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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE (ARTÍCULOS 1o., 8o., 24, FRACCIÓN XV, 45, FRACCIÓN XV, PRIMER PÁRRAFO, INCISO C), 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL DIVERSO 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO [ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN XIV, 54, FRACCIÓN VII, 55, 56, 57, APARTADO A), FRACCIONES I, II Y III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 58, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LOCAL, ASÍ COMO EL DIVERSO 109 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DE LOS DECRETOS MEDIANTE LOS CUALES SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 242/2016. · Registro digital (IUS): 200371
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 242/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del titular del Poder Ejecutivo y del secretario de gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez de los actos que se indican a continuación:

"1. Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 5448 de fecha de 16 de noviembre de 2016 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación al C. ********** con cargo a la casi inexistente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.

"Consecuentemente de lo anterior y, en virtud de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir el citado decreto, demandó además la invalidez de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 del (sic) Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismos que fueron reformados mediante Decreto Número 218 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 5056 (sic) de fecha de 17 (sic) de enero de 2013, y por extensión de sus efectos al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones, y por formar la estructura normativa, se demanda también la invalidez de los artículos siguientes:

"a) Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero, e inciso c); 54, fracción VII; 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"b) El artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 4529 de fecha 9 de mayo del año 2007.

"c) El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 4546 de fecha 12 de junio del año 2007."

Los antecedentes narrados en la demanda son, en esencia, los siguientes:

1. En las diversas controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, resueltas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos en diversas fechas, se declaró la invalidez de los artículos 24, fracción XV, y 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por considerarlos contrarios a la Constitución y por el hecho de que el Congreso de Morelos fuese el órgano encargado exclusivamente de determinar la procedencia y montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, lo que violentaba el principio de libertad hacendaria municipal, al permitir una intromisión indebida en el manejo del destino de la hacienda municipal.

Si bien en esas controversias constitucionales los actos fueron en contra de diversos Ayuntamientos del Estado de Morelos, en todas las controversias se declaró la invalidez del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues en todos esos casos se estimó la existencia de un detrimento a la autonomía y autosuficiencia económica de los Ayuntamientos, pues la Corte consideró que la intervención del Poder Legislativo Estatal en la determinación de las pensiones, conforme a lo previsto en el referido precepto de la Ley del Servicio Civil del citado Estado, constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, incluso sin la intervención de su Ayuntamiento, de forma que el Congreso Local dispone de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal, para sufragar el pago de dichas prestaciones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva.

2. El aspecto financiero y presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos no ha sido modificado de manera progresiva a fin de ser acorde con sus necesidades reales. El contraste realizado entre los presupuestos a partir del año 2013 evidencia el control por parte del Poder Legislativo, quien pasa por alto que la sociedad no solamente requiere una economía sana, sino que además necesita tener la seguridad de un eficaz acceso a la justicia.

3. Mediante oficio número CJE/2675/2016 de nueve de mayo del dos mil dieciséis se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos que autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad que requiere la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece al dos mil dieciséis no se había autorizado ningún incremento en ese rubro pese a que se han autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.

4. En los ejercicios dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, respectivamente, no existió incremento presupuestal al Poder Judicial. Incluso, en los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis hubo una reducción a su presupuesto por parte del Congreso del Estado de Morelos.

5. Mediante diversos oficios TSJ/P/0684/2013 y CJE/5510/2015 de veintiocho de agosto de dos mil trece y uno de septiembre de dos mil quince, suscritos por la otrora presidenta del Poder Judicial del Estado de Morelos, se enviaron a la Legislatura de dicho Estado los anteproyectos de presupuestos de los años dos mil catorce y dos mil dieciséis, en los que se solicitó un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que tal Poder Legislativo hubiera autorizado los mismos.

6. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5448 el Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación al C. **********, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos y de su misma hacienda pública, en los siguientes términos:

"Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano **********.

"Artículo 1o. Se concede pensión por Jubilación al C. **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: secretario de acuerdos de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley."(2)

La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben ni se resumen en tanto ya existe criterio exactamente aplicable al caso concreto.

SEGUNDO.—Registro, admisión, trámite y designación de Ministra instructora. Por acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete,(3) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 242/2016; asimismo, designó como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Posteriormente, en proveído de tres de enero de dos mil diecisiete,(4) la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al secretario general de gobierno de la citada entidad; y finalmente ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

TERCERO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo y del secretario de gobierno. Por escritos presentados el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) el secretario de gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y el encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, junto con el director general de asuntos constitucionales y amparo, formularon contestación a la demanda.

En ellas, sostuvieron esencialmente los mismos argumentos en relación con la validez del decreto y normas impugnadas, los cuales no se transcriben ni se resumen en tanto ya existe criterio exactamente aplicable al caso concreto.

Con la contestación, el secretario de gobierno exhibió copia certificada de su nombramiento y ofreció las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones.

Los representantes del Poder Ejecutivo exhibieron diversas pruebas documentales públicas, y ofrecieron también la presuncional y la instrumental de actuaciones.

CUARTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, recibido el siete de marzo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos(6) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.

En el escrito de contestación expuso argumentos para sostener la validez de las normas y decreto impugnados, los cuales no se transcriben ni se resumen en tanto ya existe criterio exactamente aplicable al caso concreto.

Con la contestación se exhibieron copias certificadas de diversas documentales públicas y se ofreció la presuncional e instrumental de actuaciones.

QUINTO.—Se tiene por contestada la demanda y se señala fecha para la celebración de la audiencia. Por autos de veintiocho de febrero y ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Ministra instructora tuvo por recibidos los oficios y anexos presentados por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, por el secretario de gobierno y por los representantes del Poder Ejecutivo todos del Estado de Morelos; asimismo, tuvo por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda, por designados a sus delegados; por señalados los domicilios para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por ofrecidas las pruebas que acompañaron a sus escritos; asimismo se dio vista al actor y al procurador general de la República, señalándose lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

SEXTO.—No intervención de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

SÉPTIMO.—Audiencia y puesta en estado de resolución. El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, una vez sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO.—Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por la Ministra instructora al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución. Mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esta Sala se avocaba al conocimiento del presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo (gobernador y secretario de gobierno) y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:

a) El Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5448 de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos;

b) Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y por extensión;

b.1) Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45 fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 58 y del 60 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;

b.2) El artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos;(8) y,

b.3) El artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

TERCERO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente sólo en lo que respecta al decreto impugnado, no así en lo que atañe a las normas que se tachan de inconstitucionales.

El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(9) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, mientras que para impugnar normas generales el plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada, o del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

I. Oportunidad respecto del Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta.

En relación con el decreto mencionado se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.

En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis al lunes dieciséis de enero de dos mil diecisiete.

Ello, en el entendido que de conformidad con los artículos 2o. y 3o., fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(10) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(11) y con el punto primero, incisos a), b), c) y d), del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días inhábiles: diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre así como el tres, cuatro, diez y once de diciembre siguientes, por haber sido sábados y domingos; el veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis y el primero de enero de dos mil diecisiete, y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, estos últimos por corresponder al segundo periodo de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En estas condiciones, si la demanda se presentó el quince de diciembre de dos mil dieciséis, es indudable que su presentación resulta oportuna.

II. Oportunidad respecto de las normas impugnadas.

Por lo que hace a la oportunidad en la impugnación de las normas generales, toda vez que en el escrito de demanda se impugnan con motivo de su aplicación en el Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta, en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en primer lugar, debe analizarse si dicho acto constituye un acto de aplicación y, en segundo lugar, si se trata del primero, pues de lo contrario el cómputo de la oportunidad debe hacerse a partir de la publicación de las normas.

El Poder Judicial actor impugnó los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que fueron reformados el diecisiete de enero de dos mil trece; y por extensión los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 del mismo ordenamiento; el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

A efecto de verificar la aplicación de los preceptos referidos, se transcribe el decreto impugnado:

"La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los (sic) siguientes:

"Consideraciones

"I. En fecha 3 de junio del 2016, el C. **********, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

"II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.

"III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. **********, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 30 años, 6 meses, 1 día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes:

"Taquimecanógrafo ‘B’ adscrito en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado con sede en Puente de Ixtla, del 1 de agosto de 1985, al 23 de septiembre de 1987; secretario E supernumerario, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, del 24 de septiembre de 1987, al 1 de octubre de 1989; secretario de Acuerdos, comisionado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, del 17 de noviembre de 1989, al 15 de enero de 1991; secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Jojutla, del 16 de enero de 1991, al 31 de septiembre de 1992; secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial, del 1 de octubre de 1992, al 8 de julio de 2001; secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 9 de julio de 2001, al 7 de diciembre de 2003; secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 8 de diciembre de 2003, al 11 de junio de 2007; secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito en el Juzgado Cuarto Penal de Primer Instancia del Primer Distrito Judicial, del 12 de junio de 2007, al 31 de enero de 2010; secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 1 de febrero, al 24 de agosto de 2010; secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito a los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, del 25 de agosto, al 20 de enero de 2010; secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 21 de enero de 2010, al 17 de marzo de 2016, fecha en la que es expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado.

"Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

"Decreto Número Mil Doscientos Cuarenta por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano **********.

"Artículo 1o.. Se concede pensión por Jubilación al C. **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial.

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.

"Disposiciones transitorias

"Primera. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"Segunda. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’.

"Recinto Legislativo, en sesión ordinaria iniciada el 12 y concluida el 13 del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

"Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. Secretaria. Rúbricas.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

"Sufragio efectivo. No reelección

"Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos

"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu

"Secretario de gobierno

"M.C. Matías Quiroz Medina

"Rúbricas."

De la lectura de dicho decreto se advierte que se aplicaron directamente los artículos 55, 56, 57, apartado A), fracciones I, II y III, y 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado –también se aplicó el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, pero no fue impugnado por la parte actora–, que disponen:

"Artículo 55. Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen."

"Artículo 56. Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

"El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.

"El trabajador que se hubiera separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación."

"Artículo 57. Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes:

"A) Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez:

"I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el oficial del Registro Civil correspondiente;

"II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que corresponda;

"III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y."

"Artículo 58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones:

(Reformado primer párrafo, P.O. 6 de abril de 2005)

"I. La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:

(Reformado, P.O. 6 de abril de 2005)

"a) Con 30 años de servicio 100%."

"Artículo 67. La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su responsabilidad:

"I. El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho;

"II. Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; y

III. Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión."

En este contexto, resulta necesario analizar si los demás preceptos señalados como impugnados, esto es, los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 57, último párrafo, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el 56, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y el 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, fueron aplicados indirectamente por formar parte del sistema integral de pensiones.

Dichos numerales prevén:

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos

"Artículo 1. La presente ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio."

(Reformado, P.O. 26 de diciembre de 2012)

"Artículo 8. Esta ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores.

"Los trabajadores de confianza, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de seguridad social, por lo que en cualquier tiempo y por acuerdo del titular de la dependencia dejarán de surtir sus efectos los nombramientos que se les hayan otorgado, de conformidad con lo dispuesto por los ar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200371-7e6425d1/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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