiva atiendan la grave situación financiera que enfrentan actualmente los Municipios derivado del indebido manejo del erario municipal realizado por administraciones municipales anteriores, las cuales derivaron en cuantiosas resoluciones jurisdiccionales en contra de los Ayuntamientos."

11. OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

12. NOVENO.—Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria de la materia), en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Mazatepec, Estado de Morelos, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa con motivo de la expedición y promulgación de normas generales.

14. SEGUNDO.—Certeza y precisión de la litis. En este apartado se delimitará los preceptos y/o actos que serán motivo de análisis en la presente controversia constitucional.

15. El Municipio actor impugna el Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; específicamente la inconstitucionalidad de las fracciones II, III, IV, V y VII, así como el último párrafo, del artículo 6; y del artículo 15 Quáter de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos.

16. No obstante, de la lectura integral del escrito inicial de demanda se advierte que la causa de pedir del promovente está encaminada a controvertir la fracción I, del artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos, no así la fracción II que de manera equivocada refiere en su demanda. Esto es así, porque de la lectura del decreto por el que se reformó el precepto impugnado se aprecia que la fracción II no contiene una reducción del porcentaje, pues en ella se prevé al igual que en su texto anterior, la entrega del 100% de las participaciones que corresponden al Fondo de Fomento Municipal. Esto es, dicha porción normativa no fue modificada.

17. Por el contrario, se advierte que la reducción en el porcentaje de las participaciones del 22% al 20% que constituye el motivo de invalidez que el accionante hace valer en su demanda, se contienen en las demás fracciones, incluyendo la fracción I, relativa al Fondo General de Participaciones.

18. Por tanto, con fundamento en el artículo 39 de la ley reglamentaria de la materia, que faculta a este tribunal a corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados,(1) se estima que en la presente controversia constitucional debe tenerse como norma impugnada el artículo 6, fracciones I, III, IV, V, VII y último párrafo, de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Morelos, así como la totalidad del artículo 15 Quáter de la misma ley, los cuales fueron modificados y adicionados, respectivamente, a través del Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.

19. De otra parte, el Municipio señala como actos impugnados la indebida aplicación o ejecución del Decreto 1370 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, aduciendo –de manera generalizada– que la autoridad demandada retuvo y/o descontó participaciones federales que le corresponden.

20. Sin embargo, el señalamiento que se hace en la demanda de los actos reclamados relativos a la indebida aplicación del decreto impugnado es genérico e impreciso, ya que el Municipio actor no especifica cómo acontecieron esos actos de aplicación, ni en qué momento sucedieron o cómo se materializaron en concreto; es decir, no explica si esos actos se dieron con motivo de una retención aplicada a las apo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29398-8c4dbe8c/i-controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-manifestaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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