MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
AMPARO EN REVISIÓN 41/2021. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A. DE C.V. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE APARTA DEL PÁRRAFO OCHENTA Y SIETE, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.
VISTOS para resolver los autos del amparo en revisión 41/2021, en contra de la sentencia dictada el veinte de febrero de dos mil veinte, por el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo **********; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Demanda de amparo. Por medio de escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Luis Alejandro Peña León, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
a) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
La discusión, aprobación y expedición de los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles.
b) De las Cámaras de Diputados y Senadores:
La expedición de los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles.
c) Del Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México:
El auto de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente **********.
2. SEGUNDO.—Derechos humanos violados y tercero interesado. La promovente adujo que se violaban en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 16, 17, 103, 107, fracción X, y 133 constitucionales. Asimismo, señaló como parte tercero interesada a ********** y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
3. TERCERO.—Juicio de amparo indirecto. Del asunto correspondió conocer, por cuestión de turno, al Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; mismo que previno a la parte quejosa para que indicara en qué acto específico se habían aplicado los artículos que tildaba de inconstitucionales. Tal prevención fue desahogada por la parte promovente, la cual aclaró que las disposiciones que impugnaba de la Ley de Concursos Mercantiles se le habían aplicado en el auto de diez de octubre de dos mil diecinueve por parte del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México en los autos del concurso mercantil **********.
4. En virtud de lo anterior, el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda mediante auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, ordenando la creación del expediente con el número de amparo indirecto **********, requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe con justificación y ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
5. Seguido por su cauce legal el juicio de amparo, en sentencia terminada de engrosar el veinte de febrero de dos mil veinte, el Juez Federal del conocimiento sobreseyó en el juicio respecto de todos los actos reclamados.
6. CUARTO.—Trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado. En contra de la sentencia anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo titular lo admitió y registró con el número de amparo en revisión **********. Sin embargo, en sesión de veinte de agosto de dos mil veinte, los Magistrados integrantes del citado tribunal estimaron carecer de competencia legal para conocer del asunto, toda vez que el juicio de amparo derivaba del concurso mercantil ********** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, del cual había derivado el juicio de amparo directo **********, el cual había sido conocido y resuelto por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de seis de marzo de dos mil diecinueve.
7. De esta manera, el recurso de revisión fue remitido al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo presidente lo registró con el número de expediente ********** y lo admitió a trámite, mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte.
8. En sesión virtual de dos de diciembre de dos mil veinte, el referido Tribunal Colegiado emitió resolución en la que modificó la sentencia recurrida, estimando procedente el juicio de amparo indirecto, salvo por lo que se refería a la inconstitucionalidad de los artículos 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles, y, por otra parte, dejo a salvo la competencia de este Alto Tribunal para conocer del planteamiento relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37 y 38 de la Ley de Concursos Mercantiles.
9. QUINTO.—Trámite del amparo en revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el recurso de revisión bajo el número 41/2021, y manifestó que este Alto Tribunal asumía su competencia originaria para conocer del medio de impugnación interpuesto.
10. En el mismo proveído se dispuso turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y radicar el asunto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se encuentra adscrito.
11. En cumplimiento al proveído de admisión, por diverso acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el avocamiento del asunto en la referida Sala y el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
CONSIDERANDO:
12. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito cuya materia es civil, respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó reasumir su facultad originaria, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
13. SEGUNDO.—Oportunidad y legitimación del recurso de revisión. Resulta innecesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa, habida cuenta que el Tribunal Colegiado del conocimiento que conoció originalmente del asunto, examinó dicha cuestión y determinó que éste se presentó en los términos legalmente establecidos.(1)
14. En el mismo sentido, se estima que le asiste legitimación al promovente del recurso de revisión de que se trata, Luis Alejandro Peña León, por tratarse del representante de Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual tuvo la calidad de quejosa en el juicio de amparo indirecto **********, cuya sentencia constituye la materia de estudio del presente asunto.
15. TERCERO.—Cuestiones necesarias para el estudio.
16. Antecedentes. De la sentencia recurrida se aprecian los hechos siguientes.
A. Juicio en contra de ********** previo a su concurso mercantil.
Juicio ordinario mercantil **********. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil dieciocho, Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, demandó a **********, diversas prestaciones.
De este asunto tocó conocer, por razón de turno al Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, quien admitió la controversia a trámite mediante acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho.
Emplazada la demandada y seguido el juicio por sus etapas, el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria el catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
Recurso de apelación **********. Inconforme con la sentencia anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación el cual se resolvió mediante resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
Ejecución del juicio ordinario mercantil. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la parte actora y vencedora en el juicio ordinario mercantil solicitó la entrega del cheque que había exhibido la enjuiciada como garantía el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el cuaderno de providencias precautorias.
B. Concurso mercantil de **********.
Demanda de concurso mercantil. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA Bancomer, presentó demanda de declaración de concurso mercantil respecto de la sociedad mercantil **********.
De esta controversia tocó conocer por razón de turno al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil con residencia en la Ciudad de México, mismo que desechó la demanda por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.
Recurso de revocación en el concurso mercantil. Inconforme con la determinación anterior, la institución bancaria interpuso recurso de revocación, el cual se admitió mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho.
Posteriormente, mediante sentencia interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró infundado el recurso de revocación y se confirmó en sus términos el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.
Juicio de amparo directo en el concurso mercantil. Para combatir la sentencia anterior, la institución bancaria promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer por razón de turno al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; mismo que lo registró con el número de amparo directo DC. **********.
Seguidos los trámites de ley, en sesión de seis de marzo de dos mil diecinueve, el órgano colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.
Admisión del concurso mercantil en cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Juez de la causa revocó el auto recurrido de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, decretando la admisión de la demanda de declaración de concurso mercantil.
C. Ejecución de la sentencia condenatoria en el juicio ordinario mercantil y las providencias precautorias dictadas en el concurso mercantil.
I. Autos del juicio ordinario mercantil.
Oposición de ********** a la entrega del cheque que garantizaba la condena. Por escrito de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, la demandada en el juicio ordinario mercantil hizo del conocimiento del Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su oposición a la entrega del cheque expedido como garantía para tal controversia. Ello a partir de las providencias precautorias dictadas en el concurso mercantil **********, por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.
A la solicitud anterior, recayó el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual el juzgador tuvo por manifestada la oposición a la entrega del billete de depósito, y dio vista a la actora con la misma. Vista que fue desahogada mediante escrito de cuatro de octubre de dos mil diecinueve.
II. Autos del concurso mercantil.
Solicitud de la sociedad concursada. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve ante el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil con residencia en la Ciudad de México, **********, por conducto de su mandatario, informó la existencia del juicio ordinario mercantil **********, así como de las providencias precautorias promovidas en su contra por Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, Sociedad Anónima de Capital Variable; solicitando se girara oficio al Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, a fin de que el diverso juzgador se abstuviera de entregar el cheque en pago a la parte actora, atendiendo a las medidas precautorias decretadas en el concurso mercantil.
1er. Acto reclamado. Orden de acatamiento de las medidas cautelares. Acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve. En atención a lo anterior, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil con residencia en la Ciudad de México ordenó girar oficio al Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitiéndole copia de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, con el fin de que tuviera conocimiento de las medidas precautorias adoptadas en el concurso mercantil y acatara las mismas, solicitándole, a su vez, que informara el acatamiento a las medidas cautelares.
2do. Acto reclamado. Acatamiento de las medidas cautelares. Acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve. En acatamiento al acuerdo de diez de octubre de dos mi diecinueve, el Juez Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió el auto de once de octubre de dos mil diecinueve. En este determinó la imposibilidad jurídica de hacer entrega a la parte actora Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, del cheque **********, que había exhibido la demandada en el cuaderno de providencia precautoria formado en los autos del juicio ordinario mercantil **********.
17. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado **********, solicitó en la vía indirecta el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
- Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión, aprobación y expedición de los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles.
- De las Cámaras de Diputados y Senadores, la expedición de los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles.
- Del Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, el auto de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente **********.
18. En relación con la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Concursos Mercantiles, la quejosa desarrolló diversos argumentos, los cuales se pueden dividir en lo siguiente:
- Primero.
Señaló que los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles resultan violatorios de los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica, impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, previstos en el artículo 17 de la Constitución.
Lo anterior, dado que en ellos se pretende establecer una limitante para efectuar el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, esto es, se impide se cumpla una cosa juzgada. Ello, a partir del establecimiento de medidas cautelares y providencias precautorias en las cuales se dice que no se podrán hacer el pago mediante una garantía otorgada con anterioridad a la declaración de concurso, aplicado de forma retroactiva y en perjuicio de la quejosa. Aspecto con el cual, se desvirtúa la naturaleza de una garantía, así como los fines de ésta.
Respecto al artículo 1o. constitucional, se menciona que en éste se establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
A partir de esta garantía, la quejosa señala que, de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende el principio de presunción de inocencia. Principio que, argumenta, se encuentra íntimamente relacionado con el principio de buena fe.
Por otra parte, a partir de la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Concursos Mercantiles, refiere que las providencias precautorias determinadas en la Ley de Concursos Mercantiles tienen como finalidad que la empresa siga trabajando normalmente y que no exista un factor externo que la perturbe, como dejarla en estado de insolvencia con motivo de otra demanda en su contra, esto es proteger su patrimonio, y, el orden público establecido en el artículo 1o. de la Ley de Concursos Mercantiles.
Esto es, la finalidad por un lado es proteger el patrimonio de la concursada, así como conservar a la empresa, y pagar a los deudores. Sin embargo, refiere que los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles, imponen el establecimiento de una providencia precautoria para que, en su caso, limiten el pago a favor de la concursada o que la concursada no realice pagos, a nadie a fin de poder pagar sus deudas y garantizar el derecho de otros acreedores.
En este sentido, se insiste en que la finalidad de estas disposiciones es proteger la masa de la concursada y el pago a favor de los acreedores, siendo que una medida para lograrlo es por medio de las medidas precautorias; las cuales se contraponen a la certeza y seguridad jurídica, la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita establecida en el artículo 17 constitucional.
Al respecto, se precisa que la referida limitante suscita un estado de inseguridad, toda vez que no puede ejecutar una sentencia firme y que causó ejecutoria, con motivo de una providencia precautoria dictada después de que causó ejecutoria la referida resolución.
De esta manera, se refiere que el derecho de presunción de inocencia consiste en que las autoridades tienen la obligación de demostrar que los gobernados cometieron alguna conducta jurídica que va en contra de las disposiciones legales de que se trate. Siendo que, en el caso, le correspondía a la autoridad responsable determinar si en el caso concreto debían aplicar las providencias precautorias, en tanto se habían dictado después de que se obtuvo sentencia condenatoria; ello, siendo que la obligación consignada había sido garantizada.
Señala que la legislación no se refiere al caso en que ya exista sentencia ejecutoriada, ni respecto a los procesos en donde se haya establecido una garantía. Ello, en tanto que únicamente se establece una limitante para que, por un lado, no se realicen pagos dentro de los procesos seguidos en contra de la concursada y, por otro lado, ordena que las personas físicas o la misma concursada no pueden hacer pagos.
En ese tenor, se afirma que los artículos impugnados imponen mayores cargas al quejoso, en virtud de que tendrán que incurrir en mayores gastos; lo cual los deja, a su vez, un estado de inseguridad jurídica.
De modo que se estima evidente que el Ejecutivo Federal limitó a los gobernados que se encuentran en posibilidad de ejecutar la sentencia ejecutoriada, así como a las autoridades en sus facultades para compensar de oficio aquellas cantidades que considere procedentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 constitucional.
Asimismo, considera que el Ejecutivo Federal dejó en estado de inseguridad jurídica a aquellos que cuentan con una sentencia ejecutoriada y con una garantía exigible a su favor. Siendo que se dejó de estudiar el caso en concreto debidamente, toda vez que el acto reclamado no se encontraba fundado ni motivado, por lo que se transgredió su derecho a la seguridad jurídica.
En otro aspecto, refiere que los artículos impugnados violan el principio de progresividad de los derechos fundamentales contenido en el artículo 1o. constitucional, en la medida en la que limita el derecho a una justicia pronta y efectiva, toda vez nada se prevé respecto de los acreedores que tienen sentencia definitiva y ejecutoriada a su favor antes de la declaración de concurso.
En el caso concreto, refiere que la violación al principio de progresividad, en su ámbito materialmente legislativo puede originarse no sólo por la emisión de normas regresivas, sino por la situación de regresividad que conlleva la supresión de la modificación de preceptos legales que se relacionan con prerrogativas inherentes al ser humano.
- Segundo.
En este concepto de violación, la quejosa estima que los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles son violatorios de los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica, así como de impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
Lo anterior, pues refiere que dichos numerales la despojan del derecho a una justicia completa, efectiva y real, materializado a través de la entrega del cheque que la demandada dio en garantía. Al respecto, estima que la limitante contenida en los preceptos impugnados en que se prevé que las providencias precautorias están por debajo del derecho fundamental a las de legalidad y seguridad jurídica.
Asimismo, estima que las disposiciones normativas son omisas en resolver las hipótesis a favor de la quejosa (que tiene a su favor una sentencia firme y ejecutoriada, garantía exhibida, cosa juzgada previa a la declaración de concurso) lo que hace evidente que ante esa contradicción se provoque incertidumbre jurídica respecto del derecho a compensar que tiene a su favor.
De esta manera, señala que existe una incongruencia o antinomia que resulta violatoria de la garantía de legalidad tributaria y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Ello, dado que la Ley de Concursos Mercantiles ordena la posibilidad de dictar providencias precautorias, señalando que no se hagan pagos dentro de juicios, pero nada dice en tratándose de cosa juzgada. De ahí que sea evidente que existe una antinomia en virtud de que existen dos normas que se contradicen entre sí, pues mientras la sentencia de cosa juzgada es ejecutable y sólo admite excepciones que la de pago tal y como lo establecen los códigos procesales locales
Por último, estima importante recordar que conforme al aforismo tradicional de derecho (lex posterior, non derogat priori special) la ley posterior no deroga a una especial anterior; conforme al cual estima claro que al no existir una derogación tácita ni mucho menos una expresa de los artículos impugnados, se actualiza una antinomia al existir dos normas que se contraponen y que se encuentran vigentes durante el mismo periodo de tiempo.
19. Sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto. En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio de garantías, a partir de los razonamientos siguientes:
Fijación de los actos reclamados.
En primer lugar, estimó que de la lectura de la demanda de amparo y las constancias que obraban en el juicio, se tenía que la parte quejosa impugnaba los actos siguientes:
1) Del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el concurso mercantil **********, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de **********.
2) Del Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente **********.
3) Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el proceso legislativo de la Ley de Concursos Mercantiles, en específico de los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84.
De esta manera, luego de tener por ciertos los actos reclamados, el juzgador se avocó al estudio de las causales de improcedencia.
Análisis de causales de improcedencia.
Al respecto, precisó que debía sobreseerse en el juicio de amparo indirecto, a partir de lo siguiente:
- En relación con los actos reclamados del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84, de la Ley de Concursos Mercantiles; estimó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que, si bien la quejosa los reclama con motivo de su primer acto de aplicación; dichas disposiciones se habían aplicado previamente sin que el quejoso las combatiera.
Sobre dicho aspecto, se precisó que la quejosa había reclamado la inconstitucionalidad de los artículos referidos, señalando como acto de aplicación el auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del concurso mercantil número 525/2018, mediante el cual ordenó girar oficio al Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, a fin de informarle que debería acatar las medidas precautorias decretadas en resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en los autos del citado concurso; ello, en el juicio ordinario mercantil expediente **********, seguido en contra de la concursada.
No obstante, de las constancias exhibidas en el juicio se tenía que el primer acto de aplicación de aquellas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, lo había sido la resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del concurso mercantil número **********, en que se dictaron las medidas precautorias.
De modo que debía de tenerse por primer acto de aplicación de los artículos impugnados, la resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del concurso mercantil número **********.
- Por otra parte, el juzgador estimó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en el auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México en los autos del concurso mercantil **********.
Al respecto, estimó que a la parte quejosa no le correspondía el carácter de extraño en el juicio, de ahí que estuviere obligado a agotar el principio de definitividad. Aspecto que, en el caso, se traducía en que debía comparecer ante el Juez Federal responsable y hacer valer el medio de defensa conducente, pues resultaba inconcuso que contra la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de revocación.
- Finalmente, el Juez Federal consideró que debía sobreseerse en el juicio respecto al auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México en los autos del juicio ordinario mercantil expediente **********, mediante el cual ante las medidas precautorias dictadas por el Juez responsable federal en el concurso mercantil **********, se determinó la imposibilidad jurídica de hacer entrega a la actora ahora quejosa del cheque exhibido por la demandada en el cuaderno de providencia precautoria formado en autos. Ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
En este sentido, precisó que de los artículos 1339, 1340 y 1341 del Código de Comercio, resultaba evidente que el auto reclamado por la parte quejosa, debía combatirse mediante el recurso de apelación antes de promover el juicio de garantías; lo anterior, toda vez que la cuantía del negocio ascendía a $********** (**********).
20. Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en el que desarrolló los siguientes argumentos:
Primero.
Estimó que era incorrecto que el Juez de Distrito estimara que debían impugnarse con motivo de un acto previo de aplicación, los artículos 25, 26, párrafo segundo, 30, fracción II, 37, 38, 81 y 84 de la Ley de Concursos Mercantiles. Ello, en virtud de que el juicio de amparo debía promoverse en contra de un acto de autoridad que afecte la esfera jurídica del gobernado y no cualquier determinación vaga e imprecisa.
Sobre este punto, abundó en que, si el Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México no hubiere acatado la orden del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no se hubiera suscitado una afectación directa e irreparable en su contra. De modo que, fue desde el momento en que se ordenó tal, que debía computarse el plazo de quince días para la presentación del juicio de amparo.
Segundo.
Señaló que fue incorrecta la apreciación del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30493-c37249bc/medidas-cautelares-o-providencias-precautorias-dictadas-en-concursos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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