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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE [ARTÍCULOS 1, 8, 24, FRACCIÓN XV, 45, FRACCIÓN, XV, PRIMER PÁRRAFO, INCISO C), 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO [43, FRACCIÓN XIV, 54, FRACCIÓN VII, 55, 56, 57, APARTADO A), FRACCIONES I, II Y III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LOCAL, ASÍ COMO EL DIVERSO 109 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 223/2016. · Registro digital (IUS): 200378
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 223/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 11 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el seis de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del titular del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez de los actos que se indican a continuación:

"1. Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del Decreto Número Mil Ciento Veintisiete, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5440, de fecha 19 de octubre de 2016 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determina otorgar pensión por jubilación a la C. Sonia Márquez Cortés con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos y de su misma hacienda pública.

"Consecuentemente de lo anterior y, por virtud de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir el citado decreto, demando además la invalidez de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 del (sic) Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismos que fueron reformados mediante Decreto Número 218 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, Número 5056 de fecha 17 de enero del 2013, y por extensión, de sus efectos al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones, y al ser parte del mismo sistema normativo, se demanda también la invalidez de los artículos siguientes:

"a) Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII; 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"b) El artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4529 de fecha 9 de mayo del año 2007.

"c) El artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4546 de fecha 12 de junio del año 2007."

Los antecedentes narrados en la demanda son, en esencia, los siguientes:

1. En las diversas controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos en diversas fechas, se declaró la invalidez de los artículos 24, fracción XV y 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por considerarlos contrarios a la Constitución y por el hecho de que el Congreso de Morelos fuese el órgano encargado, exclusivamente, de determinar la procedencia y montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, lo que violentaba el principio de libertad hacendaria municipal, al permitir una intromisión indebida en el manejo del destino de la hacienda municipal.

Si bien los actos impugnados en esas controversias constitucionales fueron en contra de diversos Ayuntamientos del Estado de Morelos, en todas ellas se declaró la invalidez del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues en todos esos casos se estimó la existencia de un detrimento a la autonomía y autosuficiencia económica de los Ayuntamientos, ya que la Corte consideró que la intervención del Poder Legislativo Estatal, en la determinación de las pensiones, conforme a lo previsto en el referido precepto de la Ley del Servicio Civil del citado Estado, constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, incluso sin la intervención de su Ayuntamiento, de forma que el Congreso Local dispone de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal, para sufragar el pago de dichas prestaciones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva.

2. El aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con sus necesidades reales. El contraste realizado entre los presupuestos a partir del año 2013, evidencia el control por parte del Poder Legislativo, quien pasa por alto que la sociedad no solamente requiere una economía sana, sino que además necesita tener la seguridad de un eficaz acceso a la justicia.

3. Mediante oficio número CJE/2765/2016, de nueve de mayo del dos mil dieciséis, se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos que autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad que requiere la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece al dos mil dieciséis no se había autorizado ningún incremento en ese rubro pese a que se han autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha, la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.

4. En los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, respectivamente, no existió incremento presupuestal al Poder Judicial. Incluso, en los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis hubo una reducción a su presupuesto por parte del Congreso del Estado de Morelos.

5. Mediante diversos oficios TSJ/P/0684/2013 y CJE/5510/2015, de ocho de agosto de dos mil trece y uno de septiembre de dos mil quince, suscritos por la otrora presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, se enviaron a la Legislatura de dicho Estado los anteproyectos de presupuestos de los años dos mil catorce y dos mil dieciséis, en los que se solicitó un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que tal Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.

6. El diecinueve de octubre de dos mil dieciséis fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5440 el Decreto Número Mil Ciento Veintisiete, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a la C. Sonia Márquez Cortés con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos y de su misma hacienda pública, en los siguientes términos:

"Decreto Número Mil Ciento Veintisiete por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Sonia Márquez Cortés.

"Artículo 1o. Se concede pensión por jubilación a la C. Sonia Márquez Cortés, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: auxiliar analista.

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley."(2)

La parte actora hace valer en sus conceptos de invalidez los siguientes argumentos:

Primer concepto de invalidez. El decreto combatido viola los principios de fundamentación y motivación, tratándose de relaciones interinstitucionales (artículos 14 y 16 constitucionales); división de poderes (artículo 49 de la Constitución General); congruencia presupuestal sin injerencia externa (92-A, fracción VI, de la Constitución Local); independencia judicial y autonomía de la gestión presupuestal (17 y 116, fracciones II y III, constitucionales); y autonomía judicial para regir las relaciones laborales de los trabajadores a su cargo, a fin de otorgarles una pensión o jubilación asignadas en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo (artículo 127, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal) Además de conculcar el artículo 131 de la Norma Suprema Local, que dispone la prohibición de realizar pago alguno si no está comprendido en el presupuesto respectivo.

Lo anterior, ya que a través del citado decreto, se concede a la ciudadana Sonia Márquez Cortés una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin proveer la ampliación presupuestaria necesaria para cubrir la pensión señalada.

Además, vulnera los principios de división de poderes, autonomía e independencia antes señalados, pues se aplican las normas que permiten al Congreso Local la facultad de emitir el decreto controvertido, en aplicación de los artículos 24, fracción XV, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y, por extensión, de los numerales 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

La vulneración a los principios referidos, se deriva en función de que la Legislatura del Estado de Morelos se entromete en la disposición presupuestal que tiene el Poder Judicial actor en relación con sus trabajadores, toda vez que en el artículo 2o. del decreto impugnado, dispone que la pensión jubilatoria del 65% que debe cubrir el accionante a la ciudadana Sonia Márquez Cortés, se hará con cargo a la insuficiente partida presupuestal destinada al pago de pensiones, de tal manera que el ente demandado dispone arbitrariamente, y fuera de toda previsión o planificación gubernamental, de la hacienda del Poder Judicial.

De esa forma, la falta de previsibilidad anunciada, se traduce en un acto de sometimiento al Poder Judicial, puesto que no existe un análisis racional en torno a la capacidad y disponibilidad de recursos en la partida destinada al pago de la pensión, lesionándose también el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en el numeral 116 constitucional.

Si bien existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales o de los Poderes del Estado de Morelos, la forma de proceder del Congreso Local, se aparta del principio de autonomía de gestión presupuestal al disponer que el Poder Judicial erogue un recurso que no se encontraba previsto.

Así, la transgresión al citado principio constitucional, se actualiza al haberse emitido, sin la intervención del poder actor, un decreto donde se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto de egresos, de por sí limitado y sin ningún aumento desde dos mil trece, y a costa de la hacienda pública del poder actor.

Debido a la infracción al principio de autonomía en la gestión presupuestal, difícilmente puede cumplirse con la garantía de administración de justicia expedita y gratuita, así como con la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales.

Por otra parte, los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, son contrarios a los principios de autonomía judicial, división de poderes y autonomía de gestión presupuestal, previstos en la Constitución Federal, en tanto que no previenen que al concederse el decreto pensionario deba también otorgarse recursos dinerarios al poder accionante para hacer frente a dicha obligación, o bien, que el Congreso se cerciore y justifique que la dependencia encargada de hacer el pago sea solvente o cuente con suficiencia económica en la partida correspondiente.

En ese sentido, pese a que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales o de los Poderes del Estado de Morelos, la atribución del Congreso Morelense de emitir decretos jubilatorios de los trabajadores de los otros Poderes Estatales se aparta del principio de la autonomía de la gestión presupuestal, consagrada en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, pues no se explica, porque si los trabajadores mantuvieron su vínculo laboral con el Poder Judicial, corresponda a una autoridad ajena –Congreso del Estado de Morelos– el evaluar que éstos cumplan con todos los requisitos para beneficiarse con las pensiones previstas en la ley.

Si bien el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales locales, esto de modo alguno implica que a través de las mismas, el Congreso pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Poderes del Estado de Morelos y sus trabajadores, pues la Constitución Federal otorga a los Poderes Judiciales la autonomía de gestión presupuestal como un principio fundamental de la independencia judicial.

En el caso, tanto los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo 58 y 66 de la legislación en cita, como el decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos, transgreden la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, ya que actualizan todos los grados de violación al principio de división de poderes, por lo siguiente:

- Provoca que el Poder Legislativo, se entrometa en la independencia del Poder Judicial al emitir un decreto jubilatorio que impacta en el presupuesto de egresos y sin la intervención de éste último (artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos).

- Hace que el Poder Judicial dependa de su homólogo legislativo, en tanto que impide que aquél tome decisiones o actúe de manera autónoma, ya que se le trata como un subalterno, pues sólo se le compele a realizar el pago mensual de la pensión por jubilación (artículo 2o. del decreto combatido y artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos).

- Subordina al poder actor, pues lo obliga a cubrir la referida pensión, toda vez que el decreto implica que el Poder Judicial no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante (artículo 58, párrafo primero, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos).

Ordena al poder actor a cuantificar el monto de la pensión jubilatoria con base en el último salario percibido por el trabajador y con los incrementos correspondientes (artículo tercero del decreto jubilatorio y artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos).

Asimismo, las normas referidas son contrarias al artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal porque autorizan que el Poder Legislativo, se entrometa en la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial, al facultar al ente legislativo la expedición de decretos relativos a las pensiones de los trabajadores a cargo de los diversos Poderes Estatales (artículos 24, fracción XV, 54, fracción VII, 55, 56 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos).

Segundo concepto de invalidez. Se reitera que el decreto tildado de inconstitucional viola los principios contenidos en los numerales 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 127 de la Constitución Federal, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que se emitió en aplicación de las normas contenidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que permiten a la Legislatura Local emitir esta naturaleza de decretos pensionarios.

Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, último párrafo, al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, son contrarios a los principios de autonomía judicial, división de poderes y autonomía de gestión presupuestal por dos razones fundamentales:

• Permiten la expedición de un decreto donde se concede una pensión por jubilación a la ciudadana Sonia Márquez Cortés con cargo al presupuesto y hacienda pública del Poder Judicial.

• Se obliga al poder actor a cubrir la prestación anterior, sin que la Legislatura Local le haya dotado de recursos adicionales a fin de que enfrente los pagos correspondientes.

Lo anterior revela un estado de dependencia y subordinación del Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo, al entrometerse éste último en la ejecución y/o aplicación del presupuesto del poder actor.

En otro aspecto, el decreto es violatorio de los principios de división de poderes, así como las garantías de independencia y autonomía judiciales, toda vez que obliga al Poder Judicial actor a cubrir una pensión jubilatoria a razón del 65% del último salario percibido por la solicitante, con cargo en la partida presupuestal destinada para el pago de las pensiones, sin que se le haya dotado de recursos económicos necesarios para afrontar dichos pagos, cuenta habida que desde el año dos mil trece la Legislatura ha soslayado aumentar el presupuesto requerido.

En ese sentido, la falta de incremento o ampliación del presupuesto para los fines señalados, demuestra el estado de subordinación en la que se encuentra el Poder Judicial del Estado de Morelos frente al Congreso Local, mermando las finanzas del primero.

El decreto combatido, constituye una orden expresa por parte del Poder Legislativo Local dirigida al poder actor para que este último sea quien pague la pensión jubilatoria correspondiente, con cargo a su propio erario público, de manera que dicha actuación genera un estado de dependencia y subordinación con respecto al Poder Legislativo, al entrometerse éste último en la ejecución y/o aplicación del presupuesto del Poder Judicial Local.

En suma, la actualización de una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial Local y/o por parte de alguno de los otros dos Poderes Estatales, conllevan una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 constitucional.

En el caso no existe justificación legal para la expedición de un decreto como el que se impugna.

Tercer concepto de invalidez. El artículo 3o. del decreto cuya invalidez se demanda, vulnera los principios contenidos en los numerales 16, 116, fracción III, 126 de la Constitución Federal, 131 y 134 de la Constitución del Estado de Morelos.

Lo anterior, porque para que el Poder Judicial actor pueda dar cumplimiento al pago de las pensiones de sus trabajadores, se requiere de un presupuesto suficiente que no puede estar supeditado a la potestad del órgano legislativo, y, en el caso, no se tiene certeza del monto que se otorgará por tal concepto, porque en el anteproyecto que presentó el Poder Judicial actor planteó las necesidades para cumplir con su función constitucional de impartición de justicia y lo que de ésta se derive, pero lo peticionado no se ve reflejado en el presupuesto que se autoriza y tomando en cuenta el creciente número de trabajadores que han decidido ejercer su derecho a pensionarse.

El Poder demandado viola el numeral 16 constitucional al generar incertidumbre jurídica con lo establecido en el artículo tercero del acto, cuya invalidez se demanda, al indicar el modo en que se calculará el monto de la pensión, atendiendo al aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.

Si bien dentro del presupuesto de egresos va considerado un incremento salarial, éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo, ya que el primero depende del propio presupuesto de egresos autorizado con partidas específicas para su aplicación y en el segundo, por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El citado organismo, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor ahora dependiente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al cual concierne estimar las variaciones en precios que tienen que ver con bienes y servicios comercializados en el país, pero que para el incremento salarial de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, se toma como base el presupuesto autorizado y si en éste no se contempla, se hace nugatorio el incremento ordenado por el Poder Legislativo en el decreto reclamado.

Por lo que se vulneran los principios de certeza jurídica, de división de poderes y de autonomía presupuestal. Además que sin la designación de la partida presupuestal correspondiente, se ha generado inestabilidad financiera en el Poder Judicial actor.

Además, se violan los principios de división de poderes y autonomía e independencia de la gestión presupuestal del poder actor, ya que mediante el decreto impugnado el Congreso Local, arbitrariamente, dispone el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo. Con lo que se trastoca la facultad del Consejo de la Judicatura Estatal, consignada en el numeral 117, fracciones XV y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El decreto emitido rompe con las atribuciones del poder judicial al entrometerse en la vida interna de éste último, pues no obstante que lo subordina al controlar los gastos de la bolsa al no dotarle de los recursos necesarios para cumplir con excelencia el servicio de administración de justicia, dispone ilegalmente de su presupuesto al ordenar erogar gastos no previstos, ni siquiera en grado estimativo al no contar con un indicador objetivo sobre el aumento del salario mínimo, de suerte que lo correcto sea tomar como parámetro el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, como lo establece la Norma Fundamental y la Ley del Seguro Social.

Es inconcebible que el poder demandado ordene un ajuste automático de las pensiones en relación al aumento del salario mínimo, pues el presupuesto del poder actor no sería incrementado con base en ese aumento para estar en aptitud de hacer frente a los aumentos que deben incrementarse a las jubilaciones decretadas por éste, sin intervención del poder actor, a quien si bien le otorga la atribución de reglamentar su gasto, le impide el ejercicio de dicha facultad, pues no le consulta si cuenta con viabilidad financiera para cubrir la pensión decretada.

Al emitir las jubilaciones con cargo al presupuesto del poder actor el poder legislativo local omite dotarle de los recursos elementales para cumplir ese deber, colocándolo en una situación dependiente, al impedirle sustituir el personal en retiro a través de la contratación de personal apto para cumplir el deber constitucional de administrar justicia.

El artículo 3o. del decreto altera el debido funcionamiento del Poder Judicial al imponerle el deber de incluir en el monto de la pensión el costo de prestaciones y asignaciones, sin referir la denominación de las mismas, pues con ello crea una concesión gratuita y generosa al personal en retiro, pues se les equipara como activos, dado que reciben el beneficio de las prestaciones por partida doble, esto es, se les incluye en su pensión y el poder actor además sigue aportando cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social al que se encuentran afiliados los trabajadores de ese Poder Judicial, a fin de que alcancen el número de semanas requeridos para acceder a una nueva pensión a cargo del referido instituto al alcanzar o ubicarse dentro de la edad considerada como avanzada a que se refiere el numeral 154 de la Ley del Seguro Social.

Sin embargo, esa obligación no subsiste en relación con el personal en retiro, pues la seguridad social que debe otorgar el poder actor es en relación al personal de activo como lo previene la fracción I del numeral 54 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Y si bien establece en su fracción VIII la pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones aplicables, ello en forma alguna significa que deban disfrutarse de manera simultánea, puesto que dicha prestación de seguridad social es a cargo del instituto en mención siempre y cuando sigan cotizando dichos trabajadores hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión, pues conservan el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, debiendo al efecto cubrir la totalidad del importe de las cuotas obrero patronales según lo establece el numeral 218 de la Ley del Seguro Social, de lo contrario, se transgrede el numeral 134 de la Constitución Federal.

Es claro que al sobrevenir la terminación laboral al tenor de lo que dispone el numeral 24, fracción XV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconcuso que cesa el deber del poder actor de proporcionar a los jubilados como prestación de seguridad social, mantener como afiliado al trabajador jubilado para permitirle alcanzar una nueva pensión, tornando dicho deber de seguir aportando cuotas patronales, contrario a la racionalidad del propio sistema, toda vez que por la categoría de jubilado, el otrora servidor público queda bajo el imperio de la Ley del Seguro Social.

Por lo anterior debe declararse la invalidez del decreto impugnado al no ser acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social, que no se refieren al aumento al salario mínimo como referente para incrementos de las pensiones sino al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión.

A consecuencia del aumento porcentual de la pensión en relación con el incremento al salario mínimo en el caso de los jubilados del poder actor, sin traer aparejado un aumento igual o equivalente, se provoca inestabilidad económica al Poder Judicial y se afecta su autonomía financiera.

La situación anterior lacera la correcta administración de justicia que incluye la sanidad de las finanzas del Poder Judicial del Estado, pues se emplean recursos no programados para tal fin, lo que implica una violación a la irreductibilidad salarial de los Jueces y Magistrados en funciones, no obstante que ello es un factor que protege la autonomía e independencia judicial, amén de que impide otorgar al personal en funciones aumento alguno.

Por tanto, el aumento de forma automática en el monto de la pensión, derivado del aumento al salario mínimo de personas que no están en activo, es transgresor de la división de poderes y de la autonomía e independencia judicial.

Los trabajadores en retiro perciben ingresos superiores al personal en activo, y en consecuencia estos últimos no pueden tener un aumento salarial ante la falta de aumento de presupuesto, haciéndose nugatorio el derecho a mejorar su poder adquisitivo.

El artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, contraviene el principio de seguridad jurídica contenido en los numerales 16, 116, fracción III, 126 de la Constitución Federal, así como 131 y 134 de la Constitución del Estado de Morelos, ya que no define que prestaciones deben otorgársele a los jubilados, propiciado que se vean beneficiados de manera irracional debido a un incorrecto incremento porcentual de la pensión en relación al aumento al salario mínimo, lo que provoca afectación en la estabilidad económica y autonomía financiera del poder actor.

En el caso debe suplirse la deficiencia de la queja.

El poder actor señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B y 127, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo ofreció diversas pruebas documentales públicas, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

SEGUNDO.—Registro, admisión, trámite y designación de Ministro instructor. Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciséis,(3) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 223/2016; asimismo, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Posteriormente, en proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis,(4) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al secretario general de Gobierno de la citada entidad; y finalmente ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

TERCERO.—Contestación de demanda del Poder Ejecutivo. Por escritos presentados el catorce de febrero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) el encargado de despacho junto con el director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, ambos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y el secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, formularon contestación a la demanda.

En ella, sostuvieron esencialmente los mismos argumentos en relación con la validez del decreto y normas impugnadas, pues al respecto señalaron:

"El Poder Ejecutivo (gobernador y secretario de Gobierno) solamente llevaron a cabo la p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200378-4062769f/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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