MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN CONCURSOS MERCANTILES. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 357/2021. NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 2 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: FERNANDO SOSA PASTRANA.
SUMARIO
Una persona moral presentó su solicitud de concurso mercantil. El Juez federal del conocimiento lo admitió a trámite y concedió las medidas cautelares solicitadas. Otra persona moral interpuso recurso de revocación contra tal concesión, el cual fue declarado infundado. Inconforme, esta última promovió juicio de amparo indirecto en el que alegó la inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles. El Juez constitucional sobreseyó en el juicio respecto de ciertos actos y negó la protección constitucional contra el precepto legal de referencia. De nuevo en desacuerdo, la quejosa interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve.
CUESTIONARIO
¿El párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles es inconstitucional?
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de dos de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Correspondiente al amparo en revisión 357/2021, interpuesto por Navistar Financial, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, (en adelante se le denominará "Navistar"), por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, **********, contra la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve en los autos del juicio de amparo indirecto 943/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León.
I. ANTECEDENTES
1. Concurso Mercantil. Grupo SENDA Autotransporte, Sociedad Anónima de Capital Variable (en adelante se le denominará "SENDA") presentó su solicitud de concurso mercantil. El conocimiento del asunto correspondió a la Juez Primera de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien lo admitió a trámite y concedió las medidas cautelares solicitadas por SENDA.
2. Después de varias actuaciones procesales, Navistar interpuso recurso de revocación contra las medidas cautelares que –a su parecer– violan sus derechos humanos, a saber:
A) Que SENDA y sus subsidiarias mantengan la posesión de sus camiones.
B) Que no puede requerir, ejecutar o recuperar la posesión de los camiones que rentó a SENDA.
C) Que no puede solicitar la suspensión, revocación o cancelación del registro de los contratos de arrendamiento en el Registro Único de Bienes Muebles.
D) Que SENDA y sus subsidiarias se encuentren impedidas para realizar pago alguno de sus obligaciones que van a vencer de forma inminente.
E) Que aun y cuando no recibirá el pago de las rentas, no puedan cobrarse las mismas de los depósitos entregados a SENDA y sus subsidiarias al inicio de los contratos de arrendamiento.
3. El conocimiento del recurso de revocación correspondió a la Juez Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien lo declaró infundado.
4. Juicio de amparo indirecto. Inconforme con esta determinación, Navistar Financial, por conducto de su apoderado jurídico, **********, mediante escrito que presentó el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación describen:
A) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (el diez de enero de dos mil catorce) del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles.
B) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la aprobación del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles.
C) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la aprobación del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles.
D) Jueza Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, los autos de veintitrés y veintiséis de julio de dos mil dieciocho y la sentencia del recurso de revocación de tres de septiembre del mismo año dictada dentro de los autos del concurso mercantil de SENDA, con número de expediente 84/2018, por medio de la cual la señora Juez declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por Navistar en contra de los ya citados autos.
5. El conocimiento de la demanda correspondió a la Juez Segunda de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, donde quedó registrado como juicio de amparo indirecto 943/2018.
6. Seguido el trámite correspondiente, el Juez de amparo en cita dictó sentencia el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de sobreseer respecto a los actos reclamados a la Jueza Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León y negar la protección constitucional respecto al resto de las autoridades.
7. Recurso de revisión. Inconforme con tal sentencia de amparo, Navistar, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión.
8. El conocimiento del citado medio de impugnación tocó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, donde quedó registrado como amparo en revisión 385/2019.
9. Los Magistrados integrantes de tal órgano de amparo, mediante resolución que dictaron el quince de julio de dos mil veintiuno, ordenaron la remisión del recurso a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior al estimar que en el caso subsistía el estudio de constitucionalidad del artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles.
10. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, mediante acuerdo que dictó el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de agosto del propio año, ésta reasumió su competencia originaria para conocer del presente asunto; lo admitió a trámite, se turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y se envió a esta Primera Sala.
11. Finalmente, a través de proveído que la Ministra presidenta de esta Primera Sala dictó el tres de noviembre siguiente, este órgano jurisdiccional se avocó a su resolución y se ordenó el envío de los autos al Ministro ponente para la elaboración de proyecto de resolución correspondiente.
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal. Lo anterior, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
13. En cuanto a la legitimación, esta Primera Sala advierte que el presente recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada, en tanto, lo fue por **********, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Navistar, persona moral a la que se le reconoció el carácter de quejosa en el juicio de amparo indirecto 943/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, cuya sentencia es recurrida a través del presente medio de impugnación.
14. Por otra parte, el presente medio de impugnación fue presentado de forma oportuna. La sentencia de amparo recurrida fue notificada de forma personal a Navistar, por conducto de su autorizada **********, el lunes tres de junio de dos mil diecinueve, es decir, martes cuatro. De ahí que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo trascurrió del miércoles cinco al martes dieciocho de junio de dos mil diecinueve, debiéndose descontar de dicho cómputo los días ocho, nueve, quince y dieciséis del propio mes, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si el recurso de revisión se presentó el martes dieciocho de junio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey, su interposición resulta oportuna.
15. Finalmente, esta Primera Sala no advierte causales de improcedencia que hayan sido planteadas por las partes y cuyo estudio hubiera sido omitido por la Juez de Distrito, al respecto cabe precisar que, en el considerando primero de la resolución que dictó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito en el amparo en revisión 385/2019, se aduce que las causales de improcedencia planteadas por el presidente de la República, fueron debidamente estudiadas por el Juez de Distrito de origen, determinaciones que no fueron controvertidas, por lo que deben quedar firmes.
16. Ello, aunado a que este Máximo Tribunal, de un examen acucioso de las constancias de autos que conforman el presente juicio de amparo, no advierte de manera oficiosa la materialización de algún motivo diverso de improcedencia.
III. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO
17. Para delimitar la problemática jurídica del presente asunto se torna necesario sintetizar los argumentos de la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia constitucional recurrida y los agravios propuestos por el recurrente.
18. Conceptos de violación.
a. El quejoso argumentó, en su primer concepto de violación, en lo que interesa para la resolución del presente medio de impugnación, esencialmente, que:
b. El párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles es inconstitucional al transgredir el principio de legalidad y la garantía de seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que el juzgador puede dictar cualquier medida cautelar en un procedimiento de concurso mercantil, sin precisar cuáles son los requisitos o presupuestos que el Juez debe corroborar que se actualicen para el dictado de la medida cautelar; y porque no establece límite alguno respecto a qué tipo de medida puede dictar el juzgador ni a quiénes puede afectar la medida cautelar.
c. También se argumenta que la referida disposición legal deja en completo estado de indefensión a los gobernados ante las facultades amplísimas del juzgador para poder dictar cualquier tipo de medida cautelar, tomando en consideración cualquier presupuesto para su otorgamiento y afectando la esfera jurídica de cualquier persona, lo que dijo, trae como consecuencia que el juzgador pueda elegir de forma arbitraria qué requisitos deben actualizarse para conceder la medida cautelar; y que permite apartarse de la Teoría General de las Medidas Cautelares que prevé que todo juzgador, antes de dictar una medida cautelar, debe verificar que se actualicen los requisitos de: a) apariencia del buen derecho; b) peligro en la demora; c) otorgamiento de caución; y, d) balance positivo de intereses; situación esta última que, según adujo la quejosa, es violatoria del principio de legalidad y de la garantía de seguridad jurídica, porque conforme al precepto impugnado, el Juez podría llegar al extremo de no analizar presupuesto alguno para el otorgamiento de las medidas, afectando de forma directa e inmediata la esfera jurídica del destinatario de la medida, el cual no tiene derecho de audiencia previa.
d. Sobre diversa línea argumentativa, se planteó que la referida disposición legal tampoco prevé el requisito de que el solicitante de la medida otorgue una caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al destinatario de la misma; y que se contrapone a todas las demás normas que regulan las medidas cautelares en los procedimientos judiciales, pues en ellas sí se prevé claramente cuáles son los presupuestos que el Juez debe verificar antes del dictado de la medida cautelar, como por ejemplo los artículos 128 de la Ley de Amparo, 1168 del Código de Comercio y 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales cumplen con el principio de legalidad y la garantía de seguridad jurídica.
e. Finalmente, se argumentó que no establece límites en cuanto al tipo de medidas que puede dictar el Juez y los destinatarios de dichas medidas, lo cual trae inseguridad jurídica porque un Juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar afectando a cualquier persona, incluyendo las que no tienen relación jurídica o de negocios con la solicitante o demandada del concurso mercantil, e incluso beneficiando a personas que no se encuentran en una situación de incumplimiento generalizado de sus obligaciones, situación que genera a los gobernados un completo estado de incertidumbre respecto de las medidas cautelares que puede dictar un Juez en el procedimiento de concurso.
19. Sentencia de amparo
a. La Juez de Distrito partió de la base de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, en la medida en que tutela el derecho del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en estado de indefensión; que la esencia del derecho a la seguridad jurídica versa sobre la premisa relativa a "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad, y, respecto de los actos legislativos, exige el establecimiento de normas que otorguen certeza a los gobernados; y que, a pesar de que el artículo 16 de la Ley Fundamental contenga la tutela de la seguridad jurídica de la situación del gobernado frente a la regulación existente y la conducta del Estado, no debe entenderse en la dimensión que el ordenamiento jurídico –y en específico las porciones normativas–, deben señalar de manera especial el procedimiento que regula las relaciones entre los particulares y las autoridades, sino únicamente constriñe a que la ley de que se trate contenga los elementos mínimos y necesarios para hacer valer el derecho del interesado y evitar así, que se generen actitudes arbitrarias por parte del poder público.
b. Después consideró que el principio constitucional de seguridad jurídica tiene por objeto, a nivel normativo, desde un aspecto positivo, que los gobernados tengan plena certeza del contenido del ordenamiento jurídico existente, a grado tal que puedan conocer los alcances y consecuencias de las hipótesis normativas que el legislador ha contemplado, así como también el ámbito de competencia y de actuación de las instituciones y autoridades del poder público, para que con ello, desde un ámbito negativo, estén en aptitud de evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades y, en caso de que ello suceda, poder acceder a los remedios jurídicos o medios de defensa conducentes; y que el alto Tribunal de la Nación ha reiterado su criterio en el sentido de que los derechos de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación, a fin de que: a) El gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice; b) El actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria; c) Que en relación con la norma, ésta contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado, y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades; y, d) Que resulta innecesario que en todos los supuestos de la norma se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de forma sencilla para dejar en claro la manera en que debe hacerse valer el derecho por el gobernado, así como las facultades y obligaciones de la autoridad.
c. Un punto importante a destacar de la sentencia de amparo, es que consideró que no puede dejarse de lado que la seguridad jurídica se trata de un principio complejo, y abarca desde la certeza ordenadora hasta la certidumbre jurídica, que se trata de los diferentes momentos de una porción normativa; que el inicio lo marca la certeza ordenadora que, como su propio nombre lo indica, es la que brindará de fuerza vinculante a la norma emitida por el Poder Legislativo de acuerdo con las reglas establecidas en la Carta Magna, esto es, encierra el diseño normativo desde su creación hasta llegar a su vigencia, la cual debe otorgar certeza jurídica que significa la seguridad jurídica antes de su aplicación, es decir, el texto en abstracto; y que la certidumbre jurídica es aquella que surge en el momento en el que le es aplicada la ley al gobernado.
d. En el caso concreto, la juzgadora federal estimó necesario precisar que realizaría un examen integral del precepto legal transcrito aun cuando sólo se impugnó su párrafo segundo, pues el tema esencial de la litis vinculaba necesariamente el análisis de todos los párrafos y fracciones que lo integran, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstos, por constituir un sistema normativo.
e. Después de transcribir el precepto 37 tildado de inconstitucional, la Jueza concluyó que, de forma contraria a lo que propuso la quejosa, la facultad otorgada al Juez concursal de ninguna manera deja a los gobernados en incertidumbre legal ni les genera un estado de indefensión, susceptible de transgredir los principios de legalidad y seguridad jurídica. Al respecto consideró que la quejosa pasó por alto que el análisis del numeral impugnado, se debía realizar atendiendo al sistema normativo del que forma parte y del que deriva, por lo que atendiendo a su contenido integral se podía advertir que de ninguna manera autoriza al Juez concursal a dictar cualquier medida cautelar en el procedimiento respectivo, antes bien, sí establece de manera clara cuáles son las providencias precautorias que puede dictar de manera oficiosa o a petición de parte, y desde luego, éstas deben justificarse en función de la protección de la masa y de los derechos de los acreedores.
f. También estimó que, si bien se otorga la facultad al Juez del concurso mercantil de obsequiar de manera oficiosa las indicadas providencias precautorias que estime necesarias, lo cierto es que no se debe perder de vista que las facultades discrecionales que suele otorgar el legislador al Juez, en los diversos ámbitos del derecho, tienen por objeto flexibilizar la toma de decisiones en asuntos en que se estima imposible o de alto grado de dificultad incorporar reglas en los ordenamientos, para la solución a múltiples cuestiones y problemas que se puedan suscitar en la casuística, para la aplicación de la ley a determinada institución o en cierta materia; de modo que la facultad discrecional del juzgador es la permisión para ejercer una libertad limitada racionalmente, intrínseca al abandono del formalismo jurídico absoluto en la interpretación y aplicación del derecho, que permite al operador jurisdiccional cumplir con el deber categórico de resolver todas las controversias que le son sometidas para su conocimiento, aun en los casos en los que la complejidad del asunto, la ambigüedad o insuficiencia de la ley para regular de manera directa cada uno de los supuestos de hecho que pueden surgir en la realidad, respecto de los cuales no existe una sola posible respuesta admisible y razonable, sino que debe elegirse una entre varias, conforme a las reglas básicas de la lógica, la experiencia, la proporcionalidad y el sistema de fuentes establecido, expresada en un discurso de justificación sustentado en esos límites, para conjurar el riesgo de arbitrariedad en la toma de decisiones judiciales.
g. De lo anterior, la juzgadora federal concluyó que la previsión legal contenida en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles, relativa a que el Juez podrá dictar las providencias precautorias que estime necesarias, en cualquier etapa del procedimiento concursal, una vez que reciba la solicitud, o bien de oficio, debe estimarse constitucionalmente válida al cubrir satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad constitucionales de la medida, dado que el proceso concursal constituye una vía mercantil especial cuya finalidad no se circunscribe a resolver los conflictos jurídico patrimoniales que existen entre la concursada y sus acreedores (lo que ordinariamente sucede en las vías no concursales), sino que de manera primordial persigue alcanzar y ordenar todos los procesos de reestructuración de empresas para que sigan operando y se mantenga la fuente de empleo que representa, al tiempo que procura que los acreedores también puedan seguir operando; o bien, que ante la falta de viabilidad de una empresa, el Estado tenga una intervención fundamental con la finalidad de reasignar los factores productivos y de optimizar para los comerciantes y para los acreedores el valor de la empresa.
h. Además, se estimó que la facultad otorgada al Juez para dictar las providencias precautorias que estime necesarias, en cualquier etapa del procedimiento concursal, una vez que reciba la solicitud, o bien de oficio, no es irrestricta ni arbitraria, sino que tiene su origen en el deber constitucional del Estado mexicano de impulsar un crecimiento económico sano y sostenido del país que ofrezca oportunidades de desarrollo a toda la población, en congruencia con el contenido conducente del artículo 25 constitucional, tal y como se advertía de la exposición de motivos de la citada ley y del dictamen de la Cámara de Senadoras, que expuso que la materia concursal es de interés público, porque las circunstancias que llevan a los problemas económicos y financieros de un empresario no sólo afectan a su empresa, sino también a todos aquellos que tienen una relación con ella, como son los proveedores de materias primas y servicios, empleados y acreedores y que la ejecución desordenada de las acciones individuales de una multiplicidad de acreedores atenta contra el valor social de las empresas viables, generadoras de empleos productivos y de riqueza para la sociedad, en contra de los derechos del comerciante y de sus acreedores. Intencionalidad que retoma el artículo 1 de la propia ley, del que se advierte que la finalidad destacada para la emisión de esa legislación fue regular el proceso de concurso mercantil desde la perspectiva de conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de la empresa, así como de las diversas sociedades con las que aquélla mantenga una relación de negocios.
i. Al respecto, se concluyó que sí resultaba constitucionalmente admisible la facultad otorgada al Juez concursal en la porción normativa impugnada, dado que la misma se ubica y tiende a dar funcionalidad al esquema procesal del juicio de concurso mercantil, el que tiene su origen en el deber constitucional del Estado Mexicano de impulsar un crecimiento económico sano y sostenido del país que ofrezca oportunidades de desarrollo a toda la población, en congruencia con el contenido conducente del artículo 25 constitucional; aunado a que lo establecido en la porción normativa impugnada sí cuenta con los requisitos de idoneidad y necesidad, al constituir las providencias precautorias un instrumento jurídico que tiende al objetivo perseguido con las mismas que es la protección de la masa y de los derechos de los acreedores, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a los gobernados, porque contrario a lo que argumenta la quejosa, el párrafo segundo del numeral impugnado en modo alguno otorga facultades amplísimas al juzgador para dictar cualquier tipo de medida cautelar, tomando en consideración cualquier presupuesto para su otorgamiento y afectando la esfera jurídica de cualquier persona, pues como ya se vio, el propio numeral establece las providencias precautorias que se pueden otorgar de manera oficiosa, las cuales se justifican en función de la protección de la masa y de los derechos de los acreedores, que se constituyen como verdaderos requisitos para su otorgamiento; de ahí que, falló la Juez Federal, tampoco exista arbitrariedad en esto último. Máxime que conforme a la última parte del artículo 1o. de la Ley de Concursos Mercantiles el Juez deberá regir sus actuaciones, en todo momento, bajo los principios de trascendencia, economía procesal, celeridad, publicidad y buena fe, de modo que sí existe obligación por parte del Juez de analizar los presupuestos mencionados en el párrafo precedente, para el otorgamiento de las providencias precautorias que estime necesarias conforme a la porción normativa cuestionada.
j. Por otra parte, la sentencia también consideró infundado el argumento relativo a que el contenido del artículo impugnado se contrapone a todas las demás normas que regulan las medidas cautelares en los procedimientos judiciales, ya que en ellas sí se prevé claramente cuáles son los presupuestos que el Juez debe verificar antes del dictado de la medida cautelar, como por ejemplo los artículos 128 de la Ley de Amparo, 1168 del Código de Comercio y 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales cumplen con el principio de legalidad y la garantía de seguridad jurídica. Lo anterior, ya que el examen de una norma jurídica debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas, y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional, pues sólo de esa manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional; sin embargo, en el caso la Juez determinó que la inconforme no hizo la precisión de la garantía violada con la supuesta contravención que se atribuye a la porción normativa impugnada respecto de preceptos legales que pertenecen a otros ordenamientos de carácter general; máxime si tratándose de normas generales, la contravención a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede derivar de la sola afirmación general de que una norma jurídica es contraria a diversas disposiciones previstas en otras leyes, cuando precisamente es claro que éstas persiguen objetivos diferentes a la Ley de Concursos Mercantiles, pues en este caso, la inconstitucionalidad sólo debe derivar de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de impugnación.
k. Finalmente, la Juez consideró inoperante el argumento relativo a que el numeral 37 impugnado tampoco prevé como requisito que el solicitante de la medida otorgue una caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al destinatario de ésta. Ello, al estimar que de tales planteamientos se advertía que la parte quejosa en realidad reclama una posible omisión legislativa de la disposición impugnada, aspecto que no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo, toda vez que no se trata de una omisión legislativa propiamente dicha, la cual surge cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Por lo que, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, como en el caso acontecía.
l. También se estimó que el planteamiento de inconstitucionalidad estaba orientado a evidenciar la existencia de una laguna normativa, que es aquella que se actualiza cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico; y que, por ende, se arribaba al convencimiento de que, en el caso, lo que en realidad se planteaba no era una omisión legislativa, habida cuenta que no se precisó con claridad qué disposición constitucional ordenó la emisión de una norma relativa a que el solicitante de una providencia precautoria dentro de un concurso mercantil deba otorgar una caución para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al destinatario de la misma. Se arribó a la conclusión consistente en que resulta claro que tal planteamiento no es apto para demostrar el extremo que pretende, porque no confronta el texto normativo con el constitucional.
m. Al tenor de todo lo anterior, el Juez Federal resolvió que el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles no transgrede en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales ni va en contra de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y negó la protección constitucional.
20. Agravios del recurso de revisión
a. En agravios de revisión, en lo que interesa para la resolución del presente recurso de revisión, el aquí recurrente alega, esencialmente, que:
b. El Juez de Distrito motivó incorrectamente la sentencia reclamada al considerar que el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles no es contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto se argumenta que el régimen de medidas cautelares en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30494-0d99a84f/medidas-cautelares-o-providencias-precautorias-en-concursos-mercantiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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