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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ELEMENTOS Y SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN RESPECTO DE LA IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA UN ACTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, SI ÉSTE SE EMITIÓ POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN LIBERTAD DE JURISDICCIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56, 57 Y 58, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO"). VI. SISTEMA DE PENSIONES DEL ESTADO DE MORELOS. MARCO NORMATIVO QUE LO REGULA. VII. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. VIII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56, 57 Y 58, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO"). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56, 57 Y 58, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO"). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SEA NOTIFICADA, SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUE DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56, 57 Y 58, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO").

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 101/2019. · Registro digital (IUS): 29457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-14
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Pág. 4459.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 101/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 4 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos (de la Comisión), en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez del Decreto número sesenta y dos publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5671, el treinta de enero de dos mil diecinueve a través del cual el Poder Legislativo del Estado Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Joaquín Magdaleno Magdaleno con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.

SEGUNDO.—Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:

El presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Morelos, aun cuando esta autoridad consideró el incremento en el rubro de las pensiones jubilatorias, no fue autorizado ni asignado conforme se solicitó, y la diversa autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, al emitir los decretos en los cuales aprueba las pensiones, se ciñe a decir que son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin asignar el erario correspondiente que permita hacer frente a las crecientes pensiones y a los incrementos de las mismas. El legislativo se entromete en las finanzas de este Poder, al señalar que debe darse el aumento a la pensión en función del salario mínimo, cuando en esa proporción no se aumentó el presupuesto; ello impone una carga de erogar un gasto respecto del cual no ha recibido el ingreso del recurso.

Del ejercicio 2013 a 2017, el presupuesto otorgado al Poder Judicial se mantuvo intocado, es decir, se asignó un monto de $451’559,000.00.

Para el ejercicio fiscal 2018 se realizó un aumento de $48’441,000.00, al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, cierto es que dicha cantidad se realizó de manera directa para la operatividad del Tribunal Superior de Justicia, reiterando su omisión de nueva cuenta el Congreso del Estado respecto a autorizar la partida presupuestaria de pensiones y jubilaciones al Poder Judicial estatal.

Mediante oficio HTSJ/MCVCL/0431/2018, de fecha 29 de agosto de 2018, la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió al Gobernador del Estado de Morelos, el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, en el que se contempla una partida presupuestal para pago de pensiones y jubilaciones.

No obstante, de que el artículo 32, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que el presupuesto de egresos del Estado debe ser aprobado a más tardar el quince de diciembre, a la fecha el presupuesto para el presente ejercicio fiscal 2019 no ha sido aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por lo que se desconoce si para el presente ejercicio fiscal se autorizará la partida presupuestal de pensiones y jubilaciones, y en su caso en el monto solicitado por el Poder Judicial.

En ese sentido, en términos de lo que dispone el párrafo onceavo del citado numeral 32 constitucional, sigue rigiendo el presupuesto para el ejercicio fiscal anterior, es decir, el del año 2018, de ahí, hasta la fecha tampoco se cuenta con una partida presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones.

Primer decreto. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, se publicó el decreto mil novecientos setenta y siete, en el periódico oficial de la entidad número 5522, en que el Poder Legislativo local determinó otorgar una pensión por jubilación a Joaquín Magdaleno Magdaleno a razón del 50% de su último salario con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.

Para estar en aptitud de resolver la materia de esta controversia conviene traer a cuenta algunos aspectos procesales de tales asuntos.

Medios de impugnación promovidos en contra del primer decreto. El Poder Judicial y el pensionado, de manera paralela impugnaron el citado decreto mediante controversia constitucional y juicio de amparo, respectivamente.

Controversia constitucional. La citada controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos se tramitó con el número 245/2017; que resolvió la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho; en el sentido de declarar la invalidez del decreto impugnado, ya que el Poder Legislativo determinó conceder una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, lo que resulta contrario al artículo 116 de la Constitución Federal que establece la facultad del Poder Judicial de administrar, manejar y aplicar su presupuesto; asimismo, dejó a salvo los derechos del trabajador para reclamar el pago de la pensión ante la autoridad y en la vía que correspondiera.

Se exhortó tanto al Congreso Local como al Poder Judicial actor, para que en el marco de sus respectivas competencias y a la brevedad, realicen acciones tendentes a determinar el pago de la pensión correspondiente por jubilación, y al Congreso Local a revisar su sistema legal de pago de pensiones a efecto de que establezca uno que no resulte transgresor de la autonomía de otros poderes o de otros órdenes normativos.

Amparo indirecto. En el juicio de amparo 1297/2017 del Juzgado Séptimo de Distrito del Decimoctavo Circuito, el servidor público reclamó el porcentaje de pensión. Por sentencia emitida el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo para efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: a) dejara insubsistente el decreto impugnado; b) en su lugar, emitiera otro en el que equipara el porcentaje del monto de la pensión de jubilación del trabajador quejoso al que recibiría una mujer (60%), por los mismos años de servicio.

La anterior determinación se confirmó en sus términos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio Circuito, en el recurso de revisión 329/2018 el seis de septiembre de dos mil dieciocho.

En cumplimiento a esa ejecutoria el treinta de enero de dos mil diecinueve, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5671 el decreto sesenta y dos a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Joaquín Magdaleno Magdaleno, a razón del 60% de su último salario con cargo al presupuesto destinado (para pensiones) al Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto cuya invalidez se impugna en el asunto que ahora nos ocupa.

TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo, planteó los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

CUARTO.—Trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve,(1) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 101/2019; asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Posteriormente, en proveído de veintiséis del propio mes y año,(2) el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al secretario de Gobierno de la citada entidad; y finalmente ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO.—Contestación a la demanda. Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno. Por escritos recibidos el trece de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) el Consejero Jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno del Estado de Morelos por sí mismo, dieron contestación a la demanda.

En ellas, sostuvieron argumentos esencialmente iguales en relación con la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

Con las contestaciones, se exhibieron diversas pruebas documentales públicas, y ofrecieron también la presuncional y la instrumental de actuaciones.

SEXTO.—Contestación a la demanda del Poder Legislativo. Por escrito recibido el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos(4) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.

En el escrito de contestación expuso argumentos para sostener la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo. Así mismo, manifestó la imposibilidad material para cumplir con el requerimiento solicitado.

Con la contestación se exhibió copia certificada de diversas documentales públicas y se ofreció la presuncional e instrumental de actuaciones.

SÉPTIMO.—Por contestada la demanda y señalamiento de fecha para la celebración de audiencia. Por autos de catorce de mayo y cuatro de junio, ambos de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios y anexos presentados por el encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador y del secretario de Gobierno del Estado de Morelos, y el de este último acreditada la personería para actuar en el presente asunto y por contestada la demanda. Al Poder Ejecutivo desahogando el requerimiento al exhibir el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado donde se publicó el decreto impugnado; así mismo, al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, por contestada la demanda, por ofrecidas las pruebas presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones, así como las documentales; además, por desahogado el requerimiento al exhibir copia certificada de los documentos relacionados con el decreto impugnado. Se dio vista al actor y a la Fiscalía General de la República, señalándose lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia.

OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

NOVENO.—Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el seis de agosto de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 de la propia ley, se hizo relación de constancias, se tuvieron por exhibidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO.—Returno del expediente y avocamiento en la Segunda Sala. Previo el dictamen de mérito, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

Consecuente con ello, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como enviar el expediente al ponente para el dictado del proyecto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo(5) y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:

El decreto número sesenta y dos publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5671 de treinta de enero de dos mil diecinueve, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo indirecto 1297/2017 del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, el Poder Legislativo de Morelos determina abrogar el diverso decreto mil novecientos setenta y siete; y, otorgar pensión por jubilación a Joaquín Magdaleno Magdaleno, al 60% de su último salario que deberá ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones.

TERCERO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente.

El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia(7) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, mientras que para impugnar normas generales el plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada, o del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

• Oportunidad respecto del decreto sesenta y dos.

En relación con el Decreto mencionado se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el treinta de enero de dos mil diecinueve, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.

En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves treinta y uno de enero de dos mil diecinueve al viernes quince de marzo siguiente.(8)

En estas condiciones, si la demanda se presentó el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, su presentación resulta oportuna.

CUARTO.—Legitimación activa. María del Carmen Verónica Cuevas López, en su carácter de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Morelos,(9) está legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional,(10) y 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(11) así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(12)

Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico al Poder Judicial de Morelos, corresponde al presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.

QUINTO.—Legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del Decreto impugnado.

Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la Ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrá carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio el Encargado del Despacho de la Consejería Jurídica, representante del Gobernador de la entidad, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se publicó su nombramiento,(13) cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(14) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política, 15 de la citada ley orgánica y 24 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, todos del Estado de Morelos, así como con el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

La Secretaría de Gobierno local fue representada por su titular, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quien justificó tal carácter con un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se publicó su nombramiento.(15)

Al respecto cabe destacar que los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(16) y 21, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado(17) facultan al secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.

A nombre del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del acta de sesión ordinaria de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho,(18) y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(19)

Conforme a lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.

SEXTO.—Causales de improcedencia. Enseguida se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento hechas valer por las partes y las que se adviertan de oficio, al ser de estudio preferente.

Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia,(20) porque el Poder Judicial actor carece de interés legítimo para impugnar el Decreto de otorgamiento de pensión en cuestión, ya que a su parecer, éste no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.

Debe desestimarse dicha causa de improcedencia porque la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del Decreto por el cual se otorga una pensión a favor de un trabajador, es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99,(21) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

Por otra parte, las autoridades demandadas hicieron valer como causa de improcedencia que el acto impugnado se emitió por un órgano jurisdiccional y en cumplimiento de una resolución jurisdiccional, lo cual a su parecer constituye un motivo manifiesto de inejercitabilidad.

A fin de estudiar el planteamiento de improcedencia es pertinente traer a contexto lo establecido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.J. 77/98 y la tesis LXX/2004, cuyos rubros, por su orden, son los siguientes: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO."(22) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN."(23)

De ahí que se está en el caso de actos relativos a una resolución jurisdiccional, o bien, si se trata de algún supuesto de excepción a la regla.

Lo anterior, pone de relieve los elementos y supuestos de excepción siguientes:

Elementos: a) Si aquel cuya invalidez se demanda se dictó por autoridad jurisdiccional; b) Si le es atribuible; y, c) Si se emitió en su cumplimiento.

Excepciones: a) Si la determinación cuya invalidez se impugna, materia de la controversia, se emitió en libertad de jurisdicción, en pretendido ejercicio de facultades propias; b) En el cumplimiento, el órgano accionante advierte datos de invasión a la esfera competencial que defiende en aras de preservar su ámbito de facultades.

Partiendo de ello, para el caso que nos ocupa se tiene como hecho notorio que el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos,(24) dictó sentencia en el juicio de amparo 1297/2017, en que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Joaquín Magdaleno Magdaleno, para que el Poder Legislativo de la entidad dejara sin efectos el decreto mil novecientos setenta y siete; y, en su lugar emitiera otro en el que equiparara el porcentaje del monto de la pensión de jubilación del trabajador al que recibiría una mujer (60%), por los mismos años de servicio.

En cumplimiento a la ejecutoria de amparo se dejó insubsistente el decreto reclamado y se determinó el derecho del trabajador, a una pensión de jubilación equiparada al porcentaje que recibiría una mujer (60%), por los mismos años de servicio.

Por otro lado, el órgano legislativo, con libertad de ejercicio dispuso el otorgamiento de la pensión y su pago a cargo de la partida presupuestal del Poder Judicial de la entidad.

Tal determinación de pensión y la fuente del numerario para su pago constituyen el acto cuya invalidez se reclama en la especie, sobre lo cual, debe decirse que en cumplimiento de amparo, se abrogó, el anterior decreto que había concedido la pensión por el 50% del último salario, disponiendo procedente el pago en un porcentaje mayor, es decir, el 60% como correspondería a una mujer en iguales condiciones. La ejecutoria de amparo nada dispuso sobre la pertinencia de que ello fuese con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

En esa virtud, esta Sala considera que en el caso concreto, se actualizó la procedencia por presunta invasión de esferas competenciales que el Poder Judicial del Estado hizo valer en su demanda, bajo la perspectiva de que se dispuso de su presupuesto. Sin que obste lo manifestado por las autoridades demandadas sobre la existencia de la controversia constitucional 245/2017, ya que en principio, declaró la invalidez del diverso decreto mil novecientos setenta y siete, ahí resuelta el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó al actor el seis de marzo de dos mil diecinueve y al poder legislativo el día cuatro del mismo mes y año, es decir, con posterioridad a la emisión del decreto que aquí nos ocupa.

De ahí que, por un lado no existió obligación del Poder Judicial de ampliar la demanda; máxime que la consulta de ese expediente permite a esta Segunda Sala advertir que el cierre de instrucción(25) ocurrió previo a la publicación del nuevo decreto.(26)

Por otro lado, a virtud de la ejecutoria dictada en el amparo indirecto 1297/2017,(27) el legislador estaba obligado a dejar insubsistente el anterior decreto mil novecientos sesenta y siete; lo que dio por resultado que el aquí impugnado sesenta y dos, constituya un nuevo acto legislativo, susceptible de ser combatido mediante controversia.

Al no actualizarse de alguna causa de improcedencia ni que se hubiere hecho valer, procede el estudio de los conceptos de invalidez que se plantean.

SÉPTIMO.—Estudio. El Poder actor sostiene, que el Decreto impugnado viola la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.

Ello, aunado a que el Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.

A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en Morelos.

Sin que ello implique el estudio de constitucionalidad o convencionalidad de las normas que se citarán a continuación, ya que no fueron impugnadas, y el presente análisis sólo tiene como objetivo esclarecer tres puntos principales:

• ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos?

• ¿Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa?

• ¿Ese sistema de pagos (reflejado en los decretos de pensión como el que aquí se impugna) respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal?

En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de 1984, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.(28)

Esa Institución, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de su ley, es un "organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el gobernador al efecto, en términos de la ley orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la administración pública central y sin fines de lucro, con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos", que tiene por objeto "procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales".

El patrimonio del citado instituto, de conformidad con el artículo 8 de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados;(29) las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el Instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del Instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del Instituto.

Para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece:

En el artículo 6, que el Instituto, para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones:

I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;

II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29457-ba9560d1/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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