I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE REFRENDAR DECRETOS Y REGLAMENTOS A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, CONSTITUYE UN ACTO AUTÓNOMO QUE LES OTORGA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. SISTEMA DE PENSIONES DEL ESTADO DE MORELOS. MARCO NORMATIVO QUE LO REGULA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. VII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. IX. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "...SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 16 DE ENERO DE 2019). X. EFECTOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA RESOLUCIÓN DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "...SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 16 DE ENERO DE 2019). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE REVISEN SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCAN UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO VEINTE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "...SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO").
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 103/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VALERIA PALMA LIMÓN.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTAND O:
1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de la entidad, en la que demandó del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno del Estado lo siguiente:
a) La invalidez del Decreto Número Veinte publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5668, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Leticia Alemán Figueroa con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123 apartado B, fracción XI, inciso a), 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución de Morelos.
3. Antecedentes de la controversia. El presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos no fue autorizado ni asignado conforme a la solicitud de incremento en el rubro de pensiones. El Congreso del Estado, al emitir los decretos en los cuales aprueba las pensiones, se ciñe a decir que son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin asignar el erario correspondiente que permita hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas. El Legislativo se entromete en las finanzas del Poder Judicial al señalar que debe darse el aumento a la pensión en función del salario mínimo, cuando en esa proporción no se aumentó el presupuesto; imponiendo la carga de erogar un gasto respecto del cual no ha recibido ingreso.
4. El presupuesto del Poder Judicial Estatal se mantuvo intocado del ejercicio fiscal de dos mil trece al de dos mil diecisiete con un monto de $451'559,000.00 (Cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), no obstante del aumento en los insumos necesarios para cumplir con el mandato constitucional de administrar justicia, el aumento al salario del personal y el exponencial número de jubilados por efecto de decretos jubilatorios autorizados por el Congreso Local, sin que durante dicho periodo existiera la partida presupuestal de pensiones a cargo de la cual determinaba el legislador fueran sufragadas las mismas. Con base en este punto, el Poder Judicial del Estado ha controvertido ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 130 decretos por vía de controversia constitucional.
5. Si bien para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho hubo un aumento de $48'441,000.00 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, dicho monto se realizó directamente para la operatividad del ese organismo, reiterando la omisión del Congreso de Morelos de autorizar la partida presupuestaria de pensiones y jubilaciones solicitada por el Poder Judicial Local.
6. Mediante oficio HTSJ/MCVCL/0431/2018, de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió al gobernador de la entidad, el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial en el que se contempla una partida presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones.
7. No obstante que el artículo 32, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que el presupuesto de egresos del Estado debe ser aprobado a más tardar el quince de diciembre, a la fecha (de presentación de la controversia) no se ha aprobado el ejercicio fiscal para dos mil diecinueve. Esta situación provoca que se desconozca si para el presente ejercicio fiscal se autorizará la partida de pensiones y jubilaciones con los montos solicitados.
8. Así, conforme al párrafo onceavo del referido artículo 32 de la Constitución Local, sigue rigiendo el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo cual no se cuenta con presupuesto para el pago de pensiones y jubilaciones.
9. El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5668, el Decreto Número Veinte, a través del cual el legislador local determina otorgar pensión por jubilación a Leticia Alemán Figueroa con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado.
10. Concepto de invalidez único. La emisión del decreto cuya invalidez se demanda, vulnera en contra del Poder Judicial del Estado de Morelos, los artículos 14, 16, 17, 49, 116 fracciones II y III, 123 apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, así como 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos por las razones siguientes:
a. La determinación de obligación del Poder Judicial del Estado de Morelos a realizar pago por pensión por jubilación con cargo al presupuesto del propio poder a favor de determinada persona, se traduce en una disposición arbitraria en contra de la hacienda del Poder Judicial de la entidad.
b. La autorización a favor del Poder Legislativo del Estado de Morelos para emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros poderes estatales, se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial que consagran los artículos 17 párrafo V y 116, fracción III, de la Constitución Federal.
c. El decreto transgrede el artículo 116 constitucional, al vulnerar el principio de congruencia entre ingresos y egresos, mediante el cual se establece que el ejercicio del poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres poderes, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.
d. El decreto viola el contenido del artículo 16 constitucional al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación de conformidad con lo dispuesto en las tesis de jurisprudencia P./J. 50/2000 y P./J. 109/2005, de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."
e. El decreto es contrario al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 17 constitucional, párrafo quinto, en cuanto vulnera la libertad de los juzgadores de emitir sus resoluciones sin influencias ajenas al reconocimiento jurídico.
f. Se vulnera el contenido del artículo 49 constitucional, que sustenta el principio de división de poderes, específicamente en cuanto dispone que los Poderes Judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en su conformación y ejercicio de sus funciones.
g. Se vulnera el contenido de los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a) y 127 constitucionales en cuanto reiteran la obligación de los Poderes de la Unión –en su calidad de patrones– a otorgar como prestaciones sociales, el pago de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores a su cargo. No obstante, dicha determinación establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y sin que se encuentren debidamente referidas en los presupuestos de egresos respectivos.
h. Se vulnera el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los Poderes Judiciales, mediante el cual corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (92-A, fracción VI, de la Constitución Local).
11. Es así que la determinación del Congreso Local, a través de la cual estima cumplidos los requisitos exigidos para que la trabajadora accediera a la pensión por jubilación, con cargo a la hacienda pública del promovente, afecta el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, al imponérsele la obligación de erogar un recurso que no se encontraba previsto.
12. Es verdad que el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, no obstante, ello no implica que el Congreso pueda determinar libremente, los casos en que proceda otorgar prestaciones, cuando éstas nazcan de las relaciones de trabajo entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y sus trabajadores.
13. En la diversa controversia constitucional 35/2000, promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la autonomía de la gestión presupuestal es condición necesaria para que los Poderes Judiciales locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia el adecuado funcionamiento de la carrera judicial.
14. La autonomía de la gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales Locales y no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello conllevaría a la violación del principio de división de poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.
15. Si no se considera constitucionalmente admisible que la legislatura disminuya la remuneración de los juzgadores, tampoco puede aceptarse que el Congreso Local sea quien determine las pensiones de los empleados judiciales.
16. El poder demandado no puede direccionar los recursos presupuestales del Poder Judicial para el pago de las pensiones en materia de seguridad social, máxime que la Legislatura Local no atendió la solicitud planteada para cubrir la obligación impuesta a través de los diversos decretos de jubilación y cesantía de edad avanzada emitidos a lo largo de esta anualidad.
17. En diversas ejecutorias dictadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha determinado que para que se actualice la transgresión a los principios de independencia y autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes Judiciales, es necesario que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a. Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo.
b. Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él.
c. Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre cualquiera de los siguientes aspectos:
i. Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial.
ii. Inmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no disminuible).
iii. Carrera Judicial.
iv. Autonomía de la gestión presupuestal.
18. El Legislativo Local transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial del Estado al obligarlo a cubrir una pensión, cuantificando e indicando el modo de cálculo de la misma. Esto se traduce en una subordinación (entrometiéndose y haciendo dependiente) al Poder Legislativo demandado.
19. Los artículos 24 fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, si bien otorgan al Congreso Local la atribución de ser el órgano resolutor en materia de pensiones, lesionan la autonomía presupuestal del Poder Judicial al prever que la Legislatura fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores judiciales (así como la cuantía a la que ascienden).
20. No debe perderse de vista que la propia Constitución Federal facultó a los Poderes Judiciales para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda sin intermediarios, respetando las bases constitucionales como la protección salarial establecida en el artículo 40, fracción XX, inciso d), de la Constitución Local. Es decir, que los salarios, emolumentos y demás prestaciones de los servidores públicos del Estado serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 101/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
21. En suma, el decreto impugnado implica una subordinación del Poder Judicial al Legislativo estatal, violando el principio de autonomía en la gestión presupuestal, consagrado en el artículo 116 constitucional, máxime que dicha Legislatura no dota de los recursos adicionales a este poder actor ni autoriza la ampliación o creación de una partida presupuestal para sufragar la pensión impuesta, máxime que si bien de la lectura integral de la Constitución Local, la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y la Ley del Servicio Civil de la entidad, se advierte que dicho Congreso está facultado para emitir decretos arbitrarios obligando a otros poderes a acatar sus determinaciones e influyendo en su hacienda pública sin justificación legal para la expedición de un decreto como el que se impugna.
22. Solicitud de la suplencia de la deficiencia de la queja. En términos del artículo 40 de la ley reglamentaria, la parte promovente solicita que esta Suprema Corte supla la deficiencia de la queja en su beneficio.
23. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve,(1) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 103/2019 y designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
24. Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve,(2) el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, teniendo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para formular su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
25. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Previo a la contestación de los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo Local precisa que el Poder Judicial actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios del decreto impugnado atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
26. El Poder Ejecutivo Estatal, llevó a cabo la publicación del decreto cuya invalidez se demanda, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, razón por la que resulta falso que la autoridad que representó viole, en perjuicio del Poder Judicial local, las disposiciones constitucionales que invoca en cada uno de sus conceptos de invalidez, así pues, se solicita declarar como inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez esgrimidos en su contra. De lo expuesto se advierte que el Poder Ejecutivo Estatal, en el Proceso Legislativo para la emisión del decreto que se impugna, llevó a cabo su promulgación y publicación, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que el Poder Ejecutivo viole en perjuicio del Poder Judicial actor, las disposiciones constitucionales que invoca en cada uno de sus conceptos de invalidez.
27. A pesar de lo anterior, es un hecho notorio que el veinte de marzo de dos mil diecinueve se publicó en el Periódico Oficial de la entidad [número 5591 Alcance (sic)], el Decreto Setenta y Seis, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
28. Debe señalarse que en el cuarto transitorio del decreto impugnado, se precisa que fue emitido para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1035/2018 promovido por Leticia Alemán Figueroa ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos,(3) protección que se otorgó sólo para el efecto de que las responsables (Congreso del Estado de Morelos y Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso de esa Entidad Federativa) dieran contestación a las solicitudes formuladas por Leticia Alemán Figueroa respecto a su pensión.
29. Además, es de relevancia que a la fecha y con base en la reforma constitucional que otorga autonomía financiera al Poder Judicial del Estado, se asignó una partida equivalente al 4.7% del monto total del gasto programable del presupuesto de egresos anual. Al analizar tal circunstancia en el presupuesto de dos mil diecinueve (publicado en el Periódico Oficial de la entidad número 5687 de veinte de marzo de dos mil diecinueve), el Poder Legislativo etiquetó por cuanto a las pensiones y otros rubros lo siguiente: "... Artículo décimo octavo. Para el Poder Judicial se prevén asignaciones por la cantidad de $523'000,000.00 (Quinientos veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), distribuidos de conformidad con el anexo 2. La cantidad autorizada para el Poder Judicial en el presente decreto se integra por los recursos necesarios, que deberán utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras y laborales, así como las relativas a las provisiones para pensionados y jubilados, controversias constitucionales, amparos..." y en su anexo dos se determinó "... Relativo al pago de decretos pensionarios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Superior de Justicia...".
30. Se considera entonces que ante tal escenario, el referido poder está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus ex servidores, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto bajo un porcentaje fijo de su presupuesto anual, cuyo monto incrementará conforme lo haga dicho presupuesto. De aquí se sigue que será la capacidad de reingeniería y reestructuración financiera la que pudiera darle al Poder Judicial actor la posibilidad de cumplir con sus compromisos conforme a la legislación de disciplina financiera. En tal virtud, el Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado. Cobra relevancia la jurisprudencia de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN."
31. Así, debe entenderse que los actos de promulgación y publicación del decreto impugnado se encuentran apegados al orden constitucional, razón por la cual la controversia en contra del Poder Ejecutivo es notoriamente improcedente e infundada. La impugnación que se formula resulta improcedente e infundada, en virtud de que ni el decreto ni las normas que lo sustentan invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas a favor del Poder Judicial actor, de manera que carecen de sustento jurídico los conceptos de invalidez hechos valer, debiéndose declarar improcedente la controversia constitucional en la que se actúa.
32. Por último, el Poder Ejecutivo solicita que se le supla la deficiencia de la queja.
33. Contestación del secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Se hacen valer los mismos argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en la contestación de la controversia constitucional 103/2019.
34. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. En primer término, el legislador sostiene que no son ciertas las afirmaciones de la promovente en el sentido de que el presupuesto asignado al Poder Judicial de la entidad no ha variado en función del aumento de los recursos necesarios para cumplir con su mandato constitucional. Al respecto, describe las ampliaciones presupuestales entre los años dos mil trece y dos mil diecisiete.
35. Igualmente, menciona que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve fue aprobado por el Congreso Local el Decreto Setenta y Seis por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Dicho decreto, se publicó el veinte de marzo de dos mil diecinueve en el periódico oficial de la entidad número 5687, en el que se asignó una partida presupuestal de $80'000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el pago de decretos pensionarios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Superior de Justicia.
36. Respecto al concepto de invalidez, el Poder Legislativo de Morelos indica que el decreto que se impugna fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado, que establece el procedimiento para que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener su pensión, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad.
37. En el caso, mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis ante el Congreso del Estado, Leticia Alemán Figueroa, solicitó el otorgamiento de pensión por jubilación, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado.
38. Al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil, vigente en la entidad, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación.
39. Así pues, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. La trabajadora acreditó una antigüedad de veinte años, un mes y veintiséis días de trabajo interrumpido.
40. De acuerdo al artículo 2o. del decreto impugnado, la pensión otorgada deberá ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada de pensiones.
41. Señala que en el cuarto transitorio del decreto impugnado, se precisa que fue emitido para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1035/2018 promovido por Leticia Alemán Figueroa ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos.
42. De lo expuesto se llega a la conclusión de que la actuación del Poder Legislativo en la emisión del decreto controvertido fue apegada a los lineamientos de las sentencias emitidas por el Máximo Tribunal en diversas controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en el entendido de que se guardó estricto respeto a los derechos humanos del trabajador, en términos de los artículos 1o. y 123 de la Constitución y en estricta observancia a la jurisprudencia de título y subtítulo: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN."
43. De las manifestaciones vertidas queda de manifestó que se debe declarar constitucionalmente válido el Decreto Número Veinte por el que se concede pensión por jubilación a Leticia Alemán Figueroa.
44. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, no formuló opinión respecto de la presente controversia constitucional.
45. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veinte de junio de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se abrió el periodo de alegatos sin que las partes los hubiesen presentado en la audiencia y se puso el expediente en estado de resolución.
46. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro ponente, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
47. Consecuentemente, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera al ponente para el dictado del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
48. Competencia.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, y punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea una controversia constitucional entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el secretario general de Gobierno del Estado de Morelos, en la que resulta innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, debido a que el estudio versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
49. Oportunidad.—Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
50. La controversia constitucional fue promovida por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos en contra del Decreto Número Veinte, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5668, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve.
51. El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(4) establece que el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días contados, a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
52. En este tenor, se tomará como fecha de conocimiento la de la publicación del decreto impugnado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó a ver tenido conocimiento del acto en fecha diversa. Entonces, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del diecisiete de enero de dos mil diecinueve al veintiocho de febrero del mismo año, debiendo descontarse los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero; dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero, por corresponder a sábados y domingos; así como el cuatro de febrero, por ser inhábil de conformidad con lo dispuesto en artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, fracción II, así como con el inciso c) del punto primero, del Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece.
53. La demanda es oportuna al haberse presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de febrero de dos mil diecinueve.
54. Legitimación activa. El párrafo primero del artículo 10, fracción I, así como 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.(5)
55. En el caso, suscribe la demanda, en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, lo cual acredita con el acta de la sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis en que se le elige como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad que obra a fojas cincuenta y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29296-02c1e211/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
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